El próximo lunes 3 de agosto, las escuelas de todo el país enfrentarán un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un nuevo conflicto entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional. La protesta fue definida por el congreso de CTERA como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente, estancando el sueldo mínimo en 500 mil pesos durante el último año y profundizando un escenario de tensión que se había atenuado durante la tregua impuesta por el Mundial de Fútbol.

En paralelo, los gremios educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) iniciarán ese mismo lunes un plan de lucha que no incluirá huelgas, sino medidas como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa para los alumnos, y una movilización final ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación. Las acciones de la CGT serán detalladas oficialmente en una conferencia de prensa el lunes a las 14 en la sede de Azopardo 802.

El Gobierno exige el cumplimiento del 75% de la actividad escolar

Ante la convocatoria al paro, el Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial. Según el artículo 101 de la norma, durante medidas de acción directa como huelgas, los gremios tienen la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio.

En un comunicado oficial, la cartera encabezada por Capital Humano subrayó que la normativa asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y los porcentajes de operatividad, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando “el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”. El texto advierte que el incumplimiento de esta obligación por parte de las entidades sindicales será sancionado “por los medios legales aplicables”.

La Ley 27.802, que forma parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso, fue mencionada como argumento central por el Gobierno para exigir que los sindicatos garanticen la continuidad del servicio educativo, aun durante las medidas de fuerza. Esta exigencia se fundamenta en el objetivo de proteger la educación como un derecho esencial para los estudiantes.

Reclamos de los sindicatos docentes y contexto del conflicto

La decisión de CTERA de realizar un paro nacional de 24 horas surge de la denuncia de un “ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”, según comunicó el sindicato. Entre los principales reclamos se encuentran la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y una nueva ley de financiamiento educativo. Además, la entidad rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno, y exige mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

El conflicto sindical docente no es reciente, pero se intensificó tras la negativa oficial a reabrir la discusión salarial que, según CTERA, es el “ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”. La organización también denuncia el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo y el incumplimiento en la restitución de fondos nacionales destinados a la educación, como el FONID.

Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero (Unión Docentes Argentinos, UDA), optó por un plan de lucha sin paros, evaluando que el actual marco legal representa un riesgo para los docentes que adhieran a una huelga total. Entre las acciones previstas se encuentran “semaforazos” en esquinas, volanteadas en distintos puntos del país y una movilización de cierre. Las razones de la protesta serán expuestas el lunes por Romero en conferencia de prensa.

Debate judicial sobre la esencialidad del servicio educativo

Aunque la disposición que obliga a mantener el 75% de las actividades mínimas fue objetada judicialmente por los sindicatos, una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió temporalmente la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita la demanda sindical. Sin embargo, tras la apelación del Gobierno, el límite a la extensión del derecho de huelga se mantiene vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

En este contexto, los sindicatos agrupados en la CGT evaluaron que desobedecer la norma podría exponer a los docentes a “duras sanciones” por parte de las autoridades. La vigencia de la Ley 27.802 fue uno de los motivos por los que la CGT optó por protestas alternativas al paro.

Perspectivas y acciones previstas para agosto

Durante agosto, el plan de lucha de los sindicatos docentes incluirá una serie de medidas que buscan visibilizar el reclamo salarial y la defensa de la educación pública. Además del paro nacional de CTERA del lunes 3 de agosto, se prevén jornadas de trabajo a reglamento, clases informativas, actividades en la vía pública y una movilización central frente a las autoridades nacionales.

Entre los objetivos sindicales se destacan la recuperación del salario docente, la restitución de fondos nacionales y la defensa de derechos laborales, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios. El Ministerio de Capital Humano reiteró su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación vigente, promoviendo que se pueda acceder a la educación aun durante las medidas de fuerza.

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intendente de Moreno,María José Lucesole,Conforme a

La discusión por la modificación a la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei –buscará aprobarla la semana que viene en el Senado- pareció despertar al peronismo en territorio bonaerense y, en medio de la discusión interna del sector, mostrarse discursivamente emparentado con todos los espacios.

Es que esta semana el sector kirchnerista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires formalizó un proyecto que busca establecer un régimen de protección del dominio provincial sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. La iniciativa lleva las firmas del presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli —referente cercano a Máximo Kirchner—, de Noelia Saavedra, alineada con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y de Cintia Romero, diputada de Patria Grande de Juan Grabois. A la par, días atrás el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, fijó la posición formal del gobierno de Axel Kicillof sobre el debate en el Senado: rechazar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye la derogación o modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), que desde 2011 establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Ante esta situación, el kirchnerismo presentó un proyecto en la Cámara baja provincial que va en contramano de lo que busca establecer Milei en el orden nacional. La iniciativa bonaerense, fija límites a la tenencia extranjera de tierras y responde a la derogación de la Ley Nacional de Tierras, así como al avance de la extranjerización en zonas estratégicas del territorio bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también había rechazado la derogación de la Ley de Tierras. En un acto realizado el 19 de julio en Avellaneda, el mismo día en que el Senado de la Nación se aprestaba a debatir la modificación de la ley de tierras —propuesta que no se votó por falta de acuerdos y que volverá a tratarse el 6 de agosto—, Kicillof advirtió: “Hoy, en el Congreso Nacional, están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor”.

En ese momento, el mandatario bonaerense consideró que la iniciativa nacional representa una cesión de soberanía y reclamó que no prospere: “Vamos a decir acá desde Avellaneda que eso no va a pasar, que no tiene que pasar y que es responsabilidad de todos los que, por fondos o por lo que sea, quieren levantar la mano para la venta del territorio argentino”.

El gobernador también había denunciado presuntas presiones del Gobierno nacional sobre los mandatarios provinciales y los legisladores para conseguir apoyo a la iniciativa: “Así vayamos cortándola un poco con eso de extorsionar a las provincias, de extorsionar a los legisladores para que voten la entrega del territorio nacional”.

En su discurso, Kicillof apelaba al triunfo de la Selección Argentina de fútbol sobre Inglaterra y pidió que ese clima se traslade al Senado: “Esperemos que, como ayer dio un ejemplo la Selección, quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”.

En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que encabeza Kicillof, organiza una movilización para el próximo 6 de agosto. La convocatoria busca expresar rechazo a la modificación de la ley de tierras cuando el Senado de la Nación retome el debate sobre el proyecto que habilita la extranjerización de tierras rurales.

El proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales y establece un límite del 15% para la tenencia extranjera a nivel provincial y municipal, con un máximo del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad. Ningún titular extranjero podrá acumular más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola del territorio bonaerense.

La normativa incorpora requisitos de información y transparencia, prohíbe la titularidad o posesión extranjera de inmuebles ribereños a cuerpos de agua de importancia y define zonas de protección territorial estratégica. La autoridad de aplicación podrá denegar permisos si considera que la operación pone en riesgo la soberanía alimentaria, el acceso al agua o favorece procesos de especulación y concentración.

Entre los argumentos de los autores, se menciona que la provincia de Buenos Aires representa el 38,9% de las exportaciones nacionales y el 52,6% de la región pampeana y que la derogación de la Ley Nacional de Tierras, mediante el DNU 70/2023, reactivó el debate sobre la defensa de los recursos naturales bonaerenses.

La iniciativa fue presentada como: “En oposición a Milei, el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en PBA”.

A priori, la discusión sobre la tenencia y el control de las tierras rurales sugiere un eje capaz de acercar posturas entre los distintos sectores del oficialismo bonaerense. En un escenario atravesado por tensiones internas y matices en torno a la estrategia y construcción política en vistas a las elecciones del 2027, el rechazo a la extranjerización logra alinear a referentes kirchneristas, del Frente Renovador de Sergio Massa y espacios afines a Axel Kicillof.

Diputados, Noelia Saavedra, Facundo Tignanelli, Cintia Romero