El Gobierno anunció hoy una iniciativa privada que propone construir una central nuclear en el país con capitales estadounidenses: el proyecto, presentado por Meitner Energy, prevé instalarse en el sitio Atucha de Nucleoeléctrica Argentina y, por su monto y tecnología, sería admisible dentro del Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivo a las inversiones que se tramita en el Congreso.

Meitner Energy es una compañía que pertenece al Ansari Group, una corporación internacional liderada por el magnate estadounidense de origen iraní, Hamid Ansari, y que tiene al Invap argentino como accionista con el 40 por ciento.

Según trascendió de fuentes oficiales, la inversión estimada asciende a USD 1.200 millones y se financiará de forma íntegra con fondos privados. El plan calcula la creación de alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos a lo largo del desarrollo, la obra, la puesta en marcha y la operación.

“Junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una propuesta para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, el primero de su tipo a nivel mundial”, tuiteó el ministro de Economía Luis Caputo.

“Esta obra creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación”, agregó.

El anuncio se da en medio de la crisis de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde hubo más de 60 despidos y donde los gremios denuncian vaciamiento. CNEA estaba construyendo un reactor similar que habría sido desestimado.

La propuesta incluye la construcción del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ con tecnología PWR y potencia aproximada de 300 MWe, basado en un diseño de ingenieros argentinos. Su ejecución daría origen al primer proyecto First of a Kind (FOAK) comercial de este diseño a nivel mundial.

Fuentes oficiales destacaron que el acuerdo otorga a Nucleoeléctrica Argentina el derecho de asumir la operación y el mantenimiento en condiciones de mercado, mientras que Meitner Energy abonará un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazará la central. Nucleoeléctrica es la empresa del Estado que controla los activos nucleares del país y que estuvo en medio de un escándalo por supuestos gastos indebidos y otras acusaciones que involucraron a Demian Reidel y provocaron su salida del cargo de presidente de la empresa. Reidel fue asesor del presidente Javier Milei y una persona muy cercana al mandatario.

El plazo previsto de construcción es de cinco años, una vez que la iniciativa reciba aprobación del Ministerio de Economía y obtenga el licenciamiento a cargo de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Ramos Nápoli es quien, desde la secretaría de Asuntos Nucleares, dentro del esquema de Economía, controla el sector. Aunque en otro cargo, que se creó para ese fin, reemplazó a Reidel. El funcionario también hizo un posteo en X y destacó que este es “exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo. Todo esto va en consonancia con los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina que presentamos a finales de mayo”.

“La Argentina tiene más de setenta años de trayectoria nuclear, instituciones de primer nivel y talento reconocido en todo el mundo. Que una empresa privada elija a nuestro país para construir su primer reactor confirma que ese capital técnico, con las condiciones correctas, se transforma en inversión, trabajo y energía limpia de base”, dijo el secretario.

También celebró Marcelo Matzkin, intendente de Zárate, donde se hará la obra. “No nos equivocamos cuando apostamos por el régimen de promoción de la industria nuclear. No nos equivocamos cuando decidimos ser parte la Red internacional de Municipios nucleares organizada por la OIEA. Bienvenida esta inversión a Zárate a Tasa 0″, aseguró en X.

En las últimas horas, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Martín Porro, afirmó que las 61 desvinculaciones que desataron dos jornadas de protestas en la sede central del organismo no alcanzaron a científicos ni a personal técnico estratégico, sino a contratos a plazo fijo firmados en 2023. El conflicto volvió a exponer el ajuste sobre la estructura estatal y la disputa con ATE por el alcance real de las bajas. Hubo incidentes, con ingreso de manifestantes al inmueble y presencia de Gendarmería.

Además, una de las críticas a la actual gestión de la CNEA es la desarticulación de Carem, un reactor nuclear pequeño en el que se venía trabajando hace unos años. Las mismas voces críticas destacaron que iba a ser reemplazado por una iniciativa privada, que haría la empresa de Ansari y el Invap, Meitner Energy. Finalmente ese anuncio llegó hoy.

Con todo, fuentes oficiales y del sector destacaron a este medio que el Carem no era un reactor modular y que su trabajo de ingeniería, el corazón del proyecto, estaba lejos de terminarse. Más allá de que sus costos de capital serían mucho más elevados.

“El sector nuclear local tiene una oportunidad enorme y hay cosas que funcionan muy bien, como iniciativas privadas para reactores y proyectos de minería de uranio. Invap está construyendo dos reactores de investigación. Pero la CNEA es un barco insignia escorado que debe ser reformateado para hacer I+D para el futuro, no está para hacer ingeniería y tratar de vender proyecto”, destacó una de las fuentes mencionadas.

Otro especialista aseguró que otro gran problema es la fuga de expertos nucleares que se formaron localmente y se van a países que pagan muchos mejores sueldos, en medio de un revival del negocio nuclear en todo el mundo. “Los despidos dela CNEA importan, claro, pero miraría también los más de 200 ingenieros y otros expertos que se fueron por los malos sueldos que paga la CNEA. Gente bien formada, del Instituto Balseiro y demás, que se fueron a ganar más al sector privado, tanto el exterior como en empresas locales”, explicó.

In Donald Trump’s first term, the president called an aide into his study off the Oval Office to assign a new target. 

“Can we break up Amazon AMZN 0.40%increase; up pointing triangle?” Trump asked in July 2017. “I hate this son of a bitch Jeff Bezos and I hate the Washington Post,” he said, referring to the billionaire founder and the newspaper he owned, according to the former aide, Anthony Scaramucci.

Few relationships have changed more for the president than that with Bezos, who has gone from an avowed enemy of the president to an energetic ally. 

By early this year, when Trump spoke to the Alfalfa Club, an elite Washington group, the president annoyed some attendees with what they felt was a rambling, 45-minute speech that was too long and too vituperative. Bezos was sitting in the front, laughing uproariously.

El presidente Javier Milei respondió a las críticas de dos ex titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quienes cuestionaron los planes oficiales para modificar la Carta Orgánica de la entidad. El jefe de Estado calificó las objeciones como una señal positiva para el rumbo de su administración.

“Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición”, expresó Milei en referencia a las opiniones que vertieron Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce en las últimas horas. El mandatario defendió la necesidad de una reforma y fundamentó su postura en argumentos técnicos vinculados a la política económica.

De acuerdo con Milei, la teoría de Tinbergen sostiene que “para alcanzar un objetivo de política económica se necesita por lo menos un instrumento de política que sea independiente”. El presidente agregó: “La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto”. Mencionó como ejemplo que el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten fijar el PIB y el nivel de precios deseados, aclarando que en la práctica pueden requerirse más instrumentos.

En su análisis, Milei cuestionó la reforma de la Carta Orgánica de 2012, a la que definió como “una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos”. Según el presidente, esa multiplicidad de metas explica la aceleración inflacionaria que caracterizó a la economía argentina en los últimos años, fenómeno que, remarcó, se interrumpió desde 2024.

“En definitiva entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa”, sostuvo Milei. Y agregó: “Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta”.

Para cerrar la publicación, Milei aclaró: “La reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún”.

La reacción de Milei responde a diferentes declaraciones radiales de los ex presidentes del Banco Central. Miguel Ángel Pesce, ubicó el debate en el plano de las presiones externas. “El Fondo Monetario Internacional viene insistiendo persistentemente en un tema particular que es la autonomía, con los otros temas tanto no se ha metido. Lo que trascendió es que lo que se quiere revertir es la reforma que se llevó adelante durante la gestión de Marcó del Pont”, señaló.

El ex funcionario advirtió sobre los riesgos de combinar autonomía del Central con un mandato acotado a un único objetivo: “Las implicancias pueden ser graves, porque si combinás la autonomía con un único objetivo podés caer en una trampa grave y es que el Central sólo se centra en el control de la inflación y en la búsqueda de ese objetivo termine provocando una recesión profunda”.

Pesce llevó el planteo a un antecedente concreto. Según explicó, el texto que se baraja para la reforma coincide con el que regía la Carta Orgánica durante la convertibilidad: “Esto ya ocurrió y ocurrió en 2001. Terminamos en una recesión que fue la más prolongada de la historia argentina, que empezó en el ’98 y terminó en el 2003. Llegamos a tener 25% de desocupación”.

Marcó del Pont, por su parte, cuestionó la idea de que un solo instrumento de política monetaria alcance para resolver la inflación. “La política monetaria es un instrumento de la política económica, quizá la miopía que tiene el Presidente es pensar que con un instrumento como el manejo de la tasa de interés o la cantidad de dinero se resuelve el problema de la inflación”, sostuvo la ex titular del BCRA.

La economista atribuyó la baja de la inflación durante la actual gestión a factores ajenos al esquema de objetivo único: “De hecho este Gobierno ha logrado bajar la inflación a partir de la recesión, la retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora”.

Mientras del Pont y Pesce cuestionan la iniciativa, el Gobierno ya avanza en los detalles de la reforma. Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, donde confirmó que trabaja junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en una propuesta para modificar la Carta Orgánica del BCRA. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la iniciativa, elaborada junto al equipo de Federico Sturzenegger, retoma los lineamientos que el propio Milei expuso la semana pasada en un discurso ante la Fundación Faro.

En esa presentación, el Presidente calificó al Banco Central como una entidad que “nació de una estafa” y que a lo largo de su historia funcionó como «herramienta de rescate para sectores con poder y de financiamiento del Estado», lo que derivó en inflación crónica y pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El eje de la reforma es el artículo 3, que la reforma de 2012 impulsada por Marcó del Pont había modificado. Aquel cambio sustituyó el mandato original —preservar el valor de la moneda— por un esquema múltiple que sumó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social como objetivos simultáneos de la política monetaria. La propuesta oficial apunta a volver al texto previo a esa reforma y a limitar el rol del Central exclusivamente a la preservación del valor de la moneda.

La reforma de 2012 también modificó el artículo 20, referido a los adelantos transitorios que el Central otorga al Tesoro. Antes de ese cambio, esos adelantos se limitaban a un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que se sumaba un 10% adicional sobre la recaudación del último año. La reforma kirchnerista elevó esos topes, incorporó otro 10% de la recaudación con “carácter excepcional” y eliminó la asignación específica que reservaba parte de esos fondos al pago de organismos multilaterales.

Otro de los puntos de la reforma de 2012 establecía que el Banco Central debía actuar “en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”, lo que redujo su margen de autonomía. Aunque el Gobierno ya había limitado en la práctica esa independencia, la nueva iniciativa —de la que todavía no trascendieron los detalles definitivos— buscaría además reducir la capacidad de emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal, ampliada por aquella reforma en contextos de restricción de financiamiento.