El sistema agrario cubano atraviesa una crisis estructural que combina caídas productivas históricas, dependencia de importaciones y trabas institucionales, según un informe publicado por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales (ODLS) en cooperación con la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
El diagnóstico, respaldado por datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la isla (ONEI), coincide con las advertencias de Iván Hernández Carrillo, líder sindical y ex preso político, quien señaló -en diálogo con Infobae– que el campo cubano está al borde del colapso.
El sector privado produce más del 71% de los alimentos, pero opera sin respaldo estatal
Los números de la ONEI son categóricos: entre 2020 y 2024, la producción de arroz cayó un 62,3%, la de frijoles un 60,2%, la de cítricos un 82,7% y la de hortalizas un 54,5%. Solo las viandas mostraron una recuperación relativa, con un alza del 20,2%, aunque insuficiente para compensar el deterioro en alimentos esenciales para la dieta básica de la población.
Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC y cuya organización participó en la elaboración del informe, describió el panorama en términos directos: “El sector privado y cooperativo no estatal se han convertido en el alma del campo cubano, aportando más del 71% de la producción agropecuaria que se logra cosechar”, dijo a este medio.
El informe confirma esa cifra: en 2024, el sector no estatal concentró entre el 71,1% y el 88,4% de la producción de los cultivos analizados.
Grandes extensiones de tierra permanecen improductivas mientras los campesinos no pueden acceder a ellas
A pesar del peso productivo del sector privado, el acceso efectivo a la tierra sigue bloqueado por restricciones burocráticas. Hernández Carrillo apuntó que las trabas administrativas impiden que quienes quieren trabajar el campo puedan hacerlo, mientras grandes extensiones permanecen “perdidas en maleza, en manos de cooperativas y entidades estatales”.
El informe del ODLS documenta que el marco legal vigente —incluido el Decreto-Ley N.° 358 de 2018, que regula la entrega de tierras ociosas en usufructo— no se traduce en derechos productivos efectivos.
La normativa existe, pero la falta de acceso real a insumos, financiamiento y autonomía comercial vacía de contenido esas garantías formales.
La crisis energética y la escasez de insumos paralizan la siembra y la cosecha
La escasez de combustible, fertilizantes, semillas y sistemas de riego se suma a una crisis energética que golpea de forma directa la actividad rural. “Los apagones constantes y la escasez de combustible obstaculizan las labores de siembra y cosecha”, afirmó Hernández Carrillo a Infobae.
El ODLS clasifica la infraestructura rural como uno de los cuellos de botella más críticos del sistema: caminos deteriorados, cadena de frío insuficiente, maquinaria obsoleta y dependencia de energía convencional en un contexto de apagones recurrentes.
La producción nacional de maíz y arroz se ubicó por debajo del promedio histórico en 2024, según el Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-GIEWS), que también documentó daños agrícolas por los huracanes Oscar y Rafael ese año.
La seguridad alimentaria opera en cuatro dimensiones, y todas están comprometidas
El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) advierte sobre dificultades crecientes en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias cubanas, y registró que asistió a 1,3 millones de personas en 2024. El informe evalúa la situación mediante el marco de cuatro dimensiones de la FAO: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.
Las cuatro están comprometidas al mismo tiempo. La caída de cultivos estratégicos reduce la disponibilidad; la inflación y la pérdida de ingresos afectan el acceso; la crisis eléctrica deteriora la conservación y preparación de alimentos; y los fenómenos climáticos extremos golpean la estabilidad del suministro.
El ODLS concluyó que la seguridad alimentaria de la isla debe tratarse como una prioridad humanitaria, productiva y laboral.
El informe propone cooperativas autónomas, derechos productivos claros e infraestructura crítica
La hoja de ruta que plantea el diagnóstico no apuesta por una privatización acelerada ni por mantener la centralización estatal. “Con este estudio analizamos las causas de la crisis agraria y proponemos una hoja de ruta para la recuperación y modernización de nuestros campos, basada en mayor autonomía para los campesinos, cooperativas verdaderamente auténticas, seguridad e inversión”, sintetizó Hernández Carrillo.
El documento técnico elaborado por el ODLS y la ASIC establece ocho prioridades estratégicas en orden de secuencia: desde el levantamiento de una línea base nacional de tierras, agua e infraestructura, hasta la digitalización de cadenas de trazabilidad y alertas climáticas. En el centro de la propuesta está la distinción entre cooperativas reales —con autonomía, gobierno democrático y contabilidad transparente— y las meramente formales, que el informe describe como una forma de administración delegada que no constituye economía solidaria.
La comparación con otros procesos de transición agraria —Vietnam, Polonia, Estonia y países de Europa Central y Oriental— advierte sobre los riesgos de vacío institucional, concentración de activos y desigualdad territorial si la reforma no se diseña con reglas transparentes y participación efectiva de trabajadores y comunidades rurales.
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