POLITICA
Milei se reunió con Patricia Bullrich para reordenar el Senado y priorizar las reformas estructurales
El Gobierno reordenó la estrategia legislativa del Senado en una reunión que Javier Milei mantuvo este lunes con Patricia Bullrich. El Presidente y la jefa del bloque de La Libertad Avanza acordaron concentrar las negociaciones en las reformas estructurales vinculadas con el programa económico y el diseño institucional.
Fuentes al tanto del encuentro aseguraron a TN que “no se habló del 2027” y que la conversación estuvo dedicada exclusivamente a la agenda de la Cámara alta. La precisión apunta a separar la reunión de las declaraciones que Milei y Bullrich realizaron durante los últimos días sobre la próxima fórmula presidencial.
“Estuvimos reunidos ayer por agenda legislativa. La idea es focalizar más en proyectos estructurales. Como lo del Banco Central, que es de largo plazo”, expresó el jefe de Estado en declaraciones al streaming La Casa.
Las referencias electorales aparecieron después. Milei sostuvo que el candidato a vicepresidente surge de un “conjunto de opciones y un orden de mérito” y que la definición dependerá de la evolución política. Bullrich había afirmado que quiere ser presidenta después de una eventual reelección del mandatario, aunque aclaró que su papel en 2027 será resuelto dentro del equipo oficialista.
La Casa Rosada quiere que Bullrich priorice en las próximas semanas el tratamiento del Súper RIGI, que ya obtuvo media sanción en Diputados y debe pasar por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General del Senado. El régimen está dirigido a proyectos superiores a los US$1000 millones en industrias nuevas, tecnologías de frontera y actividades que todavía no tienen escala suficiente en el país.
En Balcarce 50 también consideran estructural la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que Milei anunció por cadena nacional. La iniciativa restablece como mandato principal la preservación del valor de la moneda, prohíbe el financiamiento directo e indirecto del fisco y restringe la utilización de títulos públicos y utilidades contables para asistir al Tesoro.
El Ejecutivo vincula esa modificación con la posterior votación del pliego de Santiago Bausili. La secuencia proyectada consiste en aprobar primero las nuevas causales y los mecanismos de remoción de las autoridades monetarias y luego formalizar la designación del actual presidente de la entidad.
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En Nación sostienen que el cambio apunta a reducir el margen de decisión unilateral del Poder Ejecutivo para desplazar al titular y al directorio del BCRA. El proyecto exige el respaldo de dos tercios de ambas cámaras para concretar una remoción, mientras mantiene el acuerdo del Senado para los nombramientos.
La agenda económica incluye además los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo pretende reforzar el denominado “tapón fiscal”, limitar la revisión de períodos anteriores por parte de ARCA y ampliar las garantías para que los ahorros no declarados puedan incorporarse al sistema financiero y canalizarse hacia inversiones.
En la mesa política incorporan también a la reforma política dentro del paquete estructural. El Gobierno quiere eliminar las PASO, modificar el esquema de financiamiento partidario, cambiar la elección de los representantes del Parlasur y habilitar un sistema de colectoras que facilite acuerdos con gobernadores para la elección presidencial de 2027.
La administración libertaria prevé enviar a la Cámara alta la primera parte del paquete de desregulación que prepara Federico Sturzenegger. La decisión de dividir el proyecto permitiría separar los capítulos, ordenar el tratamiento por actividades y evitar que el rechazo a una modificación determinada bloquee el resto de la iniciativa.
La primera prueba de la nueva coordinación será la sesión prevista para este jueves 6 de agosto, cuando el Senado retomará el tratamiento del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto modifica las reglas sobre expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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En el oficialismo reconocen que el capítulo de tierras expuso diferencias entre Bullrich y Sturzenegger. El nuevo dictamen abandonó la eliminación total de las restricciones y propone elevar del 15% al 25% el máximo de superficie rural en manos extranjeras, con facultades para que las provincias fijen límites inferiores.
Bullrich pretende complementar esas reformas con una frecuencia de sesiones semanales y con proyectos propios de los bloques aliados. Entre las iniciativas que mencionó para los próximos meses figuran los cambios en la Ley de Sociedades, Salud Mental y Etiquetado Frontal, junto con otras propuestas que la oposición dialoguista considera prioritarias.
En el entorno del jefe de Estado sostienen que la hoja de ruta consiste en cerrar primero la discusión de Propiedad Privada, acelerar el Súper RIGI, avanzar con el Banco Central, Inocencia Fiscal —cuando lleguen de Diputados— y la reforma política, e incorporar de manera gradual el paquete de desregulación. El pliego de Bausili quedará para después de la sanción de las nuevas reglas de gobernanza de la autoridad monetaria.
Javier Milei, Patricia Bullrich
POLITICA
Chaco también desdoblará sus elecciones en 2027: se votaría en la segunda quincena de septiembre
Chaco irá a las urnas en septiembre de 2027 para renovar cargos provinciales, legislativos y municipales. La votación quedará separada de la nacional y se podría concretar durante la segunda quincena de ese mes. Leandro Zdero buscará allí un nuevo período en la gobernación.
Las pautas de cómo y cuándo se vota en la provincia norteña quedaron fijadas por la Constitución de 1994. Allí se decidió que las elecciones para gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejos municipales se deben llevar a cabo en una fecha distinta a las presidenciales. Además, se deben concretar dentro de los noventa días después de que terminen los mandatos.
“Aún no tenemos fecha”, sentenció Zdero cuando lo consultaron medios locales sobre qué día se realizarán los comicios provinciales.
Las chances, según los parámetros constitucionales, marcan que el tope se encuentra el domingo 12 de septiembre. Una alta fuente del gobierno chaqueño confirmó a Infobae que la posibilidad que se baraja es llamar a votar “durante la segunda quincena” de ese mes. El combo se cerraría con cierre de listas en junio o julio.
Zdero ganó su primer mandato el 17 de septiembre de 2023. Pero cuatro años antes, Jorge Capitanich llegó al gobierno con una votación realizada el 13 de octubre de 2019. En 2015, la elección que consagró a Domingo Peppo se concretó el 20 de septiembre. El antecedente previo también es de ese mes: el domingo 18, Capitanich se impuso en las urnas.
Hace unos días, Zdero se convirtió en el primer gobernador en lograr la suspensión de las PASO en el ámbito provincial. La decisión de la Legislatura unicameral chaqueña se basó en la necesidad de priorizar otros gastos.
A nivel nacional, las elecciones están programadas para el domingo 24 de octubre. Las PASO, si el Congreso no las cancela, deberían realizarse en agosto.
Chaco se coloca entonces como la novena provincia en confirmar un calendario electoral distinto al nacional. Tucumán irá a las urnas el 9 de mayo; Salta haría lo propio entre el 16 y el 23 de ese mes; Chubut votaría entre julio y agosto; también en agosto sería la elección en Neuquén; en Santa Fe, se evalúa un rango que va del 13 de junio al 5 de septiembre; Tierra del Fuego tiene el mismo parámetro constitucional que Chaco. Mendoza y Misiones también sufragarán de forma desdoblada, aunque aún no hay fecha confirmada.
En qué instancias está el acuerdo con LLA
Chaco fue el primer ejemplo exitoso de simbiosis entre La Libertad Avanza y un frente local. Con esa fórmula, lograron ganar los comicios legislativos provinciales y nacionales de 2025.
La intención es repetir la receta en 2027. Hay conversaciones abiertas. Zdero hace unas semanas charló en forma directa con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y presidenta de LLA a nivel nacional. La idea gira en torno a un escenario en el que la combinación de ambas fuerzas acrecentaría las chances de reelección del gobernador y sumaría votos para la aspiración de Javier Milei de estar cuatro años más en Balcarce 50.
Los contactos del mandatario chaqueño también incluyen al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.
Las conversaciones se concretan en un plano doble. Por un lado, la conformación nacional. A la Casa Rosada le interesa aumentar el número de bancas en el Congreso. Chaco renovará el año próximo tres lugares en Diputados.
Una silla es de LLA, la tiene Carlos García. Gerardo Cipolini, un radical con vínculos fuertes pero tensos con Zdero, es otro a quien se le vencerá el mandato. Su nombre tuvo fama efímera en dos oportunidades. La primera, al hacer comentarios machistas hacia legisladoras peronistas; La segunda, cuando no votó un capítulo clave del presupuesto 2027. Aldo Leiva, de Unión por la Patria, es el tercero al que se le vencerá el mandato.
El otro plano de las conversaciones entre el oficialismo chaqueño y LLA es la elección provincial. Aquí también tienen protagonismo los referentes libertarios locales que trabajan con la premisa de colar nombres en los armados legislativos y de intendencias. Además de gobernador y vice, en 2027 se votarán 16 legisladores provinciales y autoridades en 74 municipios y concejos deliberantes. La premisa es que todo tenga tonos violeta.
El vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó la postura del Gobierno frente al reclamo de la soberanía argentina en las islas Malvinas y dio detalles sobre cómo será la Base Naval Integrada que comenzarán a construir en Ushuaia, Tierra del Fuego. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a 500 millones de dólares.
“Va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Será un punto estratégico para la proyección argentina al Atlántico sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”, explicó el portavoz en la conferencia de prensa de este martes desde Casa Rosada y añadió: “También brindará apoyo y logística desplegada en la Antártida”.
La base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 que fueron comprados a Dinamarca. “Va a proveer al país de protección naval y aérea”, subrayó Ravier.
El portavoz presidencial también destacó los beneficios económicos de la Base Naval. “Contará con muelles comerciales y civiles que desarrollarán una región en donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad”, destacó y sumó: “Además, desempeñará un papel importante en la protección de objetivos estratégicos en el sur del país, como Vaca Muerta”.
La Base Naval Integrada estaría finalizada luego de un período de 30 a 36 meses de trabajos, que se realizarán por etapas y contemplan un muelle de 585 metros.
Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, visitaron el viernes el lugar donde en se instalará la futura base en Ushuaia.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
El Gobierno reasignó unos US$142 millones del presupuesto nacional para el desarrollo de la Base Naval Integrada y fuentes oficiales establecieron el costo total de la obra entre US$400 y US$500 millones. Quirno especificó que el avance será con “recursos propios del Estado nacional” y dijo que el presidente Javier Milei ya había instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar la iniciativa en el presupuesto 2027.
Consultado por acerca de la participación de otros países en el financiamiento de la obra, Quirno especificó que “es una base que está haciendo la Argentina con sus propios recursos”. “Se trata de un proyecto que está hace décadas y que ahora vamos a empezar a ejecutar”, señaló.
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POLITICA
Luis Caputo celebró el sobreseimiento de sus hermanos por el presunto financiamiento de Revolución Federal
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este lunes el sobreseimiento de sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana en la causa que investigó un presunto financiamiento familiar a Revolución Federal y cuestionó al kirchnerismo, al que acusó de montar una “persecución ridícula” en su contra.
“Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc) en la persecución más ridícula de la historia”, cuestionó el ministro en sus redes, luego de que la Justicia descartara un vínculo entre sus hermanos y el grupo antikirchnerista que había sido vinculado al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, Caputo acusó “la complicidad de una buena parte del periodismo” y apuntó contra la actual oposición por buscar “hacer daño” para “sacar algún rédito político”.
“En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño. Así opera el kirchnerismo cuando está en el poder. Usa todo el aparato estatal para perseguir y dañar a los que ellos decidan”, sentenció el funcionario. Y agregó: “Lo curioso es que para algunos, lo preocupante son los ‘modos’ de este gobierno”.
Los fundamentos del sobreseimiento
Luego, Caputo compartió los principales argumentos del juez Marcelo Martínez de Giorgi para fundamentar el sobreseimiento. Los hermanos del ministro -dueños de la firma Caputo Hermanos- eran investigados para determinar si habían financiado encubiertamente a la agrupación Revolución Federal, procesada por “incitación a la violencia colectiva” por liderar marchas contra el kirchnerismo y repartir amenazas públicas contra sus dirigentes.
Finalmente, la Justicia nunca probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, pero el kirchnerismo mantuvo la hipótesis en la querella y acusó a la familia del ministro de Economía de disimular pagos para impulsar sus actividades.
Según los argumentos que compartió Caputo, el juez sostuvo que la obra por la que sus hermanos contrataron a Morel “existió y fue real”: remitos, facturas, transferencias e informes de AFIP y de entidades bancarias comprobaron que el edificio Espacio Añelo se construyó y que los muebles encargados se fabricaron, entregaron e instalaron efectivamente allí.
Para el magistrado, la secuencia comercial —búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación y pagos— sigue un orden compatible con un trabajo genuino y no con una maniobra para canalizar fondos hacia Revolución Federal. A eso sumó que el vínculo entre Rosana Caputo y el líder del grupo era anterior a la creación de la agrupación, en mayo de 2022, lo que para el juez debilita la hipótesis de un pago encubierto por su activismo. Tampoco encontró pruebas de que la familia conociera la militancia de Morel al momento de contratarlo ni de que los desembolsos estuvieran condicionados a su actividad política.
El fallo también descartó que hubiera sobreprecios: el Cuerpo de Peritos Contadores no logró determinar un aumento real en los valores facturados, ya que comparaba productos hechos a medida con otros estandarizados, parámetros que consideró no equiparables. A esto se agregó un dato procesal que, según el juez, le resta sustento a la teoría de un financiamiento organizado: en cámara, Revolución Federal fue recalificada como un grupo de menor entidad, encuadrado en el artículo 212 del Código Penal —incitación a la violencia colectiva— y no en el 213 bis, que tipifica la asociación ilícita.
Con esos elementos, Martínez de Giorgi concluyó que no existían indicios suficientes para sostener la imputación y dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos por inexistencia del hecho investigado.
El trasfondo político del caso
La causa había sido impulsada en parte por la querella de Cristina Kirchner, que buscó unificarla con el expediente que terminó con las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a la expresidenta.
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