ECONOMIA
FAL: qué cambia desde noviembre y qué deberán preparar las empresas
Las últimas reglamentaciones avanzan sobre la administración e inversión de los recursos destinados a este fondo y anticipan nuevos desafíos para las áreas de Recursos Humanos, Payroll y Finanzas.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comienza a tomar forma. Creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 y reglamentado posteriormente por el Decreto 408/2026, el régimen tiene prevista su entrada en vigencia para el 1° de noviembre de 2026.
El objetivo del Fondo es contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de las relaciones laborales, mediante recursos que se constituirán a partir de contribuciones mensuales realizadas por los empleadores a través del Sicoss F 931 (Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social).
El objetivo del Fondo es contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de las relaciones laborales
El FAL no reemplaza el régimen indemnizatorio vigente ni elimina la responsabilidad del empleador frente al trabajador. Tampoco permite compensar cualquier concepto, sino exclusivamente los siguientes:
• Art. 95 LCT: Despido antes del vencimiento del plazo (Contratos a plazo fijo).
• Art. 212 LCT: Imposibilidad de reincorporación o incapacidad absoluta del trabajador.
• Art. 232/233 LCT: Indemnización sustitutiva de preaviso e Integración del mes de despido.
• Art. 241 LCT: Extinción por mutuo acuerdo (voluntad concurrente formalizada).
• Art. 245/246 LCT: Indemnización por antigüedad (despido directo incausado o indirecto).
• Art. 247 LCT: Despido por fuerza mayor o falta de trabajo debidamente justificada.
• Art. 248 LCT: Indemnización por fallecimiento del trabajador en actividad.
• Art. 250/254 LCT: Vencimiento de contrato a plazo fijo e incapacidad/inhabilidad sobreviniente.
Si los recursos acumulados resultaran insuficientes para afrontar la obligación correspondiente, la empresa continuará siendo responsable por la diferencia. El Fondo funciona como un mecanismo de asistencia financiera para afrontar determinadas obligaciones laborales, pero no modifica por sí mismo el derecho del trabajador a percibir la indemnización que legalmente corresponda.
Reglas de inversión del FAL
Uno de los últimos avances normativos llegó con la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, que estableció las pautas bajo las cuales podrán invertirse los recursos acumulados en el FAL.
Los recursos podrán invertirse, entre otros instrumentos, en títulos de deuda del Estado Nacional, deuda provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables emitidas en la Argentina.
En determinados instrumentos provinciales y privados se exige, además, una calificación mínima de riesgo AAA en escala nacional, otorgada por al menos dos agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores.
A su vez, al menos un 10% del patrimonio deberá mantenerse en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado.
Al menos un 10% del patrimonio deberá mantenerse en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado
El objetivo es que los recursos generen rendimiento, pero el sistema mantenga capacidad suficiente para responder cuando se produzcan las obligaciones laborales para las cuales fue creado.
Una cuenta y un identificador para cada empleador
La instrumentación del régimen podrá realizarse mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros sujetos a regulación y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Cada empleador contará con una Cuenta Individual del Empleador, identificada mediante un código único denominado ID FAL. Al 23 de agosto, aún no figuraba un campo identificado para cargar el ID FAL.
Si no se informa un ID válido, los recursos quedarán inicialmente retenidos sin imputación específica. Transcurrido el plazo reglamentario sin que la situación sea regularizada, podrá activarse el procedimiento de asignación de oficio.
También estará prevista la portabilidad de los recursos entre vehículos de inversión habilitados, bajo las condiciones que termine estableciendo la CNV.
Aunque la estructura general del FAL ya se encuentra definida, parte de su instrumentación práctica todavía está en proceso de reglamentación
Por eso, aunque la estructura general del FAL ya se encuentra definida, parte de su instrumentación práctica todavía está en proceso de reglamentación.
El aporte según el tamaño de la empresa
Uno de los puntos centrales para las compañías será determinar correctamente la alícuota aplicable.
La Ley 27.802 establece una contribución mensual del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, calculada sobre la remuneración imponible correspondiente a cada trabajador alcanzado.
En ese sentido, existe un aspecto clave para la aplicación práctica del régimen. La determinación de la alícuota no debería realizarse simplemente observando la cantidad de trabajadores de la compañía o considerando informalmente si una organización es pequeña, mediana o grande.
A los efectos del FAL, el Decreto 408/2026 establece que serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que cuenten con el certificado que acredite esa condición, conforme a la Resolución 220/2019 y sus modificatorias.
La existencia y vigencia del Certificado Mipyme se transforma en un elemento determinante para determinar la contribución aplicable al FAL. Micro, Pequeñas, Medianas Tramo 1 y Medianas Tramo 2 que acrediten esa condición estarán comprendidas en la alícuota del 2,5 por ciento.
Para las áreas encargadas de la liquidación de nómina, esto incorpora un nuevo control: verificar correctamente la situación de la compañía frente al Registro de Empresas MiPyME y mantener actualizada la documentación que acredita esa condición.
¿El FAL representa un nuevo costo laboral?
La respuesta requiere una aclaración. Si se observaran solamente las alícuotas del 1% y 2,5%, podría interpretarse que el FAL representa automáticamente un incremento equivalente del costo de nómina. Sin embargo, la reglamentación contempla un mecanismo de compensación.
El Decreto 408/2026 establece que los empleadores podrán detraer mensualmente una alícuota equivalente a la correspondiente al FAL de determinadas contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la Seguridad Social.
Los empleadores podrán detraer mensualmente una alícuota equivalente a la correspondiente al FAL de determinadas contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la Seguridad Social
Para las relaciones laborales alcanzadas por este mecanismo, el principal cambio no debería analizarse simplemente como la incorporación de un costo adicional del 1% o del 2,5%. Lo que cambia es el destino de una parte de los recursos, su administración y, especialmente, su trazabilidad.
La reglamentación contempla, no obstante, situaciones particulares. Entre ellas, la interacción con el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), respecto de las relaciones laborales alcanzadas por dicho beneficio mientras resulte aplicable.
Por eso, el impacto económico deberá analizarse considerando la situación particular de cada empleador y de las relaciones laborales comprendidas.
El desafío para Recursos Humanos comienza antes de noviembre
Aunque todavía resten definiciones operativas, para las empresas el 1° de noviembre no debería ser el punto de partida de la implementación, sino la fecha para llegar preparados.
Las áreas de Recursos Humanos, Payroll, Finanzas y Legales deberán comprender cómo interactuarán la liquidación de cargas sociales, ARCA, el ID FAL y las entidades encargadas de administrar los recursos.
También habrá que incorporar nuevos controles dentro de los procesos habituales. El líder de RRHH deberá tener claridad sobre:
• La vigencia del Certificado Mipyme.
• La correcta determinación de la base imponible.
• La identificación de los trabajadores alcanzados.
• La correcta registración de las contribuciones.
• La conciliación de los fondos.
A esto se suma otro momento crítico: la utilización del Fondo frente a una desvinculación. Cuando corresponda solicitar recursos del FAL, será necesario contar con información consistente sobre la relación laboral y su finalización, incluyendo datos vinculados con la remuneración, antigüedad, fecha y causa de extinción, y liquidación practicada.
Esto convierte a la calidad de la información laboral en un elemento central del funcionamiento del nuevo sistema.
La calidad de la información laboral en un elemento central del funcionamiento del nuevo sistema
Una inconsistencia salarial, una fecha incorrecta o diferencias entre Payroll y los sistemas registrales pueden dejar de ser solamente problemas administrativos y trasladarse al procedimiento mediante el cual la empresa pretende disponer de los recursos acumulados.
Un cambio financiero que implica un cambio de gestión
El Fondo de Asistencia Laboral puede ser analizado desde su dimensión financiera: cuánto deberá contribuir una empresa, dónde se invertirán los recursos o cuál será el saldo disponible ante una futura desvinculación.
Pero desde Recursos Humanos existe otra lectura. El nuevo régimen incorpora una capa adicional de trazabilidad sobre determinadas obligaciones laborales futuras y exige conectar información que muchas veces hoy se encuentra distribuida entre distintos actores y sistemas.
Payroll deberá liquidar correctamente. Finanzas tendrá que comprender el movimiento y la administración de los recursos. Legales deberá validar las condiciones de las desvinculaciones. Y Recursos Humanos tendrá que garantizar que la información que conecta todo ese proceso sea consistente.
El autor es People Manager de mandü by Visma
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ECONOMIA
Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 28 de septiembre
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público gana cinco pesos o 0,3% este lunes, a $1.550 para la venta en el Banco Nación, un nuevo máximo nominal. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.545,12 para la venta y $1.493,40 para la compra.
El dólar blue también gana cinco pesos, a $1.565 y a cinco pesos de distancia de su récord del 28 de julio.
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- Tener 65 años o más.
- No cobrar ni tener derecho a una jubilación, retiro o pensión de organismos nacionales, provinciales o municipales.
- No percibir la prestación por desempleo al momento de iniciar el trámite.
- Ser argentino nativo o cumplir con la residencia exigida según la nacionalidad.
- Acreditar, en el caso de argentinos naturalizados, al menos 10 años de residencia en el país previos a la solicitud.
- Demostrar una residencia mínima de 20 años en la Argentina para las personas extranjeras.
- Mantener la residencia en el país una vez otorgada la prestación.
Durante los últimos dos años, el deterioro de la situación cotidiana convivió con una expectativa: que una mejora de la economía terminara por trasladarse al bolsillo y al bienestar personal. Sin embargo, esa percepción empieza a cambiar. La recuperación de los indicadores macroeconómicos ya no alcanza para sostener las expectativas individuales y esa distancia modifica tanto el humor social como las decisiones que toman los argentinos a la hora de administrar su dinero.
El informe Social Mood del tercer trimestre de 2026, elaborado por la consultora Moiguer, sintetiza el escenario con una frase: “Argentina mejora, yo no”. El trabajo identifica un cambio de etapa en el humor social, en el que el futuro pierde fuerza como organizador del presente y los consumidores concentran su capacidad de decisión en aquello que todavía pueden administrar: dónde, cómo y en qué gastar.
La investigación combina un estudio cuantitativo continuo, focus groups, más de 15 fuentes secundarias y análisis de conversaciones en redes sociales. El relevamiento abarca personas de 16 a 75 años de distintos niveles socioeconómicos y toma información de diferentes puntos del país.
Uno de los datos centrales aparece en las expectativas. Por primera vez en la serie, el porcentaje de personas que cree que el país empeorará durante los próximos 12 meses supera al de quienes consideran que mejorará. Las respuestas negativas llegan al 41%, mientras que las positivas se ubican en 38%. De acuerdo con Moiguer, el optimismo retrocede así a niveles de 2023.
El cambio resulta especialmente marcado entre algunos de los grupos que más sostuvieron las expectativas positivas. Frente al primer trimestre de 2025, la proporción de personas que considera que el país mejorará baja 14 puntos porcentuales en el total de la población. Pero la disminución alcanza 24 puntos entre el segmento ABC1 y 17 puntos entre los jóvenes de 16 a 25 años.
En el caso del ABC1, el estudio vincula el retroceso con la pérdida de poder adquisitivo y un escenario más débil para invertir y emprender, factores que erosionan la confianza que caracterizó a ese segmento. Entre los jóvenes, en tanto, la promesa de progreso que sostenía el optimismo choca con un mercado laboral que el informe describe como cada vez más precario e incierto.
El bolsillo y una brecha que se profundiza
Detrás de ese cambio de expectativas aparece el deterioro de algunas variables directamente relacionadas con la economía de los hogares. Según la elaboración incluida en el informe, el poder adquisitivo de los salarios registra una caída de 11 puntos frente a enero de 2023, mientras que el ingreso disponible de los hogares muestra una disminución de 17 puntos.
Al mismo tiempo, el peso de los servicios y el transporte sobre el salario promedio aumenta 11 puntos respecto de diciembre de 2023. La consultora resume esa combinación con otra definición: “el ingreso se achica y los gastos fijos crecen”.
El informe también marca una diferencia entre la evolución de la actividad económica y la del consumo. Mientras la primera crece, el consumo masivo lleva casi dos años de caída. La serie que incorpora el estudio ubica al índice correspondiente al consumo masivo en 100 en 2021 y en 77 en junio de 2026, mientras que el indicador de actividad pasa de 100 a 116 en ese mismo período.
Es en ese contexto donde, según Moiguer, empieza a instalarse una nueva certeza entre los consumidores: el crecimiento del país no necesariamente se traduce en bienestar individual. Uno de los testimonios recogidos en los focus groups lo expresa a partir de una situación cotidiana: “Yo veo cómo Vaca Muerta no para de crecer, pero el gas y la nafta nos salen cada vez más caros”.
La consecuencia se observa en la manera de administrar el presupuesto. Ante un futuro que deja de funcionar como garantía, el consumidor concentra su capacidad de acción en el presente. Y allí aparece una paradoja: los gastos variables son administrables, mientras que los fijos se vuelven impredecibles.
Una persona entrevistada en el estudio compara las boletas de servicios con un “unboxing”: recién cuando las abre descubre cuánto le toca pagar esa vez.
Recortar y darse gustos al mismo tiempo
Esa incertidumbre no deriva únicamente en una reducción generalizada del gasto. El estudio detecta una administración mucho más selectiva del dinero, en la que los hogares deciden qué recortar y qué consumos preservar.
En concreto, 4 de cada 10 hogares presentan lo que Moiguer denomina un perfil “compensador”. Son familias que recortan gastos esenciales y, al mismo tiempo, se permiten gustos en rubros como ropa, electrónica, salidas y viajes.
La lógica consiste en preservar aquellos consumos que sienten que realmente “valen la pena”. Es justamente dentro de ese comportamiento donde el informe identifica la aparición de la “bolucompra”: pequeñas adquisiciones de bajo costo que satisfacen el deseo de consumir sin comprometer demasiado el presupuesto.
El fenómeno se inserta en un cambio más amplio de las referencias que utiliza el consumidor. Ya no alcanza con determinar si algo es caro o barato en términos absolutos. La pregunta que aparece, según el estudio, es otra: “¿Qué me devuelve este gasto?”
Moiguer identifica tres dimensiones que se transforman en las decisiones de compra: acceso, precio y valor. En el primer caso, los datos muestran la expansión de nuevas alternativas para conseguir productos. El 54% de los encuestados compró algo en un bazar chino en los últimos meses, mientras que las importaciones puerta a puerta crecieron 641% frente a 2024.
Carne, zapatillas y nuevas referencias de precios
El segundo cambio se relaciona con los precios relativos. El informe compara cuántos productos podían adquirirse con un salario promedio en 2022 y cuántos se pueden comprar en 2026, y los resultados varían considerablemente según el bien elegido.
En 2022, un salario promedio equivalía a 156 kilos de carne, mientras que en 2026 permite comprar 95 kilos: una pérdida equivalente a 61 kilos. Con las zapatillas de primera marca sucede exactamente lo contrario. La capacidad de compra pasa de 3,4 pares en 2022 a 10,1 pares en 2026, casi siete unidades más.
Moiguer resume ese cambio de precios relativos bajo el concepto “lo cotidiano se encarece, lo dolarizado se abarata”.
El estudio utiliza otro ejemplo para mostrar cómo se transforma la evaluación de un gasto. Un combo para tres personas en un local de comidas rápidas cuesta $65.000, mientras que una airfryer cuesta $70.000. La diferencia entre ambos desembolsos resulta mínima y obliga al consumidor a evaluar qué recibe a cambio de cada uno.
Esta modificación también explica comportamientos que, a primera vista, pueden parecer contradictorios. Uno de los testimonios recogidos por Moiguer corresponde a una persona de entre 30 y 50 años, del segmento C2/C3, residente en Salta. Cuenta que recorre comercios y compra carne únicamente cuando la encuentra barata. Pero, al mismo tiempo, relata que sus hijas viajaron a Bariloche y les compraron siete outfits diferentes a través de Shein por $100.000, con botas incluidas.
La comparación expone la lógica que atraviesa el informe: la restricción presupuestaria no necesariamente elimina los consumos vinculados con el disfrute, sino que obliga a seleccionar con mayor precisión dónde colocar el dinero disponible.
La competencia también cambia para las marcas
El nuevo comportamiento plantea además modificaciones para las empresas. Según Moiguer, frente a un consumidor que redefine dónde, cómo y en qué gastar, las marcas necesitan cambiar su juego.
Una de las principales implicancias es que ya no compiten solamente contra otras compañías o productos de su misma categoría. Ahora deben “competir por el presupuesto, no solo por la categoría”: cualquier producto o servicio que ofrezca mayor valor por el mismo dinero puede convertirse en una alternativa para el consumidor.
También cambia la definición de valor. De acuerdo con el informe, la funcionalidad y el precio ya no explican por sí solos una elección. En la decisión pesan también el disfrute, la duración y la oportunidad. El desafío para las marcas pasa por identificar qué retorno espera recibir una persona por cada peso que gasta.
A eso se suma la necesidad de demostrar que un producto efectivamente “vale lo que cuesta”. Con la modificación de los precios relativos, el valor percibido deja de darse por sentado y las empresas necesitan ofrecer argumentos funcionales y emocionales que justifiquen las diferencias de precio.
El informe plantea además la necesidad de “dar acceso y permiso al deseo”. Esto supone ofrecer nuevos canales, formatos y alternativas de financiación, pero también construir motivos que habiliten la compra. Entre las expresiones que Moiguer identifica en esa lógica aparecen “me lo merezco” y “es una inversión en mí”.
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