El Gobierno porteño lanzó una licitación para instalar locales gastronómicos en 16 parques y plazas de la Ciudad. Mediante la reglamentación de la Ley 4950 —aprobada en 2014 por la Legislatura— la administración de Jorge Macri allanó el camino para que las empresas que ganen el concurso instalen locales para la venta de alimentos y bebidas. La medida divide a los vecinos: mientras algunos celebran la comodidad de la propuesta, otros expresan malestar, preocupación y advierten sobre el impacto ambiental negativo.

La resolución, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico, alcanzó a 16 espacios verdes, incluidos algunos en las zonas más exclusivas de la Ciudad. El llamado a concurso, que cerró el 24 de junio, convocó a la “construcción, instalación, mantenimiento, ejecución y puesta en funcionamiento” de los establecimientos en parques y plazas.

Según pudo saber , los espacios verdes que entraron en la propuesta son Parque La Isla, en La Paternal; Parque Los Andes, en Chacarita; Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Plaza Sicilia, Parque Deportivo del ex Velódromo, Parque Ernesto Jaimovich, Parque de las Américas y Plaza Florencio Sánchez, todos en el barrio porteño de Palermo.

También se sumaron el Parque Chacabuco; el Parque Indoamericano, en Villa Soldati; Plaza España, en Barracas; Parque de los Patricios, en el barrio homónimo; Parque Micaela Bastidas y Parque Mujeres Argentinas, en Puerto Madero; y el Parque Thays, en Recoleta.

Los permisos tendrán una vigencia de cinco años y el canon mensual, fijado con valores de referencia del Banco Ciudad, comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión. En las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad, el valor más alto alcanza los 2.640.000 de pesos por mes.

Los cánones varían según la ubicación de cada espacio verde. El Parque Indoamericano —en el sur de la Ciudad— posee un canon mensual de $590.000, apenas por debajo del Parque España, con 860.000 pesos.

En tanto, en el Parque Ernesto Jaimovich —que rodea el Lago de Regatas— y en la Plaza Sicilia, el importe asciende de forma significativa: cada uno presenta un costo mensual de $2.380.000. Lo mismo ocurre con las ubicaciones más caras del listado, los parques Micaela Bastidas y Mujeres Argentinas. En el primero, el canon establecido es de 2.510.000 de pesos, mientras que en el espacio aledaño al Puente de la Mujer el valor es de $2.640.000.

El plazo de obra estimado, explicaron fuentes de Desarrollo Económico a este medio, es de seis meses y se prevé una inversión privada de US$4,6 millones que “no generará costos ni para el Gobierno de la Ciudad ni para los porteños”, dijeron.

El actual ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, ocupaba el mismo rol cuando se sancionó la legislación en 2014. Consultadas por LA NACION sobre por qué la norma comenzó a implementarse ahora, más de diez años después de su sanción, fuentes del Gobierno porteño respondieron sin grandes precisiones: “Hay decisión política: por un lado, de cumplir la ley y, por el otro, de incentivar la inversión privada para generar más empleo. La clave es más inversión privada y menos gasto del Estado”, contestaron.

Opiniones vecinales

Varias organizaciones vecinales de los barrios involucrados en la iniciativa porteña mostraron su descontento con la instalación de locales en los parques. El colectivo autoconvocado Amparo Ambiental Chacarita explicó a que se oponen al llamado a licitación y señalaron la importancia de las plazas como “islas naturales de refugio climático, visual y sonoro”.

“Parte de su encanto radica en no necesitar consumir para estar allí. A veces se camina, otras se practica gimnasia, otras un deporte», resaltaron.

En particular, sobre el Parque Los Andes —delimitado por las avenidas Dorrego, Federico Lacroze, Guzmán y Corrientes—, evocaron la declaración de “Sitio de Interés de los Pueblos Originarios” que le otorgó la Legislatura Porteña en 2007. El reconocimiento se debe a que el parque alberga el Monumento “Los Andes”, una escultura de bronce creada por el artista argentino Luis Perlotti que rinde homenaje a los nativos que habitaron la cordillera andina.

Por otro lado, resaltaron la ubicación céntrica que tiene el parque, lo que hace que se encuentre a pocos metros de distintos locales gastronómicos y vuelve innecesaria la instalación de nuevas tiendas. “Vemos las consecuencias nefastas de un proceso de gentrificación sin planificación urbano-ambiental”, criticaron desde Amparo Ambiental. Para finalizar, apuntaron contra la urbanización de superficies naturales que actúan como pulmones y reguladores térmicos en la Ciudad. “Se incrementa la generación de basura y el tránsito de personas, lo que altera el entorno natural y exige un mantenimiento intensivo”, consideraron.

En tanto, la Asociación Amigos del Lago de Palermo coincidió con las críticas y se sumó con la presentación de una medida judicial. Según pudo saber , presentarán una medida cautelar ante la Justicia para que se inhiba la ejecución de la licitación pública. Al mismo tiempo, se presentarán en la Legislatura porteña con un proyecto que buscará derogar la Ley 4950 para evitar medidas futuras.

Si bien desde las organizaciones se mostraron en contra de la medida, las opiniones de algunos vecinos difieren de las críticas. Según un relevamiento de realizado en las plazas interconectadas del Parque 3 de Febrero, la instalación de puestos gastronómicos podría representar una solución para algunas de las personas que frecuentan las 370 hectáreas que completan el parque.

“Si está bien hecho, me parece una buena idea. Muchas veces vengo a caminar o a leer y estaría bueno poder comprar un café sin tener que salir”, dijo María Laura, diseñadora gráfica de 35 años. A su lado estaba su compañera habitual de caminata, Clara, quien también se mostró a favor de la iniciativa: “No me molesta que haya locales, pero sí depende de dónde los pongan. Si mantienen el parque limpio, podría funcionar”.

Fernando sale a correr todos los días, no importa si llueve o hace frío. “Vengo siete veces por semana acá y, muchas veces, termino yendo a comprar algo a varias cuadras. Si hubiera un lugar para tomar café o comprar agua, lo usaría”, opinó y diferenció: “Mientras no llenen todo de locales, no veo el problema”.

Las condiciones

La normativa permite instalar un local gastronómico cada 50.000 metros cuadrados de espacio verde, siempre que no se altere el uso público del lugar. Cada espacio designado podrá tener hasta cinco locales gastronómicos (o “núcleos de servicio”, como los definen desde el gobierno porteño), que tengan una separación mínima de doscientos metros entre sí.

La habilitación permite, a su vez, el expendio de alimentos y bebidas, así como de frutas y verduras, sándwiches calientes e infusiones.

Para obtener el permiso, los establecimientos deberán contar con una serie de servicios complementarios que fueron definidos en la ley original. Entre ellos se incluyeron sanitarios de uso público y gratuito; una estación de vida saludable, con —como mínimo— una zona de descanso e hidratación gratuita; estacionamiento de bicicletas; conexión a internet gratuita; y una biblioteca.

A su vez, las instalaciones estarán obligadas a incorporar criterios de arquitectura sustentable, separación de residuos en origen, reciclado y conservación de las especies, flora y mantenimiento del área.

De gira oficial por España, Sandra Pettovello dispuso al cierre de la semana pasada la salida de una histórica del Ministerio de Capital Humano. Se trata de María Gabriela Real, coordinadora de Políticas Sociales del organismo. No se informaron oficialmente las razones del desplazamiento, pero el despido fue abrupto e inesperado, ya que la funcionaria saliente no se pudo ni siquiera despedir personalmente de su equipo de trabajo, según pudo saber .

Real se desempeñaba en el Estado desde enero de 2017, cuando fue designada por la gestión de Cambiemos en el cargo de subsecretaria de Políticas Integradoras en el ámbito de la Secretaría de Economía del Ministerio de Desarrollo Social. Estuvo en el área también en la gestión del Frente de Todos y con la reestructuración del organismo que impulsó el presidente Javier Milei quedó como coordinadora de Políticas Sociales.

Su reemplazante sería David Guido de Graaf, quien también tuvo un paso por el organismo cuando era ministerio y estaba a cargo de la macrista Carolina Stanley. De Graaf ya venía desempeñándose en el área social de la mano de Pettovello. intentó comunicarse con la ministra y su vocero, pero no hubo respuesta.

La Secretaría de Niñez y Familia, exDesarrollo Social, sufrió decenas de cambios desde el inicio de la gestión de Pettovello. En 2024 se fueron cuatro funcionarios tras la eliminación de los planes Potenciar Trabajo y la decisión oficial de frenar el reparto de alimentos a los comedores comunitarios. Ambas decisiones, sumadas a las presuntas irregularidades en contrataciones mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), derivaron en la salida de Pablo de la Torre, que estaba a cargo de la secretaría. Actualmente, la secretaría quedó a cargo de Juan Bautista Ordóñez, quien llegó sin ninguna experiencia en el área social, aunque con experiencia en el sector privado con pasos por la minera Barrick Gold y Codere, una multinacional dedicada a las apuestas on-line.

Real, que dependía directamente de Ordóñez, había quedado salpicada en abril por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados con el oficialismo. Cuando se conoció el listado de los beneficiados, Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, pero no a Real. Por entonces, desde el Gobierno indicaron a que la ministra no cuestionaba el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que la decisión de Massaccesi debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” público. Y se trazó una diferencia con el caso de Real: “No es la misma situación, ella sacó un crédito en la época de [Mauricio] Macri”.

En lo relativo a la política social, el Ministerio de Capital Humano mantiene una disputa judicial con los movimientos sociales y piqueteros por su intención de eliminar el plan Potenciar Trabajo, cuya prestación de $78.000 no se actualizó desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

El 21 de abril último, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo y frenó la eliminación de ese subsidio, una decisión que había tomado Pettovello, que propone reemplazarlo por vouchers de capacitación. El juez ordenó que el Gobierno mantenga los pagos a los beneficiarios hasta que se resuelva la cuestión de fondo, aún sin resolución.

El Ministerio de Capital Humano tiene bajo su órbita –además de Desarrollo Social– las secretarías de Educación, Trabajo y Cultura.