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Fracasó un paro contra la reforma previsional en Entre Ríos: más del 70% de los docentes asistió a clases

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Un paro propuesto por distintos gremios en Entre Ríos, en protesta contra la reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, movilizó a apenas 2.000 personas en Paraná este jueves. Como muestra del fracaso que representó la medida para los sindicatos, el 70% de los docentes de la provincia asistió a clases.

La protesta fue liderada por AGMER, que contó con el apoyo de otros gremios estatales, como ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y SADOP, además de partidos políticos de izquierda.

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Según un cálculo del gobierno provincial, los sindicatos montaron un operativo que incluyó la contratación de al menos 15 colectivos, además de autos particulares y remises para forzar la presencia de manifestantes que viajaron desde distintos puntos de la provincia hacia la capital. Estiman que el costo de los vehículos pagados por los gremios fue de más de 30 millones de pesos.

De todos modos, y a pesar de los esfuerzos materiales para poner gente en las calles, el paro contó con una adhesión más que limitada. De acuerdo a datos del Consejo General de Educación (CGE), más del 70% de los docentes asistió a las aulas durante la jornada, lo que permitió el desarrollo normal de clases en la mayoría de las escuelas de la provincia.

En qué se centra la reforma previsional de Frigerio

Frigerio impulsa una reforma previsional en Entre Ríos

Los puntos centrales de la propuesta oficial son mantener para el jubilado un haber del 82% sobre el bruto que percibe el activo. Esta garantía constituye una de las conquistas de los agentes públicos y representa un capital que la sociedad entrerriana considera propio, ya que ha sido defendida como un derecho adquirido ante avances restrictivos en el pasado.

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Las modificaciones se proyectan en dos dimensiones: la edad jubilatoria y los regímenes especiales.

En la provincia, una mujer que trabaja para el Estado provincial puede retirarse a los 57 años y un varón a los 60. En el sector privado o para agentes del Gobierno nacional, los requisitos son 60 y 65 años, respectivamente.

Esa es la norma general. Sin embargo, las docentes pueden jubilarse a los 52 años y sus colegas varones a los 54, siempre que cumplan requisitos específicos en cuanto a años de servicio y desempeño frente al alumnado.

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Los borradores de la reforma proponen que la variación de la edad sea progresiva y, en principio, no alcance ni a quienes ya cumplen condiciones para jubilarse ni a quienes les queda poco tiempo de servicio.

En la provincia, el nivel de aporte que hacen los trabajadores activos para sostener el sistema es alto, aproximadamente el 19 % del bruto. A pesar de ello, las contribuciones de 120.000 agentes en actividad y del Estado como empleador no alcanzan para cubrir los haberes de 65.000 pasivos.

Si bien el propio Frigerio encabezó las reuniones con sindicatos y partidos opositores desde un comienzo, las negociaciones no parecen estar llegando a buen puerto.

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Víctor Sanzberro, senador justicialista, expuso el mes pasado, al conocer los detalles de la propuesta: “El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”.

Los gremios, por otra parte, anticiparon su rechazo. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Entre Ríos), Oscar Muntes, manifestó: “El ajuste no debe pasar por los trabajadores”.

A su vez, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), expresaron: “No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derechos para activos y jubilados”.

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Este jueves, los sindicalistas intentaron paralizar la provincia, pero la medida de fuerza no tuvo el éxito que esperaban.

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POLITICA

García Cuerva pidió terminar con las “cuevas de corrupción” y llamó a construir una patria “honesta”

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, centró parte de su homilía durante el Tedeum por el Día de la Independencia en un cuestionamiento a la corrupción y a las divisiones sociales. Frente al presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y otras autoridades, advirtió que existen “cuevas de corrupción” donde “los pobres son cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, y sostuvo que la honestidad y la transparencia deben trascender a los gobiernos de turno.

“Una vez más, el mensaje que compartiré quiere ser un aporte, a la luz de la Palabra de Dios, para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido de que entre todos construimos la Patria”, expresó al comienzo de la ceremonia en la Catedral Metropolitana. También aclaró que era consciente de que “puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación”.

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A partir de la parábola del Buen Samaritano, García Cuerva sostuvo que la sociedad argentina también transita “caminos peligrosos”. “El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles”, enumeró.

En ese contexto, incorporó una referencia directa a la corrupción. “Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, afirmó.

Luego aclaró que su planteo no estaba dirigido a una administración en particular. “Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no, honesto y transparente. Ser y parecer, ahora y siempre”, sostuvo.

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Más adelante, el arzobispo volvió sobre la parábola del Buen Samaritano para afirmar que la ayuda a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad requiere organización y compromiso colectivo. “Pidamos también a Dios que nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás”, expresó.

En ese tramo de la homilía defendió la inversión destinada a las personas con discapacidad. “Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche o de despilfarro; a veces es invertir en los más débiles”, afirmó.

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Como ejemplo, mencionó a los centros de discapacidad. “Cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden, y a priori se puede pensar que es un despropósito; pero luego, conociendo bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión”, señaló.

También sostuvo que esos espacios requieren “profesionales y asistentes entregados y comprometidos” que acompañen a cada beneficiario “por caridad, pero también por justicia”. En ese punto citó al papa León XIV para afirmar que “la justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás”.

En otro tramo del mensaje, García Cuerva pidió “independizarnos de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren” y mencionó entre ellos a “los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados y las personas con discapacidad”. “Hoy queremos hacer presentes sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras o diagnósticos, sino sus nombres”, dijo.

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El arzobispo también llamó a realizar “un gran examen de conciencia colectivo” y planteó: “No miremos al costado buscando culpables eternos”. Luego preguntó: “¿Estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos?”. En ese marco, sostuvo que “las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable”.

Sobre el final de la homilía convocó a “construir puentes donde algunos quieren levantar muros” y afirmó que “Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.

Como cierre, apeló al fútbol para hablar de unidad. Recordó el espíritu colectivo que despierta la Selección argentina y citó un mensaje de Lionel Messi: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos… Lo logramos”.

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La Justicia avanzó con nuevas medidas de prueba en la causa contra Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

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La Justicia federal avanzó con nuevas medidas de prueba en la investigación contra el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, acusado de presunto enriquecimiento ilícito y de haber omitido información patrimonial en sus declaraciones juradas.

El juez federal Daniel Rafecas dispuso una serie de diligencias para profundizar el análisis de la evolución patrimonial del legislador antes de resolver si hace lugar al pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuán.

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Entre las medidas ordenadas figura un requerimiento al Banco Provincia para obtener el detalle de los pagos realizados entre 2024 y 2026 vinculados con la cancelación de un crédito hipotecario por $60 millones. La intención es reconstruir el origen de los fondos utilizados y verificar si guardan relación con los ingresos declarados por el legislador.

Francisco Adorni. (Foto: X/@franciscoadorni)

Además, el magistrado solicitó a la Legislatura bonaerense que remita la última declaración jurada presentada por Adorni en su condición de diputado provincial. También libró oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires para obtener información sobre la titularidad, valuación y forma de incorporación al patrimonio de dos inmuebles bajo análisis.

Leé también: Senado: LLA acordó sesionar la semana que viene para aprobar la ley de propiedad privada y 30 pliegos judiciales

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Otro de los puntos que busca esclarecer la Justicia está relacionado con una herencia incorporada por Adorni en una rectificación de su declaración jurada. Según la investigación, el legislador declaró $21 millones provenientes de una sucesión después de que la causa judicial ya estuviera en trámite.

En ese marco, Rafecas ordenó nuevos cruces de información para determinar si esos fondos efectivamente tuvieron ese origen y si la información incorporada posteriormente coincide con la documentación disponible.

Para el fiscal Marijuán, existen elementos que permiten sospechar que el diputado habría omitido deliberadamente bienes y cuentas bancarias al confeccionar sus declaraciones juradas. En su dictamen, además, remarcó que Adorni es perito contador y que anteriormente se desempeñó en el Consejo de la Magistratura bonaerense, por lo que tenía conocimiento sobre la obligación y la forma correcta de presentar esa documentación patrimonial.

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La investigación también analiza diferencias entre los bienes declarados por Francisco Adorni tras el fallecimiento de su padre y la información patrimonial presentada por su hermano, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, ya que los montos consignados en ambos casos no serían coincidentes.

En paralelo, la Cámara Federal resolvió concentrar en los tribunales de Comodoro Py otra investigación que involucra al diputado libertario. Ese expediente está vinculado con presuntas irregularidades en un préstamo por $40.000 millones relacionado con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Con las nuevas medidas ordenadas por Rafecas, la Justicia busca reunir más elementos para definir los próximos pasos procesales en una causa que todavía se encuentra en etapa de investigación.

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Francisco Adorni, enriquecimiento ilicito, investigacion

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Elecciones 2027: qué son las listas colectoras que impulsa el Gobierno y por qué generan críticas

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El Gobierno reactivó el debate sobre la reforma política para modificar las reglas electorales de cara a las elecciones de 2027, y facilitar la posible reelección de Javier Milei. En reemplazo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los libertarios pusieron sobre la mesa la restitución de las listas colectoras, que busca adaptar al sistema de Boleta Única de Papel.

Se trata de un mecanismo utilizado por el peronismo y el radicalismo en elecciones de décadas pasadas, antes de la implementación de las primarias obligatorias. Es una forma de ampliar las alianzas electorales y sumar apoyos territoriales, sin exigir a las fuerzas políticas y candidatos que las acompañan con una integración total a estructuras políticas.

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Ahora bien, la discusión genera controversia porque cosecha múltiples críticas de sectores de la oposición y de especialistas.

Cómo funcionan las listas colectoras

Las listas colectoras permiten que distintas listas de legisladores o cargos locales adhieran a una misma candidatura para una elección ejecutiva. Así, varios candidatos a diputados o senadores podrían acompañar la boleta presidencial de un mismo candidato, como el caso de Javier Milei, sin compartir una única lista legislativa.

En la práctica, las listas colectoras son listas de distintos partidos políticos que presentan candidatos en una categoría (senadores, diputados, legisladores provinciales, intendentes o concejales) y adhieren a una misma lista para una categoría superior (presidente o gobernador). Esto implica que una candidatura ejecutiva puede estar acompañada por varias boletas distintas, cada una con listas legislativas de diferentes partidos.

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Las listas colectoras de 2007 y de 2011 del Frente para la Victoria

La intención de este sistema es obtener lograr dos efectos políticos muy concreto:

  • Efecto arrastre: Permite que un candidato relevante en la “punta” de la boleta sume votos de distintas listas que provienen de candidaturas menores.
  • Función coordinadora: facilita la negociación entre facciones en una interna política y la supervivencia de partidos o grupos minoritarios, haciéndoles partícipes del “arrastre”, sin obligarlos a alianzas formales.

Un caso reciente muy conocido fue el de las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta y, en la provincia de Buenos Aires, dos candidatos a gobernador adhirieron a su candidatura presidencial con sellos partidarios diferentes: Daniel Scioli por el Frente para la Victoria y Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro. El primero resultó elegido gobernador.

Lo cierto es que fue una práctica transversal en los partidos políticos. Lo han utilizado desde el PJ, a la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista (PS), la Coalición Cívica (CC) y terceras fuerzas o grupos minoritarios provinciales.

Listas colectoras en la categoría de Diputados en la Coalición Cívica de 2007

Los cambios propuestos y las críticas

Durante varios años, las colectoras se ampararon en un “vacío legal” del Código Electoral Nacional (CNE), que no las permitía ni las prohibía de manera explícita.

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En 2011, con la sanción de la ley de reforma política que creó las PASO, el decreto reglamentario del gobierno de Fernández de Kirchner oficializó la posibilidad de acuerdos de adhesión de boletas entre agrupaciones políticas no integrantes de una misma alianza. Sin embargo, a partir de ese momento, se redujo sustantivamente la adopción de este tipo de estrategias.

Ahora bien, el problema principal que surge desde lo técnico es que las colectoras fueron inventadas en contextos de elecciones simultáneas, bajo el sistema de boleta partidaria con listas “sábanas” horizontales, que dificultan la individualización del voto por categorías. Funcionaba para ese viejo sistema. Con la Boleta Única, este inconveniente no queda resuelto.

El Gobierno prepara un

Las listas colectoras suelen ser vistas como una mala práctica electoral: deterioran la equidad y la transparencia e introducen confusión en el votante. Con el sistema de boleta sábana, que aún sigue vigente para cargos locales en algunos distritos (como la provincia de Buenos Aires), favorecen a los aparatos partidarios que logran el control de la oferta de boletas.

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En 2019, el gobierno de Mauricio Macri prohibió su uso mediante un decreto. Desde entonces, su implementación requiere un nuevo marco legal, ya que el sistema electoral argentino cambió en 2025 con la adopción de la Boleta Única de Papel, que reemplazó la boleta partidaria tradicional.

La nueva propuesta que baraja el oficialismo funcionaría del siguiente modo: Javier Milei encabezaría la boleta, seguido por la lista oficial compuesta por dirigentes de su núcleo y aliados recientes. Además, se incorporarían hasta dos listas adicionales de “adhesión”, que podrían ser conformadas por partidos como PRO o UCR, o por cualquier fuerza que decida respaldar al oficialismo. Esta limitación responde a cuestiones de espacio en la BUP.

Un elector en Argentina observa el padrón electoral (Luis ROBAYO / AFP)

Según fuentes del Gobierno, esta alternativa permitiría que los gobernadores provinciales respalden la suspensión de las PASO y presenten listas propias, sin necesidad de subordinarse plenamente a la Casa Rosada. A cambio de este apoyo, el Ejecutivo aceptaría no presentar candidatos a gobernador en distritos donde existan acuerdos con fuerzas aliadas.

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Lo cierto es que no existe un proyecto concreto y ninguno de los principales interlocutores parlamentarios de la Casa Rosada reconoce haber visto algún modelo de cómo quedaría la BUP con colectoras.

Sin embargo, pese a las críticas, desde La Libertad Avanza evalúan una suerte de rebranding para incorporarlas a la reforma política. “No son colectoras, son adhesiones”, repiten en el oficialismo. Un juego de palabras para evitar los estigmas del pasado reciente.

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