POLITICA
Escándalo en Villa Gesell: agredieron a concejales opositores que votaron contra el presupuesto municipal
La última reunión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en violencia, anoche, cuando ediles opositores a la gestión local de Gustavo Barrera fueron agredidos físicamente dentro del recinto tras votar en contra del presupuesto municipal para 2026. Videos difundidos en redes sociales mostraron el episodio, que provocó un repudio inmediato tanto del PRO como de La Libertad Avanza.
La principal afectada -según se puede ver en el video- fue Clarisa Armando, de la bancada PRO en Villa Gesell. En diálogo con radio Rivadavia, la concejal relató que la discusión se realizó “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente y los funcionarios y por el sindicato de camioneros”. En el momento en que la votación resultó negativa, comenzaron las agresiones.
“Primero dentro del recinto y después cuando tuvimos que salir. Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia, nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, sostuvo Armando.
Y señaló como agresores a “militantes del kirchnerismo que representan al sindicato municipal, convocados públicamente por los funcionarios”. Además, apuntó directamente contra el intendente Barrera: “Este es el modelo justamente kirchnerista, que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”. La concejala agregó que la violencia estuvo acompañada de amenazas: “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.
Respecto a la actuación de las autoridades, la concejal del PRO afirmó: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió el orden, ni la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.
Sobre el presupuesto rechazado, la edil detalló que el proyecto “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”, en un contexto en el que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. También reveló el trasfondo político del conflicto con el sindicato de camioneros: “Declararon que habían usado el sindicato de camioneros para ganar la elección y ahora le incumplió. Por eso también se estaban manifestando ayer, porque le hizo un recorte del servicio de barrido en la ciudad, que eso ha sido parte del acuerdo que había tenido el sindicato de camioneros con el intendente para ganar la elección”.
El concejal Luis Vivas también fue golpeado, según informaron medios locales de Villa Gesell. Tras los disturbios, los ediles opositores radicaron una denuncia policial y permanecieron dentro del edificio durante varias horas mientras se desplegaba un operativo de seguridad en la zona. Armando anticipó que ampliarían la denuncia ante la fiscalía: “Vamos a ir todos los concejales a la fiscalía para dejar asentada la denuncia y pedir la protección desde la justicia”.
Repudios
La Libertad Avanza, a través de un comunicado, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que el presupuesto impulsado por el oficialismo “contempla un aumento cercano al 50% que no es gratuito», sin que “lo terminan pagando los vecinos a través de tasas más altas”. El espacio denunció que “personas vinculadas al intendente irrumpieron con actitudes patoteras, increpando y agrediendo a los concejales”, quienes debieron ser asistidos y retirados “en ambulancia y patrullero”. El texto remarcó: “No se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”.
En tanto, también manifestaron su repudio Julio Garro, ex intendente de La Plata, que exigió “una investigación inmediata, identificación de todos los responsables y sanciones ejemplares” y calificó los hechos como “actos mafiosos, propios de quienes desprecian la ley y la convivencia democrática”.
Martín Yeza, diputado nacional y ex intendente de Pinamar, pidió garantías de seguridad para los representantes opositores del distrito. Julián Bussetti, diputado provincial, exigió respeto por las instituciones democráticas.
Laura Alonso, legisladora porteña y ex titular de la Oficina Anticorrupción, también se sumó al repudio y reclamó condiciones para el ejercicio democrático en el municipio. La diputada nacional Florencia De Sensi, a su vez, dijo: “Estamos con vos. Lo que te hicieron anoche es la muestra de lo que son: violentos y antidemocráticos. Mandaron una patota porque no pudieron salirse con la suya. Eso lo dice todo de ellos. ¡Fuerza!”.
Desde el PRO, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, también se repudiaron los hechos: “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto. Les pegaron dentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó”.
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En una entrevista con Infobae al Regreso, el excanciller Felipe Solá aseguró que la situación judicial de Cristina Kirchner responde a “miedo político”, defendió la unidad partidaria de cara a 2027 y advirtió sobre la crisis de representación del peronismo en la oposición a Javier Milei.
Durante su participación, Solá se mostró tajante al analizar el presente del peronismo: “No le están hablando al pueblo argentino”. Al referirse a la situación de la exvicepresidenta, fue enfático: “Las condiciones hiperrestrictivas se deben al miedo político. Es miedo, miedo político a Cristina Kirchner”.
Felipe Solá y la justicia frente a Cristina Kirchner
Solá relató sus visitas a Cristina Kirchner y rechazó la idea de prisión como castigo: “Las cárceles no son para castigo. La justicia no es castigo. Es preservar a los que no han delinquido”. Sostuvo que las restricciones impuestas a la exvicepresidenta tienen una motivación política: “Hace falta mostrarle el poder, el poder. La justicia le tiene que mostrar el poder para limitar el poder. Es miedo político a Cristina Kirchner”.
Según su análisis, el trato judicial hacia dirigentes como Julio De Vido y Héctor Timerman también estuvo atravesado por el odio político: “Eso es odio político. Contra De Vido hay odio político, contra Cristina hay odio político, y contra Timerman lo ocasionaron la muerte”. Comparó, además, los privilegios y limitaciones de la prisión domiciliaria respecto a otros casos y remarcó la desigualdad en el accionar de la justicia.
La crisis del peronismo y la búsqueda de liderazgo
Al abordar el presente del peronismo, Solá fue autocrítico con la dirigencia: “El peronismo está tratando de encontrar el lenguaje para hablarle a los argentinos. Es difícil”.
Reconoció la crisis de comunicación y representación que atraviesa el principal partido opositor y señaló: “No le están hablando al pueblo argentino”.
Sobre Axel Kicillof, destacó su transparencia y honestidad: “Es un tipo absolutamente transparente. Nunca jamás le han encontrado nada, ni además se lo pueden buscar porque lo conozco”.
Consideró que es el candidato “más lanzado” de cara a 2027, aunque advirtió sobre los riesgos de una campaña prematura y la aparición de “outsiders”.
Respecto a las provincias y la coparticipación, Solá remarcó que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada fiscalmente y defendió la gestión de Gildo Insfrán en Formosa: “Formosa es la provincia con mejor índice de Gini del país. Mejor índice de igualdad dentro de la sociedad, Formosa, ¿no? Así como Corea es en el mundo, bueno, es Formosa la Corea argentina”.
Frente a la discusión sobre la unidad partidaria, fue categórico: “Creo absolutamente en la unidad. Un fósforo se puede romper. Quince fósforos juntos ya es más difícil. Cien fósforos, andá a rompelos. Creo en la unidad”.
Economía, concentración de mercado y advertencias sobre inteligencia artificial
Solá puso el foco en la economía y la inflación, describiendo un panorama de mercados cautivos y concentración oligopólica: “¿Cuántas empresas alimentarias fuertes que pueden hacer acuerdos de precios crees que hay en el país? Muy poquitas”.
Advirtió sobre la falta de competencia y la ausencia de regulaciones: “Este es un mundo de mercados cautivos sin regulación. Está abandonado a los poderosos”. Sobre el ajuste fiscal, se diferenció de las posturas dogmáticas: “No creo en la regla de si tenés déficit cero, cueste lo que cueste, como ocurre en este momento”.
Planteó que la economía argentina requiere un abordaje flexible y criticó el método de medición de la inflación: “Seguimos con una inflación del treinta y pico por ciento. Y una inflación falsa, porque está medida con un modelo del 2004”.
En el cierre, alertó sobre el avance de la inteligencia artificial sin regulación estatal: “El uso de la inteligencia artificial sin ningún tipo de regulación ejemplificado por el señor Thiel, que vino a la Argentina con su empresa Palantir, le salió el Vaticano. Palantir la usa para la guerra, etcétera. Palantir entró a la Argentina y ahora nos avisan que va a ser la empresa que esté detrás del gemelo. El gemelo vendría a ser aquel que quiere reemplazar el pensamiento humano, ¿no es cierto? Esa es la noticia más fuerte”.
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La Justicia falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en su pedido de dar marcha atrás a la Resolución 42/26 del gobierno nacional, que disponía la cesación de la prestación de más de 900 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Tras la medida publicada en abril, los empleados estatales habían denunciado un intento de “desmantelamiento” del organismo para justificar más de 700 despidos.
Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de San Martín acató la medida cautelar que presentó el gremio, en la que exigía que las autoridades del INTI se abstengan de aplicar la resolución. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo. Es un triunfo para los estatales”, celebró en sus redes sociales Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó y definió a la cautelar como un “avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.
En tanto, apuntó contra el Gobierno: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más”.
A mediados de abril, el Gobierno dio de baja más de 900 servicios que el INTI prestaba y aclaró que se trataba de una medida en consecuencia de la “baja demanda”. La resolución, además, fue impulsada en el marco de los recortes que el Ejecutivo establece sobre el organismo desde 2024.
Tal como informó , los casi 1000 servicios que fueron suprimidos tenían que ver, entre otros, con ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y control de contaminantes como micotoxinas; análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil) y para componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).
Noticia en desarrollo.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial,Conforme a,,El mensaje del Tedeum. La bronca oculta de Milei con la Iglesia,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones del tedeum y la expansión de la interna libertaria,,Entrevista en LN+. El financista Vallejo insistió en que la causa “está tirada de los pelos” y dijo que manejaba US$500.000 por día
POLITICA
Del pacto fiscal a una gran reforma tributaria: el plan del Gobierno para cumplir con el FMI
El Gobierno apunta a reformar el Monotributo como parte de un rediseño tributario más amplio, pero condiciona cualquier cambio al déficit cero. En el Ejecutivo dicen puertas adentro que el régimen está “quebrado” y lo ubican entre los capítulos que analiza el equipo económico para la reforma tributaria que se comprometió a trabajar con el Fondo Monetario Internacional.
La definición no implica, sin embargo, una reforma de shock. En la Casa Rosada reconocen que todavía no hay un proyecto definitivo y que el Ministerio de Economía trabaja sobre distintas alternativas. La idea que gana terreno en la mesa chica de Javier Milei es dividir la reforma en etapas para evitar un impacto fiscal que complique el equilibrio de las cuentas públicas.
“No vamos a admitir déficit. La idea es que sea una reforma escalonada y que no rompa el equilibrio de las cuentas”, aseguran en Nación. En otro sector del oficialismo advierten que el Gobierno sigue “ajustado de caja” y que una baja tributaria fuerte antes de las elecciones solo podría avanzar si se compensa con más recorte del gasto o con un salto de la actividad.
La estrategia que evalúa el Ejecutivo es separar los cambios en proyectos distintos. Entre las opciones, se evalúa incluir en el primer tramo incluir medidas de simplificación, revisión de beneficios fiscales, ajustes sobre regímenes especiales y cambios en el Monotributo. Las bajas más costosas -como una reducción más profunda de retenciones, impuesto al cheque o una reforma amplia del IVA- quedarían subordinadas al margen fiscal y a la negociación con gobernadores.
El diagnóstico sobre el Monotributo es uno de los puntos más sensibles. En el Gobierno sostienen que el esquema genera incentivos para que contribuyentes y pequeños negocios no crezcan, no pasen al régimen general o fragmenten actividades para evitar una carga impositiva mayor. Por eso, una de las alternativas en análisis apunta a ordenar la transición hacia autónomos, IVA y Ganancias, reducir saltos bruscos entre categorías y achicar la brecha con el régimen general.
En Nación buscan presentar ese capítulo como una medida de ordenamiento y no como una suba de impuestos. La dificultad política es que el Monotributo alcanza a profesionales independientes, comerciantes, prestadores de servicios y otros pequeños contribuyentes, una base amplia y sensible en términos electorales. Por eso, en la Casa Rosada no lo piensan como una reforma aislada, sino como una pieza dentro de un paquete escalonado.
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El compromiso con el FMI refuerza esa lógica. El organismo planteó que la reforma debería mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema, racionalizar gastos tributarios y permitir una reducción gradual de “impuestos distorsivos”. La letra chica del programa no apunta a una baja inmediata y generalizada de tributos, sino a una reforma fiscalmente neutra: bajar algunas cargas, pero compensarlas con ampliación de base, reducción de exenciones o recortes de gasto.
En el oficialismo admiten que ese punto marca el límite central de la discusión. La Casa Rosada quiere mostrar una hoja de ruta ante el FMI y ante el sector privado, pero no quiere resignar recaudación sin tener garantizada una compensación. Sostienen que primero debe consolidarse el equilibrio fiscal y recién después avanzar sobre las bajas de impuestos más costosas.
El otro eje será el pacto fiscal con las provincias. El equipo económico que lidera Luis Caputo busca abrir una negociación con gobernadores para incluir Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. En Nación sostienen que una baja de impuestos nacionales tendría poco efecto sobre el “costo argentino” si las provincias y los municipios no acompañan con una reducción de tributos locales.
El contexto fiscal con las provincias también llega tensionado por la evolución de los recursos automáticos. Según IARAF, en abril de 2026 el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias y CABA $5,584 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a los $4,362 billones girados en el mismo mes de 2025. Eso implicó una suba nominal del 28%, pero, descontado el efecto de la inflación, representó una caída real del 3,2%. En el caso de la coparticipación estricta -contar transferencias originadas en leyes complementarias ni compensaciones-, el descenso habría sido de 3,7% real.
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A eso se suma la última reestructuración presupuestaria. La decisión administrativa 20/2026 dispuso rebajas en créditos presupuestarios para cumplir con el equilibrio previsto en el Presupuesto 2026. En ese marco, el Ministerio del Interior tuvo un recorte de $320.671 millones, con una baja de $320.711 millones en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, principalmente vinculado a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las transferencias no automáticas.
El Gobierno quiere negociar con las provincias una baja de impuestos subnacionales, pero al mismo tiempo mantiene cerrada la caja nacional y recorta partidas vinculadas al vínculo financiero con los distritos. En la Casa Rosada creen que esa tensión obliga a avanzar por tramos y a evitar una reforma integral que concentre todos los costos políticos y fiscales en una sola ley. Nación ya experimentó dificultades por el capítulo de Ganancias de la reforma laboral, que terminó retirando.
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