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POLITICA

Financiamiento universitario: “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”

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La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que obliga al Gobierno nacional a actualizar salarios y becas en las universidades públicas. El tribunal determinó que el Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada luego de más de dos años de reclamos sociales y litigios judiciales. La decisión afecta de manera directa a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país, quienes demandaron recursos para salarios y becas.

El conflicto comenzó ante la ausencia de presupuesto específico para las universidades. La ley surgió porque el Ejecutivo funcionaba con un presupuesto prorrogado, lo que generó un vacío sobre los fondos universitarios. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), subrayó en Infobae en Vivo que el reclamo social resultó “válido y justo”.

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El fallo judicial determinó que salarios y becas tienen carácter alimentario, lo que exige su actualización inmediata. La Corte Suprema desestimó los argumentos del Gobierno y ratificó el fallo de cámara, así como la resolución de primera instancia, que ya había ordenado la recomposición.

Recorrido social y político del reclamo universitario

Cagnacci destacó el consenso social que acompañó el reclamo. “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”, afirmó. Las movilizaciones a lo largo del país demostraron, según el dirigente, que el apoyo trascendió ideologías y partidos políticos.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada tras más de dos años de reclamos sociales y litigios por el presupuesto universitario EFE/ Adan González

El secretario general remarcó que el sistema universitario unió a autoridades, docentes, no docentes y estudiantes en una causa común. “Están todos los colores políticos, y sin embargo, en cuanto a un reclamo real, todos salimos juntos”, explicó. Señaló además que el Gobierno intentó transformar el reclamo en una disputa partidaria, pero la sociedad mantuvo su apoyo.

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Durante los dos años de conflicto, el Gobierno intentó desacreditar el reclamo con argumentos sobre supuestas irregularidades. Cagnacci indicó que “no llevaron nada a la justicia”, lo que, según su visión, evidenció la falta de sustento de esas acusaciones.

Auditorías y argumentos del Gobierno

El debate público incluyó cuestionamientos sobre auditorías universitarias. Funcionarios reclamaron la posibilidad de auditar los fondos. Sin embargo, según Cagnacci, las universidades realizan auditorías internas y externas de forma habitual.

La Auditoría General de la Nación (AGN) no avanzó en las auditorías externas por falta de representantes designados por la Cámara de Diputados. “El Gobierno trababa la posibilidad de generar esas auditorías”, afirmó Cagnacci. Añadió que “en cualquier instancia que tiene que ver con el dinero público tiene que ser auditada por todos y todas”.

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Obligaciones presupuestarias y costo fiscal

La ley de financiamiento universitario implicó la reasignación de partidas presupuestarias, no la creación de fondos nuevos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la ley en 0,23% del Producto Bruto Interno en el momento de su sanción. Cagnacci explicó que el Congreso votó la ley para subsanar la falta de presupuesto que persistió por dos años.

El reclamo no se trató de una demanda partidaria, sino de una exigencia para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. “No era un reclamo contra el gobierno, sino un reclamo justo que tenía que ver con un proceso de no tener presupuesto”, afirmó el dirigente gremial.

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El cumplimiento del fallo requiere que el jefe de gabinete reasigne los fondos necesarios para salarios y becas. “La Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, enfatizó Cagnacci.

Consecuencias del desfinanciamiento en las universidades públicas

El desfinanciamiento impactó de manera directa en el sistema universitario. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades perdieron 10 mil cargos docentes en dos años y medio. “No es solo se recupera con plata”, señaló Cagnacci. La pérdida de recursos humanos afecta la calidad educativa y la capacidad de formación.

El sector no docente, especialmente los hospitales universitarios, sufrió la salida de profesionales por el retraso salarial. Un médico residente en el Hospital de Clínicas percibía un millón doscientos mil pesos de bolsillo antes del último aumento. Cagnacci planteó la dificultad de sostener carreras profesionales en ese contexto.

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El congelamiento de becas estudiantiles agravó la situación. La beca Progresar, la de mayor cobertura, permanece en treinta y cinco mil pesos, equivalentes a veintiocho mil pesos de bolsillo. “¿Qué familia puede solventar a un estudiante con ese monto?”, cuestionó Cagnacci. Remarcó que la actualización ordenada por la Corte incluye la recomposición total de esas becas.

Cagnacci sostuvo que las universidades públicas realizan auditorías internas y externas, mientras la AGN no avanzó por falta de representantes en Diputados - Rs Fotos

Actualizaciones salariales y próximas medidas

El 10 de junio, las partes firmaron un acta paritaria que dispuso un aumento salarial del 24,3%, aunque Cagnacci aclaró que aún resta recomponer cerca del 30% en términos salariales. El acuerdo paritario y el fallo judicial son procesos independientes. La actualización de becas, según el dirigente, sigue pendiente.

Al mismo tiempo advirtió que el Gobierno puede utilizar parte del aumento paritario para cumplir con la obligación judicial, pero la recomposición debe alcanzar los valores de diciembre de 2023. La situación de las becas, especialmente la Progresar, exige una actualización completa.

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El secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA consideró que la calidad de la democracia se mide por el cumplimiento de las decisiones judiciales. “Acá la Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, reiteró. La expectativa recae en la ejecución efectiva de la decisión de la Corte Suprema y en la recuperación del sistema universitario tras el fallo.

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POLITICA

Pierde impulso un viejo anhelo de Milei para la industria del fútbol

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Como sucedió con la ley de financiamiento universitario o temporalmente con el corazón de la reforma laboral, el Gobierno encontró en la Justicia un freno a iniciativas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23), oficializado cuando Javier Milei llevaba apenas diez días en el poder. En ese megadecreto, denominado por el Presidente como “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, se habilitó la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sin embargo, la normativa se encuentra hoy suspendida a la espera de una definición de la Corte Suprema sobre su constitucionalidad tras el revés en instancias judiciales inferiores.

En plena fiebre mundialista, en por lo menos un despacho oficial se apila un borrador con 12 puntos para reimpulsar las SAD mediante un proyecto de ley, aunque se busca que esta vez se limite exclusivamente a los clubes de fútbol. Al nuevo bosquejo, que por ahora tiene destino de cajón, lo acercó el empresario Guillermo Tofoni, de aceitados nexos con la FIFA y el macrismo.

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Tofoni estuvo recientemente en los Estados Unidos por el Mundial y fue testigo privilegiado del imponente show desplegado por la FIFA en el país de Trump. Aprovechó el contexto para participar de un foro organizado en Miami por el Instituto Interamericano para la Democracia, cuyo título fue “Fútbol, corrupción y justicia”. El empresario expuso allí ante periodistas y políticos su enfrentamiento judicial con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a quienes acusa de haberlo estafado por haber interrumpido un supuesto contrato por la organización de los partidos del seleccionado que lidera Lionel Messi. El empresario apuntó directamente a Claudio “Chiqui” Tapia, quien, al igual que el histórico Julio Humberto Grondona, logró alinear casi de manera unánime a todos los presidentes de los clubes en una postura de resistencia frente al eventual avance de las SAD.

Tofoni se acercó a la gestión de La Libertad Avanza a partir de sus vínculos con Mauricio Macri, pero lo que verdaderamente allanó el camino fue una serie de columnas que el empresario escribió en 2023 en El Cronista Comercial y que fueron replicadas por Milei en sus redes sociales. Los títulos de dos de esos textos fueron “Dolarización y fútbol: tierra prometida” o “Se abrió el Mar Rojo y ahora hay que cruzarlo”, cuyo eje era aprovechar el boom por el Mundial ganado en Qatar 2022 para fortalecer el negocio del fútbol en el país. Es decir, Tofoni buscó por entonces sembrar en la opinión pública el debate sobre las SAD ante la posibilidad real de que Milei podía desbancar al peronismo de la Casa Rosada. “Las SAD darían garantías jurídicas y seguridad para los inversores. El fútbol es un negocio que podría generar ingresos al país de entre 3000 y 4000 millones de dólares. Es una suerte de Vaca Muerta”, dice convencido el empresario, titular de la firma Word Eleven.

La diputada nacional Juliana Santillán había sido habilitada por Milei para liderar la cruzada libertaria a favor de las SAD, según dijo Tofoni a . Sin embargo, el proyecto de ley sobre las SAD en el fútbol todavía no se elaboró y no hay visos de que se vaya a cristalizar en el corto plazo. En el bloque libertario de Diputados, el tema está en los planes, pero no sería hoy una prioridad, según confiaron fuentes legislativas. Las prioridades son hoy la eliminación o suspensión de las elecciones primarias para 2027, reformar la carta orgánica del Banco Central y la ley de presupuesto para el año que viene.

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La diputada libertaria Juliana Santillán junto al empresario estadounidense Foster Gillette, acusado de haber estafado a los clubes Estudiantes, Vélez y River@SantilanJuli223

El subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, se desentendió de la iniciativa. “De eso se encarga Daniel Scioli”, respondió, seco y tajante. Pero un asesor del subsecretario de Ambiente y Turismo también tomó distancia del asunto. Scioli, sin embargo, había sido uno de los primeros defensores de las SAD junto con Santillán y Federico Sturzenegger en una serie de encuentros que habían tenido con Tofoni y otros empresarios del fútbol entre 2024 y 2025. Scioli y Santillán habrían decidido correrse de la maniobra por las SAD tras haber apoyado al empresario estadounidense Foster Gillett, quien desembarcó con inversiones en los clubes argentinos y afronta denuncias por presuntas estafas de Estudiantes, River y Vélez. La apuesta libertaria por Foster no solo dejó mal parados a Santillán, Scioli y Sturzenegger, sino que agudizó el enfrentamiento entre la Casa Rosada y la AFA.

El reverdecer del debate por las SAD amenaza con romper la unidad nacional que se logró en las calles con la clasificación del seleccionado a la final del Mundial. No es casualidad que los jugadores, el técnico Lionel Scaloni, Tapia y hasta buena parte de los comunicadores deportivos hayan reforzado tras la victoria frente a Inglaterra la importancia del rol social y deportivo de los clubes como semillero de esos ídolos que jugarán mañana la final con España en Nueva Jersey. Es una discusión deportiva, pero también política. La pasión no se vende. ¿Surge un nuevo eslogan para la oposición a Milei?

Juliana Santillán y Daniel Scioli, dos oficialistas que hasta hace poco impulsaban las SAD y que ahora toman distanciaInstagram

Lo cierto es que en el Gobierno no estarían ahora decididos a impulsar las SAD en el corto plazo, a pesar de que para Milei fue un tema de “necesidad y urgencia”, según su primer megadecreto. En la Casa Rosada saben que no es el momento oportuno para rivalizar con Chiqui Tapia, según tres fuentes oficiales consultadas por . “Veremos si el año que viene el Gobierno se anima a presentar un proyecto de ley para las SAD exclusivo para el fútbol. Es cuestión de tiempo”, no se resigna Tofoni, que conserva sus lazos con el oficialismo.

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En sus últimas apariciones públicas, Tapia volvió a ponerse al frente de la resistencia contra las SAD. Es parte de su pulseada con el Gobierno, que lo denunció en la Justicia a él y a otros dirigentes de la AFA por presunta evasión impositiva de $19.000 millones. En esta causa, Tapia y Pablo Toviggino están procesados, aunque la verdadera preocupación, sobre todo la del tesorero, es saber qué pasará con el expediente que investiga si los dueños de una lujosa quinta de Pilar oficiaron de testaferros de la AFA. En ese expediente, que se volvió un insólito pasamanos judicial, intervinieron 13 magistrados en siete meses y no hubo aún ningún indagado. Estas dilaciones reactivaron las sospechas sobre los vínculos de la Justicia, entre ellos el del ministro Juan Bautista Mahiques, con las autoridades del fútbol.

A pesar de estar por primera vez amenazado por la justicia, Tapia calcula que el éxito del seleccionado le puede servir de atajo para salir indemne de los tribunales. Lo escenifica con publicaciones risueñas y desafiantes en redes sociales, pero también lo comenta seriamente entre familiares y dirigentes del fútbol y la política.

Su influencia cruzó las fronteras del deporte: sumó a jueces federales a organismos de la AFA y su nombre en el peronismo comenzó a ser barajado para una eventual candidatura a gobernador de Buenos Aires, según reconstruyó de conversaciones de intendentes y sindicalistas. Su vínculo con Axel Kicillof es muy bueno y quedó en evidencia con la maniobra para mudar la sede de la AFA a la provincia para evitar una posible intervención de la Inspección General de Justicia.

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Kicillof y Chiqui Tapia, el 6 de diciembre, al firmar un convenio para que la AFA utilice el Estadio Único de La Plata «Diego Armando Maradona»Prensa PBA

Tapia nació en San Juan y eso le pesa: deslizaron en su entorno que si alguna vez decide jugar en política, tal vez lo haga allí. Sin embargo, otras fuentes de trato más cotidiano lo ven compitiendo en Buenos Aires, con el apoyo de los caciques del conurbano. A por lo menos 45 de ellos los conoce por su rol de presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana del Estado (Ceamse), el basural controlado más grande de Buenos Aires, una terminal más de su poder. Llegó a ese sillón de la mano de Hugo Moyano y Diego Santilli, cuando el hoy jefe de Gabinete de Milei era ministro porteño de Macri y negoció los contratos de recolección de basura en la Ciudad con el Sindicato de Camioneros.

Tapia, con los intendentes De Achával, Otermín, Mantegazza y Granados; todos son del PJCeamse

Sin dudas, un hombre determinante en la vida de Tapia fue Moyano. Era delegado gremial de la rama de recolección de basura del Sindicato de Camioneros cuando conoció a Paola Moyano, una de las hijas del jefe sindical, con la que tuvo dos hijos y recorrió el mundo. Una vez que forjó su pareja, se incorporó al clan y escaló hasta secretario de Organización del gremio. Pero una pelea con Pablo Moyano, con quien hoy recompuso su vínculo, lo empujó a irse del sindicato. Fue así como recaló en el Ceamse, donde convive con intendentes del conurbano, el jefe de gobierno porteño y un sindicato propio de casi 1000 personas.

Sindicalista, yerno de Moyano, gestor deportivo, empleado público y privado y próspero empresario. Todo eso es Chiqui Tapia, un dirigente de un club de barrio que en 2022, tras la consagración en Qatar, se sintió más poderoso que el propio Gobierno. Compartirá mañana en Nueva Jersey el palco central con Donald Trump y el lunes regresará a Buenos Aires, tal vez con la guardia en alto y aire desafiante, como su último mensaje en redes: “Me secan la nuca”.

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POLITICA

La Justicia rechazó un pedido de Cristina Kirchner para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes un planteo de la expresidenta Cristina Kirchner para que la Corte Suprema revisara las condiciones impuestas para cumplir la prisión domiciliaria en la causa Vialidad. La decisión mantiene las restricciones fijadas cuando comenzó a ejecutar la condena a seis años de prisión.

El recurso extraordinario había sido presentado por la defensa con el objetivo de que el máximo tribunal analizara tres aspectos de su detención: la obligación de usar una tobillera electrónica, el régimen de visitas autorizado por la Justicia y la posibilidad de acceder a la terraza del edificio de San José 1111, donde permanece bajo arresto domiciliario.

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Por mayoría, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron que el planteo no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema y lo declararon inadmisible.

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta).

En su voto, Hornos sostuvo que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva y remarcó que la defensa no acreditó la existencia de un perjuicio irreparable que justificara la revisión extraordinaria. Además, señaló que las condiciones de la prisión domiciliaria pueden ser modificadas por el juez de ejecución si las circunstancias del caso así lo ameritan.

Leé también: La interna entre La Cámpora y Kicillof tuvo su primer duelo sindical: el kirchnerismo ganó la elección en un gremio de La Matanza

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Barroetaveña coincidió con esa postura y afirmó que los argumentos de la defensa expresaban un desacuerdo con resoluciones adoptadas por instancias anteriores, pero no demostraban una afectación concreta de garantías constitucionales que habilitara la intervención del máximo tribunal.

La posición fue distinta a la del juez Mariano Borinsky, quien votó en disidencia. A su criterio, el recurso sí planteaba cuestiones de naturaleza constitucional vinculadas con las restricciones impuestas durante el arresto domiciliario. En ese sentido, consideró que correspondía habilitar la instancia para que la Corte analizara si las medidas afectan derechos como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.

Con esta resolución, continúan vigentes las condiciones bajo las cuales Fernández de Kirchner cumple la prisión domiciliaria desde junio del año pasado cuando quedó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

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La defensa de la exmandataria todavía puede recurrir directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, una vía procesal que permitiría solicitar que el máximo tribunal revise la decisión adoptada por la Cámara de Casación.

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POLITICA

Un juez de la Corte brasileña endurece el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro y frustraría la visita de Milei

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Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño impuso este viernes nuevas restricciones al régimen de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro que frenaron los planes del presidente argentino, Javier Milei, de visitar al expresidente brasileño la semana próxima en su residencia de Brasilia.

En una decisión firmada este viernes, el juez Alexandre de Moraes suspendió por 30 días todos los derechos de visita de Bolsonaro —quien cumple prisión domiciliaria humanitaria tras ser condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022— e impuso un veto estricto a cualquier encuentro de carácter “político-electoral” hasta que concluyan las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para octubre.

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La resolución judicial no responde de manera directa a la petición formal que la defensa del exmandatario brasileño había presentado este mismo viernes para autorizar el ingreso de Milei y su comitiva -que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno-, la tarde del próximo sábado 25 de julio. Los abogados argumentaron ante el STF que se trataba de una “visita oficial” de un jefe de Estado extranjero, coordinada previamente con la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

El propio Milei había dicho en declaraciones radiales que pretendía realizar un “paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”.

Sin embargo, al dictar un endurecimiento general de las condiciones de detención, el fallo de Moraes se prepara para sepultar de antemano cualquier posibilidad de que la solicitud específica sobre el mandatario argentino prospere, dado que el nuevo marco legal prohíbe taxativamente las reuniones políticas.

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La postura del magistrado apaga así el foco más caliente del viaje de Milei a Brasil, concebido para dar un fuerte respaldo político a la campaña de Flávio Bolsonaro, senador e hijo del exmandatario, coincidiendo con la convención partidaria del Partido Liberal (PL) en San Pablo que pretende oficializarlo como candidato al Planalto.

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro.Presidencia

Las nuevas restricciones no se originaron como una reacción a la agenda de la comitiva argentina, sino como castigo a una violación de las medidas cautelares por parte del líder de la derecha brasileña.

La semana pasada, Bolsonaro utilizó a su hijo Flávio como “vocero” para difundir en redes sociales una “Carta a los brasileños”. En el texto, el exmandatario llamaba abiertamente a apoyar la precandidatura presidencial del senador, desafiando la prohibición expresa de utilizar las plataformas digitales por sí o a través de terceros.

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Moraes calificó de “contradictoria” y “no plausible” la defensa de Bolsonaro, que alegaba desconocer que la carta sería publicada. “El texto comprueba claramente que pretendía comunicarse con sus seguidores”, señaló el juez en su fallo, recordando que el exjefe de Estado tiene sus derechos políticos suspendidos.

Para desarmar los reclamos de la defensa sobre una supuesta “incomunicación”, el magistrado incluyó una radiografía del día a día en la residencia. Precisó que, desde que accedió al beneficio de la prisión domiciliaria en marzo pasado por razones de salud, Bolsonaro recibió 185 visitas, entre ellas 31 de sus hijos (18 de las cuales correspondieron al propio Flávio).

Moraes remarcó que la situación del líder de derecha, pese a la gravedad de los delitos cometidos contra el Estado democrático de derecho, es “incomparablemente más benéfica” que la de las más de 705.000 personas recluidas en las cárceles físicas de Brasil.

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“Los beneficios de su prisión domiciliaria humanitaria no pueden acarrear privilegios contrarios a la legislación”, sentenció el juez del STF.

Milei se involucra en la campaña

Según confiaron a fuentes de la presidencia argentina, la agenda de Milei se concentrará ahora exclusivamente en el motor económico del país. El presidente pretende llegar a San Pablo el viernes 24 para participar, el sábado 25, en el evento donde el PL oficializará la postulación presidencial del hijo del exmandatario.

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En suelo paulista, Milei también busca un encuentro de alto contenido político con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestructura de Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De Freitas es el amplio favorito para reelegirse como gobernador paulista en los comicios regionales de octubre.

Con las puertas de la residencia bolsonarista cerradas por orden judicial en Brasilia, el presidente argentino se quedará sin la foto principal de su itinerario, en un escenario donde la justicia brasileña dejó en claro que no tolerará la importación de actos de campaña extranjeros en el cumplimiento de la condena penal.




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