La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.

También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:

• Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
• Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
• Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
• Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
• Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:

• Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
• Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
• Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
• Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
• Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
• Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.

Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.

La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.

La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.

El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.

Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.

Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.

La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.

La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.

El fiscal federal Sergio Mola espera recibir en los próximos días una serie de pericias que considera determinantes para avanzar sobre una nueva línea de investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Los informes apuntan a determinar si los fajos de dólares que aparecen en los videos pueden ser atribuidos formalmente a ambos.

La expectativa de la fiscalía está puesta en distintas medidas de prueba que fueron ordenadas en las últimas semanas y cuyos resultados podrían darle nuevos elementos para insistir con un avance procesal. Entre ellas figuran la pericia sobre la autenticidad de los videos, el análisis técnico del vestidor donde habrían sido grabados, la estimación de la cantidad de dinero que aparece en las imágenes y nuevas medidas patrimoniales.

Según pudo saber TN de fuentes vinculadas al expediente, Mola ya considera que existen indicios suficientes para vincular ese dinero con Insaurralde. De hecho, esa fue una de las bases del pedido de detención que presentó anteriormente junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Sin embargo, el juez federal Luis Armella rechazó ese planteo por considerarlo prematuro. Ahora, el fiscal espera reforzar su posición con nuevas pruebas antes de volver a impulsar una medida procesal.

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Todavía no está definido de qué manera avanzará. Una de las posibilidades es solicitar una nueva declaración indagatoria. La otra alternativa es insistir con un nuevo pedido de detención. La estrategia dependerá de los resultados de las pericias que se incorporen al expediente.

Uno de los informes más esperados es el que realiza la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que debe establecer si el video presenta algún tipo de manipulación o si fue generado mediante inteligencia artificial.

Además, la fiscalía busca determinar en qué momento fue grabado el material. La hipótesis bajo análisis es que las imágenes correspondan al período en el que Cirio e Insaurralde todavía eran pareja, entre 2022 y 2023.

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Otro punto central será establecer cuánto dinero aparece en las imágenes. La causa incorpora una pericia destinada a calcular el monto total de los fajos de dólares que se observan en el vestidor para luego contrastarlo con la información patrimonial declarada por los imputados.

En paralelo, los investigadores esperan el informe técnico definitivo sobre la inspección ocular realizada días atrás en la casa de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente.

Durante ese procedimiento, los especialistas detectaron rastros compatibles con una obra en el dormitorio principal. Según esa observación preliminar, el ambiente donde habría estado el vestidor presenta indicios de modificaciones.

Las fuentes consultadas indicaron además que en la vivienda encontraron sillones, una alfombra y una mesa pequeña en un sector que habría cambiado de disposición. También señalaron una particularidad que llamó la atención de los investigadores: todos los dormitorios tenían vestidor, excepto el principal.

Ese informe será relevante para establecer si el ambiente donde aparecen los fajos de dólares fue modificado antes del primer allanamiento realizado en 2024.

La investigación también busca reconstruir qué ocurrió con el dinero que aparece en las imágenes. En ese marco, el fiscal solicitó un entrecruzamiento de llamadas telefónicas y un análisis de geolocalización para conocer con quiénes se comunicaron los imputados y por dónde se desplazaron durante el período en el que habría sido grabado el video.

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Ese pedido permanece en discusión porque las defensas cuestionaron la medida al considerar que afecta la privacidad de los involucrados. No obstante, el objetivo de la fiscalía es reconstruir los movimientos realizados en esos días para intentar determinar qué ocurrió con el dinero, ya que si el vestidor fue modificado posteriormente, los investigadores entienden que los dólares también debieron ser retirados de ese lugar.

Otra de las medidas pendientes es la pericia contable sobre el patrimonio de los imputados. El informe todavía no incorpora las tasaciones de los inmuebles que integran el patrimonio investigado. Entre las propiedades que aún deben ser valuadas figuran la casa de San Vicente, la vivienda de Banfield y el resto de los inmuebles incluidos en la investigación. Esos valores serán incorporados al análisis patrimonial que busca determinar si existe correspondencia entre los bienes y los ingresos declarados.

Por el momento, no están previstas nuevas declaraciones testimoniales.

Martín Insaurralde, Jesica Cirio

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia — intendente de San Nicolás de los Arroyos y diputado bonaerense, respectivamente— denunciaron que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires elevó más de 1.200% el costo de las licencias profesionales de conducir al implementar un nuevo esquema de tramitación. La puesta en marcha se realizó en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Sindicato de Camioneros, y señalaron que el mecanismo beneficia a la organización gremial liderada por la familia Moyano.

Según los Passaglia, el trámite para obtener la licencia profesional de conducir costaba hasta ahora $22.000 y se realizaba en las dependencias municipales. Con la nueva normativa, el valor ascendería a aproximadamente $300.000 —un incremento del 1.264%—, y los trabajadores deberán acudir a sedes de prestadores externos habilitados por la ANSV para completar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones previas a la emisión del documento.

En este sentido, indicaron que en consecuencia “el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos”. “Las licencias de conducir profesionales, que antes se hacían en el Municipio, ahora se harán únicamente en sedes dispuestas por la ANSV”, apuntaron. Y añadieron “¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”, afirmaron los Passaglia a través de sus cuentas en la red social X.

El nuevo procedimiento alcanza a las licencias de las clases C, D y E, categorías que habilitan la conducción de vehículos de carga, transporte de pasajeros y maquinaria especial. De acuerdo con el esquema comunicado por la Provincia, los aspirantes deben aprobar primero las evaluaciones psicofísicas y las instancias de capacitación ante prestadores registrados por la ANSV antes de completar la emisión en el Centro de Emisión de Licencias Municipal correspondiente.

Los referentes de la oposición bonaerense cuestionaron además que el nuevo sistema obligue a los conductores a desplazarse fuera de sus municipios de residencia. “Antes lo hacían en la Municipalidad. Ahora tienen que pagar mucho más y además viajar hasta los lugares habilitados”, sostuvieron. En el video que difundieron por sus redes, el referente del partido HECHOS enumeró los sectores afectados: colectiveros, transportistas, servicios de ambulancias, conductores de plataformas como Uber, taxistas y remiseros, entre otros.

“Colectiveros, transportistas, ambulancias, Uber, taxis y remises… Todos van a tener que pagar 300 lucas para sacar la licencia. Es una vuelta a la vieja política que no va más. En vez de despejarte el camino te ponen un peaje, en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más”, afirmaron los hermanos en la publicación.

La denuncia apunta a una convergencia de intereses. Los Passaglia sostienen que las sedes del sindicato serían las únicas habilitadas para realizar los trámites previos, lo que concentraría el flujo de trabajadores —y el cobro de aranceles— en la estructura gremial.

“El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”, remarcaron los Passaglia al referirse al impacto que la medida tendría sobre conductores que dependen de esa habilitación para ejercer su actividad. La ANSV, organismo del que depende la habilitación de los prestadores externos, no había emitido una respuesta pública a las críticas al cierre de esta nota.

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