El Sindicato del Seguro dispuso el estado de alerta y no descarta protestas. Criticó la reforma laboral. «Modernizar no es destruir empleo», afirmó.

26/06/2026 – 06:30hs

El consejo directivo del Sindicato del Seguro advirtió que «bajo el relato de la modernización se impuso una reforma laboral que, avisamos que no va a generar más empleo; al contrario, lo está liquidando y vamos a sufrir una profundización de la precarización, con más trabajo no registrado». En esa línea, el gremio sostuvo que su actividad no es ajena a la situación que atraviesan tanto la industria como el comercio, y apuntó que «no se trata de la legislación, sino del modelo económico«.

Frente a una constante caída de los puestos de trabajo, el sindicato que encabeza Jorge Sola dispuso el estado de alerta y movilización, en tanto que voceros gremiales revelaron a iProfesional que no se descarta la realización de medidas de fuerza en el corto plazo, que podrían ir de la mano de la intención de la Confederación General del Trabajo (CGT) de realizar protestas por actividades, en rechazo a la gestión libertaria.

El sindicato cuestiona la reforma laboral

En el marco de su plan de lucha, la organización gremial comenzó una campaña de visualización para demostrar la pérdida de empleo. Indicó que según registros estadísticos oficiales difundidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el mercado asegurador ya cuenta con 1.600 cesantías. Sola insistió en que la situación «no se debe a cambios o una reconversión en la actividad, sino a las propias políticas que impulsa el ministerio de Economía, que afectan al consumo y, obviamente, al consumo interno».

El también cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) subrayó que «nuestras acciones son y serán en tanto en defensa de la estabilidad laboral como del poder adquisitivo de los salarios», al tiempo que denunció las sucesivas reformas desreguladoras implementadas por el gobierno, que actúan como una carta blanca para que las corporaciones avancen en una flexibilización de hecho».

Señaló que «a través de la Ley de Modernización Laboral se busca desarticular los convenios colectivos, licuando las estructuras de empleo protegido que históricamente caracterizaron al sector de seguros en la República Argentina» y destacó que «además, se está desfinanciando a las obras sociales con el propósito de afectar la salud pública en beneficio de las prepagas».

«Si hay menos empleo no hay modernización, es retroceso»

A través de un comunicado, el Sindicato del Seguro sostuvo que «modernizar no es destruir empleo», avisando que «si hay menos trabajo, no hay modernización: es retroceso». De esta forma fijó su posición ante los planteos de las cámaras empresariales de la actividad, que justifican los despidos o «desvinculaciones» debido a los avances tecnológicos, que permite acelerar los procesos de administración y liquidación de siniestros y administración.

La llegada de la inteligencia artificial también impacta en la baja del empleo en medio de una reestructuración del mercado que derivó en la intervención, disolución y quiebra de varias compañías medianas, como Orbis, Caledonia, Escudo, Juncal, Boston y TPC) de parte de la Superintendencia de Seguros.

Frente a la posición empresarial, el gremio manifestó que «se debe entender que no somos un número. Se trata de trabajadoras y trabajadores, familias y proyectos de vida afectados por la pérdida de sus fuentes laborales».

Para dar una idea del efecto que generan la pérdida de 1.600 empleos en forma directa, el sindicato sostuvo que equivaldría «al cierre de 9 compañías aseguradoras medianas en el país; llenar por completo 3 salas de cine o una fila de 30 micros de larga distancia». Sola cerró diciendo: «Nos vienen corriendo con el discurso del éxito del superávit como una versión moderna de la teoría del derrame de los 90, pero los beneficios a las clases medias y bajas no llegan; todo lo contrario, a medida que sigue el plan de Milei, hay menos trabajo de calidad y los salarios se vienen deteriorando por los efectos de una inflación que no refleja la realidad».

Las provincias poco a poco comenzaron a adherir al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, una iniciativa valiosa que permitirá visibilizar la carga tributaria contenida en los precios. Pero su diseño no es neutro: según cómo lo implemente cada provincia, se puede transparentar la presión fiscal o, por el contrario, ofrecer una imagen incompleta -e incluso engañosa- de la carga real de Ingresos Brutos.

El régimen parte de una premisa simple: que el consumidor identifique qué parte del precio corresponde a impuestos. A nivel nacional, la obligación alcanza al IVA y otros tributos indirectos, y en ese marco, las provincias fueron invitadas a avanzar con Ingresos Brutos.

Allí surge el verdadero debate: si conviene informar una alícuota, un importe estimado, o ambas cosas. La diferencia no es menor. Informar solo la alícuota evita presentar como exacto un monto que, por la propia mecánica del impuesto, solo puede estimarse.

Por qué Ingresos Brutos no se deja transparentar fácilmente

A diferencia del IVA, Ingresos Brutos es un impuesto de carácter acumulativo: grava las sucesivas etapas de la cadena de comercialización sin neutralizar el tributo soportado previamente. Como consecuencia, el impuesto se incorpora al precio, generando un efecto de imposición «en cascada». Esa incidencia acumulada no aparece reflejada en los regímenes provinciales de transparencia, y reconstruirla en cada ticket sería impracticable.

Una alternativa sería transparentar esa limitación incorporando una leyenda que aclare que no refleja la carga total contenida en el precio, sino apenas una aproximación vinculada a la última etapa comercial.

La cuestión adquiere una complejidad adicional en los contribuyentes sujetos al Convenio Multilateral, donde la base imponible se distribuye entre distintas jurisdicciones, lo que dificulta aún más la determinación de la incidencia atribuible a una jurisdicción determinada.

Y ello se extiende más aún si consideramos que la mayoría de las provincias aplican regímenes de recaudación que incrementan aún más la carga real del impuesto.

Distintos modelos provinciales

CABA y Mendoza optaron por informar la alícuota aplicable. Es un esquema menos impactante en términos comunicacionales, pero más prudente técnicamente: evita exhibir como cierto un monto que puede distorsionar la carga real.

Entre Ríos fue más allá: exige informar no solo la alícuota, sino también el impuesto estimado. El modelo tiene valor pedagógico porque traduce la carga fiscal a un monto concreto, pero abre una zona gris evidente: ese importe no necesariamente coincidirá con el impuesto que determine el contribuyente, ya que la reglamentación no estableció la fórmula del cálculo, y sin una metodología uniforme, la transparencia pierde comparabilidad.

El caso más cuestionable es Chubut. La provincia obliga, exclusivamente a los contribuyentes del Convenio Multilateral, a informar un «valor aproximado» del impuesto. Para calcularlo, la resolución adopta una fórmula que consiste en aplicar sobre el precio de la operación, la alícuota «promedio» del 3,5%, y el coeficiente unificado.

En apariencia, la formula luce razonable, pero arroja un resultado, cuando menos, engañoso.

La dificultad radica en que, bajo el Convenio Multilateral, el coeficiente unificado no refleja la atribución de una operación en particular, sino una pauta de distribución construida a partir de la participación relativa que tuvo cada jurisdicción en la actividad del contribuyente durante períodos anteriores. Por ello, utilizar ese coeficiente para estimar la incidencia de una venta concreta puede arrojar resultados poco representativos. Si ese coeficiente de Chubut es bajo, el ticket mostrará un importe ínfimo, que podría llevar al consumidor a concluir que Ingresos Brutos casi no incide en el precio.

La distorsión del régimen chubutense se acentúa cuando exige aplicar una alícuota «promedio» del 3,5%, que es significativamente inferior a la que deben aplicar los únicos sujetos obligados hasta el momento a cumplir el Régimen, que son los grandes supermercadistas, alcanzados a una alícuota del 5%.

Por último, Córdoba, aún no adhirió formalmente. Solo dictó una norma preparatoria, en la cual justificó la falta de implementación del régimen en los costos de implementación y en la necesidad de armonizar criterios con las restantes jurisdicciones, aun cuando esas dificultades no justificarían demoras respecto de contribuyentes locales.

Transparencia sí, pero sin distorsionar

La transparencia fiscal al consumidor es más que bienvenida: mejora la información disponible y permite elevar la conciencia del verdadero contribuyente, el consumidor. Pero no basta con mostrar un dato en el comprobante; ese dato debe ser técnicamente razonable, intelectualmente honesto y no inducir a errores de interpretación.

Si las provincias avanzan en la exhibición de importes estimados de impuesto, deberían construir criterios metodológicos comunes, que arrojen resultados homogéneos entre provincias. Asimismo, debería aclararse expresamente que el impuesto estimado no refleja la carga acumulada del tributo en el precio final, sino solo la incidencia de éste en la última etapa de la cadena comercial.

En definitiva, celebramos la iniciativa de transparentar los impuestos, pero para que cumpla su verdadera función, el régimen debe reflejar su verdadero impacto con la mayor fidelidad posible. De otro modo, corre el riesgo de desinformar y terminar oscureciendo, paradójicamente, aquello que pretende transparentar.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, reveló que negocian con el ministro de Economía, Luis Caputo, medidas para reactivar los créditos. Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas, se tratan iniciativas de impulso al financiamiento que van desde la ampliación del esquema de incentivos para pequeñas y medianas empresas (pyme) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la liberación de encajes para canalizar a empresas con dificultades financieras.

El diálogo entre la UIA y el Ministerio de Economía se mantiene abierto mientras avanzan negociaciones sobre un paquete de estímulos para el crédito productivo y el consumo interno. Rappallini afirmó, en una entrevista con Todo Noticias, que la entidad trabaja con el Gobierno en propuestas para reactivar el crédito. “Estamos en la negociación para buscar caminos para que haya créditos a corto plazo para sostener el consumo que está realmente caído”, comentó.

Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas en las negociaciones, el primer eje de discusión apunta a ampliar el esquema de incentivos al financiamiento PYME del BCRA. La propuesta incluye elevar el porcentaje de depósitos obligatorios destinados a crédito productivo, que actualmente se ubica en 7,5%, hasta el 10% (aumento de 2,5 puntos porcentuales (p.p)). Además, se prevé incrementar el beneficio para los bancos que cumplan con esta franquicia, pasando del 1,88% actual al 2,51%.

Un segundo instrumento bajo negociación es la liberación parcial de encajes para canalizar crédito hacia empresas con dificultades financieras transitorias. La propuesta permitiría a las entidades financieras computar como integración de encajes los préstamos otorgados a empresas clasificadas en ‘Situación 1′ y ‘Situación 2′, orientados a la regularización de pasivos. Las fuentes remarcaron que esta medida no genera costo fiscal ni emisión monetaria directa, ya que reasigna liquidez existente dentro del sistema financiero. El incentivo para los bancos reside en reemplazar activos inmovilizados y sin rendimiento por créditos con tasa positiva.

Las conversaciones técnicas entre la UIA y el Gobierno avanzaron desde febrero a pesar de los cruces públicos entre el presidente Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca a quien el mandatario definió como “Don Chatarrín”. Es que más allá de la tensión política, el canal de diálogo entre Caputo y las autoridades industriales continuó abierto, con la gestión cotidiana a cargo del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. El último encuentro formal se realizó el 19 de mayo y pese a la expectativa por medidas para el sector, no hubo anuncios.

El contexto macroeconómico condiciona el margen de maniobra del Gobierno, ya que la restricción fiscal limita la posibilidad de implementar rebajas de impuestos o incentivos de alto costo. Por eso, empresarios y funcionarios buscan alternativas que no impliquen impacto fiscal directo, como la reasignación de liquidez bancaria y nuevos incentivos regulados por el BCRA.

La preocupación por la caída del consumo se acentuó en los últimos meses, ya que el repunte de los sectores exportadores aún no se traduce en una mejora del mercado interno. Las propuestas que se discuten incluyen medidas para todas las ramas industriales que sufren la retracción de la actividad y el aumento de la desocupación. Los reciente datos del INDEC publicados muestran que el desempleo afecta con mayor fuerza a ciertos sectores, lo que refuerza la urgencia de medidas para reactivar la inversión y la producción.

El comportamiento del desempleo no resultó igual entre los sectores económicos en el primer trimestre del 2026. Según el Indec, el mayor salto se observó en la industria manufacturera, donde la proporción de desocupados que provenían de ese sector avanzó del 7,3% en el primer trimestre de 2025 al 13,3% en igual período de 2026. Esta cifra duplicó prácticamente el peso de la industria en la composición de la población sin trabajo y marcó un cambio significativo en la tendencia sectorial.

Desde hace tiempo en la Unión Industrial Argentina (UIA) alertan sobre la destrucción del empleo y exigen al ministro Caputo, por medidas que permitan “nivelar la cancha” ya sea en términos impositivos como de infraestructura. Luego del buen dato que registro el Indice de Producción Industrial Manufacturera en marzo con un crecimiento del 3,2% intermensual y 5% interanual, en abril volvió a números negativos con una variación intermensual del -2,1%y del 2,8% interanual. Y ya para mayo, en la UIA alertaron que no se encontró un piso para la caída del sector.

Frente a este escenario, Caputo no hace alusión explicita a los números negativos de la industria, pero si les dice a los empresarios argentinos que tienen que animarse a arriesgar y perder. “Argentina tiene un potencial enorme y nosotros tenemos que cambiar la cabeza y esas cosas que nos inculcaron de que proteger una industria que está bien porque hay gente que trabaja ahí, sin entender que hay 47 millones de argentinos que están subsidiando eso”, afirmó durante el Coloquio de Acceso a la Vivienda.