POLITICA
Golpe a Hugo Moyano: empresarios del interior pidieron a la Justicia que suspenda un decreto que consensuaron el Gobierno y la CGT
La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó un amparo colectivo para que la Justicia Federal de la Capital Federal suspenda la aplicación del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en julio pasado, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral y así puso a salvo los fondos de la caja sindical.
Esa norma, como anticipó Infobae, fue consensuada entre el Gobierno y la CGT para aclarar la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a través del Decreto 407, que había restringido aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales, vía el convenio colectivo de trabajo, que financian a los sindicatos.
CATSE, que reúne a pymes de transporte de cargas y logística de aquella provincia, señala en su presentación que el último decreto aumenta de manera inmediata un 18,87% el costo mensual por trabajador al modificar la base de cálculo de aportes y contribuciones laborales.
Según la demanda judicial, el cambio impone una carga insostenible para las pequeñas y medianas empresas del sector y viola derechos consagrados por la Constitución Nacional y leyes federales. Si la Justicia accede a su pedido, será un golpe para la estructura del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.
La presentación de CATSE, encabezada por su presidente, Federico Lo Bruno, apunta a frenar los efectos del Decreto 612/2026, que, según la entidad, aumentó los costos sin una modificación de la ley ni de los convenios colectivos vigentes.
Lo que está en juego es la manera en que se calcula el límite legal para sumar aportes y cargas económicas a los salarios, según lo fija el artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, que fue reformada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Hasta junio de 2026, la base de cálculo era el salario básico convencional de cada trabajador, según había dispuesto el anterior Decreto 407. Sin embargo, el nuevo decreto agregó “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual” a esa base.
En términos concretos, para el convenio de los camioneros, un chofer de primera categoría tenía un salario básico de $1.060.010,29 y con la nueva fórmula, la base sube a $1.260.010,29. El resultado: $200.000 extra por trabajador cada mes, lo que representa, según el escrito de CATSE, un incremento del 18,87%.
La cámara que preside Lo Bruno sostiene que este aumento no proviene ni de la ley ni de los acuerdos colectivos, sino sólo de la decisión administrativa del Poder Ejecutivo, y que su aplicación automática afecta al flujo de caja de las empresas, sobre todo en un sector donde la mano de obra representa el mayor costo.
Plantea que el decreto no sólo eleva los costos, sino que lo hace vulnerando la previsibilidad y la seguridad jurídica para las empresas, al modificar “de la noche a la mañana” un sistema que regía desde principios de junio.
CATSE detalla que el Decreto 612 entró a regir “desde su dictado” el 17 de julio, pero recién fue publicado el 20. Por eso, solicita que la Justicia declare que no puede exigirse su cumplimiento en ese lapso, dado que “las normas sólo obligan una vez que son publicadas”.
En el amparo presentado se reclama que se reconozca el derecho de las empresas a que los pagos hechos entre el 1° de junio y el 20 de julio sean considerados “intangibles”, es decir, que la nueva norma no pueda ser usada para reclamar diferencias retroactivas.
Uno de los puntos centrales es la acusación de que el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades que corresponden al Congreso. Según la presentación, sólo el Parlamento puede fijar los límites y sus bases de cálculo para este tipo de obligaciones, y la alteración por decreto constituye un “exceso reglamentario”.
La entidad señala que el propio Estado nacional había fijado primero una base y después la cambió sin que medie una ley. “Las empresas de la clase ajustaron presupuestos, tarifas, estructuras y decisiones de contratación sobre la base del régimen que el propio Estado fijó y publicó el 1° de junio de 2026. Cuarenta y siete días después, el mismo Estado, sin cambio legal alguno, agravó ese régimen con pretensión retroactiva”, afirma la demanda.
Además, la CATSE advierte que actualmente “tres fuentes superpuestas e incompatibles” generan una situación de “indefinición casi total”: el Decreto 407 (que fijaba la base anterior), el Decreto 612 (que la amplió) y una medida judicial dictada en el fuero laboral que suspendió parcialmente el primero.
Por eso pidió de forma urgente una medida cautelar de no innovar para que el Poder Ejecutivo no aplique el Decreto 612 a las empresas representadas, manteniendo transitoriamente el sistema anterior hasta que haya una sentencia definitiva.
El escrito sostiene que el daño que causará la norma es “inminente, mensual, acumulativo y de imposible reparación ulterior”. Cada liquidación salarial, advierte la cámara, implica un nuevo costo extra que para muchas pymes puede significar embargos bancarios y la parálisis de la operatoria habitual.
De todas formas, enfatiza que los montos discutidos por el decreto no afectan el sueldo que perciben los choferes de camiones ni ningún otro ingreso alimentario, ya que se trata sólo de cargas patronales a favor del sindicato. “Los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales, con todos sus adicionales -dice-, exactamente igual que antes de la medida, lo único que la cautelar alcanza es el flujo de cargas patronales dirigido a las estructuras colectivas”.
En apoyo de su pedido, la cámara acompañó informes contables sobre tres empresas modelo (pequeña, mediana y grande), donde se cuantifica el impacto mensual y anual de la medida, además del porcentaje que representa sobre el margen operativo.
CATSE basa su legitimación para reclamar ante la Justicia en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habilita a las asociaciones a presentar amparos cuando defienden derechos “de incidencia colectiva”. Además, cita la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente el fallo “Halabi” sobre protección colectiva de derechos.
Las empresas representadas, según el escrito, son “en su inmensa mayoría, pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte de cargas”. Todas ellas, asegura la cámara santiagueña, adhirieron expresamente a la acción, y su nómina fue presentada como anexo.
Según CATSE, la vía del reclamo individual sería “económicamente inviable” para cada empresa, por lo que la acción colectiva es la única forma de tutela judicial real frente a un sobrecosto que se multiplica en el tiempo.
La demanda aclara que el universo alcanzado por la acción son “empresas de transporte de cargas y logística asociadas a CATSE”, que emplean trabajadores comprendidos dentro de convenios colectivos afectados.
En ese sentido, señala que no existe otro proceso colectivo con igual objeto y clase en trámite. Aclara, además, que hay una causa en el fuero laboral iniciada por el sindicato de la actividad, que lidera Hugo Moyano, pero que allí los intereses y la parte actora son “frontalmente opuestos” (trabajadores vs. empresas).
Federico Lo Bruno,CATSE,Santiago del Estero,transporte,declaraciones
POLITICA
Milei defendió su gestión y dejó un mensaje en clave electoral: “Los argentinos van a quedarse con el cambio de primera mano”
Javier Milei reivindicó su liderazgo dentro del espacio político de derecha y expresó su confianza en que el electorado respaldará en las elecciones presidenciales del año próximo. “Tengo mucha confianza en que los argentinos van a quedarse con la versión del cambio de primera mano, no de segunda o tercera marca”, afirmó durante una entrevista con Bloomberg, en Nueva York.
La definición llegó después de una semana en que se profundizó la interna dentro de La Libertad Avanza y, tras diferencia por los recortes en Discapacidad, Patricia Bullrich afirmó que el rumbo debe ser reelegido, una frase que generó tensión con el Presidente, que ya confirmó que irá por su segundo mandato.
“Cuando miran a todos mis posibles oponentes, todos tienen el pasado por delante: tienen entre 25 y 50 años en la política y son parte de la decadencia argentina”, afirmó. Luego llevó esa diferenciación al terreno de la oferta electoral: “Si ustedes pueden comprar un bien de primera calidad, ¿por qué van a comprar un sustituto de segunda o dudosa calidad al mismo precio? Nadie haría algo tan estúpido”.
Milei también desestimó los sondeos que muestran dificultades para el oficialismo. Recordó que antes de las elecciones de 2025 las encuestas anticipaban una derrota y menos del 30% de los votos. “Sin embargo, sacamos 41 y le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo”, sostuvo.
“Lo primero que tendríamos que ver es que este cambio en la Argentina vino para quedarse”, señaló. Y aseguró que “el 70% de los argentinos no quieren volver al pasado”. En cuanto a las PASO, las definió como “un instrumento siniestro”, porque generan desgaste electoral, implican un costo para el Estado y trasladan a la sociedad una discusión que deberían resolver los partidos. “Los problemas de la política los tiene que resolver la política y no estar molestando a los ciudadanos y drenándole el bolsillo. Por eso son inmorales y hay que sacarlas”, afirmó.
La defensa del rumbo económico
El Presidente volvió a mostrar confianza en la marcha de la economía y aseguró que la actividad lleva “27 o 28 meses creciendo de manera consecutiva”.
“El primer año nos expandimos 6,7%; el segundo año hicimos un poco más de 4%. Es decir, en los primeros dos años nos expandimos 11%”, afirmó. Según su proyección, este año la economía crecerá “en torno al 3% o algo menos” y en 2027 tendría una expansión similar.
Según detalló Milei, durante su gestión la economía generó 520.000 puestos de trabajo que, “si se suma que se echó a 80.000 personas del sector público, la realidad es que la expansión es de 600.000 puestos de trabajo”.
Si bien el Presidente reconoció una caída del empleo formal y un crecimiento del informal, lo atribuyó a cuestiones ajenas a su gestión. “Frente a la sensación de que puede volver todo atrás, usted hace cosas de índole transitoria. Por eso se expande tanto el sector informal y no el sector formal”, explicó.
También afirmó que el salario real del sector privado registrado se encuentra “10% arriba” del nivel que tenía cuando asumió y que, medido en dólares, está en valores similares a los de 2016. Y garantizó que seguirá avanzando con el programa de reformas. “Levantaremos las regulaciones cuando creamos que es el momento de hacerlo”, aclaró.
En paralelo, defendió una mayor apertura comercial y confirmó que la Argentina avanzará en acuerdos “con el Transpacífico, EFTA, Estados Unidos y la Unión Europea”. “Abrir la economía es estimular la división del trabajo y generar rendimientos crecientes, lo cual se llama crecimiento económico”, afirmó.
Política internacional
Respecto de la política internacional, Milei volvió a expresar su admiración por Donald Trump y Benjamin Netanyahu y los calificó como “los dos grandes héroes de la humanidad en este momento”.
Sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, ratificó que seguirá por los canales diplomáticos. “A esa población se la va a tratar con dignidad y justicia. No los vamos a echar a patadas como hizo el Reino Unido e impuso a otra población. Los vamos a tratar con respeto, pero somos los dueños de las islas por geografía, por derecho y por historia”, detalló. Y agregó: “No voy a discutir porque son nuestras, obvio”, sostuvo.
Javier Milei
POLITICA
Argentina Week: Milei prepara anuncios concretos para paliar la suba del riesgo país y encaminar la negociación por la PASO
El Gobierno ultima los detalles de la segunda edición de la Argentina Week en un escenario político y económico complicado. Mientras intenta conseguir los esquivos e insondables apoyos de los gobernadores aliados para la eliminación o suspensión de la PASO, el frente económico no da tregua y el país se encuentra al borde de la recesión técnica. Javier Milei apostará a su visita de promoción en Francia para hacer “anuncios concretos” e intentar generar confianza.
En Balcarce 50 insisten en que la diferencia con el evento de promoción en Nueva York, en marzo, se verá en los resultados: buscan que París deje anuncios “concretos”, algo que en la primera edición, admiten, no ocurrió y que el Gobierno todavía arrastra como una cuenta pendiente. También, en términos de comunicación: aquel viaje fue el primer puntapié para que se destapen los movimientos del ahora ex jefe de Gabinete procesado por corrupción, Manuel Adorni.
Luego de que el riesgo país perforara la barrera de los 600 puntos en un clima de mercado que mira con dudas el ciclo electoral que se abre. De la caída del Estimados Mensual de Actividad Económica (EMAE) en julio y de la suba de la pobreza. Y con la disccusión por la reforma política y del Presupuesto 2027 enfrente, en la Casa Rosada remarcan que la lógica de este viaje será distinta a la neoyorquina de marzo, que no tuvo “anuncios concretos”.
Para la edición de París, el Gobierno anticipa una batería de definiciones formales durante los dos días, entre ellas la firma de un convenio con el GAFI -Milei lleva en la comitiva al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- y nuevas medidas vinculadas al RIGI -también van Luis Caputo y Federico Sturzenegger-, que intentarán hacer llegar lo más ampliamente posible. Esta vez, dicen, serán más “abiertos” con la prensa, a diferencia de marzo, por eso llevarán al secretario de Comunicación, Fabián Fernández.
La visita tendrá un costado político fuerte. Mientras la discusión sobre la PASO sigue pendiente de un hilo, los Milei apuestan al viaje para asegurarse los alineamientos políticos de cara a la discusión formal en el Congreso de la aún incierta reforma política que impulsa Karina Milei y de la que Milei alardeó en su visita a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU.
La Casa Rosada quiere llevar a la capital francesa a la mayor cantidad de gobernadores, y hasta ayer se jactaban de la confirmación de 13 provincias, luego de que Jorge Macri terminara de confirmarles que asistirá, a pesar de las dudas. El jefe de gobierno porteño no quería concatenar tres viajes entre su recién terminada gira por Estados Unidos y una visita a Madrid que tiene prevista para la primera semana de octubre. Sumar, en el medio, un viaje adicional a París representaba el riesgo de recibir críticas por sus ausencias en la Ciudad. Pero al final, en su entorno evaluaron que el costo político de rechazar la invitación de los Milei implicaba un costo mayor. Todavía está fresca en la memoria del PRO porteño la cuenta cara que pagó Horacio Rodríguez Larreta por su excesivo foco en la proyección presidencial, que terminó jugándole en contra en el manejo cotidiano de la gestión porteña.
Además del alcalde, confirmaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En las provincias, sin embargo, deslizaron que viajan para reforzar el vínculo con el sector privado e internacional, y no significa que vayan a torcer sus voluntades o las de sus legisladores a favor del Gobierno, necesariamente.
El Presidente viajará el martes 29 y llegará a destino el 30, día en que está prevista una recepción de bienvenida. La apertura formal del evento será el 1° de octubre, con un discurso presidencial, y continuará con paneles sectoriales centrados en energía, agroindustria, pesca y economía del conocimiento e inteligencia artificial, los rubros que el Gobierno señala como los de mayor “dinamismo” para captar inversores europeos pero, señalaron, también asiáticos. En el medio, Milei mantendrá una bilateral con Emmanuel Macron el jueves por la tarde y el viernes recibirá una condecoración en el marco del Paris Economic Forum, antes de regresar al país.
Según pudo reconstruirse con fuentes oficiales, la comitiva estará integrada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, el canciller Pablo Quirno, además de los mencionados Caputo y Sturzenegger, y Fernández-. Será la primera actividad pública juntos de Javier y Karina Milei, en medio de los rumores sobre una discusión en curso entre los hermanos.
La comitiva se hospedará en el mismo hotel en París, y las agendas del Presidente, los ministros y los gobernadores se cruzarán de manera constante durante los dos días de actividades.
También, con la del lado empresario. Ayer, desde el Gobierno confirmaron la participación de referentes de los sectores energético y agroindustrial, entre ellos Horacio Marín , Nicolás Pino, Martín Bosch y Alejandro Bulgheroni, en representación de compañías como YPF, Pluspetrol, Vista y Pan American Energy.
El operativo de promoción se despliega con la actividad económica en baja: el EMAE de julio marcó una caída intermensual de 2,9% y una variación negativa de 1,4% interanual, el peor registro mensual del año. El deterioro convive con el proceso de achicamiento industrial, con el caso de Electrolux en Rosario como uno de los más recientes y preocupantes. La empresa dejó de producir heladeras y cocinas, redujo su dotación de 750 a 150 operarios y concentró su operación en freezers y lavarropas mientras avanza hacia un esquema cada vez más basado en la importación.
La foto de la comitiva completa, para el Gobierno, funcionará como un gesto de respaldo político y empresario en un momento de sacudones que, para desligarse de responsabilidades, atribuyen exclusivamente a factores internacionales.
POLITICA
Los docentes universitarios van un paro desde el 30 de septiembre: la condición para levantar la medida de fuerza
Los docentes universitarios definieron un paro para este miércoles 30 de septiembre en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento y una recomposición salarial. El cese de actividades podrá extenderse hasta 72 horas.
Así lo decidió el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) este viernes durante un plenario y buscará coordinarla en conjunto con la CONADU Histórica.
El gremio aclaró que la medida de fuerza se suspenderá solo si el Gobierno cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.
Por su parte, el Gobierno ofreció una suba del 3% en la última paritaria, pero los docentes rechazaron la propuesta. El desacuerdo derivó en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.
La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, sostuvo que el objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que, según planteó, está marcado por la “fragmentación e individualismo” impulsados por el gobierno de Javier Milei.
Según los docentes universitarios, todavía queda pendiente una actualización salarial cercana al 30%.
Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo que le ordena cumplir la ley en cinco días
Como informó TN, el Gobierno apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La decisión apunta contra la intimación que dictó el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N11. El magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido.
La posición de fondo de la Casa Rosada es distinta a la del juez. Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya dio cumplimiento a la medida cautelar y que así lo informó y acreditó ante la Justicia. Ese argumento será uno de los ejes de la presentación contra la nueva resolución.
La apelación no reabre, sin embargo, la discusión sobre la cautelar original, que ya quedó firme. Cormick la dictó en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de los programas de becas estudiantiles.
Conadu, docentes universitarios, Paro
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