Pese a las advertencias del Enacom, el Gobierno de la Ciudad avanzó con la licitación del Canal de la Ciudad y preadjudicó la señal porteña a Cale Group Media SA, la firma de Augusto Marini. El empresario es socio del influencer libertario Daniel Parisini -más conocido en redes sociales como Gordo Dan- en el canal de streaming Carajo. También es propietario de la señal opositora Blender.

La administración de Jorge Macri había lanzado la licitación para concesionar los medios públicos el pasado 12 de marzo. Ahora, se encamina a ceder la gestión técnica, operativa y comercial de la televisión pública porteña por cinco años. En el gobierno local aclaran que la decisión de concesionar su gerenciamiento no afecta la titularidad del medio, que seguirá en manos de la Ciudad.

Por la gestión del Canal de la Ciudad, Cale Group Media SA pagará un total de $3.000 millones, lo que equivale a un canon mensual de $50 millones. Se trata, según consta en el acta de preadjudicación publicada en el Boletín Oficial, de la oferta más alta para quedarse con la señal de televisión porteña.

La otra firma que competía por el gerenciamiento del Canal de la Ciudad era Argentinos Media SA, del empresario Marcelo González, propietario de la radio AM 950. Su compañía había propuesto un canon de $15 millones por mes, es decir, menos de un 50% de lo que ofrecía la empresa seleccionada.

Además, según especificaron en la Dirección General de Concesiones y Permisos del Ministerio de Hacienda, la firma de González no entregó toda la información exigida en el pliego licitatorio. Si bien presentó toda la documentación legal y técnica, omitió presentar algunos datos económicos y financieros exigidos como los estados contables ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y los detalles sobre su plan de inversión.

Por este motivo, la administración macrista decidió preadjudicar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad a la empresa Cale Group SA. Marini, presidente de la empresa, es socio del tuitero oficialista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en Carajo, el canal de streaming oficialista donde recalan influencers alineados con las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

Marini es, a su vez, dueño de la señal de streaming Blender, que mantiene una línea editorial alejada de La Libertad Avanza (LLA) y donde tallan comunicadores como Tomás Rebord, con nexos con algunos sectores del Partido Justicialista.

La concesión de los medios públicos de la ciudad también alcanzaba a las radios AM 1110 y La 2×4. Sin embargo, en esta primera instancia de la licitación, no se registraron ofertas para ambas señales radiales por lo que se resolvió declarar desierto el proceso.

Con la publicación del acta en el Boletín Oficial, se abrió un breve período para presentar impugnaciones a la asignación. En caso de que no se presenten objeciones o ninguna prospere, el gobierno de Jorge Macri quedará en condiciones de formalizar la concesión a la firma de Marini.

El gobierno de Jorge Macri decidió avanzar con la licitación de los medios públicos pese a las advertencias del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). A mediados de abril, el organismo público, que conduce Juan Luis Ozores, había advertido a la administración porteña que concesionar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad y las radios públicas podría colisionar con el marco legal vigente.

En particular, en la nota enviada al jefe de gobierno porteño, el Enacom señaló que la iniciativa podría violar la Ley Nacional N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la delegación de la explotación de licencias audiovisuales. Es decir que es el titular de los medios -en este caso el Gobierno de la Ciudad- quien debe estar a cargo de su explotación y no un tercero.

Sin embargo, la administración macrista desestimó, por entonces, las advertencias del organismo regulatorio. Sucede que, en la previa del debate de candidatos a legisladores porteños del año pasado, el jefe de gabinete Manuel Adorni -quien lideraba la lista de LLA en la Capital- había anticipado que su espacio buscaría cerrar la señal estatal.

“Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. Pro prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes. Nosotros vamos a cerrarlo. Fin”, había escrito el ministro coordinador de Milei.

CÓRDOBA.- El juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, fundó el fallo de fondo de la cautelar que hace un mes había dictado en la que ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (Incluir Salud) normalizar y regularizar el pago de las prestaciones a instituciones y prestadores de discapacidad. “Solo le cumplieron al actor, pero a nivel individual, desconocieron al colectivo. Concedí la apelación pero sin efectos suspensivos“, explicó el magistrado a .

El nuevo fallo conmina a que en 72 horas se regularicen los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 a todo el colectivo.

La acción de amparo fue presentada por la señora A. A. del C., quien actúa en carácter de curadora definitiva de su hijo, M. I. C.. El hijo de la amparista presenta un diagnóstico de “Retraso Mental Grave” y es beneficiario del sistema de salud por su condición de discapacidad.

La demanda se interpuso como una acción de amparo colectiva en la que AA del C es curadora de su hijo M.I.C quien tiene “retraso mental grave” y representa a un colectivo integrado por titulares de pensiones no contributivas que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad y reciben cobertura a través de Incluir Salud o PAMI y también de un grupo secundario conformado por los progenitores, tutores, curadores, apoyos y cuidadores de esas personas con discapacidad.

El fallo señala que, aunque el Estado Nacional intentó demostrar cumplimiento con pagos individuales al hijo de la amparista, esa conducta no desvirtúa el incumplimiento generalizado hacia el resto.

Durante el proceso, Incluir Salud acreditó pagos al joven por diciembre de 2025 y enero de 2026. El juez interpreta que esa cancelación demuestra que el organismo tenía la obligación de pagar y la disponibilidad de fondos para hacerlo, lo que evidenciaba que la demora en el resto de los casos era injustificada.

El texto advierte que, mientras se cumplía con el caso individual de la amparista, persistía la “desatención del resto de los integrantes del colectivo”. Esto se corroboró con los informes de diversas instituciones (como Apadim, Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría), que informaron deudas pendientes de más de cinco meses.

El fallo resalta una contradicción en la postura de Nación, ya que por un lado, Incluir Salud sostenía que la Provincia de Córdoba era la “primera obligada” a brindar las prestaciones a M.I.C pero, por otro lado, terminó pagando esas mismas facturas en mayo pasado.

Como el cumplimiento fue solo “parcial e individualizado”, Vaca Narvaja considera que la resolución debe tener efecto expansivo a todo el colectivo representado y ordena que se cancelen las facturas de todos los beneficiarios que cumplen con los requisitos de la clase, no solo del caso testigo.

Es decir, para el magistrado el cumplimiento con la amparista individual fue una estrategia que terminó por confirmar la arbitrariedad de la demora respecto al resto de las personas con discapacidad, quienes permanecían en un estado de “desamparo e incertidumbre”.