POLITICA
En medio de la turbulencia, el Gobierno se aferra a un repunte de la economía para encarar la carrera electoral
Envuelto en un escenario complejo que acumula más de dos meses, el Gobierno cuenta los días para el inicio del Mundial 2026, un evento que consideran clave para desplazar los conflictos de la agenda pública y obtener el margen necesario que les permita lanzar una campaña electoral que prevén anticipada. En el oficialismo existe consenso: el desempeño electoral de La Libertad Avanza, que se materializa en los planes de reelección de Javier Milei, depende del impacto del plan económico.
“Lo que nadie dice es que la caída en la imagen del Presidente llegó a su piso. Hoy más del 40% lo vuelve a elegir. Hay que dejar que la economía haga su trabajo, pero vamos a llegar bien al 2027″, expresaba un fuente de la mesa política a Infobae. “La suerte del Gobierno está sujeta al éxito de la economía”, coincidió otro referente que transita los pasillos de Balcarce 50.
Los números relevados por el oficialismo corresponden al mes de abril, cuando inició la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según garantizan, la estructura que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene el respaldo en las provincias del interior del país, que en octubre posicionaron al espacio como el gran ganador de la elección de medio término.
Pese al pálido presente, la expectativa de un repunte económico es compartida entre los funcionarios de la administración libertaria, quienes advierten además que los efectos de las medidas adoptadas en el último tiempo presentan un retraso de varios meses. No está claro si se trata de un pronóstico preciso o de una expresión de deseo, pero a varios les preocupa que el tiempo disponible no alcance para llegar competitivos a 2027.
“Todo en economía tiene un rezago. Estamos sufriendo coletazos de lo que fue la campaña electoral: una corrida cambiaría que llevó a subir la tasa de interés, y post octubre todo empezó a mejorar. A partir de este segundo trimestre la cosa empieza a repuntar”, prometió una importante voz con acceso al despacho presidencial.
A contramano de lo expuesto, en otro sector de espacio detectan una baja en los indicadores que miden la percepción pública del Gobierno, atribuida a un cúmulo de factores que incluyen la compleja situación económica y el caso Adorni, un diagnóstico similar al que publicó la revista británica The Economist.
Algunos referentes, no obstante, mantienen expectativas positivas ante la posibilidad de que “la actividad vuelva a mostrar dinamismo” antes de los comicios de 2027. El ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que “a partir de junio se vienen los mejores meses”, y sostuvo que las cifras de marzo indican una mejora interanual de la economía real.
“La industria está 5% por encima del año anterior y la construcción muestra un avance de 12,7% en el mismo periodo”, detalló en declaraciones a LN+ sobre dos sectores que hasta entonces figuraban rezagados. Además, anticipó que la inflación de abril será “sustancialmente más baja” que la de marzo, ubicada en 3,4%, y estimó -en base a previsiones- que se situará entre “2,5% y 2,8%”.
En los últimos días, la cúpula libertaria detecta que algunos sectores opositores, entre los que ubican al peronismo, pero también a las constantes críticas del PRO que le atribuyen a Mauricio Macri, comenzaron a “instalar el mismo clima de incertidumbre” que observaron antes de las elecciones de medio término. “Un año antes. Es insólito”, se quejó una fuente del oficialismo.
Ante la ausencia de candidatos opositores definidos, en La Libertad Avanza aseguran que, en los comicios presidenciales, la discusión girará en torno a modelos de país en pugna y no a nombres propios. “La discusión es si Javier sí o Javier no. Necesitamos, al menos, un período más de Milei para consolidar las transformaciones y la gente lo sabe”, afirmaron a este medio.
Con tiempo por delante y la nueva edición de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio, como fecha clave para definir el armado de las listas, en las filas violetas apuestan a llegar “competitivos” a 2027. Para ello, la mesa política coincide en la necesidad de alcanzar acuerdos legislativos con los gobernadores aliados que, en el futuro, podrían convertirse en alianzas electorales.
Tras la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria este martes, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, volvió a tildar este miércoles la movilización de un hecho ”político”, se alejó de la discusión del número de personas que se congregaron en Plaza de Mayo y apuntó contra el rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres.
“La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores. Ahora, la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario», marcó Álvarez.
En diálogo con radio Mitre, sumó: “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“.
Álvarez también repudió las declaraciones contra el gobierno de Javier Milei que lanzó el vicepresidente del CIN en el marco de la manifestación. “Lo escuchaba a Torres hablando como si fuera un inocente profesor y es político profesional… Tiene todas las fotos con [Axel] Kicillof”, apuntó.
“Otra hipocresía que nos molesta es que el gestor defiende el ingreso irrestricto y tiene un amparo para poner cupo en todas las carreras. Eso hay que financiarlo… Él [Torres] resolvió su problema. En el medio, en su inocencia como ‘simple profesor’ le dio el honoris causa a Cristina [Kirchner]“, deslizó y acusó: ”Uno trata de no ir a cuestiones personales, pero que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario cuando, en realidad, lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción».
La convocatoria en reclamo por fondos para la educación pública se dio en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de , participaron unas 120.000 personas. “De números no hablamos… Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso», consideró el funcionario mileísta al respecto.
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cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria,marcha,Universidad de Buenos Aires,Universidades,Conforme a,,Tribuna Segura. El Gobierno prohíbe a los deudores de cuotas alimentarias ingresar a partidos de fútbol,,»Hoy es un obstáculo para el cambio». El dirigente más cercano a Macri apuntó contra Adorni,,Tras la marcha universitaria. Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia,Marcha,,Universidades: medidas que relegan debates de fondo,,»La situación es crítica». Una multitud le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario,,De Jujuy a Tierra del Fuego. La marcha universitaria se replicó en todo el país con protestas en más de diez provincias
POLITICA
Tras la marcha universitaria, la Corte dio un paso clave para resolver la causa contra el Gobierno por el financiamiento
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este martes en condiciones de resolver la causa contra el gobierno por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto gira alrededor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución el Gobierno cuestiona desde que la vetó parcialmente en 2025 y luego volvió a objetar cuando el Congreso insistió con su sanción. La posición oficial sostiene que la norma no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla.
Con este movimiento, la Corte está en condiciones en emitir sentencia por lo que las expectativas quedan puestas en su próxima reunión de acuerdo, el jueves. Según marca la normativa, en estos casos no es necesario que gire el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión, aunque puede requerirla.
La ley cuestionada establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Sin embargo, su implementación fue limitada en la Ley de Presupuesto 2026 y a través de la Decisión Administrativa 20/2026.
Por ese motivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. En respuesta, el Gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema donde argumentó que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes. Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes.
Sin embargo, no existen plazos para que se pronuncie el máximo tribunal. Fuentes consultadas confirmaron a TN que la Corte podría rechazar el recurso sin entrar al fondo del asunto, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Si adopta esa postura, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir los fondos.
La postura del gobierno tras la marcha universitaria
Pese a la magnitud de la convocatoria, el Gobierno minimizó el peso de la movilización universitaria de este martes y la tildó de una “marcha política” impulsada por el aparato de la oposición. Javier Milei siguió todo desde la Quinta de Olivos y retuiteó mensajes en contra de la protesta, aunque no se expresó de manera directa.
Mientras miles de personas se congregaban en la Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en Casa Rosada insistieron en su postura de que la protesta había sido orquestada para erosionar al Gobierno.
Así lo expresó tras la movilización el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”.
“Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales, cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble», insistió el funcionario en diálogo con Radio Mitre.
universidad, Corte Suprema, Gobierno
El Gobierno resolvió no escalar por ahora el conflicto con la AFA y espera una definición de la Justicia para avanzar con la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia. El Ejecutivo no evalúa por el momento solicitar fuerza pública para que los veedores ingresen a la sede de Viamonte, luego del intento frustrado de la semana pasada.
La decisión en la Casa Rosada es quedar a la espera de lo que resuelva la Justicia civil. En Balcarce 50 aseguran que la Cámara analiza la apelación presentada por la AFA contra la veeduría y que le otorgó efecto suspensivo, por lo que sostienen que no pueden avanzar con nuevos pasos operativos hasta que exista una habilitación judicial. “IGJ va a analizar bien y resolver”, expresan.
El Ministerio de Justicia —que encabeza Juan Bautista Mahiques— prefiere en esta etapa correrse de una escalada de alto voltaje institucional y reordenar la ofensiva por la vía administrativa y judicial. En el oficialismo consideran que una pulseada por el ingreso físico a la sede central del fútbol argentino, sin respaldo judicial consolidado, podría debilitar la estrategia en lugar de fortalecerla.
La veeduría fue impulsada por la Inspección General de Justicia como una intervención informativa para obtener y compulsar documentación sobre los estados contables y financieros de 2025, las operaciones con TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas y todo lo vinculado a la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”. La propia IGJ remarcó además que la medida no implica desplazar autoridades ni intervenir en la administración ordinaria de la entidad.
El Gobierno busca en paralelo sostener abierto el frente documental. La apuesta de Nación es que el foco se traslade ahora a las respuestas formales que entreguen la AFA y la Superliga a los requerimientos que dejaron los veedores, más que a una nueva escena de confrontación en la puerta de Viamonte.
Ese plazo vence este viernes. En el caso de la AFA, los veedores fueron la semana pasada junto con inspectores de la IGJ, no pudieron ingresar y dejaron un requerimiento de información. En la Superliga, en cambio, sí fueron recibidos por abogados de la entidad, que presentaron una nota ante el Ministerio de Justicia para impugnar la veeduría, manifestaron su disconformidad con la medida y anticiparon que apelarán dentro del plazo previsto.
Leé también: El Gobierno relativiza la ofensiva de la oposición contra Adorni en Diputados y cree que no habrá quórum
La ofensiva oficial sobre la AFA y la Superliga se apoya en una estrategia más amplia de control del Ejecutivo sobre balances, contratos y estructuras administrativas. En marzo, la IGJ pidió también veedores sobre la Superliga y sostuvo que esa asociación civil siguió registrando movimientos económicos incluso después de haber quedado desplazada por la Liga Profesional, con operaciones por un valor neto de US$348 millones entre 2020 y 2024, según la propia autoridad de control.
La avanzada sobre la AFA, además, atravesó cambios internos en el área de Justicia. La designación original de los veedores se produjo antes del recambio de autoridades y quedó envuelta en tensiones dentro del oficialismo por la salida del exinspector general Daniel Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio. En ese reordenamiento, la Casa Rosada buscó ratificar que mantendrá la estrategia de control sobre la conducción de Claudio Tapia pese al ruido interno.
En ese contexto también se dio la renuncia de Agustín Ortiz de Marco, el primer abogado designado como veedor junto al contador Miguel Pappacena. Ortiz de Marco dejó el cargo antes de asumir y obligó al oficialismo a nombrar en su reemplazo a Diego Coste, en una decisión que en Balcarce 50 leyeron como necesaria para evitar que la ofensiva administrativa quedara empantanada antes de empezar.
Ahora, la mesa chica del jefe de Estado pone la mira sobre dos cuestiones antes de volver a moverse sobre la AFA. La primera es la respuesta que deben presentar este viernes la AFA y la Superliga a los pedidos de información que dejaron los veedores. La segunda es la definición de la Justicia civil sobre la apelación que presentó la conducción de Claudio Tapia. Hasta que eso no ocurra, en el oficialismo aseguran que no avanzarán con nuevas medidas sobre la sede de Viamonte ni pedirán fuerza pública para intentar el ingreso.
Gobierno, AFA
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