Los gremios y federaciones del sistema universitario argentino llevarán adelante un paro total de actividades el próximo miércoles 12 de agosto en todo el país. La medida de fuerza apunta contra el Gobierno Nacional, al que acusan de tres incumplimientos simultáneos: la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación, el desacato a una medida cautelar dictada por la justicia sobre salarios y becas, y el incumplimiento de un acuerdo firmado por la propia administración respecto de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios.

El trasfondo del conflicto lleva más de dos años y medio de tensión acumulada entre las casas de altos estudios y el Ejecutivo, indicaron en un comunicado oficial.

El Congreso votó la Ley de Financiamiento Universitario hace casi 300 días, pero el Gobierno aún no la ejecuta. A eso se suma que la Corte Suprema dejó en pie una cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios de los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023, resolución que tampoco fue acatada.

El tercer frente abierto involucra el incumplimiento de un acuerdo que el propio Ejecutivo había suscripto sobre los fondos para los Hospitales Universitarios.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), fue uno de los primeros en pronunciarse con dureza. “La total indiferencia del Gobierno de Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales parece no tener límites”, señaló a través de un comunicado en el que anunciaron el paro.

En su declaración, el dirigente enumeró los tres planos en los que, a su entender, el Ejecutivo desafía al resto de los poderes del Estado y a la ciudadanía: “Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública. Al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta. A la justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023”.

Cagnacci fue terminante al calificar la situación: “Tenemos un gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y qué ley no”.

El secretario general de ADUBA también puso el acento en la dimensión personal del conflicto para quienes trabajan en las aulas, los laboratorios y los hospitales de gestión universitaria.

“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo, como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no quiero estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades. Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales”, sostuvo.

La declaración del dirigente refleja la tensión entre la voluntad de continuar con las tareas cotidianas y la presión que, según los gremios, los empuja a la protesta. “Nos han empujado a esto, ya que aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”, afirmó Cagnacci.

La convocatoria al paro universitario nacional del 12 de agosto se inscribe bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”, lema que resume la postura del conjunto de los gremios y federaciones que adhieren a la medida de fuerza en todo el territorio argentino.

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 716/2026, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, que suspende los efectos del Decreto 690/2026 publicado el 30 de julio y restablece durante ese período “la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas” por esa disposición.

Además, ordenó crear una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, que estará integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje. Según el texto oficial, el objetivo será “lograr los consensos necesarios”.

El decreto también estableció que los organismos involucrados deberán adoptar “las acciones necesarias para atender la situación que motiva el presente decreto” y garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje. La medida entró en vigencia el mismo día de su dictado.

Se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación 20.094 y consiste en la asistencia técnica que reciben los buques para ingresar, desplazarse o salir de zonas portuarias, ríos, canales y pasos navegables bajo jurisdicción nacional.

Según explicó el nuevo decreto, la modificación aprobada a fines de julio buscaba actualizar una normativa considerada “obsoleta” y reducir barreras que dificultaban la incorporación de nuevos prestadores al sistema. Sin embargo, tras su entrada en vigencia, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza que generaron “una situación excepcional” que puso en riesgo el normal funcionamiento del sistema.

Ante ese escenario, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional mantuvieron una reunión con representantes del sector del practicaje y pilotaje. En ese encuentro se acordaron una serie de medidas para destrabar el conflicto.

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Entre ellas se estableció la reactivación de la prestación del servicio de manera regular, la suspensión del Decreto 690/2026, la creación de una mesa intersectorial para elaborar una nueva reglamentación y una reducción del 20% en las tarifas vigentes del servicio de practicaje y pilotaje.

El decreto firmado por Milei establece que la mesa de trabajo funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional y estará integrada por funcionarios de esa cartera, representantes de la Prefectura Naval Argentina, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y miembros del sector privado vinculado al practicaje y pilotaje.

Además, instruye al Ministerio de Seguridad, a la Prefectura y a la ANPYN a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio mientras avance la discusión de una nueva regulación.

El Gobierno justificó la suspensión al señalar que busca “mitigar la situación de crisis del sistema” y generar un espacio de diálogo que permita revisar la normativa vigente y avanzar en mejoras regulatorias.

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