POLITICA
Elecciones 2027: qué son las listas colectoras que impulsa el Gobierno y por qué generan críticas

El Gobierno reactivó el debate sobre la reforma política para modificar las reglas electorales de cara a las elecciones de 2027, y facilitar la posible reelección de Javier Milei. En reemplazo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los libertarios pusieron sobre la mesa la restitución de las listas colectoras, que busca adaptar al sistema de Boleta Única de Papel.
Se trata de un mecanismo utilizado por el peronismo y el radicalismo en elecciones de décadas pasadas, antes de la implementación de las primarias obligatorias. Es una forma de ampliar las alianzas electorales y sumar apoyos territoriales, sin exigir a las fuerzas políticas y candidatos que las acompañan con una integración total a estructuras políticas.
Ahora bien, la discusión genera controversia porque cosecha múltiples críticas de sectores de la oposición y de especialistas.
Cómo funcionan las listas colectoras
Las listas colectoras permiten que distintas listas de legisladores o cargos locales adhieran a una misma candidatura para una elección ejecutiva. Así, varios candidatos a diputados o senadores podrían acompañar la boleta presidencial de un mismo candidato, como el caso de Javier Milei, sin compartir una única lista legislativa.
En la práctica, las listas colectoras son listas de distintos partidos políticos que presentan candidatos en una categoría (senadores, diputados, legisladores provinciales, intendentes o concejales) y adhieren a una misma lista para una categoría superior (presidente o gobernador). Esto implica que una candidatura ejecutiva puede estar acompañada por varias boletas distintas, cada una con listas legislativas de diferentes partidos.

La intención de este sistema es obtener lograr dos efectos políticos muy concreto:
- Efecto arrastre: Permite que un candidato relevante en la “punta” de la boleta sume votos de distintas listas que provienen de candidaturas menores.
- Función coordinadora: facilita la negociación entre facciones en una interna política y la supervivencia de partidos o grupos minoritarios, haciéndoles partícipes del “arrastre”, sin obligarlos a alianzas formales.
Un caso reciente muy conocido fue el de las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta y, en la provincia de Buenos Aires, dos candidatos a gobernador adhirieron a su candidatura presidencial con sellos partidarios diferentes: Daniel Scioli por el Frente para la Victoria y Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro. El primero resultó elegido gobernador.
Lo cierto es que fue una práctica transversal en los partidos políticos. Lo han utilizado desde el PJ, a la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista (PS), la Coalición Cívica (CC) y terceras fuerzas o grupos minoritarios provinciales.

Los cambios propuestos y las críticas
Durante varios años, las colectoras se ampararon en un “vacío legal” del Código Electoral Nacional (CNE), que no las permitía ni las prohibía de manera explícita.
En 2011, con la sanción de la ley de reforma política que creó las PASO, el decreto reglamentario del gobierno de Fernández de Kirchner oficializó la posibilidad de acuerdos de adhesión de boletas entre agrupaciones políticas no integrantes de una misma alianza. Sin embargo, a partir de ese momento, se redujo sustantivamente la adopción de este tipo de estrategias.
Ahora bien, el problema principal que surge desde lo técnico es que las colectoras fueron inventadas en contextos de elecciones simultáneas, bajo el sistema de boleta partidaria con listas “sábanas” horizontales, que dificultan la individualización del voto por categorías. Funcionaba para ese viejo sistema. Con la Boleta Única, este inconveniente no queda resuelto.

Las listas colectoras suelen ser vistas como una mala práctica electoral: deterioran la equidad y la transparencia e introducen confusión en el votante. Con el sistema de boleta sábana, que aún sigue vigente para cargos locales en algunos distritos (como la provincia de Buenos Aires), favorecen a los aparatos partidarios que logran el control de la oferta de boletas.
En 2019, el gobierno de Mauricio Macri prohibió su uso mediante un decreto. Desde entonces, su implementación requiere un nuevo marco legal, ya que el sistema electoral argentino cambió en 2025 con la adopción de la Boleta Única de Papel, que reemplazó la boleta partidaria tradicional.
La nueva propuesta que baraja el oficialismo funcionaría del siguiente modo: Javier Milei encabezaría la boleta, seguido por la lista oficial compuesta por dirigentes de su núcleo y aliados recientes. Además, se incorporarían hasta dos listas adicionales de “adhesión”, que podrían ser conformadas por partidos como PRO o UCR, o por cualquier fuerza que decida respaldar al oficialismo. Esta limitación responde a cuestiones de espacio en la BUP.

Según fuentes del Gobierno, esta alternativa permitiría que los gobernadores provinciales respalden la suspensión de las PASO y presenten listas propias, sin necesidad de subordinarse plenamente a la Casa Rosada. A cambio de este apoyo, el Ejecutivo aceptaría no presentar candidatos a gobernador en distritos donde existan acuerdos con fuerzas aliadas.
Lo cierto es que no existe un proyecto concreto y ninguno de los principales interlocutores parlamentarios de la Casa Rosada reconoce haber visto algún modelo de cómo quedaría la BUP con colectoras.
Sin embargo, pese a las críticas, desde La Libertad Avanza evalúan una suerte de rebranding para incorporarlas a la reforma política. “No son colectoras, son adhesiones”, repiten en el oficialismo. Un juego de palabras para evitar los estigmas del pasado reciente.
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Preocupa la economía en la Casa Rosada, pero el Gobierno descarta un escenario de crispación social

Los datos de la economía preocupan en la Casa Rosada, pero el oficialismo está convencido de que un escenario de crispación social no es hoy un potencial peligro. En medio de las especulaciones sobre la continuidad de Luis Caputo —que en Economía niegan a rajatabla—, en el mileismo se esmeran en mostrar tranquilidad y generar expectativas.
Le bajan el precio al impacto de los temas sociales sensibles que la oposición tomó como emblemas contra el Gobierno—. Esto a pesar de esos ejes sensibles sacuden la agenda desde la semana pasada. Las protestas por el incumplimiento del fallo sobre los fondos para las universidades o el recorte para discapacidad en el Presupuesto del año que viene coparon los canales de TV y probablemente ocupen las primeras planas la semana que viene con la marcha federal universitaria.
Con todo, no creen que esos temas, por más tangibles y cercanos que sean, puedan influir en la inclinación hacia el Gobierno ni volcar a la masa de indecisos hacia la fragmentada oposición. Están convencidos de que Milei aún puede generar expectativa. Si bien admiten que la paciencia podría acabarse por el famoso “metro cuadrado”, por ahora ven un escenario estable.

No todo es negación. Aunque defienden a muerte el modelo económico, les preocupan los efectos de la caída de la actividad y admiten que está muy complicado el Conurbano. “Antes todos teníamos un amigo que se iba del país o mandaba a sus hijos afuera. Hoy todos tenemos un conocido que cerró el negocio o se quedó sin trabajo”, dijo un referente violeta.
Aun así, no ven un escenario de crispación social. Creen que los intendentes no tienen el poder de fuego para organizar revueltas y que el terreno no está fértil para incidentes espontáneos. Un armador libertario que conoce y recorre el conurbano analizó: “La gente sale a la calle a romper todo cuando no tiene para darle de comer a los hijos. Hoy no estamos en esa situación”, dijo.
El Gobierno se ocupa de mantener actualizadas las partidas para asistencia social que canaliza Capital Humano. “Los endeudados no se endeudan para comer”, dicen, muy por lo bajo. Saben que es políticamente incorrecto, pero aseguran con confianza: “Las importaciones suben, Temu y Shein están a full. La gente en los barrios tiene ropa nueva gracias a este Gobierno. Parece un dato menor, pero la gente lo valora”.
Pero no dejan de deslizar una autocrítica. “Hace falta el látigo, pero también de vez en cuando una caricia. Y hoy todos quieren imitar a Milei”, dijo un estratega en relación con el modo agresivo que muestran los (pocos) ministros o referentes violetas que hablan.
Por último, confían en la capacidad del Presidente para generar conversación sobre sí mismo y “no aburrir”. Un atributo que podría considerarse clave solo en campaña, pero que los libertarios creen crucial también para perdurar con buena imagen durante la administración. “Milei no es estático, es entretenimiento”, dijo un hombre del círculo presidencial, consultado por la caída de todos los oficialismos en la última decena de elecciones en otros países. “De Lula se aburrieron. De Petro se aburrieron. De Javier no se van a aburrir”, sumó.
En esa lógica, mientras amplios sectores del país viven la actualidad laboral, de ingresos y de vivienda como una crisis, el Presidente publicó un spot de “Milei Media” con el anuncio del lanzamiento de un video del recital que brindó en el verano, pero “remasterizado”. Un trabajo del funcionario Santiago Oría, realizador audiovisual de la Presidencia, muy cercano a Karina Milei, que navega a diario las aguas de las redes sociales.
Milei lanzará el video el 13 de este mes. Lo que aún no pudo concretar es la convocatoria a un nuevo recital, que prometió hace algo más de un mes para festejar el 0,8% de inflación mayorista de julio. Los guarismos no se lo permitieron.. Y es posible que los datos de septiembre —que se conocen la semana próxima— registren un Índice de Precios al Consumidor con una suba que, si bien sería mínima, contradice la narrativa oficial.
De todas formas, en Balcarce 50 creen en el modelo de Luis Caputo y aseguran que el IPC más temprano que tarde volverá a bajar. “El dólar está estable. La gente se está yendo de viaje. El dólar está barato. Podés proyectar”, dijeron en el Gobierno.
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Milei negocia alianzas para 2027 con gobernadores, pero apuesta a tener candidatos propios en las provincias

El Gobierno relativiza el avance de los desdoblamientos electorales en las provincias y sostiene que se trata de un escenario que esperaba desde hace meses. En la Casa Rosada consideran que separar las elecciones locales de las nacionales no altera la negociación por la reforma política y puede facilitar una estrategia en la que La Libertad Avanza compita por las gobernaciones mientras alcanza acuerdos distintos para la elección presidencial.
“Es algo que ya sabíamos que iba a suceder”, resumen en Nación. La lectura oficial es que cada gobernador define su calendario en función de su propia estrategia electoral y que esa decisión debe analizarse por separado de la discusión nacional sobre la suspensión de las PASO.
El planteo aparece después de que Maximiliano Pullaro confirmara que Santa Fe tendrá sus PASO provinciales en abril y las elecciones generales en junio de 2027. Tucumán, Salta, Chubut, Chaco y otras provincias también avanzaron con calendarios separados o anticiparon que tomarán ese camino.
En Balcarce 50 aseguran que son pocos los distritos que terminarán votando sus autoridades provinciales junto con la elección presidencial. Entre las excepciones ubican a Catamarca, donde Raúl Jalil confirmó que los comicios locales serán el mismo día que los nacionales.
En la Casa Rosada también relativizan el riesgo de atravesar una secuencia de derrotas provinciales antes de la elección nacional. La lectura oficial es que el impacto político y financiero dependerá del tipo de vínculo que el Gobierno mantenga con cada gobernador: sostienen que no tendría el mismo efecto una derrota frente a un mandatario con el que exista un acuerdo de gobernabilidad que una caída ante un adversario directo de La Libertad Avanza.
En ese segundo plano aparece el esquema de colectoras o adhesiones electorales que la Casa Rosada quiere incorporar dentro de la reforma política. La alternativa permitiría que fuerzas provinciales sin candidato presidencial propio adhieran a la candidatura nacional de Milei con sus propias listas legislativas, sin obligar a trasladar ese entendimiento a las categorías provinciales.
La conducción libertaria considera que ese mecanismo puede facilitar los denominados “acuerdos de competencia” que viene discutiendo con distintos gobernadores. El criterio consiste en evitar una coalición uniforme: LLA puede enfrentar a un mandatario por una gobernación y, meses después, compartir un esquema electoral para la Presidencia y las categorías nacionales.
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El Gobierno autorizó la participación del Ejército Argentino en un ejercicio militar con Brasil

El Poder Ejecutivo dispuso la salida del territorio argentino de personal y medios nacionales para participar del Ejercicio Combinado Arandú 2026, una actividad militar conjunta que se realizará entre el 10 y el 17 de octubre en la ciudad brasileña de Rosario do Sul. El Decreto 1157/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, habilita el despliegue previsto ante la falta de tratamiento legislativo del programa anual de ejercicios combinados.
La actividad tendrá lugar en el campo de instrucción Barão de São Borja, en la República Federativa del Brasil, y reunirá al Ejército Argentino con el Ejército brasileño. El decreto señala que el objetivo central es profundizar la coordinación operativa, los vínculos institucionales y la confianza entre ambas fuerzas.
El gasto derivado de la misión será cubierto por las partidas correspondientes al Ministerio de Defensa, dentro de la subjurisdicción del Estado Mayor General del Ejército.
Arandú 2026 está incluido en el programa de ejercitaciones combinadas, previsto para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027. Ese plan contempla tanto el ingreso de contingentes extranjeros a la Argentina como la salida de fuerzas nacionales para entrenamientos en otros países.
El Gobierno informó que el proyecto de ley para autorizar esas operaciones fue remitido oportunamente al Congreso, aunque todavía no recibió tratamiento en la Cámara de Diputados. Frente a esa situación, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar de manera específica la presencia argentina en la actividad programada para octubre.
Según los fundamentos del decreto, el adiestramiento tendrá como eje la creación de procedimientos y técnicas compartidas para el empleo integrado de unidades de ambos ejércitos. El texto plantea que esa práctica busca elevar la capacidad de coordinación de organizaciones militares con perfiles operativos distintos.
Las áreas mencionadas incluyen Fuerzas Aerotransportadas, unidades aeromóviles, equipos de operaciones especiales, tropas blindadas y componentes de aviación. La finalidad es que los participantes conozcan los procedimientos de la otra fuerza, coordinen formas de empleo y pongan a prueba métodos de entrenamiento y ejecución táctica.
El Gobierno sostiene que la interoperabilidad resulta relevante para que fracciones militares de distintos países puedan actuar bajo pautas comunes. En este caso, la capacitación apunta a que las unidades argentinas y brasileñas desarrollen un marco compartido de planificación, comunicación y despliegue en operaciones combinadas.
La norma también menciona el intercambio de conocimientos, la actualización doctrinaria y la validación de procedimientos como resultados esperados del ejercicio. Esos aspectos se vinculan con la preparación de las tropas y con la compatibilidad de sus capacidades operativas durante actividades conjuntas.
La Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio del país y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. El Ejecutivo fundamentó el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia, por la proximidad de la fecha fijada para Arandú 2026 y en la ausencia de una definición parlamentaria sobre el programa anual.
El texto oficial señala que la no participación argentina en Arandú 2026 limitaría la posibilidad de entrenamiento con el Ejército brasileño. Además, considera que la ausencia en el ejercicio afectaría la transferencia de conocimientos y la revisión de estándares para operaciones combinadas.

De acuerdo a lo expresado en el anexo de esta medida, el Ejército Argentino tiene previsto movilizar hasta 405 efectivos, 99 vehículos y aeronaves para el Ejercicio Combinado Arandú 2026. La actividad incluye prácticas terrestres y aéreas, movimientos de tropas y empleo de munición de guerra.
El operativo contará con unidades argentinas de paracaidismo, asalto aéreo, operaciones especiales, blindados y aviación. Del lado brasileño, la planificación contempla la participación de hasta 1.100 efectivos y unos 200 vehículos, según el anexo oficial elaborado para autorizar el despliegue.
El costo estimado de la operación para Argentina asciende a $ 247.928.911, que serán financiados con el presupuesto asignado al Ejército Argentino. La delegación nacional cruzará a Brasil por vía terrestre, principalmente a través del paso internacional Paso de los Libres-Uruguaiana, con Santo Tomé-São Borja como alternativa o complemento.
Por parte de Argentina, intervendrán integrantes del Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la I Brigada Blindada, la Agrupación Fuerzas de Operaciones Especiales, la Dirección de Aviación de Ejército, la Dirección de Transporte, la Dirección General de Organización y Doctrina y la Dirección General de Salud.
Entre los recursos argentinos previstos figuran 10 Tanques Argentinos Medianos, ocho vehículos de combate de transporte de personal Stryker 8×8, 21 transportadores de vehículos, nueve ómnibus y una flota de camiones, camionetas, motos y vehículos de apoyo.
El despliegue también prevé cuatro botes neumáticos de asalto, equipos de radio, visores nocturnos, paracaídas, brújulas, sistemas de observación, dispositivos de comunicaciones y un vehículo aéreo no tripulado. Además, la documentación menciona carpas de combate y una carpa destinada al puesto de comando.
La aviación del Ejército Argentino podrá operar hasta cinco helicópteros Bell UH-1H/II, un Bell 407 equipado con sistema FLIR, un avión Casa C-212 Aviocar, dos aviones Caravan C-208 y un Cessna Citation. El anexo identifica estas aeronaves como las principales plataformas estimadas para la ejercitación.
El material previsto incluye armamento individual y de apoyo de fuego. La lista menciona pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, cañones de 105 milímetros y dos cañones remolcados L33 de 155 milímetros. También se autorizó el traslado de munición para distintos calibres, incluidos proyectiles de fogueo y munición para los vehículos de combate.
Las fuerzas brasileñas desplegarán personal de Estado Mayor de una brigada blindada, una fuerza de tarea paracaidista y otra aeromóvil. El esquema incorpora unidades de maniobra de infantería y caballería, junto con elementos de artillería, ingenieros, comunicaciones, aviación y apoyo logístico.
El país anfitrión prevé movilizar aproximadamente 200 vehículos, entre ellos jeep Land Rover, vehículos Agrale Marruá, blindados Cascavel, Urutu o Guaraní, ambulancias, ómnibus y camiones destinados al traslado de personal, combustible, agua, insumos y material de apoyo.
Brasil aportará asimismo hasta un avión C-130 Hércules y 10 helicópteros H225M Caracal, AS350 Fennec y AS365K Pantera. El anexo aclara que esa disponibilidad puede modificarse según las posibilidades del país sede.
Los paracaídas MC1-1C que se usarán para los lanzamientos desde aeronaves serán provistos por el Ejército brasileño para tropas de ambos países. Esta práctica será parte de un programa que contempla operaciones aerotransportadas y asaltos aéreos.
La organización del ejercicio se apoya en acuerdos y reuniones bilaterales acumulados desde 2022. Entre los antecedentes figuran las conferencias de Estado Mayor de ambos ejércitos, reuniones de coordinación realizadas entre 2024 y 2026 y un análisis posterior a la edición de Arandú de 2023.
El programa también reúne experiencias previas desarrolladas bajo las denominaciones Hermandad, Yaguareté y Saci/Duende. Esas iniciativas quedaron concentradas en el ejercicio Arandú, de acuerdo con la documentación oficial.
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