El peronismo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron avanzar en un proyecto de ley para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por Leandro Santoro, y que respaldan también la UCR y el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, busca refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales a tasas más bajas y plazos más extensos. Según supo Infobae, LLA se opondrá, aunque se comprometió a habilitar el tratamiento sobre tablas, y se prevé que se apruebe en la sesión de este jueves en la Legislatura.

La iniciativa establece que el Banco Ciudad y las entidades privadas que adhieran podrán otorgar créditos de refinanciación con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. El beneficio está dirigido a familias con ingresos de hasta 10 salarios mínimos cuyas deudas representen más del 30% de sus ingresos mensuales, con foco en quienes acumulen atrasos de entre 60 y 180 días. Quedan excluidos quienes posean patrimonio suficiente para cancelar sus obligaciones por cuenta propia.

Para incentivar la adhesión de la banca privada, el texto prevé una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estos créditos. Según las proyecciones de la iniciativa, una familia con ingresos de $3,68 millones y una deuda equivalente al doble de ese monto podría ahorrar alrededor de $240.000 por mes y $5,7 millones en intereses frente a una refinanciación a tasas de mercado.

El proyecto de Santoro, pero sobre todo el aval de casi todo el espectro político porteño, replica la tendencia que se repite en varias provincias del país, impulsada por el avance sostenido de la morosidad, uno de los puntos débiles del programa económico del gobierno nacional de Javier Milei. La mora de las familias marcó un nuevo récord en abril y ya hay 5,3 millones de personas con problemas para pagar sus deudas.

Y responde, además, a la necesidad de los principales espacios políticos de mostrar capacidad de gestión y sensibilidad ante demandas urgentes de la sociedad. Eso acercó posiciones entre bloques con posiciones históricamente enfrentadas. “Los libertarios estaban furiosos por ese acuerdo con el PRO”, sostuvo un dirigente peronista ante la consulta de Infobae. Desde la bancada oficialista, a su vez, ironizaron: “Todo lo que es desendeudamiento, los libertarios deberían bancarlo, salvo que para ellos sea un gasto”. Desde LLA aseguran que el proyecto responde al acuerdo político entre Jorge Macri y Juan Manuel Olmos, peronista todo terreno, histórico del PJ porteño.

En Córdoba, el Banco de Córdoba (Bancor) puso en marcha un plan de alivio financiero que unifica deudas en una sola cuota mensual, con tasas de entre el 45% y el 70% según el plazo —de hasta 60 meses— y acceso tanto para empleados estatales como privados que cobren sus haberes en la entidad. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia (Bapro) ofrece refinanciación de consumo en mora temprana con plazos de hasta 72 meses, y el gobierno bonaerense anunció recientemente una línea adicional con tasas del 39% anual para deudas con hasta 90 días de atraso y del 31% para casos de sobreendeudamiento con mora superior a ese período.

En Corrientes, el gobierno del gobernador Gustavo Valdés lanzó «Corrientes Sostiene“, un plan con una asistencia financiera superior a los $130.000 millones que permite refinanciar deudas de tarjeta en 6 o 12 cuotas fijas con una reducción de 29 puntos respecto de las condiciones habituales, con alcance a unos 89.000 correntinos.

En Misiones, el gobernador Hugo Passalaqua prorrogó un esquema similar en conjunto con el Banco Macro, con tasas bonificadas para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados con mora en tarjetas y préstamos.

A nivel legislativo, el senador peronista mendocino Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un “Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos”, con plazos de entre 36 y 60 cuotas, tasas subsidiadas y el mismo límite de acceso que la iniciativa porteña: ingresos familiares de hasta 10 salarios mínimos.

En Chubut, la diputada Norma Arbilla impulsó el proyecto PL014/2026, orientado a empleados públicos y clientes del Banco del Chubut, con un fondo de garantía para subsidiar tasas y facilitar el acceso al crédito de refinanciación.

Este tipo de discusiones se analizan en el Congreso desde hace varios meses. Se fueron acumulando en paralelo a la gestión económica. Hay proyectos del peronismo, de Provincias Unidas, del bloque Coherencia, y también del PRO, preocupado por el crecimiento de las deudas, y que viene con una estrategia política de diferenciarse del gobierno nacional en temas puntuales. Quizá, la situación de Manuel Adorni es el mejor ejemplo: el partido liderado por Mauricio Macri ya anticipó que acompañará una eventual interpelación o moción de censura contra el Jefe de Gabinete si continúa en el Gobierno.

El proyecto de desendeudamiento no será el único tema en la agenda legislativa porteña. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene prevista una sesión en la que se tratarán, además, el financiamiento de la Línea F de subte, la regulación de los vapeadores, modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el proyecto conocido como «Hojarasca» —ambos de La Libertad Avanza (LLA)—, y la regulación de los denominados «trapitos». La sesión también contempla el ingreso de pliegos para la designación del defensor del pueblo, el fiscal general y las autoridades del ente regulador de la Ciudad.

Continúa este jueves el juicio por la causa Cuadernos y declararán más testigos ligados a la flota presidencial de aviones que realizaron viajes durante las gestiones de Cristina y Néstor Kirchner.

Están citados para esta audiencia Ángel Alejandro Heit, Carlos Ramón Micolucci, Claudio Humberto Trerotola, Gabriel Omar Falaschi, Roberto Enrique Antonio Muller, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall y Héctor Molina.

En la última audiencia, el Tribunal Oral Federal 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escuchó al expiloto del Tango 01, José Javier Videla, que aseguró que Daniel Muñoz trasladó solo en un viaje desde Aeroparque a Río Gallegos una valija de 23 kilos que no quiso despachar.

Videla fue piloto del Tango 010 desde 2000 hasta 2007 y en ese período hizo varios viajes a Santa Cruz. Declaró que los fines de semana solía trasladar a los Kirchner con sus sus secretarios personales e hizo foco en uno de esos traslados: “Recuerdo un vuelo que él (Muñoz) realizó exclusivamente desde Aeroparque a Río Gallegos; fue un vuelo con él solo. Viajó con una valija que la llevó adentro del avión porque no dejó que la pusiéramos en la bodega. Era una valija para ir a bodega, mediana de 23 kilos. Eso me llamó la atención”.

El expiloto mencionó: “El mecánico del avión le ofreció (a Muñoz) subir el equipaje, pero él no quiso. Lo colocó cerca de su asiento, no dejó que nadie toque el equipaje. Cuando llegamos a Río Gallegos, no bajó en el aeropuerto, sino en un extremo de la pista donde ingresaron dos o tres coches, lo buscaron, se fue y a la tarde volvimos a Buenos Aires”.

El testigo dijo que le llamó la atención el rechazo de Muñoz a que la valija fuera en la bodega, que “la tuvo al lado de él durante todo el vuelo” y que en ese viaje fue “el único pasajero”. El piloto declaró además que le extrañó que el entonces secretario de los Kirchner no hubiera bajado en la plataforma del aeropuerto y que le habilitaron una plataforma próxima a una de las cabeceras.

Ante la consulta sobre si los tripulantes tenían “alguna misión específica que cumplir en cuanto al control de equipaje”, Videla respondió que no, y que no se revisaba el equipaje de los secretarios presidenciales: “No que yo recuerde, si venían con el Presidente, no”.

La causa

La causa se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones detallaban un mecanismo sistemático de cobro de coimas a empresas a cambio de la adjudicación de obras públicas durante más de una década.

La acusación sostiene que Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

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“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.

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El Congreso vive horas de versiones en continuado, especulaciones y -sobre todo- recelos entre el oficialismo y sus aliados, con un temario atado sin vueltas al caso de Manuel Adorni. Es el reflejo más claro de la política aún en días de Mundial y lo expone la agenda para la semana que viene. El Senado sesionará el jueves para tratar la interpelación al jefe de Gabinete -con mensaje sobre posible moción de censura- y Diputados tiene cita dos días antes por el mismo tema. El mensaje al Gobierno surge así de casi todo el frente político. Y, de hecho, esa es la señal que acaba de emitir la Cámara alta. Los legisladores del PRO, la UCR y de varios provinciales presionan para que Olivos resuelva la salida del funcionario porque, de lo contario, no quedaría otro remedio que bajarle el pulgar en el recinto. La tensión podría resumirse en una pregunta: quién termina decidiendo el fin.

El clima está tan denso que no faltan especulaciones extremas. Algunos legisladores sostienen que Javier Milei estaría jugando a que el Congreso termine provocando la salida del jefe de los ministros. En esa visión, el Presidente aprovecharía después para apuntar contra el Congreso, en general, acusándolo de ser el motor de un “intento golpista” o desestabilizador. “Adorni es un problema del Gobierno y tiene que resolverlo el Gobierno”, es la síntesis del planteo para reclamar una decisión de Milei y exponer reparos a un desenlace legislativo.

El problema para socios de Olivos -y también para opositores no kirchneristas- es más complejo. En esa franja operan los representantes del Ejecutivo -en especial Diego Santilli y Lule Menem-, con foco especial en los gobernadores. Negocian fondos y agregan promesas políticas como la de no instalarles candidatos competitivos de LLA, el año que viene, cuando se disputen las gobernaciones. En ese conjunto se anotan jefes provinciales de diferente color, es decir, del PRO, radicales, peronistas y representantes de fuerzas locales.

Los planes para bajar el tema tuvieron varios quiebres, por el impacto social de los acontecimientos. El primero fue cuando se conoció el dato de los miles de dólares en negro invertidos para rehacer la casa del country de Exaltación de la Cruz. Y el último fue provocado por la presentación de la declaración jurada y los dichos de Adorni intentando justificar su acelerada mejora patrimonial.

Eso último terminó de amplificar el rechazo a cualquier señal que pueda ser interpretada como respaldo al funcionario. En escala monos visible explica el silencio de ministros que, en algunos casos, se encargan de hacer trascender su disgusto. Pero para los legisladores más cercanos al Gobierno la cuestión es peor. Y por partida doble. No quieren quedar expuestos como sostén de Adorni – por convicción o conveniencia- y tampoco, pegados a los movimientos del peronismo/kirchnerismo.

Pero, lo dicho: el sacudón generado por el argumento del ahorro en negro y la apuesta al bitcoin es de tal magnitud que dejó escaso margen para correrse de la discusión. Y la salida, en el Senado, fue suspender la sesión prevista para este jueves y postergar el llamado al recinto para la semana próxima. Quedó claro que si no hay salida por parte del Gobierno, sería votada entonces la interpelación, para el 2 de julio, el día en que Adorni debería dar su informe de gestión. Y si todo empeora, entonces podría haber moción de censura.

La señal acordada por Patricia Bullrich con los jefes de bloques cercanos, y aceptada de hecho por el peronismo, deja una semana para la resolución del Presidente, y de Karina Milei, con el cortinado fondo que pinta el malestar de otros funcionarios. Las versiones y desmentidas sobre una inminente salida de Adorni alimentaron el clima del Congreso. Y corrieron la mirada también hacia Diputados, donde la oposición promovió una sesión especial para la semana que viene.

Hasta ayer mismo, las cuentas sobre la posibilidad de reunir quórum daban mal para los impulsores de la movida. Los más optimistas decían que estaban diez escalones por debajo de los 129 legisladores sentados en sus bancas. Otros estiraban la cifra a 14. Con un pero: se preguntan qué harán finalmente legisladores considerados aliados y hasta socios políticos de LLA. Si el número no fuera alcanzado, la mirada sería puesta en la lista de ausentes, por bloquear el inicio del camino a la interpelación. Sería contradictorio con las posiciones publicas expresadas en los últimos días por macristas, radicales y espacios como el MID y algunos provinciales.

Resulta difícil técnicamente que el pedido de sesión sea desactivado para centrar la expectativa en el Senado. Y eso, salvo alguna salida política que eluda el trámite formal, es un problema para los aliados, que vienen presionando para que Adorni renuncie. Por lo pronto, Bullrich anticipo que transmitiría al Gobierno, sin demoras, el cuadro real de la Cámara alta. Es un mensaje que añade ingredientes a la interna libertaria y, en rigor, a la relación con Karina Milei.

La extensión en el tiempo del caso Adorni despintó la intención oficialista de avanzar con temas propios en el Congreso. Los pasos son más lentos de lo imaginado en el inicio de las sesiones ordinarias, después de un verano exitoso para el Gobierno, en el terreno legislativo. En Diputados, el oficialismo tiene como objetivo el nuevo RIGI y también una muy cuestionada iniciativa sobre lobby. En el Senado, la lista es más extensa y complica proyectos que parecían cerrados por acuerdos, como el “blindaje” de propiedad privada.

El caso Adorni tiñe cada paso político del oficialismo, no sólo en el Congreso. El acto por el Día de la Bandera, el sábado que viene en Rosario, genera malestar entre los anfitriones frente a la posibilidad de que el funcionario encabece la comitiva que viajará junto al Presidente. Nada escapa a la serie del jefe de Gabinete.