En medio de la caída en las ventas en el sector, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una reunión con representantes de los principales supermercados con el foco en la renegociación de los convenios colectivos de trabajo en base a la reforma laboral, que según notificó la Secretaría de Trabajo, son más de 446 y afectan al sector.

Durante el encuentro, que contó con la participación de ejecutivos de La Anónima, Día %, Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), junto a los secretarios de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y de Trabajo, Julio Cordero, Caputo expuso el objetivo central del Gobierno: avanzar en la actualización de los acuerdos laborales en el marco de la nueva Ley de Modernización Laboral.

El encuentro entre el ministro de Economía y los supermercadistas se da en una coyuntura difícil para el sector. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en abril las ventas en supermercados subieron 0,8%, pero en la comparación interanual persistió la tendencia negativa con una caída de 3,7 por ciento. El acumulado de los primeros cuatro meses del año arrojó una retracción del 3,3 por ciento.

Lo que parece no hacerse revertido durante mayo según los datos de privados. La consultora Scentia indicó que el consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo al considerar todos los canales y mostró un leve avance de 0,1% respecto del mes anterior, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año exhibió un descenso de 3 por ciento. El detalle por canales reflejó desempeños dispares. Los mayores retrocesos interanuales surgieron en supermercados y mayoristas, mientras farmacias y comercio electrónico finalizaron el mes con cifras positivas.

En supermercados, según Scentia, el descenso interanual fue de 4,2% en mayo frente al mismo mes de 2025. En mayoristas, la caída llegó a 1,6 por ciento. Autoservicios independientes registraron un descenso de 1,3% y kioscos y almacenes de barrio, una retracción de 0,8 por ciento. Por el contrario, las farmacias crecieron 2,3% interanual y el comercio electrónico avanzó 29,9 por ciento.

El ministro y los representantes de supermercados ya se habían visto cara a cara a fines de marzo. En esa oportunidad, el foco estuvo en “las altas tasas que aplican los municipios” que, para Caputo, por ley no corresponden, ya que no tienen una contraprestación que las justifique. Y pese a que el Gobierno sostiene que pretende sancionar una reforma tributaria, desde entonces no hubo avances al respecto más allá de manifestaciones de intenciones.

El encuentro de este martes se da luego de la aprobación de la reforma laboral y que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Cordero, revisó su decisión inicial de que se debían renegociar 150 convenios colectivos y amplió el numero a 446 a mediados de junio.

La Secretaría de Trabajo intimó a las partes involucradas a rediscutir tanto las cláusulas vinculadas a condiciones de trabajo como aquellas referidas a cuotas solidarias y aportes compulsivos pactados entre empresarios y sindicatos. Esta ampliación del universo de convenios afectados responde a una interpretación estricta de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La ley modificó el principio de “ultraactividad”, que sostenía la vigencia de un convenio colectivo vencido hasta que las partes acordaran uno nuevo. Bajo ese sistema, los trabajadores mantenían derechos adquiridos aun si las negociaciones se dilataban, un punto que los gremios consideraban central para asegurar la estabilidad laboral.

La nueva normativa distingue entre los diferentes tipos de cláusulas que integran los convenios colectivos. Mantiene la ultraactividad únicamente para las llamadas “cláusulas normativas”, que definen condiciones de trabajo. El resto de las cláusulas, denominadas “obligacionales” —incluyendo cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y sindicatos—, pierden vigencia automáticamente una vez vencido el convenio, salvo que se firme un nuevo acuerdo.

En el comunicado publicado el 11 de junio en las redes sociales, el Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, “dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes“.

“La medida alcanza a 446 convenios colectivos de trabajo que, como consecuencia dela finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las organizaciones sindicales y los sectores empleadores”, afirmó el texto oficial.

Mientras el consumo de pollo atraviesa su mejor momento histórico en la Argentina, la mayor empresa avícola del país pelea por sobrevivir. En 2025, el consumo per cápita alcanzó los 49,4 kilos anuales, un récord que dejó a esta proteína prácticamente al mismo nivel que la carne vacuna, que apenas la superó por medio kilo. Al mismo tiempo, la producción nacional llegó a 2,47 millones de toneladas, uno de los mayores registros de la historia.

Sin embargo, ese contexto favorable para el negocio no evitó que Granja Tres Arroyos, líder del sector, quedara al borde del colapso financiero. ¿Qué explica que un gigante de la industria se derrumbe cuando el mercado atraviesa uno de sus mejores momentos?

La conflictividad, las complicaciones financieras y un devenir que, a partir de la incertidumbre operativa creciente, sigue manteniéndose por demás difuso, mantienen en estado crítico el horizonte comercial de Granja Tres Arroyos, la principal avícola de la Argentina. La empresa, que viene de paralizar su planta más potente en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y también atraviesa turbulencias en sus instalaciones en Capitán Sarmiento, llega a esta instancia con una conflictividad laboral por demás desatada y un rojo bancario que preocupa a toda la cadena de ese segmento comercial.

La colosal deuda de Granja Tres Arroyos

En esa línea, la avícola acumula casi 4.750 cheques sin fondos y una deuda en ese concepto del orden de los 83.850 millones de pesos. Por su parte, Wade, una sociedad controlada por la misma firma, suma 917 documentos emitidos de la misma forma y por un total de 9.838 millones de pesos. Por estos días, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores un plan para desterrar un endeudamiento que llega a los 350 millones de dólares.

Al momento de evaluar los motivos que originaron la crisis de la empresa, que hasta hace menos de dos años faenaba a razón de 700.000 pollos diarios y generaba más del 20% del producto que las avícolas promueven a nivel nacional, existen aspectos que son mencionados de forma coincidente por actores del rubro, organizaciones sindicales e, incluso, representantes de los trabajadores de la firma.

En concreto, se señala que la compañía atraviesa una instancia de caída de su negocio a partir de una combinación de variables que, acumuladas a través de los años, comprenden desde un sobredimensionamiento de Granja Tres Arroyos que inició en los tiempos de Mauricio Macri al frente de la Presidencia, hasta una serie de brotes de gripe Aviar, pasando por la pérdida de mercados internacionales a raíz de esa variable y otros aspectos de la política económica del país, la suba de los costos internos, y el ingreso de producto importado a bajo precio, tal como viene ocurriendo ya en la actual gestión de Javier Milei.

Semejante combo hizo de un endeudamiento prácticamente crónico de la firma un problema grave que se acentuó en los últimos dos años, y que dio lugar a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que, activado en diciembre de 2024, dio lugar a un escenario de conflictividad laboral que no ha dejado de acentuarse con el transcurrir de los meses.

Por estos días, el cruce más fuerte se da en torno al cierre de la planta La China, en Concepción del Uruguay, con afectación directa para 700 empleos. La medida en cuestión, establecida a fines de mayo, implicó el fin de una faena que llegó a alcanzar los 200.000 pollos diarios.

«Granja Tres Arroyos anuncia que ha decidido cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región», se informó desde la firma en ese momento.

«La empresa se encuentra atravesando una delicada situación financiera como consecuencia del cierre de mercados de exportación por la situación sanitaria internacional (gripe aviar), la pérdida de competitividad y el fuerte deterioro de las condiciones económicas del sector», añadieron las fuentes.

Tras ese telón, la posibilidad de profundizar en la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos requiere un contacto directo tanto con voces cercanas a la empresa como con analistas de la actividad avícola y los actores laborales que se ven alcanzados por el parate y el rojo financiero que presenta la compañía en cuestión.

La caída de las exportaciones fulminó a Granja Tres Arroyos

Precisamente desde el lado del sector avícola, sendos expertos consultados por iProfesional acercaron una primera explicación de la crisis que atraviesa la compañía.

«Hubo un factor que agravó todo: la gripe aviar, que implicó un cierre de los mercados internacionales. Algo que ocurrió en 2023 y también el año pasado, por ejemplo. Lo que pasó con China tuvo una incidencia fuerte en ese sentido. Granja Tres Arroyos tiene costos de producción atados a productos de alto valor agregado con destino de exportación. Y son productos muy difíciles de colocar en el mercado interno, por lo cual la capacidad de venta decayó», explicó una fuente.

«Al mismo tiempo, empezó a darse una competencia con los productos importados. Con una empresa centrada en la exportación, y luego los mercados cerrados, lo que ocurrió es que los costos no dejaron de crecer mientras que los ingresos se redujeron. También la situación del dólar tuvo su incidencia en estos años. Por otra parte, el consumo interno no creció tanto como para compensar el freno a la exportación. Todo eso generó una situación que trancó a la empresa», añadió.

Otras voces del sector consultadas por este medio mencionaron al «sobredimensionamiento» de la firma como otro factor que pegó de lleno en la estabilidad económica de Granja Tres Arroyos. «Ese aumento de tamaño tuvo su salto cuando la empresa pasó a controlar los activos de Cresta Roja, que entró en quiebra», comentó otro analista a iProfesional. La compañía ahora en crisis se hizo cargo de dos plantas —una en Ezeiza y otra en Tristán Suárez— a partir de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Previo a esto, en 2015, la firma propiedad de la familia Rasic fue declarada en quiebra y comenzó todo un frente de conflictos y reclamos hasta que su estructura, a instancias del gobierno de ese momento, finalmente quedó en poder de Granja Tres Arroyos. Dicha operación terminó por consolidar a Granja Tres Arroyos como la mayor avícola de la Argentina. Para el manejo de las explantas de Cresta Roja, se creó la firma Wade, que hoy también muestra un fuerte endeudamiento.

«Los dueños de Granja Tres Arroyos —la familia De Grazia— pasaron a controlar una estructura que no supieron gestionar. Después los agarraron los brotes de gripe aviar, la apertura de las importaciones, los costos altos… Todo eso dio lugar a una situación que empujó a la compañía a pedir un Procedimiento Preventivo de Crisis y se fueron rompiendo las cadenas productivas de las que depende el negocio de Granja Tres Arroyos. Eso es lo que ocurrió en lugares como Concepción del Uruguay», explicaron fuentes del mercado.

Granja Tres Arroyos y un crecimiento desordenado

Desde el Sindicato de la Carne su secretario general en esa ciudad de Entre Ríos, Sergio Vereda, aportó más detalles respecto del mal momento que atraviesa la avícola. En diálogo con iProfesional, señaló que la empresa «lleva años acumulando deudas, aunque el problema se acentuó con la caída de las exportaciones«.

«Se generó un problema grave cuando China cortó la compra de productos como la garra de pollo, que en el mercado valía lo mismo que la pechuga. La gripe aviar complicó todo, después hubo una situación de hepatitis que también afectó a los pollos. Todo eso generó que se perdiera la exportación, sino que Granja Tres Arroyos exportaba casi el 50% de lo que hacía», afirmó.

«Después la empresa se agrandó mucho pero sin un control efectivo. Hubo un desmanejo que se fue incrementando también con los años. Fue absorbiendo frigoríficos y plantas de empresas que iban cerrando como Cresta Roja, Becar, Avex, que es de Río Cuarto… A medida que la empresa se fue agrandando fue perdiéndose el manejo de todo«, agregó.

Vereda dijo que en ese proceso también se descuidó al personal: «En Concepción del Uruguay éramos más de 1.000 empleados y los dueños y los ejecutivos casi no iban a la empresa. Todo ese descontrol también generó falta de previsibilidad, se empezó a incumplir con los proveedores. A todo eso se sumó la gripe aviar, la dificultad para vender en el mercado interno un pollo que, al ser para exportación, es más liviano y tuvo que ofrecerse a un precio más barato».

El dirigente gremial expresó que la sumatoria de variables negativas redundó en el pedido del PPC y luego la parálisis productiva que padecen plantas como La China. «Nosotros hace más de un año firmamos el preventivo de crisis. El Gobierno les dio a los dueños de la empresa la posibilidad de no pagar aportes jubilatorios. También se pidió achicar un poco de gente, sacarle a la gente del área de alimentación un plus que cobraban… Todo eso lo cedimos. Sin embargo, la situación fue empeorando», dijo.

«Hoy la empresa está en una situación de derrumbe y la cadena de producción se encuentra cortada en Entre Ríos. Desde los pollitos bebés, con la falta de alimento, hasta la parálisis que sufre la faena. Granja Tres Arroyos terceriza buena parte de sus procesos: una vez que nacen los pollitos, los entregan a criadores a quienes se les paga un alquiler por sus galpones, la empresa provee el alimento y demás», detalló Vereda.

Para enseguida añadir: «Pero la compañía dejó de pagar a esos criadores y hubo muertes de pollos y otras situaciones. Lo que ha pasado es que Granja Tres Arroyos perdió credibilidad entre los criadores entrerrianos, que ahora prefieren criar para empresas como Las Camelias o FEPASA. Esa falta de seriedad también terminó derrumbando el negocio de Granja Tres Arroyos».

La caída del negocio acentuó la conflictividad laboral

A ese contexto, aportaron otras fuentes de la actividad avícola, se sumó una virulencia gremial que creció tras la vigencia del PPC. Los paros constantes derivados del pago abreviado de salarios, o directamente la demora en el cumplimiento de los haberes en algunas instancias, dio pie a paros y medidas sindicales que afectaron de manera directa la faena en las instalaciones en Concepción del Uruguay.

«El escenario derivó en una guerra entre la parte sindical y la empresa que se concentró en Concepción del Uruguay. Al no haber faena, los pollos empezaron a pasarse. Dejó de entrar plata y no hubo fondos para alimentar a los productos en crecimiento. Se generó un círculo muy complicado. Si bien el resto de las plantas de la empresa están en funcionamiento, volver a echar a andar las instalaciones de La China implicaría un proceso de cuanto menos 60 días y habría que ver si resulta», expuso otra fuente consultada.

Con relación al estado actual de la compañía, fuentes de Granja Tres Arroyos comentaron a iProfesional que la empresa mantiene un diálogo constante con la gobernación de Entre Ríos, el intendente de Concepción del Uruguay y los gremios para acercar posiciones y bajar la conflictividad.

Respecto de La China, se indicó que «por el momento, la planta va a continuar cerrada. La cadena de producción en Entre Ríos está cortada y no hay pollos en producción que permitan abastecer a la planta de La China para su reactivación en el corto plazo».

«Seguimos buscando alternativas para superar este momento complejo, recomponer el circuito biológico, y así poder arrancar de a poco con la producción local. La propuesta de reestructuración de la deuda y el plan de recomposición del capital de trabajo elaborada en conjunto con Valo Columbus está en plena vigencia y avanzando. Ya se han obtenido adhesiones de distintos acreedores entre bancos y proveedores», afirmaron las fuentes.

Según pudo corroborar iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Granja Tres Arroyos acumula 4.743 cheques rechazados por falta de fondos, y una deuda por ese concepto del orden de los 83.851 millones de pesos. Por el lado de Wade, los cheques emitidos sin fondos suman 917 y un valor total de 9.838 millones de pesos. Por estos días, la avícola negocia con sus acreedores un plan para desterrar un endeudamiento que llega a los 350 millones de dólares.

La morosidad en el sistema financiero volvió a aumentar y alcanzó el nivel más alto de los últimos 20 años. Para Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, el fenómeno refleja un deterioro más profundo que el incumplimiento de un préstamo: revela las dificultades de millones de personas para sostener sus ingresos y acceder a herramientas básicas de financiamiento.

“La morosidad volvió a crecer en mayo y casi siete millones de personas ya no están en condiciones de recibir un crédito”, afirmó durante una entrevista en Infobae al Regreso.

En diálogo con Gonzalo Aziz, el funcionario sostuvo que quedar excluido del sistema crediticio tiene consecuencias que atraviesan la vida cotidiana. “No recibir un crédito es mucho más que una cuestión financiera. Es no poder mudarte, no poder empezar un emprendimiento, no poder construir tu casa o simplemente sobrevivir”, describió, al advertir que el acceso al financiamiento dejó de ser una herramienta para crecer y pasó, en muchos casos, a convertirse en una necesidad para afrontar gastos corrientes.

Los datos que expuso muestran la magnitud del problema. La mora de las familias pasó del 12,1% al 12,7% entre abril y mayo, mientras que entre los jóvenes de 18 a 30 años el incumplimiento supera el 40%. Según Cuattromo, se trata del segmento más vulnerable porque concentra los menores ingresos y una mayor precariedad laboral. En ese contexto, recordó que desde diciembre de 2023 “se cerraron unas 500.000 cuentas sueldo”, un indicador que, a su entender, refleja el deterioro del empleo formal. “El salario no recupera, el trabajador se precariza y las condiciones para pagar un crédito empeoran”, resumió.

El presidente del Banco Provincia ubicó el origen del actual escenario en el endurecimiento monetario que atravesó la economía durante 2023. Las tasas de interés llegaron a niveles cercanos a los tres dígitos y, según explicó, muchas familias quedaron atrapadas en compromisos que luego resultaron imposibles de afrontar. “Cuando terminó ese proceso, la gente ya no podía pagar los créditos que había tomado”, señaló. Desde entonces, agregó, “cuando estás fuera de la línea de crédito, estás fuera de una línea de vida en un montón de aspectos”.

Ese deterioro se refleja especialmente en el uso de las tarjetas de crédito. Cuattromo explicó que allí se concentra la mayor parte de los incumplimientos: alrededor del 12% en los bancos, casi el 30% en las fintech y más del 43% en las entidades no financieras. Atribuyó esa diferencia a que muchas familias comenzaron a utilizar el crédito para cubrir gastos cotidianos. “La gente usa la tarjeta para pagar tarifas, combustible o consumo básico porque el ingreso ya no alcanza”, afirmó.

Frente a ese escenario, el Banco Provincia reforzó sus programas de refinanciación. Según detalló, durante el primer semestre del año la entidad renegoció deudas por unos 280.000 millones de pesos mediante cerca de 80.000 acuerdos, cinco veces más que en igual período de 2025. El objetivo, explicó, es reducir el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares. “Logramos bajar la carga del 35% al 22% del ingreso mensual. Eso libera recursos y ayuda a que las familias puedan sostenerse”, sostuvo.

Cuattromo consideró que la asistencia financiera debe complementarse con una mayor educación económica. Por ese motivo destacó el programa Incluir, impulsado por el Banco Provincia en escuelas bonaerenses, que ya alcanzó a más de 100.000 estudiantes en los 135 municipios. La iniciativa busca enseñar desde conceptos básicos de administración del dinero hasta la lectura de las condiciones de un préstamo. “Es fundamental que las personas sepan cuánto van a terminar pagando realmente, porque muchas veces las ofertas digitales esconden condiciones que no son evidentes”, explicó. A su juicio, estos contenidos deberían formar parte de la educación formal porque “es algo que atraviesa la vida de cualquier persona”.

El titular de la entidad también vinculó el endurecimiento del crédito con un cambio en el comportamiento de bancos y clientes. A medida que aumentó el riesgo de incumplimiento, explicó, las entidades comenzaron a restringir el otorgamiento de préstamos, mientras que muchas familias dejaron de demandarlos por la pérdida de capacidad de pago. “El crédito nuevo termina concentrándose en los sectores de mayor poder adquisitivo. Quienes más lo necesitan muchas veces ya no pueden acceder”, advirtió.

En ese contexto, sostuvo que la banca pública cumple un rol contracíclico y recordó que representa cerca del 40% del sistema financiero argentino. Según indicó, el Banco Provincia incrementó su participación en el financiamiento a empresas desde que comenzó el endurecimiento monetario y mantiene líneas especiales para consolidar deudas de personas físicas, con plazos de hasta 72 meses y tasas subsidiadas para quienes perciben menores ingresos.

Pese a esas herramientas, Cuattromo evitó mostrarse optimista sobre una recuperación rápida. A su entender, el problema excede al sistema financiero y depende de una mejora sostenida de la economía. “La normalidad todavía no aparece. Lo que debería mejorar es el mercado de trabajo y los ingresos. Nosotros monitoreamos la situación todos los días y siguen apareciendo personas que entran en mora. La sangría todavía no se cortó”, afirmó.

Para el presidente del Banco Provincia, mientras no se recompongan el empleo y los salarios, la exclusión financiera continuará profundizándose. “Si las condiciones no favorecen el trabajo y los ingresos, este problema va a seguir postergándose porque es un fenómeno macroeconómico que afecta a todos los segmentos al mismo tiempo”, concluyó.

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