La mesa política del Gobierno se reunirá mañana en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para definir la agenda legislativa que se materializará en las próximas semanas. En las entrañas del oficialismo existe la convicción de que, para ayudar en términos mediáticos al ministro coordinador, se debe inundar la agenda política con la conversación sobre los proyectos libertarios.

Tal y como había adelantado Infobae, Adorni reunirá mañana al círculo de funcionarios más importantes del Gobierno en términos políticos. Estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.

No estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, porque se encuentra en Washington en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La novedad es que, según marcan fuentes gubernamentales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistiría al encuentro pese a que en los últimos días se la tenía fuera de esa actividad. Finalmente partirá el sábado rumbo a Israel para acompañar al presidente Javier Milei a participar del acto por el Día de la Independencia de ese país. A ese viaje también asistirá el canciller Pablo Quirno y, en un gesto de respaldo, también se decidió llevar al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Es sobre la esfera judicial que se va a dar uno de los principales debates legislativos de la mesa política.

Mahiques tiene la intención de que en los próximos días se envíe al Congreso una reforma preliminar del Código Penal que contempla tipificaciones de nuevos delitos y una elevación de penas para otros tipos de actos punibles. Esta decisión busca lograr una aprobación legislativa más rápida de asuntos considerados más urgentes: y es que la reforma integral que trabajó el Gobierno durante los últimos años tiene más de 900 artículos. Además, el ministro decidió que a ese megaproyecto le hará modificaciones según su consideración.

Esta estrategia de dividir en dos la cuestión penal se determinó con la llegada del propio Mahiques al Ministerio de Justicia y tiene el aval de Martín Menem, que considera que no existe la posibilidad de debatir una iniciativa extensa con el panorama actual. “Necesita que sean proyectos cortos”, afirma una fuente inobjetable.

Esto colisiona con lo que considera Santiago Caputo, que coincide con la opinión de los especialistas jurídicos de su confianza acerca de que la reforma del Código Penal no puede no tratarse de manera integral. Uno de ellos explicó a Infobae: “Podés generar un desfasaje entre ciertas tipificaciones que quieras hacer con respecto a todo el resto del Código, que va a ser más viejo. Corrés el riesgo de tener una nueva Ley Blumberg”.

Según indican, mañana se determinará cuál será la decisión política que se tomará al respecto de esa reforma. El 24 de marzo pasado, Mahiques publicó en su cuenta de X que se había reunido con el Presidente y que había acordado la redacción de un nuevo Código Penal.

“A su vez, en la transición trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anotició.

De acuerdo a fuentes inobjetables, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la votación de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), medida considerada estratégica para afianzar el vínculo comercial con Estados Unidos.

El compromiso forma parte del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambos países y exige la sanción de esta norma antes de fin de abril, por lo que en la mesa política se acordará tratarlo de manera exprés.

Asimismo, en el Gobierno confirmaron a Infobae que demorará en tratarse el denominado proyecto “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas.

La intención es priorizar los esfuerzos para la reforma política, que contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos.

El asunto es que el debate de esa cuestión, en particular la eliminación de las PASO, acarrea una negociación política más compleja con los gobernadores que el Gobierno parece no haber encarado aún. Existe cierto pesimismo entre algunos alfiles libertarios de que esa reforma en particular se pueda llegar a concretar en el cortísimo plazo. Y es que será una determinación política que muchos actores no quieren dar ahora porque les es más seguro tomar decisiones con un panorama algo más claro en unos meses.

El Gobierno se encuentra a menos de dos semanas para que Manuel Adorni responda preguntas en el recinto de la Cámara de Diputados por su Informe de Gestión. Su equipo ya contestó centenares de preguntas hechas por escrito semanas atrás, pero el ministro coordinador deberá hacerse eco de las consultas que le hagan en vivo los legisladores de la oposición.

La oposición busca que aclare el manejo de fondos y su rol en la administración; mientras que Adorni anticipó que no brindará detalles sobre su patrimonio personal, limitando sus respuestas a cuestiones vinculadas estrictamente a su función oficial.

Otra de las reformas centrales es la revisión y eventual aprobación de pliegos judiciales, que incluye tanto nombramientos en la Corte Suprema como en otros tribunales federales. El oficialismo considera fundamental acelerar estos procesos para cubrir vacantes estratégicas en el Poder Judicial y así fortalecer la estructura institucional del Estado.

Se prevé que en la reunión de mesa política se abarquen dos cuestiones atinentes al Senado: la disposición para tratar ciertas reformas como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por Federico Sturzenegger; y los pliegos judiciales que el oficialismo busca mover con rapidez.

El proyecto libertario propone habilitar desalojos exprés, modificar requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado, eliminar límites para el uso agrícola de terrenos incendiados y descentralizar el programa de regularización dominial de barrios populares. El constitucionalista Daniel Sabsay, invitado por el oficialismo, apoyó algunos puntos, pero advirtió sobre la necesidad de controlar la reglamentación y alertó sobre los riesgos para la protección ambiental y habitacional. El debate continuará la próxima semana, con el oficialismo buscando acuerdos para lograr el dictamen.

En tanto, este jueves expondrá en la Comisión de Acuerdos el camarista Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, para conseguir la renovación por cinco años más en su cargo de juez de Cámara Federal de Casación Penal. De recibir luz verde, Patricia Bullrich se prepara para movilizar esa cuestión en una sesión el 29 de abril.

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