POLITICA
Financiamiento universitario: “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que obliga al Gobierno nacional a actualizar salarios y becas en las universidades públicas. El tribunal determinó que el Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada luego de más de dos años de reclamos sociales y litigios judiciales. La decisión afecta de manera directa a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país, quienes demandaron recursos para salarios y becas.
El conflicto comenzó ante la ausencia de presupuesto específico para las universidades. La ley surgió porque el Ejecutivo funcionaba con un presupuesto prorrogado, lo que generó un vacío sobre los fondos universitarios. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), subrayó en Infobae en Vivo que el reclamo social resultó “válido y justo”.
El fallo judicial determinó que salarios y becas tienen carácter alimentario, lo que exige su actualización inmediata. La Corte Suprema desestimó los argumentos del Gobierno y ratificó el fallo de cámara, así como la resolución de primera instancia, que ya había ordenado la recomposición.
Recorrido social y político del reclamo universitario
Cagnacci destacó el consenso social que acompañó el reclamo. “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”, afirmó. Las movilizaciones a lo largo del país demostraron, según el dirigente, que el apoyo trascendió ideologías y partidos políticos.
El secretario general remarcó que el sistema universitario unió a autoridades, docentes, no docentes y estudiantes en una causa común. “Están todos los colores políticos, y sin embargo, en cuanto a un reclamo real, todos salimos juntos”, explicó. Señaló además que el Gobierno intentó transformar el reclamo en una disputa partidaria, pero la sociedad mantuvo su apoyo.
Durante los dos años de conflicto, el Gobierno intentó desacreditar el reclamo con argumentos sobre supuestas irregularidades. Cagnacci indicó que “no llevaron nada a la justicia”, lo que, según su visión, evidenció la falta de sustento de esas acusaciones.
Auditorías y argumentos del Gobierno
El debate público incluyó cuestionamientos sobre auditorías universitarias. Funcionarios reclamaron la posibilidad de auditar los fondos. Sin embargo, según Cagnacci, las universidades realizan auditorías internas y externas de forma habitual.
La Auditoría General de la Nación (AGN) no avanzó en las auditorías externas por falta de representantes designados por la Cámara de Diputados. “El Gobierno trababa la posibilidad de generar esas auditorías”, afirmó Cagnacci. Añadió que “en cualquier instancia que tiene que ver con el dinero público tiene que ser auditada por todos y todas”.
Obligaciones presupuestarias y costo fiscal
La ley de financiamiento universitario implicó la reasignación de partidas presupuestarias, no la creación de fondos nuevos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la ley en 0,23% del Producto Bruto Interno en el momento de su sanción. Cagnacci explicó que el Congreso votó la ley para subsanar la falta de presupuesto que persistió por dos años.
El reclamo no se trató de una demanda partidaria, sino de una exigencia para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. “No era un reclamo contra el gobierno, sino un reclamo justo que tenía que ver con un proceso de no tener presupuesto”, afirmó el dirigente gremial.
El cumplimiento del fallo requiere que el jefe de gabinete reasigne los fondos necesarios para salarios y becas. “La Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, enfatizó Cagnacci.
Consecuencias del desfinanciamiento en las universidades públicas
El desfinanciamiento impactó de manera directa en el sistema universitario. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades perdieron 10 mil cargos docentes en dos años y medio. “No es solo se recupera con plata”, señaló Cagnacci. La pérdida de recursos humanos afecta la calidad educativa y la capacidad de formación.
El sector no docente, especialmente los hospitales universitarios, sufrió la salida de profesionales por el retraso salarial. Un médico residente en el Hospital de Clínicas percibía un millón doscientos mil pesos de bolsillo antes del último aumento. Cagnacci planteó la dificultad de sostener carreras profesionales en ese contexto.
El congelamiento de becas estudiantiles agravó la situación. La beca Progresar, la de mayor cobertura, permanece en treinta y cinco mil pesos, equivalentes a veintiocho mil pesos de bolsillo. “¿Qué familia puede solventar a un estudiante con ese monto?”, cuestionó Cagnacci. Remarcó que la actualización ordenada por la Corte incluye la recomposición total de esas becas.
Actualizaciones salariales y próximas medidas
El 10 de junio, las partes firmaron un acta paritaria que dispuso un aumento salarial del 24,3%, aunque Cagnacci aclaró que aún resta recomponer cerca del 30% en términos salariales. El acuerdo paritario y el fallo judicial son procesos independientes. La actualización de becas, según el dirigente, sigue pendiente.
Al mismo tiempo advirtió que el Gobierno puede utilizar parte del aumento paritario para cumplir con la obligación judicial, pero la recomposición debe alcanzar los valores de diciembre de 2023. La situación de las becas, especialmente la Progresar, exige una actualización completa.
El secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA consideró que la calidad de la democracia se mide por el cumplimiento de las decisiones judiciales. “Acá la Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, reiteró. La expectativa recae en la ejecución efectiva de la decisión de la Corte Suprema y en la recuperación del sistema universitario tras el fallo.
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POLITICA
El Gobierno porteño aseguró que arreglar los destrozos en el Congreso costará $468 millones
Después de los graves incidentes ocurridos anoche en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que arreglar los destrozos costará $468 millones.
El Gobierno porteño tuvo que desplegar un operativo especial para restaurar la zona durante la madrugada con trabajos de limpieza y reparación que ya concluyeron.
Entre los principales destrozos se registraron contenedores quemados, veredas rotas y tres patrulleros vandalizados: dos autos y una camioneta.
Cómo se distribuyen los costos de los daños
El Gobierno porteño detalló el desglose de los gastos necesarios para devolver la zona a su estado original. El rubro más costoso fue la reparación del pasto, que demandó $270 millones.
La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, sumó $130 millones.
Por su parte, el arreglo del equipamiento urbano implicó otros $38 millones, mientras que la reposición de plantas requirió $30 millones.
El operativo de limpieza y los daños a vehículos policiales
A pesar de la magnitud de los destrozos, la Ciudad logró limpiar la zona en pocas horas. Los equipos de limpieza trabajaron durante la madrugada para retirar escombros y reparar los daños más urgentes.
Además de los daños en el espacio público, los incidentes dejaron vidrios rotos en dos patrulleros y una camioneta policial, lo que sumó más complicaciones al operativo de recuperación.
La marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes y al menos 26 detenidos
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un fuerte enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes que se extendió durante varias horas desde las 17 y siguió hasta pasadas las 21. Se contabilizaban al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos policías.
Todo comenzó al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras unas primeras horas de marcha pacífica, la policía lanzó gases y camiones hidrantes contra manifestantes que buscaban tirar las vallas.
La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio.
Los incidentes comenzaron recién alrededor de las 17, cuando varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarles escombros a las fuerzas federales. Hubo al menos nueve detenidos, según un reporte policial de las 21.
Seguridad desplegó la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitó solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
Las fuerzas desconcentraron la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. También se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegó a apostar un camión hidrante sobre las vías del metrobus.
Según se informó desde el gobierno de Jorge Macri, una oficial de la policía de la Ciudad resultó herida “con traumatismo en un codo por un piedrazo”. Los efectivos porteños intervinieron para repeler manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Y rompieron los vidrios de un patrullero”, se informó.
Congreso, Incidentes, gobierno de la Ciudad
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: tras su visita a Ecuador, el Presidente ya está en Colombia para la asunción de Abelardo De la Espriella
Todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei minuto a minuto:
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«No sirve de nada tener equilibrio fiscal si no hay un equilibrio social», la advertencia de uno de los jefes de la CGT al Gobierno
Marina DevitaBio completa
POLITICA
Kicillof fue a la misa por San Cayetano, se refirió a la sesión del Senado y apuntó contra Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió este viernes a la misa por San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y se refirió a la sesión del Senado en la que el oficialismo consiguió media sanción del proyecto de propiedad privada (sin el polémico capítulo de extranjerización de tierras). Además, apuntó contra el presidente Javier Milei por el nivel de los salarios y aseguró que “con tres clics” el Gobierno puede endeudar el país.
Al ser abordado por la prensa, el mandatario bonaerense condenó el operativo policial en el Congreso durante las protestas de distintas organizaciones para manifestarse contra el proyecto libertario. “Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases. Ayer fue una movilización convocada desde muchísimos sectores. Quisieron desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia”, marcó.
Sobre la ley, expresó: “La fueron cambiando, no sé si quedó un 10% [de lo que era]. Quedó un gobierno que no escucha. Quieren anotarse triunfos sobre temas como esas leyes ómnibus que al final lo que provocan es que sectores más amplios se vayan dando cuenta de que hay que defender la soberanía, que no pueden rematar el país favoreciendo intereses extranjeros. Creo que se está despertando un sector que dice que este modelo nos lleva a un callejón sin salida, a un desastre”.
Además, se refirió a la microeconomía y a la mora de los argentinos, que subió por 19 meses consecutivos y llegó a alcanzar al 12,8% de las familias, según datos que surgen de la consultora 1816 sobre la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu). “El lío lo armó Milei, no es la gente que irresponsablemente se endeuda. Esto creció. Tiene que ver con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas por las decisiones que toma el Gobierno. La tasa de interés y las condiciones financieras hacen que con tres clics se puedan endeudar. ¿Para quién gobiernan? Para la timba”, completó Kicillof.
Mientras se debatía el proyecto el jueves en la Cámara alta, la manifestación en rechazo a la iniciativa terminó con incidentes entre grupos que arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad cuando ya se habían desconcentrado la mayoría de los manifestantes.
La iniciativa de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra tras un extenso debate que duró más de diez horas. Casi el mismo resultado se registró en la votación en particular de los cuatro capítulos sobrevivientes de la iniciativa.
Si bien se mantenía la protección sobre bosques nativos y reservas forestales, entre los bloques de fuerzas provinciales y algunos senadores patagónicos comenzó a crecer la resistencia a levantar la prohibición para disponer de los predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por un siniestro.
Sin los votos para aprobarlo, el oficialismo terminó pidiendo la eliminación del capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego. Ese fue el segundo apartado que debió resignar el oficialismo en las últimas 48 horas, después de que el martes anunciara que no iba a insistir con la idea de relajar los límites a la venta de tierras productivas a personas físicas y jurídicas extranjeras.
Así, la iniciativa quedó reducida a tan sólo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad. Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
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