POLITICA
Fracasó un paro contra la reforma previsional en Entre Ríos: más del 70% de los docentes asistió a clases
Un paro propuesto por distintos gremios en Entre Ríos, en protesta contra la reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, movilizó a apenas 2.000 personas en Paraná este jueves. Como muestra del fracaso que representó la medida para los sindicatos, el 70% de los docentes de la provincia asistió a clases.
La protesta fue liderada por AGMER, que contó con el apoyo de otros gremios estatales, como ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y SADOP, además de partidos políticos de izquierda.
Según un cálculo del gobierno provincial, los sindicatos montaron un operativo que incluyó la contratación de al menos 15 colectivos, además de autos particulares y remises para forzar la presencia de manifestantes que viajaron desde distintos puntos de la provincia hacia la capital. Estiman que el costo de los vehículos pagados por los gremios fue de más de 30 millones de pesos.
De todos modos, y a pesar de los esfuerzos materiales para poner gente en las calles, el paro contó con una adhesión más que limitada. De acuerdo a datos del Consejo General de Educación (CGE), más del 70% de los docentes asistió a las aulas durante la jornada, lo que permitió el desarrollo normal de clases en la mayoría de las escuelas de la provincia.
En qué se centra la reforma previsional de Frigerio
Los puntos centrales de la propuesta oficial son mantener para el jubilado un haber del 82% sobre el bruto que percibe el activo. Esta garantía constituye una de las conquistas de los agentes públicos y representa un capital que la sociedad entrerriana considera propio, ya que ha sido defendida como un derecho adquirido ante avances restrictivos en el pasado.
Las modificaciones se proyectan en dos dimensiones: la edad jubilatoria y los regímenes especiales.
En la provincia, una mujer que trabaja para el Estado provincial puede retirarse a los 57 años y un varón a los 60. En el sector privado o para agentes del Gobierno nacional, los requisitos son 60 y 65 años, respectivamente.
Esa es la norma general. Sin embargo, las docentes pueden jubilarse a los 52 años y sus colegas varones a los 54, siempre que cumplan requisitos específicos en cuanto a años de servicio y desempeño frente al alumnado.
Los borradores de la reforma proponen que la variación de la edad sea progresiva y, en principio, no alcance ni a quienes ya cumplen condiciones para jubilarse ni a quienes les queda poco tiempo de servicio.
En la provincia, el nivel de aporte que hacen los trabajadores activos para sostener el sistema es alto, aproximadamente el 19 % del bruto. A pesar de ello, las contribuciones de 120.000 agentes en actividad y del Estado como empleador no alcanzan para cubrir los haberes de 65.000 pasivos.
Si bien el propio Frigerio encabezó las reuniones con sindicatos y partidos opositores desde un comienzo, las negociaciones no parecen estar llegando a buen puerto.
Víctor Sanzberro, senador justicialista, expuso el mes pasado, al conocer los detalles de la propuesta: “El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”.
Los gremios, por otra parte, anticiparon su rechazo. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Entre Ríos), Oscar Muntes, manifestó: “El ajuste no debe pasar por los trabajadores”.
A su vez, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), expresaron: “No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derechos para activos y jubilados”.
Este jueves, los sindicalistas intentaron paralizar la provincia, pero la medida de fuerza no tuvo el éxito que esperaban.
POLITICA
Cancillería cuestionó la decisión de Brasil de reducir el nivel de su representación diplomática en la Argentina
A través de un comunicado difundido esta noche en redes sociales, Cancillería lamentó la decisión de Brasil de reducir el nivel de su representación diplomática en la Argentina removiendo por tiempo indeterminado a su embajador, Julio Bitelli, en Buenos Aires, luego de las críticas cruzadas entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inacio Lula da Silva.
“En la tarde de hoy, el Embajador de la República Argentina en la República Federativa del Brasil fue convocado por el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, quien le comunicó la decisión del Gobierno brasileño de reducir el nivel de la representación diplomática bilateral al nivel de Encargados de Negocios y solicitar su regreso a la República Argentina”, explica el escrito.
En ese sentido, agrega: “La República Argentina toma nota de la decisión adoptada unilateralmente por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, y lamenta su decisión de continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”.
“En estos últimos años, se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países. En todos esos casos, sin excepción, la Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy”, menciona el comunicado.
Por último, resalta: “La República Argentina reafirma que las relaciones entre los Estados deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno. La política exterior argentina continuará guiándose exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino”.
Noticia en desarrollo.
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La Justicia no pudo determinar que los videos de Jésica Cirio en el vestidor sean auténticos
El Laboratorio de Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación presentó su informe pericial sobre los los videos donde se ve a Jésica Cirio exhibiendo dólares en efectivo.
El pendrive con el material estudiado fue identificado como “efecto 50”, y contenía los siete videos incorporados como prueba en la causa conocida como “Yategate”, que se tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
El dictamen, elaborado con la intervención de los peritos de parte y del funcionario a cargo de los laboratorios, determinó que no es posible establecer la fecha cierta de creación de los videos.
Las fechas de creación y de último acceso registran el 24 de junio de 2026, resultado del copiado de los archivos al dispositivo, mientras que la fecha de modificación “sí pudo haber sido modificada previo a su análisis pericial”.
El informe aseguró también que los archivos perdieron los metadatos de origen. El análisis binario reveló que todas las marcas temporales internas de captura se encuentran en cero. Esta circunstancia indica, según el laboratorio, que los videos fueron sometidos a un proceso de intermediación tecnológica previo, como edición, transcodificación o transferencia por aplicaciones de mensajería, que eliminó los metadatos del dispositivo con el que habrían sido registrados.
El tercer hallazgo señaló que las fechas de modificación coinciden hasta en horas, minutos y segundos entre grupos de videos. Los peritos interpretaron este comportamiento como un indicio de modificación manual de metadatos mediante herramientas específicas o de una transferencia masiva desde otro sistema de archivos.
Además, la prueba fue aportada sin ningún código hash de resguardo. Los videos no estuvieron acompañados de algoritmo de seguridad alguno anterior a la extracción realizada por la DATIP, por lo que el informe concluyó que no es posible garantizar la integridad ni la trazabilidad de la información desde su origen.
Al no contarse con el sistema de archivos original donde los videos fueron generados, la pericia establece que resulta imposible determinar su autenticidad, su origen real, el contexto de la información, el método de obtención del dato ni la identidad de quien los generó.
Los siete archivos se hallaron dentro de un directorio denominado “copia2406”, lo que confirma que se trata de copias simples y no de material original.
Que se analizó
El material que fue sometido a pericia no provino del teléfono celular de Cirio sino de los videos que fueron entregados por el diario La Nación.
Uno de los principales objetivos era establecer la autenticidad de las grabaciones, luego de que la conductora sostuviera que las imágenes podían haber sido manipuladas e incluso realizadas mediante inteligencia artificial.
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La hipótesis principal era que los videos habrían sido filmados en la vivienda del country Fincas de San Vicente donde Cirio convivía con Insaurralde.
Jesica Cirio, Martín Insaurralde, Justicia
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Un peritaje concluyó que no se puede determinar si el video de los dólares de Jesica Cirio en un vestidor fue alterado
Un peritaje informático concluyó que no se puede determinar la autenticidad ni el origen de los videos donde se ve a Jesica Cirio en su vestidor, rodeada de fajos de dólares termosellados, como consecuencia de que faltan los “metadatos”, la información que almacena, por ejemplo, la fecha de creación del archivo.
“Como ya fue mencionado, al no contar con la estructura original del sistema de archivos donde fueron generados y habitaron los videos de interés no es posible llevar a cabo un análisis integral que permita validar la actual triada de metadatos”, expresa el peritaje, al cual accedió .
El informe fue realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que es el organismo pericial del Ministerio Público Fiscal.
El trabajo concluyó que los siete videos perdieron sus metadatos de origen, por lo que no es posible verificar si fueron alterados.
Los defensores de los acusados intentan usar el resultado del peritaje para debilitar la prueba, con el argumento de que fueron modificados. Pero los expertos concluyeron que la información disponible no puede determinar que hayan sido manipulados.
Los especialistas señalan que la pérdida de metadatos por WhatsApp o Telegram es rutinaria y no implica adulteración del contenido audiovisual en sí.
El peritaje informático se realizó sobre estos elementos sumados a la causa que investiga el presunto lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde.
El estudio concluyó que las imágenes no tienen esa información interna propia del soporte digital.
El trabajo oficial concluyó que no es posible establecer la autenticidad, el origen ni la integridad de los siete videos almacenados en el pendrive analizado.
El dispositivo peritado -una memoria USB- fue sometido a “adquisición forense”, extracción de datos, junto con una tarjeta micro SD marca Kingston.
Los siete archivos, numerados de forma secuencial y con duraciones de entre 11 segundos y poco más de un minuto, registran imágenes de un vestidor: placares con ropa, cajones, un llavero sostenido por una mano y fajos de billetes dentro de un cajón, debajo de prendas íntimas.
Al analizar los archivos con la herramienta Exiftool, los peritos constataron que las marcas temporales internas de captura —las que registra la cámara al momento de filmar— se encuentran en cero.
Según el informe, eso indica que los videos ya no conservan los metadatos de origen y que fueron sometidos a un “proceso de intermediación tecnológica previo”.
Esto puede ser tanto una edición o transcodificación como, simplemente, el envío del archivo a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal, que habitualmente borran ese tipo de información. Es decir, la ausencia de metadatos no equivale, por sí sola, a manipulación.
Las fechas de creación y de acceso que figuran en el pendrive (24 de junio de 2026) corresponden al momento del copiado de los archivos al dispositivo, no a la filmación. La fecha de modificación (24 de abril de 2023) coincide entre los videos 1 a 4 y entre los videos 5 a 7.
Para el informe, esa coincidencia “indicaría” una de dos cosas: una modificación manual de metadatos con herramientas específicas, o bien una transferencia y copiado en bloque de todos los archivos en un mismo momento. Por eso concluye que esa fecha “sí pudo haber sido modificada” antes del análisis pericial, aunque sin poder afirmar que efectivamente lo haya sido.
Los peritos señalan que los videos llegaron sin ningún documento que consignara su código hash previo a la extracción, es decir, sin la huella digital que se calcula en origen para garantizar que un archivo no fue alterado después.
Sin ese resguardo y sin el sistema de archivos original donde los videos fueron generados, el informe afirma que no es posible garantizar la integridad ni la trazabilidad del material desde su origen, ni determinar su autenticidad, su contexto, el método por el que se obtuvo o quién los generó.
A eso se suma una divergencia en la cadena de custodia: el elemento identificado como “efecto 51” figuraba descripto como un pendrive, pero en el interior del sobre lo que se encontró fue una tarjeta micro SD. Para los peritos, esa diferencia afecta la autenticidad y la trazabilidad de los elementos aportados.
La identificación de las personas que aparecen en los videos fue derivada al Laboratorio de Multimedia Forense de la propia DATIP, que deberá expedirse en un estudio separado.
El informe lleva la firma de los ingenieros de la DATIP a cargo de los laboratorios técnicos, junto con los peritos de parte de las defensas de Martín Insaurralde y de Sofía Clérici, que participaron del procedimiento.
La relevancia del resultado alimenta la estrategia de las defensas, que podrán apoyarse en la imposibilidad de verificar el origen y la integridad del material para cuestionarlo y tratar de quitarlo de la causa.
Pero el peritaje no desmiente los videos ni prueba que hayan sido adulterados, lo que apoya la acusación fiscal.
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