Luego de que los resultados de las pruebas PISA 2025 expusieran una fuerte caída en los niveles de aprendizaje en lectura, matemática y ciencias, el senador Maximiliano Abad llamó a realizar una “Revolución Educativa” durante una jornada sobre educación bonaerense realizada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Además, convocó a realizar un nuevo Congreso Pedagógico federal.

A menos de una semana de que se dieran a conocer los datos obtenidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este sábado se celebró “Del dato al aula bonaerense: Hablan los especialistas”, un encuentro desarrollado en el Edificio Sergio Karakachoff que reunió a docentes, funcionarios y referentes del sector para debatir propuestas sobre el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires.

Durante su intervención, Abad sostuvo que los resultados reflejaron “el peor desempeño educativo argentino en casi veinte años”. En ese contexto, propuso abrir una discusión amplia sobre el modelo de enseñanza actual, en donde se geste un debate entre consejeros escolares, docentes, familias y estudiantes.

“La educación pública argentina fue durante gran parte del siglo XX un contrato social”, afirmó el senador, tras identificar un quiebre en ese acuerdo. Tras aseverar que “los números lo muestran con crudeza”, consideró que la escuela ya no estaba en condiciones de ofrecer “movilidad social, ciudadanía y una inserción en el mundo del trabajo”.

Según los datos revelados esta semana, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con una baja de entre 11 y 13 puntos respecto de la edición anterior. Así, el país quedó en el puesto 72 entre 91 naciones evaluadas y en el octavo lugar de América Latina, detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.

En ese contexto, el senador también enumeró otros indicadores que, a su criterio, exponen la crisis del sistema. Por esto, señaló que 8 de cada 10 estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel mínimo en Matemática y citó un dato del Banco Mundial según el cual el 59% de los niños de 10 años no comprende un texto simple.

De acuerdo con las evaluaciones Aprender, solo el 55% de los alumnos alcanza un desempeño satisfactorio en Matemática. Y, al hacer referencia a la situación bonaerense, Abad afirmó que la provincia concentra cerca del 40% de la matrícula nacional, con casi 3,9 millones de estudiantes, y registra una inversión anual de $3,1 millones por alumno.

“El problema no se limita a la falta de recursos, aunque existen carencias”, cuestionó el senador al considerar que “el diseño actual del sistema profundiza las diferencias entre quienes nacen con más oportunidades y quienes nacen con menos”.

Frente a ese diagnóstico, propuso convocar a un Congreso Pedagógico con instancias presenciales y virtuales para discutir un plan de transformación de largo plazo, sin condicionamientos electorales.

La iniciativa prevé abordar la alfabetización desde los primeros años, la ampliación de la jornada escolar, la formación docente y la relación entre la escuela, el mundo productivo, la tecnología, la inteligencia artificial y las comunidades locales.

“El principal recurso de un país es la educación de su gente”, sostuvo Abad. Por esta razón, apuntó que no era posible crear un proyecto de desarrollo sostenible “si la escuela reproduce desigualdades en lugar de reducirlas”.

Al convocar a la comunidad educativa bonaerense a sumarse al debate, el senador destacó que “las maestras y los maestros sostienen todos los días una parte central de ese contrato social”. Asimismo, presentó una serie de propuestas elaboradas a partir de estudios de política educativa que podrían formar parte de la discusión:

• Un plan educativo acordado entre las provincias, el Congreso y la sociedad civil, con metas y financiamiento definidos a diez años.
• Un sistema nacional de información y evaluación con datos actualizados por escuela para orientar los recursos hacia los sectores con mayores dificultades.
• Materiales de enseñanza y acompañamiento técnico para las instituciones que registren peores indicadores.
• Una nueva carrera docente, con cargos especializados, formación para directivos y supervisores, y concursos basados en capacidades profesionales.
• La expansión del nivel inicial y de la jornada extendida en escuelas primarias ubicadas en contextos vulnerables.
• Cambios en la escuela secundaria, con docentes designados por cargo, un régimen académico más flexible y una mayor articulación con el empleo y las herramientas tecnológicas.

La jornada tuvo una apertura a cargo de Nicolás Bonino, consejero general de Cultura y Educación bonaerense. Del primer panel participaron Abad; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Chaco, Sofía Naidenoff; la especialista en Lingüística y directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO, Florencia Salvarezza; y el licenciado en Ciencias Políticas Damián Fió.

El segundo panel reunió a Cristian Quillotay, docente de nivel secundario y comunicador digital, y a Matías García, abogado, maestro de primaria y autor de Docencia y Derecho: Manual del Docente Bonaerense. Además, la actividad fue moderada por la consejera escolar platense Sofía Gualberto y contó con la participación de DALE! y de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP.

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El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, participó este sábado de una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco del cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, celebrado en Roma entre el 10 y el 12 de septiembre. Durante el encuentro, el dirigente gremial le entregó al Sumo Pontífice un informe de diagnóstico de más de 60 páginas sobre el deterioro social y económico de la Argentina, mientras que el pontífice, en su discurso ante los participantes del mundo, sostuvo que los grandes desafíos sociales y tecnológicos de la época “requieren responsabilidad compartida” y llamó a que el desarrollo actual “no deje nuevas ruinas a su paso”.

El encuentro, organizado de forma conjunta por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Pontificia Comisión para América Latina y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), convocó a dirigentes sindicales, empresarios, académicos, bancos de desarrollo y movimientos populares de todo el continente. La iniciativa nació hace cinco años por impulso del papa Francisco, con antecedentes previos en Washington y Bogotá, con el objetivo de promover el diálogo social y profundizar el vínculo de la Iglesia con las organizaciones comunitarias.

La delegación argentina que asistió a la cumbre estuvo integrada por los dirigentes sindicales Gerardo Martínez, de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Cristian Jerónimo, uno de los tres cotitulares de la central obrera; Gramajo, en representación de la UTEP; Marta Pujadas, presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Daniel Funes de Rioja, presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y el sacerdote Carlos “Charly” Olivero, coordinador de Comunidades Organizadas.

La audiencia se realizó el sábado en el Palacio Apostólico Vaticano, al cierre de tres jornadas de diálogo desarrolladas en la Casa Generalicia de La Salle, en Roma.

“Qué humanidad queremos construir”: el mensaje central del Papa

En su discurso, pronunciado en español e inglés, León XIV saludó también a representantes de la Conferencia Eclesial Amazónica, de organismos internacionales, bancos regionales de cooperación, empresas, fundaciones, centrales sindicales, cámaras de empleadores y universidades, según recogió Vatican News. El pontífice remarcó que la amplitud de esa representación confiere un interés particular al encuentro, ya que reúne a actores con responsabilidades decisivas en la vida social, económica y cultural, y sostuvo que su presencia expresa la voluntad de traducir el diálogo en modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios”.

El Papa vinculó el encuentro con el llamado que había formulado ante el Colegio Cardenalicio el 10 de mayo de 2025 a sostener un “diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo”. Explicó que ese diálogo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino parte de su misión evangelizadora, que exige mirar de frente la realidad de quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial, el pontífice planteó que la pregunta decisiva no es si aceptar o rechazar determinadas herramientas, sino “qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona”. En ese marco, llamó a recuperar la lógica de la subsidiariedad y valoró la iniciativa de la Iglesia en las Américas para promover una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur de Cooperación Multisectorial. “Los grandes desafíos sociales requieren responsabilidad compartida, participación y colaboración entre los distintos cuerpos de la sociedad”, sostuvo, de acuerdo con la transcripción difundida por el medio vaticano.

Referencias a la encíclica Magnifica Humanitas y advertencia sobre la polarización

León XIV retomó conceptos de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, sobre la necesidad de un principio de unidad que oriente el pluralismo hacia fundamentos comunes. “Escuchar verdaderamente las diferencias no significa diluirlas, sino aprender a discernirlas y a buscar, desde ellas, aquello que puede servir al bien de todos”, afirmó, y advirtió sobre el riesgo de las narrativas polarizadas en una época en la que “el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder”.

En la parte de su alocución pronunciada en inglés, el Papa se refirió a las “res novae”, las nuevas realidades de la época, y señaló la responsabilidad de las empresas, llamadas a reconocer el trabajo y la dignidad como medidas de éxito, y de los ciudadanos, convocados a cultivar la responsabilidad y el sentido de la verdad. Citó su propia encíclica para sostener que las tensiones y diferencias “pueden convertirse en fuerzas creativas cuando están guiadas por la responsabilidad compartida”.

Sobre la Doctrina Social de la Iglesia, aclaró que no se trata de un manual de principios y normas que deba aplicarse mecánicamente, sino de un proceso de discernimiento compartido, cuyo valor no puede medirse solo por el número de personas que respaldan un consenso, sino por el impacto que ese consenso tiene “en la vida de quienes poseen menos poder para defenderse”.

La imagen de Nehemías y el llamado a “reconstruir lo que se ha derrumbado”

Al cierre de su intervención, el pontífice recurrió a la figura bíblica de Nehemías, reconstructor de Jerusalén, como imagen de una tarea colectiva. “Al igual que Nehemías, deben entrar en las obras de la historia —laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones y comunidades locales— para reconstruir lo que se ha derrumbado y proteger lo que está amenazado”, señaló, en una cita textual de Magnifica Humanitas.

El Papa concluyó con un llamado a cultivar una “cultura de la negociación” que contribuya a la paz, y expresó su deseo de que “el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso” y que todo lo que se construya sea “un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”. La audiencia finalizó con el rezo conjunto del Padre Nuestro y la bendición apostólica.

El Papa retomó nuevamente la figura de Nehemías para remarcar que este no reconstruyó Jerusalén solo, sino que convocó a su pueblo y cada persona asumió la parte que le correspondía. Bajo esa lógica, cerró su discurso con una convocatoria directa a los presentes: “Ahora les toca a ustedes reconocer qué parte de esta labor compartida se les ha confiado. Que el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso, y que todo lo que construyamos sea verdaderamente un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”.

El cuestionamiento de la UTEP a las cifras oficiales de pobreza

En paralelo al discurso papal, el informe entregado por Gramajo cuestiona la metodología con la que el Estado argentino mide la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el segundo semestre de 2025 —última medición oficial disponible— el 21% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza, lo que incluía al 28,2% de las personas. Dentro de ese universo, el 4,8% de los hogares estaba bajo la línea de indigencia, es decir, el 6,3% de las personas. En términos absolutos, esto representa 2.145.000 hogares pobres, que incluyen a 8.474.000 personas, y 494.000 hogares indigentes, con 1.884.000 personas en esa condición.

El documento sostiene que esa medición subestima sistemáticamente la privación real. Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data) citado en el informe, si se actualiza la línea de pobreza con los patrones de consumo reales y se incorpora el costo del alquiler, la pobreza real trepa al 39% de los hogares, casi el doble de la cifra oficial, lo que equivale a 4 millones de hogares pobres frente a los 2,1 millones que reporta el INDEC. En términos de población, ese “sinceramiento metodológico” eleva la pobreza al 48% y deja fuera de las estadísticas oficiales a más de 6 millones de personas.

Empleo informal, cierre de empresas y salarios por debajo de la canasta básica

El informe dedica un extenso apartado a la desestructuración del mercado laboral. De acuerdo con datos del INDEC citados en el documento, la tasa de informalidad alcanzó el 43% en el último cuatrimestre de 2025, con picos del 57,3% entre los varones de hasta 29 años y del 59,7% entre las mujeres de ese mismo rango etario. Esto implica que más de nueve millones de trabajadores realizan sus tareas sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.

En materia de cierre de empresas, el documento cita un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) según el cual, entre 2023 y marzo de 2026, la cantidad de empleadores registrados cayó de 512.357 a 485.909, una contracción de 26.448 empresas, equivalente a 31 cierres por día. El fenómeno explica, en parte, la pérdida de 341.396 puestos de trabajo en ese período.

El informe también compara los ingresos con el costo de vida: el salario de un empleo formal ronda en promedio 1.200.000 pesos (unos 800 dólares), mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) establecido por el Gobierno para julio de 2026 es de 372.400 pesos y el costo de la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes se ubica en 1.500.000 pesos.

Uno de los ejes centrales del informe es la eliminación del Programa Volver al Trabajo, que otorgaba una asignación fija de 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 personas de entre 18 y 49 años. El programa era la continuidad del Salario Social Complementario (SSC), equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, congelado a valores de noviembre de 2023, lo que —según el documento— derivó en una pérdida de poder adquisitivo estimada en el 74% por efecto de la inflación.

Tras un amparo judicial que la UTEP obtuvo con base en el principio de no regresión de derechos sociales, los pagos se sostuvieron hasta que, en julio de 2026, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar. Así, agosto de 2026 fue el primer mes sin el pago de los 78.000 pesos para el universo de beneficiarios. El 7 de agosto, día de San Cayetano, la organización presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que fue denegado, aunque el litigio de fondo continúa abierto.

El desfinanciamiento de las obras en los barrios populares

El informe también detalla el impacto de la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), decretada en mayo de 2025. Según el documento, la medida implicó una reducción del 94% en los desembolsos previstos, con perjuicio para más de 200.000 familias. Los fondos que estaban destinados a las obras fueron reasignados: 204.000 millones de pesos en letras del Tesoro y bonos, 64.000 millones en un fondo común de inversión y 95.600 millones en cuentas del Banco Nación.

De acuerdo con relevamientos del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) y la fundación Fundar citados en el informe, el FISU había ejecutado o tenía en marcha 1.394 obras —1.277 de integración socio urbana y 117 de desarrollo de lotes con servicios—, de las cuales 474 estaban finalizadas (34%) y 330 con un avance superior al 50% (24%). El fondo había generado, además, 23.900 lotes con servicios, más de 250.000 mejoras de vivienda a través del programa Mi Pieza y 850.000 Certificados de Vivienda Familiar, con más de 1.300 barrios beneficiados por al menos una obra.

El propio documento describe la magnitud del déficit estructural en los barrios populares registrados en el ReNaBaP, que agrupan a más de 5.600 asentamientos con cerca de 5 millones de habitantes: el 92% carece de conexión formal de agua, el 98% no tiene acceso formal a gas natural, el 97% no cuenta con red cloacal formal y el 66% depende de conexiones eléctricas irregulares. Un relevamiento de CISUR de mayo de 2026 agrega que el 96,93% de los hogares presenta al menos una situación de déficit habitacional, el 48% acumula más de un problema simultáneo y el 10% habita viviendas calificadas como irrecuperables. El informe cita, además, un dato de mortalidad diferencial: la edad promedio de fallecimiento en los barrios populares es de 60,6 años, frente a los 71,6 años del promedio nacional.

En el capítulo dedicado a la emergencia alimentaria, el informe sostiene que la inseguridad alimentaria dejó de ser un problema coyuntural para transformarse en un rasgo estructural, con un salto que —según los datos citados— viene escalando desde el 15,7% registrado en 2014. El documento remarca el rol que cumplen las organizaciones de la economía popular ante el retiro estatal: solo el Banco de Alimentos Buenos Aires distribuyó durante 2025 7,28 millones de kilos de alimentos, equivalentes a más de 21,8 millones de platos, a través de 1.335 organizaciones y con alcance a 354.027 personas.

El informe señala también que entre el 70% y el 80% de quienes coordinan, cocinan y sostienen los comedores comunitarios son mujeres que realizan esa tarea de forma no remunerada, un trabajo de cuidado que —según una estimación citada en el documento— representa el 15,9% del Producto Bruto Interno (PBI) del país si se contabilizara el total de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.

Infancia, salud mental y consumos problemáticos

El documento dedica un capítulo específico al impacto de la crisis sobre la niñez. Según los datos allí consignados, correspondientes al primer semestre de 2025, el 45,4% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años vivía en hogares bajo la línea de pobreza y el 10% en la indigencia. Además, el 36,8% de los chicos de entre 6 y 17 años “aprende poco o podría aprender más” y el 18,1% presenta síntomas de tristeza o ansiedad, según la percepción de sus adultos de referencia.

En materia de salud mental, el informe cita indicadores según los cuales una de cada cuatro personas en la Argentina (entre el 26,7% y el 28,1%) presenta algún problema de esa índole. El 49% de los argentinos refirió sufrir estrés y ansiedad frecuentes durante 2025, el 8,7% declaró padecer depresión mayor y los trastornos vinculados al consumo de sustancias afectarían a cerca del 10% de la población. Sobre este último punto, el documento advierte que la experiencia territorial de los dispositivos comunitarios registra “situaciones de inicio en niñas y niños de apenas 8 y 9 años en contextos de alta vulnerabilidad social”, a lo que se suma el crecimiento de las apuestas en línea entre los más jóvenes.

Frente a ese diagnóstico, la delegación de la UTEP expuso ante el Papa lo que definió como la “reserva moral, productiva y comunitaria” de la economía popular. En ese marco, presentó el trabajo de las promotoras territoriales, una propuesta de Estatuto Laboral y la plataforma cooperativa Cuidarnos, un proyecto que conecta a familias que requieren cuidados con trabajadoras capacitadas en la atención de adultos mayores.

Gramajo vinculó esta iniciativa con los debates en torno a la encíclica Magnifica Humanitas: “Si la tecnología queda en manos de unos pocos, sólo agrava la exclusión y profundiza el pluriempleo”, había señalado el dirigente antes de la audiencia, y sostuvo que Cuidarnos “demuestra que la tecnología puede estar al servicio de la dignidad humana”.

El pedido de la UTEP de cara a la llegada del Papa al país

Al cierre de la jornada, desde la UTEP remarcaron la expectativa que genera la visita papal en los barrios populares. “Con inmensa gratitud en el corazón y una profunda esperanza comunitaria, le transmitimos que nuestro pueblo lo espera con los brazos abiertos para su histórica visita pastoral en noviembre. Su llegada a la Argentina será un abrazo indispensable para aliviar el alma de los que sufren y una llama viva para reafirmar que la paz social solo se construye garantizando la sagrada agenda de Tierra, Techo y Trabajo”.

En diálogo con Infobae, Alejandro Gramajo destacó las palabras del León XIV quien afirmó que: “El diálogo con el mundo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino que pertenece a su propia misión evangelizadora. La Iglesia anuncia el Evangelio en medio de las circunstancias concretas en las que viven los pueblos y, por ello, está llamada a mirar de frente la realidad de hombres y mujeres”.

Su Santidad también destacó: “El imperativo del Evangelio de cuidar a los pobres exige, además, que esa mirada se dirija de modo particular hacia quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.”

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Buenos Aires será durante tres días el escenario de una discusión que atraviesa a los gobiernos de toda Iberoamérica: cómo controlar mejor al Estado antes de que los problemas ocurran. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reunirá a organismos de control de más de una decena de países en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental.

Durante décadas, buena parte de la discusión sobre el control público estuvo asociada a una pregunta sencilla: ¿qué pasó y quién fue responsable?

Ahora la pregunta empieza a ser otra: ¿qué puede hacerse para evitar que pase?

Ese cambio de mirada atraviesa a los sistemas de control interno de distintos países de Iberoamérica y será uno de los ejes del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que organizará SIGEN entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad.

El encuentro será encabezado por Alejandro Díaz, síndico general de la Nación, y contará con la participación de autoridades y especialistas de organismos de control de América Latina, España y Portugal, además de ministros y funcionarios del Gobierno nacional y representantes de organismos internacionales.

La discusión no es menor. Los indicadores internacionales muestran que la región todavía tiene un largo camino por recorrer en materia de integridad pública.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International ubicó el promedio mundial en 42 puntos sobre 100. Pero detrás de ese número hay realidades muy diferentes. Uruguay obtuvo 73 puntos; Chile, 63; Costa Rica, 56. Argentina alcanzó 36; Brasil, 35; Colombia, 37; Perú, 29; Bolivia, 28; México, 26 y Paraguay, 23.

El índice no mide la eficacia de los sistemas de control interno. Pero sí ofrece una fotografía del contexto institucional en el que esos sistemas deben funcionar. Y la conclusión es difícil de esquivar: la transparencia, la integridad y la capacidad de prevenir y detectar irregularidades siguen siendo desafíos centrales para los Estados de la región.

Por eso el control interno está cambiando.

Ya no se trata solamente de revisar expedientes, comprobar procedimientos o detectar un incumplimiento cuando la decisión ya fue tomada. El nuevo paradigma busca identificar riesgos, anticipar desvíos, analizar información y generar alertas antes de que un problema termine convirtiéndose en un daño para el Estado.

La tecnología está acelerando ese proceso. El análisis masivo de datos, las herramientas digitales y, más recientemente, la inteligencia artificial permiten imaginar auditorías capaces de procesar volúmenes de información que hasta hace pocos años resultaban imposibles de abordar manualmente.

El desafío, sin embargo, no es solamente tecnológico. También es institucional.

Argentina tiene desde 1992 un sistema de control interno estructurado a partir de la Ley 24156. La norma convirtió a la Sindicatura General de la Nación en el órgano rector del sistema de control interno del Poder Ejecutivo Nacional y estableció una red de Unidades de Auditoría Interna en los distintos organismos.

La particularidad del modelo es que el control no aparece como una responsabilidad exclusiva del auditor. La máxima autoridad de cada organismo tiene responsabilidad sobre su propio sistema de control interno, mientras SIGEN ejerce la rectoría, supervisión y coordinación del sistema.

La Argentina no está sola en este proceso. Brasil cuenta con un sistema federal que articula gestión de riesgos, controles internos y auditoría interna. Chile desarrolla un modelo con énfasis en riesgos y prevención. Colombia, Perú, México y Paraguay también cuentan con marcos específicos destinados a fortalecer los sistemas de control interno de sus administraciones.

Son modelos diferentes. Pero detrás de sus diferencias aparece una coincidencia: el control del siglo XXI tiene que llegar antes.

Ese será precisamente uno de los temas centrales del Congreso que organizará SIGEN en Buenos Aires.

Durante tres jornadas se discutirán gobernanza e integridad, gestión de riesgos, auditoría interna, evaluación de políticas públicas, participación ciudadana, transformación digital e inteligencia artificial aplicada al control.

La presencia de autoridades del Gobierno nacional también permitirá vincular el debate técnico sobre control interno con los desafíos concretos de la gestión pública. Participarán ministros y funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Pero la dimensión del encuentro excederá ampliamente el ámbito argentino. Representantes de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, Honduras y Brasil, junto con autoridades y especialistas de España y Portugal, participarán de las distintas actividades. También estarán presentes referentes de la Unión Europea, la OCDE, el FMI y el Institute of Internal Auditors (IIA), además de reconocidos periodistas y representantes de organismos y entidades internacionales especializados en transparencia, integridad y fortalecimiento institucional.

Uno de los momentos centrales será la conformación de la Red Iberoamericana de Organismos de Control Interno Gubernamental (Riocig), un espacio destinado a fortalecer la cooperación, el intercambio de experiencias y la construcción de buenas prácticas entre las instituciones de control de Iberoamérica.

La iniciativa busca que el encuentro tenga continuidad más allá de las tres jornadas del Congreso: compartir metodologías, comparar experiencias, identificar riesgos comunes y desarrollar respuestas frente a problemas que muchas veces atraviesan a los Estados más allá de sus fronteras.

La convocatoria también despertó un fuerte interés académico y profesional: se recibieron más de 60 ponencias de especialistas, investigadores, auditores y funcionarios vinculados al control gubernamental.

La apuesta es que el control interno deje de ser visto exclusivamente como una instancia posterior de fiscalización y se consolide como una herramienta de prevención, integridad, gestión de riesgos y mejora de las políticas públicas.

Porque en tiempos de inteligencia artificial, grandes volúmenes de información y administraciones públicas cada vez más complejas, el viejo modelo de esperar a que el problema ocurra para después explicarlo empieza a quedar atrás.

El desafío es otro: que el control llegue antes.