El Presidente de la Nación, Javier Milei, revisará en las próximas horas con su equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Presidente del BCRA, Santiago Bausilli, la drástica y revolucionaria, así la llaman desde el Gobierno, modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que rige desde el 2.012.

De acuerdo a lo que informó el vocero presidencial Adrián Ravier, los detalles de esas modificaciones los dará Milei el próximo jueves en un mensaje por cadena nacional luego de las 20 hs.

Por lo que pudo saber iProfesional, de una fuente muy cercana al Gobierno, se modificarán los artículos 3, 6, 7, 8, 9 y 20 de la Carta Orgánica del BCRA y varios de los cambios estarían inspirados en la Carta Orgánica del Banco Central del Perú.

En el nuevo proyecto de Ley que el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados el martes próximo se volverá a la vieja versión del artículo 3 versión de 1.992 que expresa que «es función del BCRA preservar la estabilidad monetaria y el valor de la moneda». Ese artículo se modificó en 2012 con la Ley 26.739.

Por qué el Gobierno quiere volver a la vieja Carta Orgánica

En relación a la CO hay que recordar que en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, introdujo modificaciones muy drásticas a la Carta CO del organismo que funcionaba desde 1.992 cuando se instrumentó el Plan de Convertibilidad.

Luego el Congreso de la Nación aprobó la modificación del artículo 3 de la CO que establecía: «es objetivo esencial del BCRA preservar el valor de la moneda» y lo convirtió en un mandato múltiple al establecer que: «es objetivo primordial del BCRA preservar la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social».

El propósito ideológico del kirchnerismo fue que el BCRA asumiera responsabilidades más amplias, no solo en la lucha contra la inflación, sino también en el impulso del crecimiento económico y la promoción del empleo, funciones que ya tenían otros organismos estatales.

Marcó del Pont incluso dispuso el reemplazo del viejo texto por el nuevo texto en el cartel pegado en la pared de ingreso a la entidad en Reconquista 266. Esto es lo más importante que busca Milei: que ese artículo vuelva a ser igual al que figuraba en la vieja CO de 1.992.

A pesar de estos cambios, los años siguientes no trajeron ni baja inflación ni desarrollo con equidad.

Cómo quedará la remoción de directores del BCRA con la reforma

El otro artículo que buscará cambiar Milei es el 6 que se refiere a la remoción de los directores del BCRA. La estabilidad del directorio del BCRA es otro de los aspectos que preocupa al Gobierno que propondrá modificar los artículos 6, 7, 8 y 9.

En la actualidad para remover a un Director del BCRA el mecanismo está en la Carta Orgánica del BCRA que destaca que a los 10 Directores los nombra el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con acuerdo del Senado y para removerlos aplica lo mismo que es un decreto del PEN con acuerdo del Senado. Para que quede definitivo cada nombramiento, el PEN tiene que mandar el pliego al Senado y conseguir acuerdo y los futuros Directores siguen en comisión hasta lograr el acuerdo.

El artículo 6 dice que: «los directores duran 6 años y solo pueden ser removidos por mal desempeño o delito mediante juicio político».

En relación al procedimiento, la acusación la hace el Presidente con un decreto y el juicio político se debe hacer en el Senado que actúa como tribunal.

En la actualidad para condenar y remover a un Director se necesitan los 2/3 de los miembros presentes del Senado. Es el mismo quorum que para un juicio político a un ministro y con 72 senadores en total, si están todos presentes se necesitan 48 votos para removerlo.

La novedad de la nueva CO sería que para removerlo no solo habrá que tener los 2/3 de los votos del Senado sino también tendrá que tener los 2/3 de los votos de los Diputados y solo se lo podrá juzgar por un hecho de corrupción pero no por un mal desempeño de sus funciones o por razones políticas.

En la actualidad el Directorio del BCRA tiene 10 miembros: el Presidente, el Vicepresidente 1, el Vicepresidente 2° y otros 7 Directores que duran 6 años y se renuevan por mitades.

En el 2026 no hay vencimientos de mandatos ya que los últimos fueron el 23 de septiembre de 2025 y los nuevos mandatos van hasta el 23 de septiembre de 2031. Los próximos vencimientos serían en 2028, porque se renuevan por mitades cada 3 años.

El caso más polémico de una remoción de un Director fue el de Martín Redrado cuando era titular del BCRA en enero de 2.010 por negarse a entregar unos 6.600 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA. La entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner intentó removerlo por decreto por no girar reservas para el Fondo del Desendeudamiento. Redrado se negó, fue a la justicia y el juez frenó el decreto. Al final Redrado renunció y no hubo votación en el Senado para removerlo.

Por ese motivo también se propondrá aplicar sanciones penales como penas de prisión para los funcionarios públicos o autoridades que autoricen emisiones monetarias sin respaldo, violen la autonomía de la institución o incurran en hechos de corrupción.

Qué cambia en el financiamiento del BCRA al Tesoro

Otro de los aspectos más relevantes de la nueva reforma a la CO será una nueva modificación del artículo 20, que regula los adelantos transitorios del BCRA al Tesoro. En este caso se prohibirá al BCRA financiar al Tesoro directamente.

Esta herramienta permite hoy que el BCRA financie al Tesoro mediante emisión de pesos. Antes de la reforma, estos adelantos tenían un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, sumando un 10% adicional de la recaudación anual del Gobierno nacional.

La reforma elevó esos límites y agregó otro 10% de la recaudación anual en situaciones excepcionales, además de eliminar la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo que los adelantos transitorios se destinaran a cualquier fin.

Ese cambio respondió al criterio de Marcó del Pont, quien consideraba que financiar al Tesoro debía ser una función central del BCRA. Así, el organismo comenzó a girar más fondos al Gobierno, lo que obligó al BCRA a emitir títulos propios para intentar contener el impacto inflacionario, generando un aumento de sus pasivos remunerados.

Esa reforma del 2.012 también estableció que el Central debía actuar bajo las políticas del Gobierno Nacional, reduciendo su autonomía. Por lo que pudo saber iProfesional, de fuentes cercanas al Gobierno, la propuesta del oficialismo buscará restringir la emisión monetaria, ampliada desde 2012 para financiar el déficit fiscal.

En resumen, los puntos centrales de la reforma de la actual CO serían:

• Modificar el Artículo 3 para eliminar los objetivos múltiples (empleo, desarrollo económico y equidad social). El único objetivo del BCRA será la preservación del valor de la moneda
• Modificación del artículo 20 para prohibir en forma definitiva que el Central emita pesos para financiar al Tesoro o utilizar asistencias financieras ficticias como las letras intransferibles
• Modificar los artículos del 6 al 9 referidos a los requisitos para desplazar al Presidente o a los miembros del Directorio de la entidad, exigiendo dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados

Antes de que el Indec publique el dato oficial de inflación de julio, previsto para el 13 de agosto, las expectativas de los consumidores volvieron a deteriorarse. Según la última Encuesta de Expectativas de Inflación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la inflación proyectada para los próximos 12 meses alcanzó el 35,8%, lo que representó un incremento de 3,7 puntos porcentuales frente a junio, cuando se ubicaba en 32,1%.

En cambio, la mediana de las respuestas permaneció sin cambios en 30%, lo que refleja que la percepción del encarecimiento de los precios siguió estable para el encuestado “típico”, aunque crecieron las respuestas con estimaciones más elevadas.

El relevamiento, realizado entre el 2 y el 16 de julio sobre una muestra nacional de 1.000 personas, también mostró que para los próximos 30 días los consultados esperan una inflación promedio de 3,55%, apenas por encima del 3,50% registrado en junio. La mediana volvió a ubicarse en 3%.

Las expectativas aumentaron en las tres regiones relevadas, aunque con distinta intensidad. El Gran Buenos Aires volvió a registrar la previsión más elevada, con una inflación esperada de 43,2% para los próximos doce meses. Le siguió la Ciudad de Buenos Aires, con 38,8%, mientras que el Interior del país presentó la estimación más baja, con 32,3%.

En comparación con junio, el mayor incremento se produjo en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expectativa subió nueve puntos porcentuales.

El informe también detectó diferencias según el nivel de ingresos de los hogares. En los segmentos de mayores ingresos, la inflación esperada pasó de 30,8% en junio a 36,6% en julio.

En contraste, entre los hogares de menores ingresos la expectativa descendió de 35,3% a 33,7%. Como resultado, la brecha entre ambos grupos se redujo de 4,5 a 2,9 puntos porcentuales.

Desde la UTDT explicaron que el promedio y la mediana ofrecen miradas complementarias sobre las expectativas. Mientras el promedio suele reflejar con mayor rapidez los cambios en las respuestas de los encuestados, la mediana tiende a permanecer más estable y solo se modifica cuando el cambio en las percepciones es más generalizado.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA arrojó que la inflación podría alcanzar el 30% este año. En términos mensuales, los analistas consultados por la autoridad monetaria estiman una inflación de 2% para julio y prevén que se ubicará entre 1,7% y 1,8% mensual hasta diciembre.

Cabe recordar que el Índice Precios al Consumidor (IPC) de junio fue de 1,9%, con lo que acumuló un incremento de 16,8% en el primer semestre del año y una variación interanual de 33,5%. Entre las principales divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,3%, mientras que Prendas de vestir y calzado fue la de menor variación, con una suba de 0,4%. En términos interanuales, esta última acumuló un incremento de 11,9%.

Por su parte, la media móvil de tres meses descendió 0,5 puntos porcentuales respecto de mayo y alcanzó su nivel más bajo desde octubre del año pasado. El IPC Núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, avanzó 1,6%, impulsado principalmente por los aumentos en pan y cereales, medicamentos y alquileres.

En cuanto a los componentes del índice, los precios estacionales aumentaron 3,4%, debido principalmente a las subas en verduras y servicios turísticos, aunque las frutas registraron una baja. Los precios regulados, en tanto, avanzaron 2,3%, impulsados por los incrementos en electricidad y transporte público.

Entre las divisiones, Recreación y cultura lideró las subas mensuales con un alza de 4,2%, explicada por el encarecimiento de los paquetes turísticos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 3,3%. En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a Prendas de vestir y calzado (0,4%) y Comunicaciones (0,9%).

Conseguir un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires ya no depende solamente de cuánto cuesta. Hoy, para muchos, el problema empieza antes de negociar el precio. Miles de personas con ingresos suficientes para afrontar una renta quedan afuera porque trabajan de manera informal, son monotributistas, no tienen garantía propietaria o directamente son rechazadas por tener hijos o mascotas. Frente a ese escenario, Hábitat para la Humanidad Argentina puso en marcha una Inmobiliaria Social que busca unir a esos potenciales inquilinos con propietarios que tienen viviendas vacías y no logran alquilarlas.

La propuesta no busca ofrecer alquileres más baratos ni alquileres subsidiados. La apuesta pasa por actuar como intermediaria entre propietarios e inquilinos para recuperar inmuebles que hoy están fuera del mercado y ampliar la oferta para personas que, aunque tienen capacidad de pago, quedan excluidas por los requisitos habituales.

A partir de datos del Censo Nacional 2022, Hábitat para la Humanidad Argentina estima que en la Ciudad de Buenos Aires hay 228.000 viviendas vacías, equivalentes al 13,8% del parque habitacional. Los datos del Censo también muestran que el 35,3% de los hogares porteños alquila. Según un análisis elaborado por la ONG, esa proporción creció 66% entre 2018 y 2023. A su vez, la ONG señala que el 43,2% de los trabajadores de la Ciudad se desempeña en la economía informal, una condición que dificulta el acceso al mercado formal de alquileres. En paralelo, la Encuesta Inquilina Nacional 2025 revela que el 57% de quienes alquilan destina más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda y que el 40% de las familias con menores tuvo dificultades para conseguir un alquiler.

Cecilia Mosto, politóloga y directora de la consultora CIO, participó del diseño metodológico de la iniciativa, explica por qué considera necesario innovar en este mercado. «Dentro de los diversos actores claves que conforman el ecosistema de la vivienda, hay un consenso generalizado de la necesidad de innovar para poder reducir el déficit habitacional creciente. Por otro lado, hay también consenso alrededor del alquiler social como una solución posible y adecuada para el actual contexto», dice.

La iniciativa no nació de cero. Desde hace quince años la ONG administra un edificio de nueve departamentos en La Boca destinado al alquiler social. Según los registros de Hábitat, el 89% de las familias que pasaron por ese programa luego logró alquilar dentro del mercado formal o ahorrar para acceder a una vivienda propia. Además, el 33% inició estudios o mejoró otras condiciones de vida gracias a la estabilidad habitacional.

«Cuando una familia tiene resuelta su situación habitacional en un lugar adecuado puede empezar a desarrollar otras dimensiones de su vida. Vimos personas que retomaron estudios, mejoraron su salud o pudieron ahorrar para acceder después a un alquiler formal o incluso construir su vivienda», explicó a iProfesional Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina.

Inmobiliaria Social: quiénes pueden acceder y cómo funciona

El programa está dirigido a personas que pueden sostener el pago mensual de un alquiler, pero que encuentran barreras para ingresar al mercado formal. Entre ellas aparecen trabajadores independientes, monotributistas, personas con ingresos informales, jubilados que complementan sus haberes con otras actividades y familias que no cuentan con garantía propietaria o recibo de sueldo.

Según el esquema diseñado por Hábitat, el alquiler se firma a valor de mercado. El objetivo no es bajar el precio de la renta sino eliminar las barreras que hoy dejan afuera a miles de personas. El inquilino deberá pagar el alquiler mensual y el depósito de garantía, como ocurre en cualquier contrato. No abonará una comisión a la Inmobiliaria Social ni un cargo adicional por las refacciones del inmueble.

El proyecto también busca resolver un problema del otro lado del mercado. Muchas viviendas permanecen desocupadas porque necesitan arreglos que sus dueños no pueden afrontar o porque atraviesan situaciones legales pendientes, como sucesiones sin resolver. Según un estudio del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, el 81% de los propietarios tiene más de 65 años y mantener una vivienda vacía implica afrontar entre $250.000 y $270.000 mensuales en expensas, sin contar ABL, seguros ni mantenimiento.

Frente a esa situación, Hábitat propone financiar las obras necesarias mediante un fondo semilla y alianzas con empresas y otras organizaciones. «Lo que ofrecemos es poner esa vivienda en valor sin que el dueño del inmueble tenga que invertir dinero al principio. El propietario comienza a percibir ingresos desde que la vivienda se alquila, mientras una parte de ese monto se destina a cancelar la inversión realizada en las refacciones«, explicó Bonelli.

La ONG también realizará la intermediación entre ambas partes, como cualquier inmobiliaria tradicional. Buscará propiedades, evaluará a los postulantes, acompañará la firma de los contratos y administrará la relación entre propietarios e inquilinos.

Cómo anotarse en la Inmobiliaria Social y cuándo comenzarán los primeros alquileres

La iniciativa atraviesa su etapa piloto. Hábitat ya comenzó a identificar inmuebles y propietarios interesados para conformar la primera cartera de viviendas.

Durante la campaña inicial, 70 propietarios se contactaron con la organización. De ellos, 53 reconocieron que sus inmuebles necesitan algún tipo de refacción para volver al mercado, mientras que otros casos responden a sucesiones inconclusas o propiedades que llevan años sin uso.

El objetivo es comenzar con al menos siete viviendas, aunque ese número podría ampliarse si aparecen nuevas oportunidades y los costos de recuperación lo permiten. La expectativa es que las primeras operaciones puedan concretarse dentro de los próximos seis a ocho meses.

Quienes tengan una propiedad vacía o busquen un alquiler pueden iniciar el proceso desde la página web o las redes sociales de Hábitat para la Humanidad Argentina. A partir de allí comienza una evaluación para determinar si el inmueble puede incorporarse al programa o si el postulante reúne las condiciones para acceder a una vivienda.

Entre quienes ya consultaron aparecen perfiles muy distintos. Bonelli menciona el caso de un jubilado que percibe la mínima pero complementa sus ingresos con trabajos informales, o el de una pareja de monotributistas que, pese a poder pagar el alquiler, no consigue superar los filtros habituales por no tener recibo de sueldo que demuestren sus ingresos.

La Inmobiliaria Social todavía está dando sus primeros pasos, pero parte de una realidad difícil de ignorar. Mientras cientos de miles de viviendas siguen vacías en la Ciudad de Buenos Aires, también crece la cantidad de personas que podrían afrontar un alquiler y continúan excluidas por requisitos que poco tienen que ver con su verdadera capacidad de pago. La apuesta de Hábitat para la Humanidad Argentina es demostrar que una parte de esas 228.000 viviendas vacías puede volver al mercado y abrir una nueva alternativa para quienes hoy no encuentran lugar dentro del sistema formal de alquileres.