El fiscal federal Franco Picardi envió un nuevo oficio a la Dirección General de Aduanas para que informe, de manera urgente, qué funcionarios participaron en la aprobación de las solicitudes del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) entre el 2020 y el 2024, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Se trata de la cuarta solicitud similar en el marco de una investigación por presuntos pagos de coimas. Los pedidos fueron enviados, además de Aduana, al Banco Central y al Ministerio de Economía.

El objetivo de la medida es reconstruir la trazabilidad de fondos en pesos y divisas, identificar responsables institucionales y profundizar en las comunicaciones vinculadas a presuntas autorizaciones irregulares.

El requerimiento, enviado la semana pasada al titular de Aduana, José Velis, exige “de forma urgente” el listado completo de todos los agentes que participaron en esos procesos, con identificación específica de quienes intervinieron en las solicitudes de tres empresas puntuales cuya identidad no fue revelada públicamente.

En esta oportunidad, el pedido involucra a las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazza, Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L..

Concretamente, el fiscal pidió el “listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, identificando específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las sociedades antes mencionadas”.

En la causa se investigan los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández y el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando habitualmente los trámites demoraban hasta seis meses.

Picardi reiteró el pedido ya que las respuestas anteriores se limitaron a explicar el funcionamiento automatizado del sistema y derivaron el requerimiento nuevamente a la Aduana, sin aportar datos concretos sobre los funcionarios intervinientes.

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La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Elías Piccirillo y Francisco Hauque.

En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. Paralelamente, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.

Justicia, Banco Central, Ministerio de Economía

La “banda de los mendocinos”. Así llaman en los pasillos del poder al grupo de funcionarios que hace años controlaba Arsat. Con Facundo Leal, expresidente de la empresa detenido, como una de las principales figuras, ascendieron dentro de la compañía mientras su patrimonio crecía a niveles inexplicables. Ahora, cuatro de ellos se encuentran imputados y con pedido de indagatoria por la sospecha de que recibieron coimas para contratar a un depósito.

Repetidas fuentes, conocedoras de su nivel de vida, comentaron a que lo hallado en los allanamientos y el expediente en sí es tan solo una pequeña porción del dinero que habrían movido dentro de la empresa. Además de Arsat y de su provincia de origen, los mendocinos comparten algo más: un importante crecimiento en la función pública entre 2025 y 2026.

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El grupo se compone de algunos imputados y otros no implicados hasta ahora en la causa, todos dentro de Arsat desde hace prácticamente 20 años, cuando llegaron de la mano del exgobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli (PJ). Dentro de los primeros se encuentran Leal, Gerardo Boschin (era gerente de compras y luego fue designado al frente de Trenes Argentinos), Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y Finanzas de Arsat y Pablo Gastón Pagani, exgerente de Finanzas de la empresa.

De ese mismo palo son Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad de Mendoza, exgerente de Relaciones Institucionales de Arsat y designado por Milei como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura; Santiago Trezza Silva, un abogado que cumplió múltiples roles dentro del ecosistema Arsat, y Octavio Falasco, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa), una empresa creada por Arsat e Invap para el testing de satélites en Bariloche.

Todos los que adquirieron lugares de poder durante la gestión de Milei, incluido Leal como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), renunciaron a la par de Luis Pierrini, también mendocino, cuando este fue invitado a retirarse de la Secretaría de Transporte, en enero de este año.

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Leal fue detenido la semana pasada cuando en operativos en sus propiedades le encontraron más de 2 millones de dólares en efectivo y una gran cantidad de dosis de drogas.

Cómo adquirieron semejante control de áreas clave en los últimos años tiene dos explicaciones principales. Una, la más simple y en la que descansan algunos funcionarios del Gobierno, es el impulso que le dio Pierrini a su grupo. A Pierrini se le atribuye haber llegado a Transporte por recomendación de Juan Pazo, extitular de ARCA durante el mileismo y superintendente de Seguros en la gestión de Mauricio Macri. Durante ese tiempo habría solidificado un vínculo con Pierrini, quien era gerente general de Triunfo Seguros.

La segunda explicación, no contradictoria con la anterior, resulta de mayor interés en el ambiente político -independientemente de quién puso a quién-. Facundo Leal y el grupo mendocino tienen múltiples vasos comunicantes con personajes de mucho poder. Conoce hace años a Leonardo Scatturice, el empresario con extensos vínculos en Estados Unidos que ganó terreno en la gestión libertaria a través de una asociación estratégica con Santiago Caputo. Leal y Scatturice se conocen de mucho antes de Milei, por el interés del empresario en los servicios de Arsat.

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Pero Leal creció en política por su capacidad camaleónica. Su última “traición”, según apuntan conocedores, fue a “Pepe” Albistur. “Se cortó solo”, explican algunos sobre su traspaso al massismo durante la gestión de Alberto Fernández. Ahí yace una tercera explicación a su permanencia en el ecosistema libertario.

Sus relaciones se extienden más allá de la política. “Los mendocinos” cosecharon relaciones con empresarios importantes, también oriundos de allí, como José Luis Manzano y Daniel Vila. También con el mundo del fútbol. A Pierrini y Leal se les adjudica haber viajado en un avión atribuido a Pablo Toviggino a España. Esa relación de años se pudo haber gestado a partir de Falasco, que estuvo alrededor del mundo Boca y de la AFA, o también por la pasión compartida: los caballos. Tanto Toviggino como Leal tienen registrados equinos criollos a su nombre. El tesorero de la AFA, si bien es rosarino, es aficionado de los vinos y dueño -según versiones- de la bodega La Vigilia.

La noche

Además de Arsat, a este grupo lo unen viajes y fiestas electrónicas. Una fuente contó a que a mediados del año pasado, cuando el grupo ya tenía control de Trenes Argentinos, vía Boschin, se fueron de viaje a Marbella, España, invitados por un contratista del Estado. “Se fueron a festejar que cerraron un contrato”, recordó. Este medio, también, confirmó una imagen de Leal cenando con un intermediario de la empresa Huawei, interesada hace años en los negocios de las telecomunicaciones en la Argentina.

Destino frecuente de “la banda” era Las Palapas, un exclusivo espacio de eventos al aire libre, frecuentemente usado para fiestas electrónicas, en Dique Potrerillos, Mendoza. Durante la pandemia, cuando se suspendieron todo ese tipo de festejos, solían utilizar las instalaciones de Arsat en Benavídez para hacer asados o “jodas”. De acuerdo con varias fuentes, la policía se apersonó en el lugar varias veces ante las reiteradas denuncias de los vecinos. Las fiestas siguieron.

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Los años en la función pública vinieron con un crecimiento fuerte en su patrimonio. En 2020, Leal declaró un patrimonio total de aproximadamente $39,2 millones y un inventario de varias propiedades en Mendoza, tres automóviles (una Volkswagen Amarok, una BMW X5 y una Toyota Hilux), algo de dinero en cuentas bancarias, una participación en un fideicomiso y una explotación unipersonal valuada en poco más de $3 millones, además de una deuda de $69.000 con el Banco Galicia.

Cinco años después, al presentar su declaración inicial como Presidente del Orsna, declaró un patrimonio de $528 millones, lo que significa que multiplicó por 13,4 en el período. Entre sus bienes al inicio del período 2025 figuran siete propiedades en Mendoza, con superficies de 949, 719, 224, 133, 92, 58 y 42 metros cuadrados, respectivamente, distribuidas entre Godoy Cruz, la capital mendocina y Malargüe. La mayor de ellas —una propiedad de 719 metros cuadrados destinada al alquiler en Godoy Cruz— estaba valuada en $79 millones. Sumadas, sus propiedades representaban más de $195 millones (al valor fiscal). A eso se suman dos autos de alta gama, más de $61 millones en efectivo en pesos, una caja de ahorro en dólares con más de $3,3 millones de pesos al tipo de cambio declarado, y un ítem que resulta particularmente llamativo: una “empresa unipersonal” valuada en 220 millones de pesos, sin mayor descripción.

En el caso de Boschin, en su declaración inicial del 2020, su patrimonio era de dos autos (un VW Polo y un Chevrolet Prisma), 75 pesos en cuenta corriente y una deuda prendaria con HSBC de 352.800 pesos. Patrimonio total: poco más de $2 millones. Cuatro años después, en su declaración anual del 2024, el panorama había cambiado de manera notable. Al inicio del período 2024, Boschin declaraba cuatro vehículos: el Polo y el Prisma originales —valuados en cero, probablemente vendidos o transferidos—, un Volkswagen Taos Highline 2021 de casi $20 millones, y una Volkswagen Amarok Extreme V6 modelo 2023 valuada en más de $32 millones. El total del patrimonio al cierre del período 2024 superaba los $240 millones.

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La causa está en plena expansión. El juez Mirabelli y el fiscal Domínguez tienen ahora en su poder los celulares, computadoras y documentación incautada en los allanamientos de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. El análisis forense de esos dispositivos es lo que, según fuentes judiciales, podría revelar la extensión completa de la red: cuántos proveedores pagaron retornos, por qué montos, y qué porcentaje de los contratos de Arsat durante la presidencia de Leal estuvo viciado por corrupción.

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Tras siete años de gestión, el gobierno de Nayib Bukele ingresa en la cuenta regresiva hacia las elecciones generales de 2027 con una agenda que seguiría centrada en seguridad, turismo y megaproyectos de infraestructura, pero también tiene en sobre la mesa puntos clave como los ajustes fiscales y la reforma de pensiones pactados con el Fondo Monetario Internacional, además de una política social que busca exhibir resultados tangibles a la población.

Las prioridades del Ejecutivo, respaldado por una mayoría en la Asamblea Legislativa, se articulan en torno a consolidar un modelo que le permita la continuidad en las elecciones de febrero próximo.

El segundo mandato de Bukele, que inició el 1 de junio de 2024, cumple dos años este lunes, pero el mandatario buscará la reelección en los comicios generales del otro año.

Los salvadoreños acudirán a las primeras elecciones tras unas reformas constitucionales que ampliarán el período presidencial de 5 a 6 años, eliminan la segunda vuelta electoral y permiten la reelección presidencial indefinida. Además, unificaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.

Estos son algunos de los temas y áreas clave que seguirían en la agenda del Ejecutivo:

Régimen de excepción y endurecimiento penal

Desde marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha prorrogado de manera mensual el régimen de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad.

Según reporta WOLA (The Washington Office on Latin America), este esquema ha facilitado el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros y se ha convertido en el eje de la estrategia política del Ejecutivo, la cual le ha permitido la reducción de los índices de homicidio y la desaparición de las pandillas de las calles. Esta es una medida que seguiría vigente tras los comicios.

Un símbolo visible de ese enfoque punitivo es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40,000 internos.

La administración de Bukele sostiene que el régimen es la clave para el “nuevo El Salvador”, mientras organizaciones internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), cuestionan el modelo.

A eso se suma una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos graves, aunque su implementación requiere ajustes en el Código Penal y la Ley Penal Juvenil, lo que mantiene el debate legislativo abierto sobre los alcances de la medida.

Megaproyectos de infraestructura y facilitación de comercio

Otros planes en curso que tiene el gobierno es el de Facilitación de Comercio 2026–2030 que fija como meta modernizar puertos, aeropuertos y carreteras, digitalizar trámites aduaneros y fortalecer la integración logística regional.

Entre los proyectos prioritarios destacan el Aeropuerto del Pacífico, la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador y la modernización del puerto de Acajutla, iniciativas que, según la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), buscan convertir al país en un nodo logístico y mostrar avances materiales de cara a la campaña electoral.

Política social y turismo como vitrinas de gestión

La política social se mantiene como un pilar de legitimidad, especialmente en el contexto electoral. El gobierno mantiene activos programas de reconstrucción escolar, entrega de dispositivos electrónicos y paquetes escolares gratuitos a más de un millón de estudiantes, formación técnica y empleo juvenil.

La inversión supera los 500 millones de dólares en infraestructura educativa y 800 millones en tecnología, según datos oficiales. En el área de juventud y empleo, el programa “Up Digital” ofrece formación en competencias tecnológicas y apoyo a emprendimientos.

Proyectos de vivienda de ayuda mutua y legalización de propiedades, articulados con estrategias de prevención de violencia, buscan mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables. El Ministerio de Vivienda ejecuta articula estas iniciativas con estrategias de prevención de violencia y renovación urbana.

El turismo y la imagen internacional ocupan un lugar destacado en la agenda gubernamental. Bajo la marca “Surf City” y la promoción de eventos deportivos internacionales, el gobierno proyecta a El Salvador como un destino seguro y atractivo.

El Ministerio de Turismo apunta a superar los 4 millones de visitantes internacionales en 2026 y a posicionar la franja costera y la zona oriental como polos de desarrollo. El discurso oficial asocia la mejora en seguridad con el crecimiento del turismo y la llegada de inversiones, mientras organismos multilaterales financian parte de la infraestructura turística.

Ajuste fiscal, reforma de pensiones e incentivos a la inversión

En el plano económico, el Ejecutivo se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a ejecutar un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2025 y 2027.

El ajuste prevé recortes en remuneraciones del sector público, bienes y servicios y transferencias a municipalidades. La reducción de recursos para gobiernos locales centraliza la capacidad de inversión en el Ejecutivo.

El gobierno sostiene que esta disciplina fiscal se logra sin aumentar impuestos directos, aunque ha incrementado la carga para entidades consideradas “agentes extranjeros”.

Uno de los componentes más sensibles de la agenda económica es la inminente reforma de pensiones. Técnicos del FMI alertaron sobre el riesgo de agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria en 2027, lo que obliga al gobierno a preparar una reforma antes de esa fecha.

Entre algunas de las medidas en discusión figuran el aumento de la edad de jubilación y mayores aportes de trabajadores y empleadores. La administración de Bukele aún no ha presentado una propuesta oficial, pero el tema genera expectativa y preocupación en amplios sectores sociales.

En paralelo al ajuste, la administración impulsa un plan de incentivos fiscales para atraer inversión extranjera y promover sectores estratégicos.

Según la consultora Consortium Legal, la reciente reforma al Código Tributario exonera del impuesto sobre la renta a inversionistas extranjeros en el mercado de valores nacional. Otras medidas benefician a proyectos de innovación tecnológica y construcción vertical, en línea con el objetivo de posicionar a El Salvador como un nodo logístico y digital en la región.

Además están sobre la mesa los datos del FMI que muestran que la deuda del sector público de El Salvador se ubicó en torno al 85% del PIB en 2023, una carga que condiciona el margen fiscal en los años previos a 2027 y explica la centralidad del ajuste comprometido con el organismo lo que resta de 2026 y el próximo año.

Estas políticas buscan dinamizar la economía en un contexto de recorte del gasto social y restricciones presupuestarias que debe cumplir de cara al acuerdo con el FMI que culmina en junio de 2028.

El equilibrio entre disciplina fiscal, seguridad reforzada y expansión de la política social define el núcleo de la agenda de Nayib Bukele para 2027.

Según los compromisos detallados por el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y la planificación de obras plasmada en documentos de la CAF, el gobierno enfrenta el reto de sostener la popularidad de sus políticas sin erosionar el bienestar de sectores clave.

Mientras tanto, la ejecución de megaproyectos y los programas sociales se convierten en herramientas centrales para fortalecer la narrativa del “nuevo El Salvador” y consolidar el proyecto político de cara a un ciclo electoral inédito.

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