Lilia Lemoine,Juan Ameri,La Libertad Avanza,Conforme a,La Libertad Avanza,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: su defensa a Adorni y la eliminación de las PASO,,Malestar en el Gabinete. Un analista político opinó sobre el rol de Bullrich en la interna del Gobierno y su estrategia: “Tiene aspiraciones”,,“Esto está durando demasiado”. Por qué Patricia Bullrich le “marca la cancha” a Milei en el caso Adorni, según un analista político

El pasado martes por la mañana, un grupo de trabajadores de una empresa privada realizó el ingreso al Anexo de la Cámara de Diputados con sus herramientas de trabajo y unos rollos de papel. Tomaron el ascensor que los depositó en el quinto piso del anexo A y se situaron frente a una oficina de reuniones cuya pared exterior era de vidrio transparente, y se dispusieron a realizar su trabajo.

Unas horas más tarde, el interior de la oficina ya no se podía ver como consecuencia de un “ploteo” autoadhesivo que había mandado a hacer el bloque de La Libertad Avanza en donde se veía en el extremo superior izquierdo el logo y el nombre de la fuerza política, en el centro una gigantografía de un león que con sus patas “abraza” la cúpula del Congreso de la Nación y a la derecha la bandera argentina. Todo con el fondo color violeta.

La oficina que supo ser usada por el PRO y la Coalición Cívica para recibir invitados y que ahora utiliza LLA para las reuniones del bloque, supo estar decorado con la bandera argentina,

Esto generó el rechazo de varios bloques legislativos de la oposición que presentaron proyectos de resolución repudiando la medida y exigiendo explicaciones de parte de las autoridades de la Cámara.

En las últimas horas ingresó un proyecto de resolución presentado por el diputado Carlos Daniel Castagneto, del bloque Unión por la Patria (UxP) por la provincia de Buenos Aires, en donde exige que la Cámara de Diputados exprese su “más enérgico repudio” ante la colocación de imágenes y símbolos del oficialismo en las oficinas con el argumento de que esa intervención viola los principios de neutralidad institucional que el propio Poder Ejecutivo Nacional estableció por decreto.

El proyecto de Castagneto apunta directamente a la contradicción que implica esa intervención respecto del Decreto N.º 1084/2024, publicado el 10 de diciembre de 2024 por el propio gobierno de Javier Milei. Esa norma establece que “la denominación y/o identificación de obras de infraestructura pública, monumentos, edificios, oficinas y espacios públicos no debería estar basada en intereses políticos partidarios, para no desvirtuar la finalidad y el significado cultural o histórico de dichos bienes y evitar provocar confusión entre lo público y lo partidario”.

El mismo decreto agrega que “deviene necesario delimitar la utilización de nombres propios en la denominación que se asigna a los bienes del Estado Nacional, con el fin de evitar que se asocie la acción estatal con la de una persona o de un partido político”. El legislador opositor sostiene que el ploteo del bloque oficialista en el Congreso contradice ese espíritu de forma directa.

En los fundamentos del proyecto, Castagneto también trajo a colación el Decreto 712/2024, que prohíbe el uso de aeronaves públicas para actividades ajenas al servicio del Estado. Al presentarlo, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni había declarado que “no se van a poder utilizar aviones públicos para traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública”. El diputado señaló que este antecedente forma parte de un patrón de contradicciones entre las normas que el Ejecutivo dicta y las conductas que luego despliega, en referencia al viaje de la mujer del Jefe de Gabinete a los Estados Unidos en el avión presidencial.

Pero esta no fue la única reacción. La diputada Florencia Carignano, también de Unión por la Patria por Santa Fe, publicó en redes sociales un video del espacio intervenido y criticó el uso del dinero. El legislador socialista Esteban Paulón también rechazó públicamente la medida. Desde la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade presentó una nota formal ante Menem para reclamar información sobre quién autorizó el ploteo, quién solicitó la intervención y de dónde provienen los fondos utilizados, con encuadre en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública Nacional.

Desde LLA le restaron trascendencia al reclamo de la oposición señalando que cada legislador puede decorar su espacio como crea conveniente y que el costo de contratación y colocación del ploteo fue costeado con fondos de diputados del bloque, no de la Cámara de Diputados.

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La Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio este jueves un nuevo respaldo judicial al Gobierno en la disputa por el financiamiento universitario y habilitó que el caso llegue de manera directa a la Corte Suprema.

La Sala III concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que lo obligaba a cumplir de inmediato con artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a salarios docentes y no docentes y a la actualización de becas.

La resolución, firmada por los jueces Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira, no revierte la cautelar vigente, pero sí abre la puerta para que el máximo tribunal intervenga en una de las principales disputas políticas y presupuestarias entre la Casa Rosada y el sistema universitario.

En el fallo, la Cámara sostuvo que, aunque la decisión apelada “no reviste el carácter de sentencia definitiva exigido por el art. 14 de la ley 48”, correspondía “pronunciarse en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa”.

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Los magistrados consideraron que el planteo del Ejecutivo involucra la interpretación de normas federales, entre ellas el artículo 5 de la ley 24.629, el artículo 38 de la ley 24.156 y el artículo 1° de la ley 27.798. Según indicaron, la decisión previa de la propia Cámara había sido “contraria a las peticiones y derechos que la recurrente fundó en ellas”.

El conflicto gira alrededor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución el Gobierno cuestiona desde que la vetó parcialmente en 2025 y luego volvió a objetar cuando el Congreso insistió con su sanción. La posición oficial sostiene que la norma no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla.

Ese argumento ya había sido rechazado por la propia Sala III el 31 de marzo pasado, cuando confirmó la cautelar dictada en primera instancia que ordenaba al Estado cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a salarios y becas. En aquella resolución, la Cámara entendió que el Gobierno no podía suspender la aplicación de una ley posterior del Congreso apoyándose en otra norma anterior de igual jerarquía.

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Pese a ese revés, la Casa Rosada insistió con la misma estrategia judicial y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En Balcarce 50 sostienen que la implementación de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria para evitar un impacto sobre el equilibrio fiscal.

En el nuevo fallo, la Cámara también rechazó el planteo del Gobierno respecto de una supuesta “gravedad institucional”. Los jueces afirmaron que la eventual intervención de la Corte “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional de la accionada”, sino que “sólo tiende a remediar un simple interés patrimonial de carácter individual”.

Además, el tribunal señaló que el Estado “tampoco ha demostrado la real y concreta frustración de un derecho federal”.

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La resolución deja así el expediente en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si toma el caso y qué alcance le da al reclamo del Ejecutivo. Mientras tanto, la discusión sobre la aplicación concreta de la ley sigue abierta.

En paralelo al frente judicial, el Gobierno mantiene negociaciones internas para impulsar una nueva ley que reduzca el costo fiscal de la norma vigente y permita rediscutir el esquema de financiamiento universitario en el Congreso. La intención oficial es sostener la actualización de partidas, pero distribuirla de manera gradual y mensual dentro del ejercicio presupuestario 2026.

Dentro del sistema universitario también existe expectativa sobre los tiempos y la modalidad de implementación. En sectores de la Universidad de Buenos Aires prevén que cualquier eventual erogación se realice de forma escalonada y no mediante un desembolso retroactivo total e inmediato. También consideran posible que la ejecución vuelva a demorarse por el nuevo recorrido judicial del expediente.

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