El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes circulen en motos con caños de escape adulterados, libres o no homologados. La iniciativa —que apunta a combatir una de las principales fuentes de ruidos molestos en la provincia— propone, en los casos más graves, la compactación de los vehículos en infracción, además del decomiso y destrucción inmediata de los escapes ilegales.

El proyecto surge como respuesta a un reclamo creciente de los vecinos: la proliferación de escapes libres y modificados, que generan contaminación sonora en centros urbanos y afectan la calidad de vida, el descanso y la salud pública.

“Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos. No estamos hablando de algo menor. El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, señaló el ex intendente de San Nicolás de los Arroyos entre los fundamentos de la iniciativa.

La propuesta incluye la prohibición no solo de la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también de toda la cadena de fabricación, comercialización, distribución, instalación y colocación de estos dispositivos, según se desprende de los artículos 4 y 5 del texto presentado. Se crea también un registro provincial de comercios y talleres habilitados para escapes de competición, con el objetivo de trazar y fiscalizar el destino de estos componentes.

El proyecto establece que ante la constatación de una infracción, la autoridad de aplicación podrá disponer el secuestro preventivo del vehículo y del escape ilegal, así como la retención de la licencia de conducir. Si la gravedad de la conducta lo amerita —por ejemplo, cuando se circule con escapes adulterados en zonas densamente pobladas, cercanías a escuelas, hospitales o eventos públicos— el juez administrativo podrá ordenar la compactación del vehículo, incluso sin necesidad de reincidencia previa.

“No solo sancionar, sino eliminar el problema. El escape ilegal se decomisa y se destruye. Y en los casos que el juez lo considere, también puede disponerse la compactación de la moto”, remarcó Passaglia.

La iniciativa establece multas que van de 300 a 1.000 unidades fijas para los usuarios y de 1.500 a 5.000 unidades fijas para quienes fabriquen, vendan o instalen escapes no homologados. Al día de hoy, cada Unidad Fija en la provincia equivale a $1.896.

También contempla la inhabilitación para conducir de 3 meses a 1 año y, para los comercios infractores, la clausura preventiva, temporaria o definitiva en caso de reincidencia grave.

El proyecto incorpora garantías de debido proceso: todo infractor tendrá derecho a un descargo, resolución fundada y revisión administrativa y judicial. Además, invita a los municipios bonaerenses a adherir y dictar normas complementarias dentro de sus competencias.

Passaglia argumentó que el actual esquema de multas es insuficiente para desalentar conductas deliberadas que buscan generar ruido y molestar. “Durante mucho tiempo se intentó resolver esto con multas, pero la realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó el legislador.

En un video publicado en sus redes sociales, Passaglia enfatizó: “Vamos a presentar un proyecto para que, en toda la provincia de Buenos Aires, al que se tomó el trabajo de gastarse 150 mil pesos en ponerlo en su moto y salir a la madrugada a hacer ruido mientras vos y tu familia están durmiendo, cuando lo agarren, le compacten la moto, como estamos haciendo acá”. El mensaje está acompañado por imágenes de una máquina pasando por encima de varios vehículos.

Entre los criterios para la compactación se destacan la gravedad de la alteración, el nivel de emisión sonora, la intencionalidad, la afectación a la convivencia urbana y la ubicación del hecho.

La compactación se plantea como sanción accesoria, no indemnizable, fundada en el uso del vehículo como instrumento de la infracción.

El texto legal fundamenta la medida en la protección de la salud pública y el ambiente, la preservación de la tranquilidad y la convivencia urbana, y el fortalecimiento de la fiscalización estatal. “El ruido excesivo constituye una forma de contaminación ambiental que el Estado tiene el deber de prevenir y controlar”, se señala en los fundamentos del proyecto.

La propuesta será debatida en comisiones y, de avanzar, modificará el actual esquema normativo provincial, que se limita a la imposición de multas y no contempla la compactación de vehículos como sanción. La expectativa es que la medida logre un cambio de conducta en los usuarios y un mayor control sobre el mercado de escapes ilegales, contribuyendo a una mejor calidad de vida en las ciudades bonaerenses.

Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato que conduce la CGT, cuestionó este domingo el reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto una medida cautelar previa y permitió la entrada en vigencia de la reforma laboral. El sindicalista calificó la resolución como “indignante y aberrante”, y anticipó que en la central obrera evalúan llevar el caso hasta la Corte Suprema.

Jerónimo remarcó la gravedad institucional de que, al día siguiente del fallo, uno de los camaristas responsables, Víctor Arturo Pesino, recibiera en el Boletín Oficial la extensión de su mandato por cinco años pese a haber cumplido ya setenta y cinco años, la edad límite para ejercer el cargo. “El grado de obscenidad con que hicieron las cosas indigna y molesta; están jugando con la vida de los trabajadores”.

Durante una entrevista en Radio Con Vos, el sindicalista anticipó que el equipo jurídico de la CGT está evaluando “la recusación de los jueces” y el impulso de nuevas acciones, además de advertir que la pelea judicial podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. “Esto no se termina con la marcha del 30 de abril. Es una carrera de resistencia y sabemos que va a ser larga”, insistió.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará el próximo jueves una movilización a Plaza de Mayo, en la previa de un nuevo Día del Trabajador, que también servirá como protesta abierta contra la reciente habilitación judicial de los artículos de la ley. Esta decisión se produce en un contexto que él mismo califica como crítico, marcado por “la degradación de la matriz productiva y el deterioro de las condiciones de vida” en la Argentina.

Críticas a los números oficiales, condiciones laborales y futuro político

Ante el anuncio del Gobierno sobre “índices positivos de empleo” y la supuesta recuperación del salario real, informado por el secretario de Trabajo Julio Cordero, Jerónimo desestimó cualquier mejoría y calificó los datos oficiales de “falacia”. En su visión, la realidad contradice la narrativa oficial: “El costo de vida es altísimo, los salarios tienen un desajuste terrible, y los acuerdos salariales van por detrás de la inflación”. Además, señaló que “el pueblo argentino en su conjunto está sufriendo, no solo los trabajadores formales”.

Al respecto, adelantó que la CGT está a punto de publicar, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con la participación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sus propios índices de inflación, pobreza y estadística laboral en el plazo de “quince a treinta días”.

Consultado sobre el posible agravamiento de la protesta social, Jerónimo no descartó la posibilidad de un paro general y subrayó que la conflictividad “va a seguir escalando” por el deterioro de la vida cotidiana: “No le alcanza a la gente para llegar a fin de mes. Se degradaron prácticamente todas las instituciones y organismos que protegen derechos laborales y la salud. Quitar subsidios a los discapacitados o desfinanciar universidades muestra el grado de insensibilidad del Gobierno”.

Sobre la renovación política y eventuales alianzas, Jerónimo destacó que la CGT mantiene encuentros “con todos los sectores dispuestos a construir una alternativa superadora”, mencionando entre otros a figuras como el pastor Dante Gebel, y que el espectro de interlocutores “debe ser mucho más amplio que el peronismo tradicional”.

La movilización del 30 de abril se perfila como un acto “pacífico”, según Jerónimo, pero con una intención clara de protesta. La convocatoria, abierta a sindicatos y sociedad en general, buscará expresar el rechazo al rumbo económico y político. Jerónimo concluyó: “Hay que construir una Argentina que devuelva la esperanza y genere previsibilidad en la vida diaria de los ciudadanos”.

Infobae en vivo

Un paro propuesto por distintos gremios en Entre Ríos, en protesta contra la reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, movilizó a apenas 2.000 personas en Paraná este jueves. Como muestra del fracaso que representó la medida para los sindicatos, el 70% de los docentes de la provincia asistió a clases.

La protesta fue liderada por AGMER, que contó con el apoyo de otros gremios estatales, como ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y SADOP, además de partidos políticos de izquierda.

Según un cálculo del gobierno provincial, los sindicatos montaron un operativo que incluyó la contratación de al menos 15 colectivos, además de autos particulares y remises para forzar la presencia de manifestantes que viajaron desde distintos puntos de la provincia hacia la capital. Estiman que el costo de los vehículos pagados por los gremios fue de más de 30 millones de pesos.

De todos modos, y a pesar de los esfuerzos materiales para poner gente en las calles, el paro contó con una adhesión más que limitada. De acuerdo a datos del Consejo General de Educación (CGE), más del 70% de los docentes asistió a las aulas durante la jornada, lo que permitió el desarrollo normal de clases en la mayoría de las escuelas de la provincia.

En qué se centra la reforma previsional de Frigerio

Los puntos centrales de la propuesta oficial son mantener para el jubilado un haber del 82% sobre el bruto que percibe el activo. Esta garantía constituye una de las conquistas de los agentes públicos y representa un capital que la sociedad entrerriana considera propio, ya que ha sido defendida como un derecho adquirido ante avances restrictivos en el pasado.

Las modificaciones se proyectan en dos dimensiones: la edad jubilatoria y los regímenes especiales.

En la provincia, una mujer que trabaja para el Estado provincial puede retirarse a los 57 años y un varón a los 60. En el sector privado o para agentes del Gobierno nacional, los requisitos son 60 y 65 años, respectivamente.

Esa es la norma general. Sin embargo, las docentes pueden jubilarse a los 52 años y sus colegas varones a los 54, siempre que cumplan requisitos específicos en cuanto a años de servicio y desempeño frente al alumnado.

Los borradores de la reforma proponen que la variación de la edad sea progresiva y, en principio, no alcance ni a quienes ya cumplen condiciones para jubilarse ni a quienes les queda poco tiempo de servicio.

En la provincia, el nivel de aporte que hacen los trabajadores activos para sostener el sistema es alto, aproximadamente el 19 % del bruto. A pesar de ello, las contribuciones de 120.000 agentes en actividad y del Estado como empleador no alcanzan para cubrir los haberes de 65.000 pasivos.

Si bien el propio Frigerio encabezó las reuniones con sindicatos y partidos opositores desde un comienzo, las negociaciones no parecen estar llegando a buen puerto.

Víctor Sanzberro, senador justicialista, expuso el mes pasado, al conocer los detalles de la propuesta: “El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”.

Los gremios, por otra parte, anticiparon su rechazo. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Entre Ríos), Oscar Muntes, manifestó: “El ajuste no debe pasar por los trabajadores”.

A su vez, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), expresaron: “No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derechos para activos y jubilados”.

Este jueves, los sindicalistas intentaron paralizar la provincia, pero la medida de fuerza no tuvo el éxito que esperaban.