La Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) presentó este viernes una propuesta alternativa al proyecto de ley presentado en el Congreso por el Gobierno nacional pero que entienden concentra la producción en las compañías no integradas y en las grandes aceiteras, y pone en riesgo 25 plantas del interior del país.

«Para el sector pyme, el proyecto oficial de biocombustibles no es una reforma, sino la sentencia de cierre de 25 plantas del interior y de los 10.000 empleos, directos e indirectos, que dependen de ellas», afirmó la entidad al dar a conocer «una propuesta alternativa, con el objetivo de garantizar que el aumento del corte obligatorio (del gasoil) se traduzca en más producción federal y no en una redistribución del mercado hacia los actores de mayor escala».

La propuesta de las pymes es sostener el reparto que hoy permite que esas plantas existan, llevando el corte obligatorio al 12,5% -más alto que el 10% que plantea el proyecto oficial de la senadora Patricia Bullrich- distribuido en 5% para las 17 plantas pyme regionales, 2,5% para las 8 compañías no integradas y 5% para las aceiteras.

«La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país que están en riesgo. El resultado de una buena ley lo define la escala, y ahí las plantas regionales pyme no tienen forma de competir con las plantas no integradas y con las aceiteras, que son las productoras de la materia prima que es el aceite», señalaron desde Cepreb.

El proyecto de biocombustibles y la advertencia de las empresas

El sector remarca que no se opone a que se sancione una nueva ley, a que suba el corte obligatorio, ni a que ingresen nuevos actores como las aceiteras. De hecho, su propuesta plantea un corte más alto que el oficial -12,5% en lugar de 10%- para dar lugar a todos los eslabones sin sacrificar a ninguno.

Hoy en día, las plantas regionales compran su materia prima -aceite de soja- a las mismas empresas con las que después va a competir por el mercado del biodiesel.

Detrás de esas 25 plantas hay una cadena de valor que empieza en la producción agrícola. Las pymes de biodiesel se abastecen de aproximadamente 400 extrusoras que les proveen aceite, agregando valor en cada eslabón antes de llegar al producto final. «Es una cadena que generó arraigo, empleo calificado y desarrollo en el interior del país durante años», asegura la entidad.

El criterio que el sector reclama ya está contemplado en el propio proyecto oficial, dado que la ley establece porcentajes de corte diferenciados para proteger al bioetanol de caña de azúcar del norte argentino frente al bioetanol de maíz, en reconocimiento de su impacto socioeconómico y territorial.

«Si el criterio federal sirve para los ingenios, sirve también para las plantas regionales de biodiesel. Es el mismo problema y la misma solución», plantearon desde el sector.

Lo que está en juego para las pymes

Las plantas radicadas en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, hoy producen 900.000 toneladas anuales para cubrir el corte del 7,5% del gasoil. Se distribuye en las plantea de Santa Fe, 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000. 

Son unidades productivas diseñadas para hasta 50 mil toneladas por año, con empleo calificado, proveedores locales y arraigo territorial en ciudades del interior donde suelen ser uno de los principales empleadores industriales.

«Elevar el corte al 12,5% sumaría 600.000 toneladas nuevas de demanda, y Santa Fe -donde ya están radicadas las principales plantas no integradas- sería la provincia que más se beneficie de ese crecimiento», aseguran en la cámara.

Esto no representa un problema en sí mismo, debido a que ese beneficio surge del aumento del corte, no de quitarle producción a las pymes de otras provincias. El punto que el sector remarca es que ese crecimiento debe darse sin tocar lo que ya producen las 25 plantas regionales y no integradas, para que el nuevo mercado se sume sin desplazar al que ya existe.

El proyecto oficial, sin embargo, no garantiza esa frontera entre lo nuevo y lo existente. Al habilitar el co-procesamiento y no fijar un reparto explícito, no hay nada que impida que las compañías no integradas y las aceiteras -concentradas en Santa Fe- absorban también parte de la producción que hoy sostienen las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, además de quedarse con el crecimiento nuevo.

Que Santa Fe crezca por el aumento del corte es una cosa; que crezca corriendo a las pymes de las demás provincias es otra, y es exactamente lo que el reparto explícito busca evitar, explicaron los voceros del sector. Esa pérdida, de ocurrir, no sería solo económica: implicaría riesgo de despidos y, en las localidades donde estas plantas son uno de los principales empleadores, riesgo de desarraigo de la población.

La asignación del porcentaje de corte a los combustibles

El sector remarca que los porcentajes de corte no son una concesión discrecional, sino el resultado de un mecanismo reglado que otorga a quien acredita el cumplimiento de los requisitos de inversión previstos por la normativa, con independencia de la escala o la estructura societaria de cada empresa.

Ese fue el criterio con el que se construyó el mapa productivo actual del biodiesel, y es el mismo criterio que el sector pide que se sostenga hacia adelante: reglas claras, conocidas de antemano, aplicadas por igual a quien decida invertir.

El sector insiste en que no busca bloquear una nueva ley, sino que ésta se construya con previsibilidad. La Ley 27.640 estableció ese marco, y a quien invirtiera bajo sus condiciones se le garantizaba un porcentaje de corte y un período de recupero. «Modificar esa lógica no es un buen mensaje para quien evalúa invertir en el país, y pone en riesgo los empleos que se generaron», advierten.

«Por eso el sector busca intervenir en el debate parlamentario, pero no para frenar la ley, sino para que sea una ley equitativa, con reglas previsibles, que permita seguir invirtiendo y creciendo sin sacrificar a ninguna región del país» finalizan en su análisis.

Los indicadores de Wall Street exhibieron movimiento dispar este viernes, con un Dow Jones de Industriales que subió 0,5% y el panel tecnológico Nasdaq que cerró un 0,6% negativo. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,1% en pesos, a 3.283.854 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hubo mayoría de bajas, aunque de escasa magnitud. Destacaron Satellogic (-5,8%) y Loma Negra (-4,3%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió tres unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos, en lo más alto desde el 11 de junio.

Los precios de los futuros del petróleo cayeron cerca de un 2%s, pero siguieron apuntando a importantes ganancias semanales en torno a 18% debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el Mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los futuros del Brent del Mar del Norte para septiembre cedieron 2,4% a USD 98,32 el barril, tras haber cerrado por encima de los 100 dólares en la sesión anterior por primera vez desde mayo, después de que los hutíes, alineados con Irán, dijeron haber atacado dos petroleros saudíes en el Mar Rojo. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) en EEUU bajaron 1,8%, a USD 90,51 por barril.

“Los principales centros de producción de petróleo o las rutas de suministro están rodeados por la guerra. Las perspectivas a corto plazo son alcistas”, afirmó a Reuters John Evans, analista de PVM Oil Associates.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un “castigo militar de gran envergadura” para Irán y sus aliados hutíes tras los ataques en el Mar Rojo.

Irán había estado presionando a los hutíes para que cerraran el estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de acceso al Mar Rojo, si Estados Unidos continuaba atacando las infraestructuras energéticas iraníes. Se trata de la segunda ruta más importante para el transporte de energía, después del Estrecho de Ormuz.

Además, los hutíes habían declarado el lunes que imponían un bloqueo naval a Arabia Saudita, que había estado desviando su petróleo a través de un oleoducto para eludir el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El tránsito diario de buques por el estrecho de Ormuz se mantuvo estable en tres durante cada uno de los últimos tres días, mostraron los datos preliminares de seguimiento de buques de Kpler. Otros dos buques -entre ellos el superpetrolero Noble, que viajaba vacío- también entraron en el golfo Pérsico a través del estrecho el jueves.

En tanto, en el estrecho de Bab el-Mandeb, los tránsitos de buques de mercancías ascendieron a 32 el 23 de julio, frente a los 26 del día anterior, según datos de Kpler, con dos cruces registrados hasta el momento para el 24 de julio.

“En las aguas adecuadas, los buques siguen circulando… así que no se trata de un bloqueo total, como algunos podrían haber temido”, afirmó a Reuters Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Balanz subrayó que “esta semana publicaron sus balances 86 empresas, las cuales representan cerca del 18,2% de la capitalización del S&P 500. Del total de los reportes conocidos, el 94,7% exhibió resultados mejores a lo previsto. Lo más relevante fueron los balances de dos de las siete magníficas: Alphabet (-8,8% semanal) y Tesla (-19% semanal)”.

La minería en la Argentina se encamina a un salto de escala con el impulso de los proyectos de cobre clase mundial y la consolidación del litio, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) comenzó a trazar las metas de impacto socioeconómico hacia la próxima década. 

Entre las proyecciones más relevantes destaca una meta aspiracional de empleo minero que, de concretarse, permitiría al sector multiplicar por seis la cantidad de empleados (directos) que hoy tiene la industria automotriz en la Argentina.

En la actualidad, el complejo automotor representa uno de los grandes motores industriales del país, con cerca de 74.000 empleos directos (25.000 en terminales ensambladoras y casi 49.000 en el segmento autopartista).

El presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, detalló la aspiración del sector: «Argentina tiene que lograr en pocos años pasar de tener 60 o 70.000 empleados directos en minería, a 300.000 directos y 1 millón con la mano de obra indirecta». 

La cifra que sorprende por su volumen, explicada desde las entidades sectoriales como una meta de máxima y no como una cifra cerrada en ejecución, toma como premisa la entrada en fase de construcción y operación de los principales yacimientos cupríferos y la reactivación de la cadena de proveedores locales.

La clave para que la minería supere a la industria automotriz a nivel empleo

El fundamento de este salto de escala se puede pensar desde el desarrollo de la minería metalífera, donde la etapa de construcción de los proyectos demanda miles de puestos en un solo yacimiento de escala global.

«Un proyecto de cobre en la etapa de construcción de los que se conocen ahora, en promedio, va a tener 7.000 personas trabajando en yacimientos. Y va a tener un factor multiplicador que lo podemos ubicar entre una vez y media y dos veces y media más», precisó Cerdá al evaluar el impacto expansivo sobre el resto de los servicios industriales.

A diferencia de otras economías de la región, la Argentina se encuentra en una posición de privilegio dentro del mapa minero global por la concentración de recursos sin desarrollar. «Es el único país en este momento que tiene 6 proyectos de clase mundial de cobre listos para entrar en construcción, y más de 20 proyectos en exploración con distintos grados de avance», remarcó el titular de la CAEM.

Cacciola añadió sobre el potencial cuprífero que «no hay otro país en el mundo que, de pasar de 0 de producción de cobre, en poco tiempo pueda llegar a 1.500.000 o 1.800.000 toneladas de producción de cobre fino».

El RIGI y la tracción de las divisas en la minería argentina

El flujo de inversiones que sustenta estas proyecciones encuentra su gran impulso en las reglas fijadas por la estabilidad macroeconómica y el régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI).

De acuerdo con el balance presentado por la entidad empresaria, el RIGI ya cuenta con 17 proyectos presentados por un valor de u$s40.000 millones, de los cuales 11 lograron la aprobación oficial y otros 6 prevén su aval en el corto plazo.

En materia de divisas, la trayectoria proyectada por la CAEM contempla pasar de los u$s5.400 millones exportados en 2024 a superar los u$s9.000 millones en el presente año, con un horizonte que apunta a superar los u$s25.000 millones para 2035 y escalar hasta los u$s40.000 millones anuales en la década posterior.

«El RIGI con la cantidad de proyectos presentados hizo que los principales jugadores internacionales estén en la Argentina. Está BHP, que es la empresa minera más grande del mundo, está Rio Tinto, que ocupa el 2º lugar normalmente, está Glencore, que ocupa el 4º o 5º lugar, está First Quantum, Fortescue…», detalló Cacciola sobre el perfil de las operadoras globales asentadas en el país.

Para transformar esa meta aspiracional del millón de empleos, la industria enfrenta algunos grandes desafíos que van desde la infraestructura de transporte y energía hasta la articulación política entre el Gobierno nacional, las provincias y el sector privado.

La conectividad ferroviaria, el estado de las rutas nacionales y la integración de la red eléctrica en la zona cordillerana y la puna constituyen el soporte operativo crítico para el traslado de insumos y producción.

Asimismo, la integración de proveedores nacionales figura en el centro de las prioridades para garantizar que el efecto multiplicador derrame sobre las pymes locales. Para ello, desde la CAEM insisten en la necesidad de formalizar la Mesa Federal Minera lanzada preliminarmente en San Juan.

«El gran desafío es que logremos que haya una integración público privada efectiva. O sea, si uno mira la situación actual entre el gobierno nacional, las provincias y el sector privado, la mejora en los últimos 6, 7 años es impresionante, pero todavía no es suficiente«, sostuvo el titular de CAEM.

Al mismo tiempo,remarcó el objetivo de fondo que persigue la actividad hacia la próxima década: «Dentro de 10 años me gustaría que sea claro que ya no somos un país con minería, somos un país minero«.