POLITICA
Financiamiento universitario: “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que obliga al Gobierno nacional a actualizar salarios y becas en las universidades públicas. El tribunal determinó que el Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada luego de más de dos años de reclamos sociales y litigios judiciales. La decisión afecta de manera directa a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país, quienes demandaron recursos para salarios y becas.
El conflicto comenzó ante la ausencia de presupuesto específico para las universidades. La ley surgió porque el Ejecutivo funcionaba con un presupuesto prorrogado, lo que generó un vacío sobre los fondos universitarios. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), subrayó en Infobae en Vivo que el reclamo social resultó “válido y justo”.
El fallo judicial determinó que salarios y becas tienen carácter alimentario, lo que exige su actualización inmediata. La Corte Suprema desestimó los argumentos del Gobierno y ratificó el fallo de cámara, así como la resolución de primera instancia, que ya había ordenado la recomposición.
Recorrido social y político del reclamo universitario
Cagnacci destacó el consenso social que acompañó el reclamo. “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”, afirmó. Las movilizaciones a lo largo del país demostraron, según el dirigente, que el apoyo trascendió ideologías y partidos políticos.

El secretario general remarcó que el sistema universitario unió a autoridades, docentes, no docentes y estudiantes en una causa común. “Están todos los colores políticos, y sin embargo, en cuanto a un reclamo real, todos salimos juntos”, explicó. Señaló además que el Gobierno intentó transformar el reclamo en una disputa partidaria, pero la sociedad mantuvo su apoyo.
Durante los dos años de conflicto, el Gobierno intentó desacreditar el reclamo con argumentos sobre supuestas irregularidades. Cagnacci indicó que “no llevaron nada a la justicia”, lo que, según su visión, evidenció la falta de sustento de esas acusaciones.
Auditorías y argumentos del Gobierno
El debate público incluyó cuestionamientos sobre auditorías universitarias. Funcionarios reclamaron la posibilidad de auditar los fondos. Sin embargo, según Cagnacci, las universidades realizan auditorías internas y externas de forma habitual.
La Auditoría General de la Nación (AGN) no avanzó en las auditorías externas por falta de representantes designados por la Cámara de Diputados. “El Gobierno trababa la posibilidad de generar esas auditorías”, afirmó Cagnacci. Añadió que “en cualquier instancia que tiene que ver con el dinero público tiene que ser auditada por todos y todas”.
Obligaciones presupuestarias y costo fiscal
La ley de financiamiento universitario implicó la reasignación de partidas presupuestarias, no la creación de fondos nuevos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la ley en 0,23% del Producto Bruto Interno en el momento de su sanción. Cagnacci explicó que el Congreso votó la ley para subsanar la falta de presupuesto que persistió por dos años.
El reclamo no se trató de una demanda partidaria, sino de una exigencia para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. “No era un reclamo contra el gobierno, sino un reclamo justo que tenía que ver con un proceso de no tener presupuesto”, afirmó el dirigente gremial.
El cumplimiento del fallo requiere que el jefe de gabinete reasigne los fondos necesarios para salarios y becas. “La Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, enfatizó Cagnacci.
Consecuencias del desfinanciamiento en las universidades públicas
El desfinanciamiento impactó de manera directa en el sistema universitario. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades perdieron 10 mil cargos docentes en dos años y medio. “No es solo se recupera con plata”, señaló Cagnacci. La pérdida de recursos humanos afecta la calidad educativa y la capacidad de formación.
El sector no docente, especialmente los hospitales universitarios, sufrió la salida de profesionales por el retraso salarial. Un médico residente en el Hospital de Clínicas percibía un millón doscientos mil pesos de bolsillo antes del último aumento. Cagnacci planteó la dificultad de sostener carreras profesionales en ese contexto.
El congelamiento de becas estudiantiles agravó la situación. La beca Progresar, la de mayor cobertura, permanece en treinta y cinco mil pesos, equivalentes a veintiocho mil pesos de bolsillo. “¿Qué familia puede solventar a un estudiante con ese monto?”, cuestionó Cagnacci. Remarcó que la actualización ordenada por la Corte incluye la recomposición total de esas becas.

Actualizaciones salariales y próximas medidas
El 10 de junio, las partes firmaron un acta paritaria que dispuso un aumento salarial del 24,3%, aunque Cagnacci aclaró que aún resta recomponer cerca del 30% en términos salariales. El acuerdo paritario y el fallo judicial son procesos independientes. La actualización de becas, según el dirigente, sigue pendiente.
Al mismo tiempo advirtió que el Gobierno puede utilizar parte del aumento paritario para cumplir con la obligación judicial, pero la recomposición debe alcanzar los valores de diciembre de 2023. La situación de las becas, especialmente la Progresar, exige una actualización completa.
El secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA consideró que la calidad de la democracia se mide por el cumplimiento de las decisiones judiciales. “Acá la Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, reiteró. La expectativa recae en la ejecución efectiva de la decisión de la Corte Suprema y en la recuperación del sistema universitario tras el fallo.
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POLITICA
Adorni compró aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él

En agosto del año pasado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos, mucho más que su sueldo de ese mes. La compra fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas, que pertenecen a dos empleados públicos que trabajaban a sus órdenes dentro de la estructura de la Vocería Presidencial, según informaron a fuentes oficiales con acceso a los registros.
El monitor gamer fue comprado el 19 de agosto pasado. Costó $2.184.999,05 y figura en los documentos de Mercado Libre como pagado con una tarjeta cuya titular es Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, precisaron las fuentes.
Shiuma había sido ascendida en 2024, siempre dentro de la estructura que respondía a Adorni. Antes, su cargo fue de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la misma subsecretaría.
En cuanto a los proyectores, aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes, cuyo titular, en los dos casos, es Luis Enrique Aluju, que al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, según la resolución de designación publicada en el Boletín Oficial.
Los proyectores, según las constancias, costaron 1.831.795 pesos cada uno. Son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV. En cuanto al monitor, es un Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4k 240hz Apps Xbox. Al momento de esas compras, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones de pesos.
Tanto Aluju como Schiuma figuran como nombrados con cargos transitorios, no como parte de la planta permanente del Estado.
envió mensajes ayer a Adorni para consultarle por estas compras, pero no recibió respuesta.
La Justicia tiene constancias, además, de otra compra sospechosa que Adorni hizo a través de una funcionaria pública que se desempeñaba a sus órdenes. El 2 de junio del año pasado, Gisela Kocsis pagó en efectivo $8.183.383 pesos en un local de sommiers y ropa blanca. La compra era para la casa que los Adorni habían adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua. Según los investigadores, en esa época el funcionario estaba equipando su recidencia de fin de semana. La factura a nombre de Kocsis fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar, el contratista que se encargó de la remodelación de esa casa del jefe de Gabinete.
El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía de Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación del patrimonio de Adorni. En ese teléfono no solo hay datos sobre los gastos del funcionario; también encontraron mensajes en los que el jefe de Gabinete invita a Tabar a coordinar lo que iba a declarar en la Justicia, según supo de fuentes del caso. Todo indica que Tabar no aceptó. Su testimonio complicó como ningún otro a Adorni porque reveló que solo en la remodelación de Indio Cua el funcionario y su mujer gastaron 245.929 dólares en efectivo.
El fanatismo gamer
Adorni es fanático de los videojuegos. Antes de asumir como funcionario de Javier Milei, solía hacer transmisiones vía streaming jugando e interactuando con otros jugadores.
En una entrevista con Perfil, Adorni se definió como un “retrogamer”. “Yo colecciono Commodor 64 y ColecoVision porque fue lo que tenía de chico. Cuando era niño, me costaba mucho conseguirlas porque teníamos una posición económica de clase media y las computadoras eran muy caras“, dijo Adroni entonces. En esa entrevista contó que desde los 16 años juega “al Age» (en alusión al juego de estrategia Age of Empires, sobre la Edad Media).
En un video disponible en YouTube, se ve a Adorni contando cómo, cuando era más joven, pasaba días enteros con sus amigos y sus computadoras. “Nos juntábamos en alguna casa a jugar uno o dos días de corrido, sin dormir, sin nada, comiendo delivery cada ocho horas”, relata, mientras explora una nueva versión sobre el Age of Empires. En ese video, que dura más de una hora, Adorni explica cómo es el juego y agradece los “cafecitos” (contribuciones económicas voluntarias) que le van llegando.
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POLITICA
La decisión que tomó el juez de Campana con la causa por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino

El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, envió a la Justicia porteña el expediente de la causa por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La jueza en lo Penal Económico N°10, Verónica Straccia, ya recibió la documentación en formato digital, según confirmaron desde el propio juzgado.
Sin embargo, una parte de las actuaciones todavía no está digitalizada y deberá ser trasladada físicamente en un camión de las fuerzas federales.
La remisión del expediente se produjo después de que la Cámara en lo Penal Económico ratificara que la investigación debía quedar radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10 y reclamara el envío de la causa desde Campana.
El caso investiga a Luciano Nicolás Pantano y a su madre, Ana Conte, quienes figuran como dueños de Real Central S.R.L., la empresa que aparece como propietaria de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar.
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En distintos allanamientos realizados en la propiedad fueron encontrados 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. Una tasación valuó el predio en 20 millones de dólares.
Según los investigadores, ni Pantano ni Conte tienen un perfil patrimonial acorde con la adquisición del inmueble. La hipótesis de la pesquisa sostiene que ambos habrían actuado como testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La propiedad fue adquirida en mayo de 2024 por Real Central S.R.L., sociedad que originalmente se llamaba Central Parks Drinks S.R.L. y que, de acuerdo con la investigación, tenía escasa actividad y un capital social de 300.000 pesos. El 16 de mayo de ese año la firma cambió su denominación a Real Central S.R.L. y elevó su capital a 58 millones de pesos. Catorce días después concretó la compra del predio.
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Entre los primeros indicios reunidos en el expediente figura una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que, según la investigación, se abonaban gastos de la flota de autos hallada en la propiedad.
La causa atravesó durante siete meses una disputa de competencia entre distintos tribunales. El expediente se inició en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se dispusieron las primeras medidas de prueba y se ordenaron los allanamientos en la quinta. Luego pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que entonces estaba a cargo de Marcelo Aguinsky.
Posteriormente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el expediente al juzgado de González Charbay. Esa decisión fue anulada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
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Finalmente, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debía quedar en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de Straccia.
La defensa de Pantano y Conte intentó recurrir esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero la Cámara en lo Penal Económico rechazó el planteo. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio entendieron que la resolución sobre la competencia no constituía una sentencia definitiva ni impedía la continuación del proceso.
AFA, Pablo Toviggino, Chiqui Tapia, Claudio Tapia
POLITICA
Victoria Villarruel apuntó contra el diputado de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuestionó al diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch tras sus declaraciones en un programa de streaming, donde la acusó de tener “voracidad por el poder” y “romper con sus propias causas”.
“Me divierte el diputado que pretendía trabajar para McDonald’s y que ellos le pagaran el sueldo por hacerles de mandadero y sirviente. Los intereses de la Argentina totalmente desconocidos para el sr. de la batería”, escribió la presidenta del Senado en su cuenta oficial de la red social X.
Así Villarruel se refirió a la polémica previa entre ambos por las dietas de los legisladores nacionales, cuando la funcionaria se distanció del gobierno nacional, que pretendía congelar los sueldos de los parlamentarios.
“Ni comprensión de lo que la labor legislativa implica. Cada comentario es una muestra del maní que rebota en su cerebro”, concluyó en la misma publicación.
El nuevo cruce empezó durante una entrevista de Benegas Lynch a un medio digital, donde el legislador libertario criticó el desempeño de la titular del Senado: “Villarruel ha sido un desperdicio fenomenal autoinfligido”, afirmó.
Además, el legislador oficialista argumentó que la funcionaria modificó su conducta institucional respecto a la campaña electoral y le reprochó su alejamiento “voluntario” de los encuentros de ministros en la Casa Rosada. En la misma transmisión, el diputado cuestionó las motivaciones de la vicepresidenta: “Empezó con una voracidad por el poder y para instalar agenda”.
El representante de la Cámara baja remarcó que las últimas medidas de la funcionaria contradicen sus “posturas históricas” de origen: “Empezó a hacer estupideces y hasta rompió su propia causa, de las víctimas del terrorismo, que la apoyábamos muchísimo”. Al respecto, sostuvo: “Fue a darle un reconocimiento a Isabel Perón que es básicamente la jefa de la Triple A”.
La relación de Villarruel con el gobierno de Milei
Este enfrentamiento se da en un marco de distancia institucional entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. Recientemente, su madre, Diana de Stefani, habló públicamente y vinculó este alejamiento a diferencias ideológicas.
La división quedó expuesta nuevamente ante el viaje en soledad de la funcionaria a Santa Fe para el Día de la Bandera, luego de ser excluida de la comitiva presidencial. Después ese acto, Villarruel habló con y afirmó que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, en relación al escándalo del jefe de Gabinete, quien se mostró junto al Presidente en el acto, por su incremento patrimonial.
cuestionó al diputado nacional,polémica previa entre ambos por las dietas de los legisladores nacionales,habló públicamente y vinculó este alejamiento,Victoria Villarruel,La Libertad Avanza,Conforme a,Victoria Villarruel,,En Rosario. Abel Pintos cerró los festejos por el Día de la Bandera y homenajeó al Indio Solari,,La intimidad del acto. Adorni con bajo perfil, gambetas a Villarruel y las charlas con el dueño de Telefé,,Día de la Bandera. Villarruel: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”
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