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Entrevista exclusiva: Fue presidente, lo condenaron a 45 años de cárcel en EE.UU. por traficar 400 toneladas de cocaína y Trump lo indultó

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El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que gobernó de 2014 a 2022 con el derechista Partido Nacional, estuvo confinado por casi tres años en prisiones de máxima seguridad de EE.UU. En 2024 fue condenado a 45 años de cárcel como parte «de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”, según el Departamento de Justicia estadounidense, que señaló que “Hernández abusó de sus posiciones y autoridad en Honduras para facilitar la importación de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Los fiscales afirmaron que los cómplices del presidente estaban armados con ametralladoras y dispositivos destructivos como lanzagranadas para proteger los cargamentos de cocaína. Durante el juicio desfilaron como testigos narcotraficantes detenidos en EE.UU. que señalaron a Hernández en un rol decisivo en el tráfico, pero él manifiesta que no le permitieron presentar pruebas a su favor en el proceso.

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En noviembre pasado, justo cuando brindaba su apoyo para las elecciones al candidato de su partido, Nasry Asfura, el presidente Donald Trump sorprendió al indultar a Hernández de los graves cargos, justamente cuando acusaba a otro presidente de la región, Nicolás Maduro, de liderar una organización narcotraficante. El jefe de la Casa Blanca argumentó entonces que “Hernández fue tratado de forma muy dura e injusta», dijo, y que su juicio fue “un montaje” del gobierno de su predecesor Joe Biden.

El ex presidente hondureño habló en exclusiva con Clarín por videollamada desde “un lugar de la Florida” que no quiso identificar por cuestiones de seguridad y denunció que su caso fue una conspiración de “narcotraficantes y políticos” hondureños, junto con “la izquierda del Partido Demócrata” de Biden para “que la izquierda radical llegara al poder en Honduras”, en referencia al gobierno de Xiomara Castro.

Hernández mencionó en la entrevista a decenas de funcionarios hondureños, diplomáticos, fiscales, documentos, acusaciones, expedientes y personajes en forma profusa y caótica, siempre apuntando a lo que él llama “izquierda radical”. Dice que quiere regresar a su país, aunque afirma que allí existe una “operación de persecución política” contra él y pide que antes suspendan una orden de captura. Descarta, por ahora, volver a postularse. “Participar electoralmente no es mi prioridad”, afirmó.

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Lo que sigue es una síntesis del diálogo.

–Usted fue condenado a 45 años de cárcel, estuvo preso más de tres años por cargos graves de narcotráfico en Estados Unidos. ¿Por qué esperaba que Trump lo indultara?

–Siempre tuve la fe de que la farsa iba a caer, porque siempre estuve consciente de que era inocente. Sabía que la verdad iba a salir a la luz. Nunca vi al indulto como una medida de clemencia, lo vi como la oportunidad de que el presidente de Estados Unidos, usando su autoridad constitucional, revirtiera la injusticia que cometieron conmigo. Porque sabía, como le dije a él en una carta y en los documentos que presentó mi abogado, que estaban a disposición todos los cables secretos, desclasificados, que no me permitieron usar en el juicio. Era un reporte que produce el Departamento de Estado sobre la estrategia nacional antinarcóticos. Y en todos esos años, mi gobierno fue debidamente certificado.

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–Pero en el juicio se presentaron varios narcotraficantes presos en Estados Unidos y lo señalaron a usted como responsable.

–Esta fue una conspiración de los narcotraficantes. Estaban bajo un contrato para decir lo que sea y lograr su libertad. Obviamente todos ellos estuvieron afectados por todas las decisiones que nosotros tomamos en mi gobierno. Y eso los llevó también a tener un motivo más, no solamente disminuir sus sentencias y salir de la cárcel, sino vengarse de la persona que había promovido la destrucción de sus imperios. Los narcotraficantes que testificaron no tenían ni video, ni audio, ni llamadas telefónicas, ni transacciones bancarias, absolutamente nada, ninguna prueba material. Además, tiene que ver también con una operación política, porque para LIBRE, el partido de izquierda radical de Honduras, era muy importante desviar la atención de sus verdaderos vínculos, atacándome a mí, y empezaron a generar una narrativa en coordinación con el régimen de Nicolás Maduro. Porque uno de los aliados más fieles que tenía Nicolás Maduro en la región era el gobierno de Xiomara Castro. Es una conspiración entre narcotraficantes y políticos para facilitar que la izquierda radical llegara al poder a Honduras. Y que yo saliera del país.

Consultado sobre cómo había logrado convencer a Trump para que lo indultara, Hernández menciona que “Roger Stone, Matt Gaetz y otras personas hicieron investigaciones periodísticas”, a raíz de que su familia había lanzado una campaña “para visibilizar la injusticia” del caso.

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Hernández envió una carta a Trump través de Stone. En realidad, Stone es un consultor ultraconservador que hoy trabaja como lobbista y tiene gran influencia sobre Trump. Gaetz es un controvertido ex diputado republicano que fue investigado por denuncias por abuso sexual de una menor y que Trump buscó nominar como ministro de justicia y fracasó por oposición incluso de republicanos. Luego renunció a su banca. Ahora dirige un programa de debate político.

–Su indulto fue casi simultáneo al apoyo público que Trump le dio a la candidatura de Nasry Asfura en Honduras. ¿Hubo negociación?

–Que yo sepa no. Es evidente que el presidente Trump es muy franco y vocal cuando se trata de elecciones en otro país, como lo hizo en Chile o Argentina.

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–¿Y Asfura o usted mismo le ofrecieron algo a cambio a Trump? Se habla de un alineamiento total con Estados Unidos, el freno a China, facilidades de inversión para empresas estadounidenses, incluso instalación de bases militares en Honduras o de crear centros de detención como en El Salvador.

–Conmigo nunca hubo una condición. A mí solo un día me llamaron a la oficina del capitán de la cárcel y alguien me dijo que había sido perdonado y que saliera ese mismo día de ahí. Con Asfura no lo sé y no lo creo. Porque el principal socio comercial de Honduras ya es EE.UU. Además, ya existe en Honduras una base conjunta entre las Fuerzas Armadas hondureñas y el Comando Sur. Entonces no le veo sentido a esa conversación.

–La “mano dura” contra el narcotráfico es un tema importante en la agenda de Trump. Usted fue liberado cuando tenía una condena grave, pero a la vez capturan a Maduro acusándolo de cargos similares. Parece una contradicción ligada a la ideología o las preferencias del presidente. ¿Por qué a usted lo indultan y a Maduro lo llevan preso?

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–Cuando Trump vio que el mío era un ejemplo claro del uso de la justicia como arma política para destruir a un oponente, actuó. Habría que investigar si el régimen de Nicolás Maduro trabajaba en la lucha contra el narcotráfico. Por lo menos con nosotros, nunca trabajó.

–Usted dice que hubo una conspiración de la izquierda hondureña. Pero su caso se juzgó en EE.UU. ¿Cree que la justicia estadounidense o el gobierno de Joe Biden participaron?

–En el caso mío políticos de la izquierda radical del Partido Demócrata se hicieron eco de los rumores y entonces entraron como un complemento con la narrativa que ya traía la izquierda radical de Honduras y la de Venezuela. Y es exactamente lo que se desarrolla en el juicio.

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–Se divulgó una serie de mensajes en Telegram y otros canales entre enero y abril en los que supuestamente se escucha a usted y al presidente Asfura pergeñar planes con Estados Unidos, Israel y Argentina para desprestigiar a gobiernos progresistas como el de México o Colombia. ¿De qué se trata?

–Pablo Iglesias (el dirigente español que divulgó esos audios) lanza esa operación y se atreve a decir que la empresa europea Phonexia verificó esos audios. Pero la compañía lo desmintió y anunció que va a proceder legalmente contra él. Además, el perito especialista Miguel Ángel de la Torre presentó en España un dictamen diciendo que los audios estaban manipulados.

–¿Y cuál sería la intención de divulgar esos audios?

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–Lo que pretende la izquierda internacional es generar ruido en Argentina, Colombia, Estados Unidos o Israel. Pero al mismo tiempo ese ruido opacaba en Honduras algo trágico para ellos que fue el resultado electoral de las últimas elecciones para la izquierda radical porque, a pesar de que tenían todo el control de los diferentes poderes del Estado, fue un fracaso total porque no llegaron ni al 20% de los votos.

–¿Y por qué involucrar a otros países?

–Es una narrativa para generar todo un escándalo internacional, tratar de afectar a los líderes que luchamos por la libertad, y que no avalamos esos radicalismos extremistas. Es todo un montaje. Pero se les cayó la máscara.

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–¿Usted tiene relación con el presidente Javier Milei?

–No. Nunca he tenido el gusto de conocerlo. Pero me parece una persona muy interesante en el sentido de que no se encuentran con frecuencia políticos así. No es acartonado, es disruptivo, busca mejorar las condiciones de su país creyendo que el libre mercado es un instrumento muy importante para hacerlo. Un gran defensor de las libertades. Y me imagino que eso es parte de lo que nos une.

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Abelardo De la Espriella asume la presidencia de Colombia en una ceremonia inédita y ante la «desobediencia civil» que lidera Gustavo Petro

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El libertario Abelardo de la Espriella asumirá este viernes en Cali la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia atípica que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá y a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos.

«Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad», expresó De la Espriella en X, donde destacó que su proyecto de gobierno «se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia».

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Cali, capital del departamento Valle del Cauca y blindada para la ocasión, fue la opción escogida por el presidente electo después de que su idea de hacerlo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, para homenajear a «los verdaderos héroes de la patria» en una zona marcada por el conflicto armado, fuera descartada.


Esa opción se descartó por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.

De la Espriella sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la «desobediencia civil» contra el gobierno del abogado y empresario de ultraderecha.

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A la ceremonia de este viernes no asistirá ningún congresista del Pacto Histórico, el partido de izquierda del que hace parte Petro, que convocó a plantones pacíficos en Bogotá, la ciudad caribeña de Barranquilla y Cali como parte de la oposición que ejercerá al próximo Gobierno.


Al nuevo mandatario colombiano le impondrá la banda presidencial el presidente del Congreso, el senador uribista Honorio Henríquez, en una sesión del Legislativo que se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.


Este es un moderno complejo multipropósito con capacidad para más de 2.300 personas que cuenta con más de 800 plazas de estacionamiento, helipuerto, sistemas de sonido e iluminación de última generación y pantallas LED de alta definición.

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«Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos, será una ceremonia austera y será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad», manifestó el presidente electo el domingo en sus redes sociales.


En ese sentido, De la Espriella destacó que el impacto económico de llevar la ceremonia de investidura a Cali será de 10.000 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares) «gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios».

Para garantizar la seguridad del acto, hay «11.000 uniformados cuidando la ciudad» y «dispositivos tecnológicos cuidando el espacio aéreo», informó a EFE el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

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Sin embargo, hasta el momento no hay detalles de cómo será la ceremonia y cuál será la agenda de De la Espriella antes y después de ser investido.

La ceremonia de este viernes contará con la asistencia del rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.


El Salvador estará representado por el vicepresidente, Félix Ulloa, quien fue el primer invitado en llegar a Cali el miércoles y fue recibido por el alcalde de la ciudad y por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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El delegado de Guatemala será la vicepresidenta Karin Herrera y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos; los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Saar, y una amplia delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche.

El alcalde de Cali no confirmó ni negó la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien, según algunos medios locales, está entre los invitados a la investidura de De la Espriella.

Fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que fueron consultadas por EFE sobre la presencia del directivo manifestaron no tener tampoco información al respecto.

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EXCLUSIVE: Oversight Project sues to block Maryland Democrats’ redistricting measure backed by Gov Moore

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

EXCLUSIVE: A new lawsuit set to be filed in Maryland seeks to block a redistricting amendment backed by Democrat Gov. Wes Moore from appearing on the November ballot, arguing state officials advanced the measure after the state’s own legislative analysts concluded the statutory deadline for certifying ballot questions had already passed.

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The complaint, filed Thursday night in Anne Arundel County Circuit Court by the conservative watchdog group Oversight Project and reviewed by Fox News Digital, argues HB 2100 could not lawfully reach voters because Maryland’s July 1 deadline for certifying statewide ballot questions expired more than a month before lawmakers convened a special session to approve the proposal.

The Oversight Project, which filed the lawsuit with Republican lawmakers, argues approval of the amendment could pave the way for an 8-0 Democratic congressional delegation. 

SUPREME COURT DEALS BLOW TO VIRGINIA DEMOCRATS IN FIGHT OVER STATE COURT ELECTION MAP RULING

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HB 2100 would ask voters to amend the Maryland Constitution so state constitutional standards governing compactness and boundaries would no longer apply to congressional districts.

The Oversight Project describes itself as working «to expose and root out corruption in government, among elected officials, and in our most influential organizations to ensure power resides with the American People.»

The complaint alleges Democratic sponsors characterized the amendment as merely «technical» in the Maryland House. (Getty, File)

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Its filing points to a Department of Legislative Services fiscal note stating that «the new statutory deadline of July 1 for certification of ballot questions» had already passed. The fiscal note also states that election officials were required to publicly post the full text of a proposed constitutional amendment at least 90 days before Election Day.

According to the complaint, lawmakers then added the phrase «notwithstanding any other provision of law» to HB 2100 less than an hour before the joint committee hearing began. The plaintiffs argue the language was intended to override Maryland’s certification, notice and public comment requirements after those deadlines had already elapsed.

The complaint further alleges Democratic sponsors characterized the amendment as merely «technical» in the House, while Senate debate reflected that lawmakers understood the statutory timeline could no longer be met.

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The filing cites remarks by Democratic state Sen. Cheryl Kagan during floor debate.

VIRGINIA DEMS ACCUSED OF ILLEGALLY ‘STEAMROLLING’ STATE LAW THAT COULD UPEND REDISTRICTING CRUSADE

Wes Moore

A new lawsuit in Maryland seeks to block a redistricting amendment backed by Democrat Gov. Wes Moore. (Brian Witte/AP Photo, File)

«There is no time to comply with the plain language of the law with our new law because July 1st is in the rearview mirror,» Kagan said, according to the complaint. «There’s no time to have the Secretary of State draft language, to have it published, to have a comment period, to have it modified. It’s just not an option.»

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Maryland GOP Delegate Matt Morgan, one of the plaintiffs, told Fox News Digital the disputed language was introduced at 11:08 a.m. for a noon committee hearing.

«They have the law. They’re supposed to follow it. They didn’t,» Morgan said. «And now we’re going to take it to court and see what the judges have to say about it.»

DEMS CIRCLE THE WAGONS BY BLAMING GOP FOR THEIR GERRYMANDERING RESPONSE AHEAD OF MIDTERMS: ‘VERY DESPERATE’

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California Election DHS Voting Rolls

The complaint argues that HB 2100 could not lawfully reach voters because Maryland’s July 1 deadline for certifying statewide ballot questions expired more than a month before lawmakers convened a special session to approve the proposal. (Kyle Grillot/Bloomberg via Getty Images, File)

Morgan said Democratic leadership later described the amendment as «technical» on the House floor.

«The truth is that that was their way of trying to get around them missing all these statutory deadlines,» he said.

Republican Delegate Kathy Szeliga, another plaintiff, said legislators had only hours to review the revised language while the public had no opportunity to comment.

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«The public got absolutely no time to look and weigh in on the amended language,» Szeliga told Fox News Digital. «So, it just reeks of a naked political, partisan power grab on the Democrats’ behalf.»

According to the complaint, the proposal is intended to overturn the practical effect of a 2022 state court ruling holding that those constitutional standards applied to congressional redistricting. Democrats hold seven of Maryland’s eight U.S. House seats.

REDISTRICTING WAR INTENSIFIES AS GOP SUFFERS SETBACKS IN TWO STATES

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Maryland state house

Democratic leadership described the amendment as «technical» on the state House floor. (Jonathan Newton/For The Washington Post via Getty Images, File)

Moore has publicly defended the amendment as a response to Republican-led redistricting efforts in other states, saying it would ensure «Marylanders — and no one else — have the final say over their representation.»

The lawsuit asks the court to bar state officials from certifying, printing, distributing, tabulating or canvassing votes on the amendment and requests expedited review because of the approaching election calendar.

Moore’s office, the Maryland Attorney General’s Office and the Maryland State Board of Elections did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.

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Con la presencia de Milei y bajo una alerta terrorista, asume el nuevo presidente de Colombia

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Con la presencia de Javier Milei entre los invitados especiales y bajo una alerta terrorista, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asumirá este viernes la presidencia de Colombia, en un drástico viraje ideológico que pondrá punto final a cuatro años del primer gobierno de izquierda en la historia del país.

Unos 11.000 uniformados de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana custodiarán la ceremonia que se llevará a cabo en Cali, la principal ciudad del sudoeste colombiano. Es la primera vez que la jura no se realiza en Bogotá, en una decisión que busca mostrar el inicio de un nuevo proceso de “descentralización” política.

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El acto se desarrollará en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, que puede albergar a más de 2300 personas

De la Espriella, un polémico abogado mediático, de 48 años, ganó el balotaje del 21 de junio con un apretado margen de menos de un punto de ventaja sobre el candidato oficialista Iván Cepeda, heredero del presidente saliente, Gustavo Petro, quien no asistirá a la ceremonia porque considera fraudulento el proceso eleccionario. Solo 200.000 votos separaron a ambos candidatos entre los más de 25 millones contabilizados.

El nuevo mandatario asumirá un país aquejado por una nueva ola de violencia guerrillera y del crimen organizado y con el desafío latente de gobernar sin una mayoría en el Congreso. Además, afrontará un grave déficit fiscal, una profunda crisis del sistema de salud y una preocupante realidad climática y energética.

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Los grandes desafíos del nuevo gobierno colombiano

El nuevo presidente afrontará un camino difícil. En el corto plazo tendrá ante sí cinco grandes frentes abiertos:

  • Gobernabilidad. Este será un asunto clave para el nuevo gobierno. El izquierdista Pacto Histórico de Petro tiene la primera minoría en el Congreso, con 26 senadores y 43 diputados. El Centro Democrático (CD), una fuerza tradicional de la derecha colombiana, se sumará al nuevo gobierno y aportará 17 senadores y 30 diputados.

Por lo pronto, De la Espriella construyó un bloque de unidad en el Senado con el CD, Salvación Nacional, el Partido Conservador, la U y Cambio Radical. En total alcanzaría 49 votos, sobre un total de 103, pero apunta a crecer con disidentes del Partido Liberal.

En Diputados, el Centro Democrático ostenta la primera minoría, seguida por el Partido Liberal y el Pacto Histórico de Petro, con una dispersión de bancas entre partidos minoritarios que obligará al oficialismo a pactar grandes alianzas.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/John Vizcaino)

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  • Inseguridad. La violencia guerrillera y del crimen organizado sufrió un importante aumento en los últimos años a pesar del esfuerzo de Petro para pacificar el país a través del diálogo con grupos ilegales. “Este es el principal desafío porque fue un fracaso el plan de ‘Paz Total’ que intentó llevar adelante el gobierno saliente”, dijo a TN la politóloga Bibiana Ortega, de la Universidad Javieriana de Bogotá.

La Fundación Ideas para la Paz, citada por EFE, reveló que el número de guerrilleros creció 23,5% solo en 2025. Se calcula que son 27.121 personas en armas y en redes de apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero estos grupos no están solos. Las organizaciones criminales mantienen también un enorme peso en el país. El Clan del Golfo, el mayor grupo criminal, tiene al menos 9840 miembros.

De la Espriella prometió “mano dura” en la campaña. Quiere replicar las políticas radicales de Nayib Bukele, a quien imita en su estilo y en su discurso, a pesar de las innumerables denuncias de organismos de derechos humanos contra el presidente salvadoreño.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (…) y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, afirmó el nuevo presidente. En campaña, prometió “bombardear” a los grupos armados.

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