POLITICA
Fentanilo mortal: García Furfaro insistió con su inocencia y volvió a decir que hubo “un atentado” en su contra
“Es muy duro lo que acabo de escuchar. Les hablo a las familias que perdieron un ser querido. Voy a buscar la verdad y quiero que sepan la verdad. Opté por entregarme, en el infierno de estar preso, por los trabajadores que tengo y para que se investigue con total tranquilidad lo que pasó. Yo no fui, no hice nada. Si el fentanilo está contaminado… alguien la puso.” La declaración corresponde a Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. En esas plantas se elaboró y distribuyó el fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes a los antibióticos, que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, vincula, en esta etapa de la investigación, a 114 pacientes fallecidos tratados en clínicas y hospitales con el anestésico de HLB Pharma. Además, 49 personas internadas fueron dadas de alta con secuelas, dos de ellas en estado crítico.
Infobae reconstruyó la frase a través de fuentes con acceso a la investigación judicial y fue pronunciada durante la ampliación de la declaración indagatoria ordenada por el juez.
Con ese acto, Kreplak concluyó los nuevos interrogatorios a los 14 procesados en la causa que investiga la mayor tragedia sanitaria del país. A diferencia del resto, Ariel García Furfaro eligió responder a todas las preguntas del juzgado y la fiscalía, asesorado por su abogado defensor, Gastón Marano.
Como ocurrió con los demás imputados, la indagatoria se realizó de manera virtual. García Furfaro declaró desde la sala de videoconferencias del penal de Marcos Paz, donde permanece detenido desde la noche del 20 de agosto de 2025. Sus dichos coinciden con lo sostenido en la declaración del 22 de agosto de 2025. Entonces se lo imputó por 20 muertes. Ahora se sumaron 94 fallecimientos, motivo de la nueva ronda de testimonios.
Los cargos y el avance de la investigación
En la resolución del 25 de septiembre de 2025, Kreplak imputó “prima facie” a todos los procesados como coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales en un modo peligroso para la salud, también como coautores. De ser encontrados culpables, las penas van de 10 a 25 años de prisión.
Hasta el momento, García Furfaro mantiene una defensa firme. Laboratorios Ramallo, donde se elaboró el fentanilo de HLB Pharma, contaba con habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y control del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ambos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación.
Estos organismos ya habían sancionado a los establecimientos por diversas deficiencias en la elaboración de medicamentos, según consta en el expediente iniciado por la denuncia del Hospital Italiano de La Plata. Ese proceso se originó tras vincular la muerte de 15 pacientes con el fentanilo de HLB Pharma del lote 31202. Con el avance de la investigación, que comenzó el 8 de mayo de 2025 bajo el expediente 17371/2025, se identificaron otras partidas contaminadas, como el lote 31244.
“La máquina del fentanilo (de Laboratorios Ramallo) costó más de 3 millones de dólares y funcionaba perfecto. No hay posibilidad de que esta contaminación exista si no fue un atentado o sacaron los filtros intencionalmente. Teníamos tres filtros, la ley pide dos. Si nadie sacó los filtros no pudieron haber pasado esas bacterias. Con una pericia en la máquina el sistema informático va a revelar qué pasó con los filtros. Pido que se haga esa pericia”, expresó García Furfaro ante el juez.
Hacía referencia a la Klebsiella pneumoniae y a la Ralstonia pickettii. Ambos microorganismos están asociados a infecciones graves en entornos hospitalarios, especialmente en pacientes vulnerables, y su presencia en un medicamento inyectable, que debe ser completamente estéril, genera máxima preocupación.
La Klebsiella pneumoniae puede ser multirresistente a los antibióticos, mientras que la Ralstonia pickettii suele asociarse a fallas en procesos de esterilización o contaminación durante la producción de soluciones parenterales.
La justicia allanó en varias ocasiones Ramallo y HLB Pharma. En uno de los legajos de la causa consta y está valuado el equipo al que refiere García Furfaro, detenido desde la noche del 20 de agosto de 2025, fecha en que se entregó tras la orden de captura del juez Kreplak. El empresario tiene un embargo de un billón de pesos.
La hipótesis de complot y la figura de Andrés Quinteros
García Furfaro volvió a referirse a un supuesto complot en su contra, que habría tenido como protagonista a Andrés Quinteros, ex colaborador con tareas ejecutivas. “Meses antes me avisaron que nos iban a hacer una maldad con el fentanilo. Aporté los audios y las pruebas de eso”, detalló en referencia a Quinteros, a quien, antes de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo fichara, señaló ante Infobae como “un agente inorgánico de la SIDE”, en alusión a la Secretaría de Inteligencia del Estado.
El lote principal de fentanilo contaminado (31.202) fue fabricado el 18 de diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo. En ese sentido, Ariel García Furfaro insistió en que “en la causa hay 14 inocentes imputados y algunos presos y el verdadero culpable (por Andrés Quinteros) no fue ni citado a declarar”.
En su primera declaración judicial, García Furfaro ya había negado de forma categórica cualquier responsabilidad en la causa. “Yo no fui, yo no hice nada”, afirmó, y aseguró que, de existir contaminación, “alguien la puso”, descartando que se hubiera originado dentro del laboratorio.
El empresario apuntó directamente contra Andrés Quinteros, a quien acusó de estar “obsesionado con el fentanilo” y de haber actuado en su contra tras una ruptura personal. “No tengo dudas de que está atrás de todo esto”, afirmó. Narró episodios previos de conflicto, como un supuesto intento de robo de 30 ampollas de morfina y advertencias de terceros sobre un posible “atentado” para involucrarlo en la causa.
Durante su exposición, García Furfaro reiteró que existe una operación para perjudicarlo: “Me quieren hacer quedar como narco” y “me armaron una operación mediática”. Además, cuestionó la actuación de los organismos de control al señalar que “la ANMAT no alertó antes” y relativizó las fallas en los procesos al afirmar “todos los laboratorios tienen problemas”.
Para los investigadores judiciales, hasta el momento no hay elementos probatorios que avalen la teoría conspirativa del detenido y consideran esos dichos una maniobra distractiva para evitar responder sobre los hechos que se le imputan.
En su indagatoria, García Furfaro indicó que desconoce si hubo fallas de calidad en su empresa, porque esas áreas estaban en manos de personal técnico, y remarcó su interés en que se esclarezca el caso. “Soy el más interesado en que se sepa qué pasó”, enfatizó. En su declaración, describió su situación personal y económica: “Sí, estoy fundido”, y agregó: “Me quedo a que me corten la cabeza si tengo responsabilidad”.
Facturación, deuda provincial y consecuencias económicas
Según reconstruyó Infobae, el detenido también manifestó ante Kreplak: “Yo le dije en mi primera indagatoria que iba a aumentar el precio de los medicamentos conmigo preso. El suero pasó de 60 centavos de dólar a 2 dólares y medio. Otros medicamentos aumentaron de un 400 a un 700%. Si se investiga quién se benefició de esto económicamente se va a poder llegar a quien está detrás del atentado”.
También enfatizó la deuda que las provincias mantienen con su empresa por la provisión de medicamentos mediante licitaciones públicas, que incluyen solución fisiológica, ibuprofeno, fentanilo y propofol, entre otros. “Hay unos 15.000 millones de pesos que le deben las provincias al laboratorio, son casi 10 millones de dólares en total. Yo no tengo responsabilidad penal, pero si de un laboratorio mío se dañó a alguien, aunque haya sufrido un atentado, ofrezco que se use ese dinero para resarcir a las familias afectadas”.
La declaración quedó inconclusa por problemas de conectividad en el sistema de Wifi del Penal de Marcos Paz. El lunes se reanudará la defensa de Ariel García Furfaro.
POLITICA
Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.
La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.
La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.
La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.
En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.
El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.
De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.
La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.
Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.
La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.
En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.
Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.
El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.
“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.
La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.
Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.
El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.
La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.
El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.
POLITICA
Apelaron a la Cámara de Casación un polémico fallo que benefició a los dueños de «La Salada»
Las acusaciones contra Jorge Castillo
La organización atribuida a Antequera
El circuito del dinero y el presunto lavado de activos
El rol de Castillo y los activos en el exterior
Críticas al fallo de Cámara
POLITICA
La Justicia investiga si Adorni también se puso en contacto con la socia de Tabar después de que se activó la causa
La Justicia analiza un nuevo elemento en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según pudo saber TN, el foco ahora está puesto sobre un audio en el que la socia del contratista Matías Tabar le habría contado a este que el funcionario se contactó con ella para pedirle que borrara conversaciones que habían mantenido.
De acuerdo con la información del expediente, Adorni habría argumentado razones de privacidad para justificar el pedido. El supuesto contacto se habría producido dos semanas después de que se iniciara la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La situación es analizada por la Justicia en el marco de la revisión de unas 11 mil conversaciones intercambiadas entre Tabar y su socia, una mujer que participó en los arreglos de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
Los investigadores consideran especialmente relevante el momento en que se habría producido ese supuesto contacto. La hipótesis bajo análisis es que la comunicación con la socia de Tabar se habría dado después de que el expediente judicial ya estuviera en marcha.
Leé también: Adorni se reunió con el nuevo vocero presidencial y anunció que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Prensa
El episodio guarda similitudes con otro hecho que ya forma parte de la investigación. En el expediente también consta que Adorni se comunicó con Tabar para ofrecerle asistencia o ponerse a disposición después de que se conociera el avance de la causa.
La revisión del contenido del teléfono de Tabar también incluye audios en los que el contratista hablaría sobre pagos en efectivo que le habría realizado el jefe de Gabinete. Según la información incorporada al expediente, se trataría de varios mensajes de voz en los que se mencionarían desembolsos en cuotas de entre 20 mil y 30 mil dólares.
Leé también: SIRA: la Justicia mira las cuentas de inversión de los acusados para reconstruir la ruta de los dólares
Fuentes judiciales consultadas por TN aseguraron que “el celular de Tabar demuestra el manejo de dinero en efectivo”. La información es parte del material que actualmente se encuentra bajo análisis.
En paralelo, todavía se espera que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) concluya el informe técnico sobre el patrimonio de Adorni. La elaboración de ese documento sufrió demoras porque la Justicia solicitó incorporar nuevos análisis relacionados con los supuestos 200 mil dólares que el jefe de Gabinete afirmó haber invertido en Bitcoin.
Leé también: La Justicia ordenó nuevas medidas en la causa por presuntas maniobras irregulares con el sistema SIRA y casas de cambio
La causa también registró movimientos en los últimos días a partir de la situación de Tabar. La semana pasada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista y le requirió que presente documentación vinculada con la justificación de sus ingresos, la actividad desarrollada y detalles de la obra realizada en la casa de Adorni en Indio Cuá.
El organismo le pidió, entre otros puntos, información sobre su facturación, compras a proveedores correspondientes a 2024 y 2025, justificación de la adquisición de vehículos y del origen de fondos utilizados para la compra de dólares en esos años, además de confirmaciones societarias.
Manuel Adorni
Estados Unidos aumenta la presión sobre Cuba: más sanciones a empresas y un guiño a la petrolera Exxon Mobil
El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”
Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno
Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber
Con el Super RIGI el Gobierno busca retomar iniciativa y expertos advierten por impacto en el empleo
Apelaron a la Cámara de Casación un polémico fallo que benefició a los dueños de «La Salada»
LA DOBLE VARA ZURDA: Militantes K prefieren el pasado dictatorial y los excesos de Maradona antes que el éxito limpio de Messi
Preocupación en el oficialismo por el impacto digital del caso Adorni y la insuficiencia del “efecto Mundial”
Difundieron videos en los que Jésica Cirio aparece junto a miles de dólares
Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos donde se ven fajos con millones de dólares en la casa de Martín Insaurralde
POLITICA3 días agoLA DOBLE VARA ZURDA: Militantes K prefieren el pasado dictatorial y los excesos de Maradona antes que el éxito limpio de Messi
- POLITICA3 días ago
Preocupación en el oficialismo por el impacto digital del caso Adorni y la insuficiencia del “efecto Mundial”
- POLITICA2 días ago
“El mejor del mundo”: los elogios a Messi y a la selección argentina en el arco político tras el triunfo ante Austria
