Tras la decisión de la Cámara de Casación de unificar en un solo juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces, el Tribunal Oral Federal N° 5, encargado de juzgar a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, introdujo cambios en la organización del debate y permitirá que los imputados participen de manera virtual durante la primera etapa del proceso.

Por ese motivo, la expresidenta y el diputado nacional finalmente no deberán asistir este viernes a Comodoro Py para la primera audiencia del juicio.

“La decisión adoptada por el tribunal revisor [la Casación] impone adecuar determinados aspectos de la organización del juicio, particularmente aquellos vinculados con la convocatoria de los imputados y su comparecencia a la audiencia inicial”, dijo el presidente del tribunal, José Michilini, en la resolución.

“No puede soslayarse que el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal -siguió- ha sido dictado cuando resta poco tiempo para el comienzo del debate. Ello supone una dificultad concreta para disponer, en tan breve plazo, la comparecencia personal de la totalidad de los imputados comprendidos en ambas causas”.

Michili aclaró que la decisión comprende solo a la primera etapa del juicio, destinada a la lectura de las acusaciones. “Una vez concluida la etapa inicial de lectura, la intervención de los imputados en los restantes actos del juicio deberá desarrollarse presencialmente”, señaló.

Los abogados defensores, en cambio, sí deberán concurrir presencialmente a Comodoro Py desde este viernes.

La decisión fue adoptada por la mayoría que conformaron Michilini y el juez Fernando Machado Pelloni.

La jueza Adriana Palliotti, en tanto, votó en disidencia. Consideró que los imputados deben concurrir personalmente a Comodoro Py tanto para la lectura de las acusaciones que se inician con la primera audiencia como para las declaraciones indagatorias que vendrán más adelante.

“A mi modo de ver, los imputados deberán estar presentes en la sala de audiencias durante la lectura de las piezas procesales”, marcó en su voto la jueza.

La resolución representa un alivio momentáneo para muchos funcionarios judiciales y el personal de seguridad, por el revuelo que genera la presencia de la expresidenta en los tribunales.

Esta semana, los abogados de Cristina y Máximo Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían solicitado al tribunal que ambos pudieran participar de todo el juicio de manera virtual. Para el caso de la expresidenta, fundamentaron el pedido en que cumple en su casa una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad y en las dificultades que implicaría organizar su traslado. Para el caso de Máximo, en su actividad legislativa como diputado nacional.

El tribunal todavía no se explayó sobre este pedido puntual, que refiere al desarrollo de todas las audiencias, pero en la resolución de hoy los jueces dejaron en claro que la regla general para el debate, más allá de estas primeras audiencias, será la presencialidad.

Giro

El tribunal tenía previsto comenzar este viernes únicamente con el juicio por Los Sauces y dejar para marzo del año próximo el debate por Hotesur, por diferencias en la instrucción complementaria entre uno y otro caso. Pero la Casación revocó ayer esa decisión y ordenó que ambas causas se juzgaran de manera conjunta.

El cambio, dispuesto apenas tres días antes de la fecha prevista para el inicio, empujó a los jueces a reorganizar el juicio oral. En la resolución de este miércoles, los magistrados dispusieron “mantener” el inicio del debate para este viernes 23 de octubre, a las 10 de la mañana.

En el debate se revisarán presuntas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. Según la acusación, los fondos que ingresaban al patrimonio familiar -de manera directa o por intermedio de la sociedad Hotesur- provenían de empresarios beneficiados por contratos o decisiones del Estado, como Lázaro Báez, Fabián de Sousa y Cristóbal López, estos últimos del Grupo Indalo.

Por amplio consenso, y tras un acuerdo de casi todo el arco político, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para reforzar los controles sobre los medicamentos de alto riesgo.

La iniciativa surgió como respuesta a la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de al menos 90 personas, y busca evitar que una partida adulterada continúe en circulación sin que las autoridades puedan identificar rápidamente su origen y destino.

La propuesta obtuvo 241 votos a favor, el rechazo de Marcela Pagano (Coherencia) y cinco abstenciones del Frente de Izquierda (FIT) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Ahora será girada al Senado para su sanción definitiva.

El proyecto establece un sistema obligatorio de trazabilidad que permitirá reconstruir el recorrido de cada medicamento, desde la fabricación hasta su aplicación a un paciente. Para ello, amplía el sistema existente e incorpora nuevas obligaciones para los establecimientos de salud y mecanismos de intercambio de información.

Así, ante la detección de una ampolla contaminada, las autoridades podrán identificar qué otras unidades del mismo lote fueron distribuidas, a qué centros de salud llegaron y a qué pacientes fueron administradas.

Además, establece que cualquier irregularidad deberá notificarse de inmediato y que, cuando existan elementos suficientes, la ANMAT tendrá un máximo de seis horas para activar una alerta sanitaria e inmovilizar preventivamente los lotes sospechosos en todo el país.

La investigación por el fentanilo adulterado, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, puso bajo la lupa las demoras y omisiones de los organismos encargados de fiscalizar a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El magistrado procesó a la extitular de la Anmat Nélida Agustina Bisio y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos Gabriela Mantecón Fumadó, como presuntas partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Salud, Manuel Quintar (LLA), reconoció que la tragedia dejó al descubierto una falla general del sistema sanitario. “Fallaron los controles de producción, fiscalización y alerta de la Nación y de todas las provincias”, sostuvo. Y destacó el acuerdo alcanzado para avanzar con una respuesta legislativa: “Buscamos reconstruir el recorrido de cada medicamento para que el Estado sepa cómo se produjo, dónde se almacenó, cómo se distribuyó y a qué paciente se aplicó”.

Desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin anticipó su acompañamiento, aunque advirtió que la propuesta resulta insuficiente para prevenir nuevas tragedias. “Nos quedamos cortos. Esto sirve para encontrar lotes contaminados, pero no para evitar que existan”, cuestionó. En ese sentido, reclamó fortalecer la capacidad de fiscalización de la Anmat y aseguró que el organismo cuenta con apenas ocho inspectores para controlar laboratorios. “Necesitamos una estructura autárquica e independiente. Tratemos los proyectos de fondo para dar una respuesta verdadera”, insistió.

En contraste, Silvana Giudici (LLA) celebró el consenso alcanzado después de seis meses de trabajo parlamentario, en el que participaron legisladores de distintos bloques y familiares de las víctimas. “Es la primera vez que logramos trabajar ante una tragedia como esta con la madurez suficiente para dar respuestas contundentes y concretas”, destacó. También reconoció el papel de Mónica Fein y Victoria Tolosa Paz en las reuniones con los familiares.

La diputada peronista Tolosa Paz también celebró la medida: “El Estado falló en su obligación de cuidar la vida; hoy damos un paso para que la falta de controles y de herramientas no vuelva a provocar muertes evitables”.