El acuerdo fijó una suba salarial del 22% que, para las categorías más baja llega al 26%. El gremio destacó la predisposición de la intendenta Martínez

22/05/2026 – 09:20hs

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López y las autoridades de la comuna llegaron a un acuerdo paritario que prácticamente despeja las posibilidades de conflicto en lo que resta del año. Fuentes de ambos sectores coincidieron en que «a pesar de mantener las posturas, hubo coincidencias para mantener el poder adquisitivo de los ingresos y dar un grado de previsibilidad tanto al municipio como a los trabajadores y trabajadoras», que no se verán ajustados por despidos o retiros voluntarios.

Según informó la organización gremial, el acta firmada entre las partes establece el pago de un bono, incrementos porcentuales escalonados y medidas destinadas a brindar garantías laborales para los empleados de la administración local.

Bono de $150.000 y cómo se aplicarán los aumentos escalonados

El acuerdo arranca con una muy buena noticia para el corriente mes, ya que se hará efectivo el pago de un bono de $150.000 que se hará efectivo en los próximos días. En cuanto al aumento salarial, se trata de una suba del 22% (cifra récord para un semestre e impensable en la actividad municipal), que se aplicará de la siguiente forma:

• Agosto, 10%
• Octubre, 6%
• Noviembre, 6%

A eso se le sumará un plus salarial en diciembre, cuya cifra no está establecida y formará parte de la próxima negociación salarial que, se estima, llegaría a marzo del año próximo. Al respecto, el secretario General del sindicato, Victorio Pirillo, subrayó: «En una Argentina de pérdida de derechos y fuentes de trabajo, en Vicente López garantizamos la fuente de empleo y conseguimos aumentos por encima de la inflación».

Soledad Martínez garantizó estabilidad laboral y pluses por sector

En diálogo con iProfesional, el dirigente destacó la «predisposición de la intendenta Soledad Martínez que, a pesar de las duras negociaciones, llegamos a un acuerdo entendiendo el contexto general del país y, al mismo tiempo, las necesidades de los trabajadores y trabajadoras municipales, que van desde los profesionales de la salud, pasando por la administración hasta los docentes».

Pirillo señaló que «como de costumbre, nuestro objetivo es sostener el poder de compra de los ingresos y mantener el empleo; en ese marco, buscamos además apuntalar los salarios de los escalafones más bajos» de los trabajadores de la administración pública local. En esa línea, aclaró que, para este sector mayoritario, el esquema de sumas fijas y porcentajes representará un aumento salarial conformado del 26%. En tanto, para el resto de la planta municipal se estableció una mejora del 22%, la cual tendrá impacto directo en el cálculo de las horas extras, la antigüedad y las bonificaciones vigentes.

También se establecieron una serie de compromisos vinculados a la estabilidad laboral y a beneficios sectoriales históricos para el distrito. Indicó que el municipio «garantizó formalmente la renovación de los contratos vigentes, la protección de las fuentes de empleo y la continuidad de las políticas de pases a planta permanente, así como los ingresos a la Carrera Profesional Hospitalaria».

Por último, Pirillo destacó una serie de beneficios para distintas actividades: En el sector de Salud, se mantendrá el plus del 20% por encima de los acuerdos paritarios de la provincia de Buenos Aires. En la misma línea, los docentes conservarán los pluses del 30% y 40% superiores a la media provincial. El acuerdo también fija la continuidad del pago del Samo/Ford; el régimen de franqueros; las licencias por días de estrés; los adicionales por insalubridad; y los pluses por actividades específicas en áreas críticas y cerradas del gobierno municipal.

Además de elogiar las reformas de política económica y el rumbo general del Gobierno. e insistir en la importancia de una reforma fiscal que elimine impuestos “distorsivos”, entre los que destaca explícitamente el de Ingresos Brutos que cobran las provincias, el FMI advirtió en el Staff Report de la segunda revisión del programa acordado con el gobierno de Javier Milei que el frente externo de la economía argentina sigue siendo “vulnerable” y que en el actual contexto geopolítico internacional los riesgos para la economía local siguen siendo “elevados”.

Pese a las señales incipientes de mejora, dice el documento, la economía argentina enfrenta desafíos estructurales en materia de reservas internacionales, acceso a los mercados globales y exposición a shocks externos, cuestiones que se acentúan en un escenario de tensiones globales.

Según el Fondo, la cobertura de reservas sigue siendo “débil” y el país carece de acceso sostenido a los mercados internacionales de capital, en un contexto donde las obligaciones de deuda en moneda extranjera son significativas.

“La posición externa de Argentina es más débil que el nivel que sugieren los fundamentos de mediano plazo y las políticas consideradas deseables”, dice un pasaje. A juicio del staff, la economía argentina sigue sujeta a incertidumbres excepcionales, apoyada en una limitada cobertura de reservas y carente de financiamiento estable.

Esas vulnerabilidades externas, prosigue, están siendo atendidas por reformas orientadas a potenciar la capacidad exportadora en los sectores de energía y minería. Al respecto, el FMI subraya que a la par de las reformas cambiaria y monetaria, el Gobierno está implementando medidas para ampliar la infraestructura y el marco regulatorio que faciliten la expansión de proyectos energéticos y mineros, considerados clave para fortalecer el balance de pagos.

En el frente financiero, el FMI afirmó que el crédito al sector privado se expandió a un ritmo real promedio del 32% en 2025, impulsado por la reducción de liquidez excedente y una menor exposición de los bancos al sector público. Pero advierte que la dinámica cambió a partir del tercer trimestre, cuando el crecimiento del crédito se estancó y los préstamos en situación irregular aumentaron, en especial en el segmento de consumo, ante condiciones monetarias restrictivas y un débil crecimiento del ingreso de los hogares. A su vez, remarca que si bien la rentabilidad de los bancos descendió desde niveles elevados, el sistema bancario mantiene niveles de liquidez y capitalización adecuadas, con provisiones suficientes.

Otro fenómeno que destaca es el aumento acelerado de los depósitos en dólares, hasta cifras récord. A diferencia de episodios previos de dolarización, dice el Staff Report, la demanda de divisas de los hogares se canalizó “dentro del sistema bancario”, permitiendo una expansión gradual del crédito en dólares hacia empresas con cobertura natural (naturally hedged borrowers), como las empresas exportadoras.

En ese contexto, agregó, los riesgos del sector financiero se mitigaron con mejor regulación y supervisión, incluyendo la eliminación de programas de crédito subsidiado, la supresión de topes a las tasas de interés y la reducción del vínculo entre el Estado y los bancos.

Según el documento, las reformas estructurales incluyeron la simplificación administrativa y la modernización de los marcos regulatorios en Aduanas, Salud, Transporte, Comunicaciones y Tarifas eléctricas, a la vez que el gobierno impulsan privatizaciones y licitaciones para obras de infraestructura crítica. A esto, dijo, se sumó el impulso a las inversiones extranjeras, con proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes y Medianas Empresas (RIGI y RMI), con proyectos aprobados por unos USD 28.000 millones y apoyados por los recientes cambios a la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras Rurales, que liberan restricciones a la propiedad extranjera.

El informe también destacó la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, para fomentar la creación de empleo formal mediante la agilización de los procesos de contratación, la reducción de costos de despido, la menor litigiosidad y la descentralización de la negociación colectiva.

Pese a todo eso, el Fondo insiste que el actual contexto internacional presenta riesgos elevados. Según el organismo, “las tensiones geopolíticas elevadas podrían endurecer las condiciones financieras globales y revertir los todavía favorables accesos a financiamiento, complicando la acumulación de reservas y el acceso oportuno a los mercados”. Eventuales aumentos adicionales en el precio del petróleo, agrega, podrían trasladarse a la inflación local y dificultar el proceso de reducción de subsidios energéticos.

El Fondo también menciona que las incertidumbres políticas por las elecciones presidenciales de 2027 pueden provocar salidas de capital y frenar el impulso reformista si no se logra avanzar en la generación de empleo y en la recuperación del ingreso real (esto es, del poder adquisitivo.

Pero también hay “riesgos positivos”, debido a que fundamentos macroeconómicos más sólidos, debido a que los superávits fiscales primarios y la riqueza en recursos naturales podría mejorar aún más la balanza comercial y alentar nuevas inversiones extranjeras directas. Por otra parte, menciona, la diversificación exportadora y los acuerdos comerciales externos también ayudarán a mitigar los riesgos externos.

Igualmente, el Fondo insiste en la importancia de reconstruir los “colchones de liquidez” para enfrentar un entorno internacional propenso a shocks. Si estos llegaran a materializarse, las recomendaciones son hacer ajustes inmediatos para proteger los avances en estabilización y, llamativamente, usar el tipo de cambio como “amortiguador” ante shocks, endurecimiento de las condiciones monetarias y de liquidez para sostener la demanda de pesos y defender el régimen cambiario de flotación, hoy en una banda en la que el tipo de cambio actual tiene más de 20% de recorrido hasta el techo.

Fiel a su libreto, el Fondo concluyó que en caso de un nuevo repunte del riesgo país u ocurrencia de episodios de volatilidad, el Gobierno haga un mayor ajuste fiscal, acelerando el recorte de subsidios y de transferencias a provincias y empresas estatales.

El documento concluyó que si bien Argentina cuenta con fundamentos para amortiguar parte de los riesgos, la agenda de reformas y la capacidad de respuesta ágil serán determinantes para reducir la vulnerabilidad externa y sostener la estabilidad en un contexto internacional desafiante.

Economía emitirá nuevas LECAPS para proveer fondos urgentes y asegurar que adultos mayores continúen accediendo a tratamientos esenciales

22/05/2026 – 09:28hs

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) en medio de fuertes reclamos por cortes de servicio y falta de entrega de medicamentos.

En los considerandos se señaló que la medida tiene como objetivo que el organismo pueda «atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo». Esta decisión administrativa responde a la «crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto», según se detalla.

De acuerdo con la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el financiamiento se realizará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS) con vencimientos programados para el año en curso.

Cómo se implementará el financiamiento de emergencia

Esto implica que el Gobierno nacional tomará deuda para realizar el aporte:

• El primer tramo del aporte, correspondiente al 33% del total, se integrará con letras que vencen el 31 de julio de 2026, con un valor nominal original de $173.672.159.684.
• Un segundo tramo, también del 33%, se cubrirá con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un valor nominal de $164.037.509.356.
• El 34% restante se completará con letras que vencen el 30 de septiembre de 2026, lo que representa un valor nominal de $187.363.497.440.

Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

La normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser «reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan», en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.

La resolución lleva las firmas de los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.

Nueva crisis en el PAMI: ahora odontólogos suspenden la atención a jubilados y pensionados

La crisis financiera que vive el PAMI se profundiza día a día, con una deuda superior a los $500.000 millones con unos 17.000 prestadores entre farmacias, clínicas y sanatorios, que desde sus cámaras anuncian medidas de fuerza o directamente dejan de atender a los casi 7.300.000 jubilados y pensionados.

A los paros de médicos se sumó la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) que dispuso la suspensión de la atención odontológica para afiliados del organismo ante la falta de pagos. Como en todos los casos, el atraso en las liquidaciones más la falta de actualización de las prestaciones y el aumento de los insumos de la actividad deja a los profesionales «acumulando deudas que ya son imposibles de afrontar», señaló una fuente gremial.

Atrasos en los pagos y exigen actualización por cápita

La organización gremial, que nuclea a otros médicos, explicó que las autoridades del PAMI no cumplen con las retribuciones por capitación desde febrero pasado, al tiempo que advirtió sobre atrasos en la restitución de sumas vinculadas a prótesis odontológicas adelantadas por los propios profesionales desde diciembre del año pasado.

El mes pasado APPAMIA llevó a cabo un cese de actividades por 72 horas, acompañado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En esa oportunidad, la secretaria de Igualdad de Trato y Oportunidades del sindicato, Fernanda Scoccia, ratificó que «nos adeudan las prótesis desde diciembre y lo que solemos cobrar por cápita desde febrero».

Explicó que «han interrumpido las cadenas de pago desde diciembre del año pasado», lo que «hace que no podamos sostener los consultorios debido a la incertidumbre que tenemos en cuanto al pago el día del cobro, y si vamos a cobrar la totalidad de las prestaciones o en forma parcial». Scoccia indicó que «los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor per cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención».