POLITICA
Elecciones 2027: qué son las listas colectoras que impulsa el Gobierno y por qué generan críticas
El Gobierno reactivó el debate sobre la reforma política para modificar las reglas electorales de cara a las elecciones de 2027, y facilitar la posible reelección de Javier Milei. En reemplazo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los libertarios pusieron sobre la mesa la restitución de las listas colectoras, que busca adaptar al sistema de Boleta Única de Papel.
Se trata de un mecanismo utilizado por el peronismo y el radicalismo en elecciones de décadas pasadas, antes de la implementación de las primarias obligatorias. Es una forma de ampliar las alianzas electorales y sumar apoyos territoriales, sin exigir a las fuerzas políticas y candidatos que las acompañan con una integración total a estructuras políticas.
Ahora bien, la discusión genera controversia porque cosecha múltiples críticas de sectores de la oposición y de especialistas.
Cómo funcionan las listas colectoras
Las listas colectoras permiten que distintas listas de legisladores o cargos locales adhieran a una misma candidatura para una elección ejecutiva. Así, varios candidatos a diputados o senadores podrían acompañar la boleta presidencial de un mismo candidato, como el caso de Javier Milei, sin compartir una única lista legislativa.
En la práctica, las listas colectoras son listas de distintos partidos políticos que presentan candidatos en una categoría (senadores, diputados, legisladores provinciales, intendentes o concejales) y adhieren a una misma lista para una categoría superior (presidente o gobernador). Esto implica que una candidatura ejecutiva puede estar acompañada por varias boletas distintas, cada una con listas legislativas de diferentes partidos.
La intención de este sistema es obtener lograr dos efectos políticos muy concreto:
- Efecto arrastre: Permite que un candidato relevante en la “punta” de la boleta sume votos de distintas listas que provienen de candidaturas menores.
- Función coordinadora: facilita la negociación entre facciones en una interna política y la supervivencia de partidos o grupos minoritarios, haciéndoles partícipes del “arrastre”, sin obligarlos a alianzas formales.
Un caso reciente muy conocido fue el de las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta y, en la provincia de Buenos Aires, dos candidatos a gobernador adhirieron a su candidatura presidencial con sellos partidarios diferentes: Daniel Scioli por el Frente para la Victoria y Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro. El primero resultó elegido gobernador.
Lo cierto es que fue una práctica transversal en los partidos políticos. Lo han utilizado desde el PJ, a la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista (PS), la Coalición Cívica (CC) y terceras fuerzas o grupos minoritarios provinciales.
Los cambios propuestos y las críticas
Durante varios años, las colectoras se ampararon en un “vacío legal” del Código Electoral Nacional (CNE), que no las permitía ni las prohibía de manera explícita.
En 2011, con la sanción de la ley de reforma política que creó las PASO, el decreto reglamentario del gobierno de Fernández de Kirchner oficializó la posibilidad de acuerdos de adhesión de boletas entre agrupaciones políticas no integrantes de una misma alianza. Sin embargo, a partir de ese momento, se redujo sustantivamente la adopción de este tipo de estrategias.
Ahora bien, el problema principal que surge desde lo técnico es que las colectoras fueron inventadas en contextos de elecciones simultáneas, bajo el sistema de boleta partidaria con listas “sábanas” horizontales, que dificultan la individualización del voto por categorías. Funcionaba para ese viejo sistema. Con la Boleta Única, este inconveniente no queda resuelto.
Las listas colectoras suelen ser vistas como una mala práctica electoral: deterioran la equidad y la transparencia e introducen confusión en el votante. Con el sistema de boleta sábana, que aún sigue vigente para cargos locales en algunos distritos (como la provincia de Buenos Aires), favorecen a los aparatos partidarios que logran el control de la oferta de boletas.
En 2019, el gobierno de Mauricio Macri prohibió su uso mediante un decreto. Desde entonces, su implementación requiere un nuevo marco legal, ya que el sistema electoral argentino cambió en 2025 con la adopción de la Boleta Única de Papel, que reemplazó la boleta partidaria tradicional.
La nueva propuesta que baraja el oficialismo funcionaría del siguiente modo: Javier Milei encabezaría la boleta, seguido por la lista oficial compuesta por dirigentes de su núcleo y aliados recientes. Además, se incorporarían hasta dos listas adicionales de “adhesión”, que podrían ser conformadas por partidos como PRO o UCR, o por cualquier fuerza que decida respaldar al oficialismo. Esta limitación responde a cuestiones de espacio en la BUP.
Según fuentes del Gobierno, esta alternativa permitiría que los gobernadores provinciales respalden la suspensión de las PASO y presenten listas propias, sin necesidad de subordinarse plenamente a la Casa Rosada. A cambio de este apoyo, el Ejecutivo aceptaría no presentar candidatos a gobernador en distritos donde existan acuerdos con fuerzas aliadas.
Lo cierto es que no existe un proyecto concreto y ninguno de los principales interlocutores parlamentarios de la Casa Rosada reconoce haber visto algún modelo de cómo quedaría la BUP con colectoras.
Sin embargo, pese a las críticas, desde La Libertad Avanza evalúan una suerte de rebranding para incorporarlas a la reforma política. “No son colectoras, son adhesiones”, repiten en el oficialismo. Un juego de palabras para evitar los estigmas del pasado reciente.
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POLITICA
El Presupuesto 2027 entró a Diputados: comenzará a debatirse en octubre y condicionará otras negociaciones
El gobierno nacional envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto 2027, tal como estipula la ley de Administración Financiera. El plan general de gastos e ingresos prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación promedio del 21,1 por ciento y una suba del salario promedio del 25,4 por ciento.
Según destacaron desde el oficialismo, el Presupuesto 2027 contempla nuevamente resultado fiscal positivo, con lo que se consolidarán “por primera vez en la historia” cuatros años consecutivos de superávit financiero.
La popularmente conocida como “ley de leyes” también estima que Argentina exportará productos y servicios por USD 130 mil millones y que la balanza comercial será favorable por USD 15 mil millones.
Además, calcula que el tipo de cambio promedio anual será de $1728. Este número surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027.
“El Presupuesto que se presenta refuerza el compromiso inclaudicable de este Gobierno Nacional de sostener el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer los instrumentos de estabilización macroeconómica, que redundarán en la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y el desarrollo de la Nación”, señala el proyecto en su introducción.
En la misma línea, también concluye que “la política fiscal iniciada el 10 de diciembre de 2023 está generando los resultados esperados en términos de estabilización macroeconómica” y adelanta que “para el próximo año se prevé profundizar y continuar el proceso de mejora en la eficiencia y eficacia de las políticas públicas vinculadas con el acompañamiento social sin intermediaciones, incrementar la eficiencia de la obra pública, recuperar las capacidades en seguridad interior y defensa nacional y alcanzar la modernización y simplificación del Estado”.
Los principales puntos del Presupuesto fueron adelantados este mediodía por el ministro de Economía, Luis Caputo, a los integrantes de la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De la reunión también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
A diferencia de lo que ocurrió en 2024, cuando el propio presidente Milei presentó los principales puntos del Presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados, esta vez la responsabilidad quedará en manos del Secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, y del Secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
A pesar de que históricamente ha sido una responsabilidad del titular del Palacio de Hacienda, desde el oficialismo descartaron que el ministro Caputo asista al Congreso para contestar preguntas sobre la ley de leyes. La aversión del ministro a pisar el Congreso es conocida y siempre rechazó las invitaciones de la oposición a dar explicaciones sobre las políticas económicas.
Las planillas del Presupuesto 2027 eran esperadas con mucha expectativa por los aliados de la Casa Rosada y por los gobernadores dialoguistas, e influirá directamente en otras negociaciones legislativas importantes para el oficialismo como la eliminación de las PASO, el régimen de Zonas Frías, el Super RIGI y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, todas trabadas en el Senado.
“Tenemos mucha confianza en que vamos a conseguir la aprobación”, señalaron fuentes del bloque LLA, aunque reconocieron que las negociaciones en el Senado están “difíciles”.
Cabe destacar que el debate del Presupuesto se desarrollará en un clima electoral cada vez más intenso, tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que ya han dado señales concretas en ambas Cámaras de haber comenzado a priorizar sus propios intereses electorales.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Independencia y Producción y Trabajo. Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.
Fuentes parlamentarias del oficialismo adelantaron que el trabajo en la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, comenzarán en la semana del 5 de octubre, una vez que termine el debate sobre endeudamiento y emergencia en discapacidad.
POLITICA
Intiman a los peritos de Hotesur y Los Sauces a terminar el análisis de los fondos que recibieron las empresas de los Kirchner
El tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces, donde ambos están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita, intimó a los peritos que analizan las cuentas de las empresas de la familia presidencial a que pongan fecha para la conclusión de su estudio, para poder dar comienzo al juicio oral.
El Tribunal Oral Federal N°5, presidido por el juez José Michilini, dispuso que los peritos tienen tiempo hasta mañana miércoles “para informar el avance de la tarea y la fecha de terminación” de ese análisis.
Con ese dato, los magistrados estarán en condiciones de ponerle fecha de comienzo de las audiencias, que ya anticipan que arrancarán antes de fin de año, según dijeron fuentes judiciales a .
Los magistrados Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni −subrogante en el tribunal− comenzaron a preparar el juicio oral, que enfrentarán 17 imputados.
Ahora los peritos dirán la fecha de culminación de su trabajo y luego los jueces, en a lo sumo tres semanas, dirán cuándo comienza el juicio oral.
En tanto, las defensas y la fiscalía propondrán la reducción de la cantidad de testigos. Había más de 300 previstos, pero se acordó que se reducirían en un 30 o 40 por ciento.
Una vez que se presente el listado definitivo de testigos, con las propuestas de los acusadores y los defensores, se darán por incluidas las declaraciones que prestaron esos mismos testigos en la primera etapa de la instrucción, sin necesidad de que vuelvan a comparecer en el juicio.
Con este procedimiento definido y la entrega final del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a las empresas de la familia Kirchner, se estará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral.
El delito precedente del lavado de dinero en el caso de Lázaro Báez serían los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad, mientras que, respecto de López, serían los beneficios impositivos que recibió su petrolera Oil Combustibles, causa por la que finalmente fue absuelto y en la que solo fue condenado Ricardo Echegaray.
Un tema espinoso que queda por definir es la integración del tribunal oral que realizará el juicio. Michilini y Palliotti son jueces titulares y no se discute que serán de la partida. En cambio, Machado Pelloni es suplente desde febrero de este año.
Si las audiencias comienzan antes de que finalice la subrogancia de Machado Pelloni, este juez se quedará todo el juicio en el tribunal. Lo mismo sucedería si se pone fecha al juicio y Machado Pelloni permanece en el cargo, interpretan algunos magistrados.
Otro tema espinoso es la acusación fiscal. En esta causa, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, según el auto de elevación a juicio.
La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba las empresas de los Kirchner.
Pero Cristina Kirchner fue absuelta por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude a seis años de prisión, que está cumpliendo detenida en su domicilio.
Por eso, el abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, pidió cambiar los términos de la acusación hace una semana.
La fiscalía, en principio, no comparte la idea de que haya que readecuar nada, revelaron fuentes judiciales a . Al menos en el comienzo del proceso; luego se vería con el avance del caso y a la hora de pronunciar el alegato final.
La Corte Suprema rechazó todos los recursos de las defensas y pidió hace dos años celeridad en la realización del juicio, aún sin fecha.
Entre los acusados también se encuentran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner (hija de Alicia Kirchner) y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de Mercado y directivo de la compañía.
También Báez, dueño de Austral Construcciones; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
Hotesur y Los Sauces,,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Corrupción en la Argentina,Conforme a
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, encabezaron una agenda política en Washington con reuniones en la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos y el Atlantic Council. El objetivo de la visita fue fortalecer los vínculos con referentes del oficialismo estadounidense y ampliar la proyección internacional del partido.
Uno de los principales encuentros fue con Richard Walters, subsecretario de Gabinete de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos y Políticos. Según informaron desde el partido, la conversación giró en torno al escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa América Latina y el nuevo mapa regional tras las últimas elecciones.
“Junto a Cristian Ritondo conversamos con Richard Walters sobre el escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa nuestra región y las transformaciones que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, sostuvo Jorge Macri.
El jefe de Gobierno porteño agregó que “la Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de consolidar un camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad para quienes trabajan, producen e invierten”. También afirmó que “fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos es una parte fundamental de ese camino”.
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