CÓRDOBA.− Las negociaciones entre los gobernadores aliados y la Casa Rosada añadieron un capítulo más cuando el ministro del Interior, Diego Santilli, se sumó el martes pasado a la reunión de los mandatarios del Norte Grande. Mientras la prioridad del funcionario pasa por aprobar la reforma electoral y eliminar las elecciones PASO, los gobernadores insistieron en reclamar obras de infraestructura.

Con el objetivo de sostener el superávit fiscal, la Casa Rosada mantiene el ajuste sobre transferencias discrecionales y los gobernadores enfrentan un deterioro creciente de sus cuentas públicas, en un contexto de recuperación de actividad todavía insuficiente y presión cada vez mayor sobre los gastos en salarios, salud, educación y obra pública.

Si las provincias hubieran mantenido en este primer semestre el mismo nivel de gasto real que exhibían en igual período de 2025, pasarían de un superávit financiero equivalente al 1% del gasto total a un déficit de 2%.

Tierra del Fuego profundizaría su rojo de 8% hasta 11% de sus erogaciones totales; Chaco pasaría de un déficit de 7% a 10%; Chubut saltaría de 4% a 8%, y Buenos Aires ampliaría su desequilibrio hasta 6% del gasto total. Cuatro provincias que habían mostrado superávit en la primera mitad de 2025 −Misiones, Río Negro, Formosa y La Rioja− pasarían ahora a terreno negativo.

Los datos se desprenden de un trabajo de los economistas Marcelo Capello, Martín Fiore y Valentina Gallardo, quienes advierten que el deterioro financiero provincial se produce, incluso, en un año en el que la economía argentina volvería a crecer. Según sus proyecciones, el PBI podría expandirse alrededor de 3,5%, pero los recursos totales provinciales caerían 2,6% real en los primeros cinco meses del año, una dinámica que vuelve a encender alarmas en las administraciones subnacionales.

Los economistas realizan otro ejercicio, como es el de estimar cuánto debería variar el gasto anual de cada provincia en el primer semestre para sostener el equilibrio financiero en función de la evolución de sus gastos. Así, Tierra del Fuego y Chaco deberían bajar 11% y 10% su gasto, en valores reales y respecto al primer semestre de 2025; en Chubut debería reducir 8%, en Misiones 7% y 6% en Buenos Aires. Por el contrario, podría aumentar 13% real en Jujuy; 8% en Santiago del Estero y Mendoza y 7% en Córdoba, que de todos modos mantendrían el equilibrio.

El reporte pone el foco sobre un fenómeno que hoy atraviesa buena parte de la relación entre la Nación y las provincias: el ajuste fiscal nacional terminó trasladando una parte significativa de la presión financiera hacia los gobernadores. La Casa Rosada logró consolidar el superávit a partir de un fuerte recorte del gasto, especialmente en jubilaciones, obra pública y transferencias. Y las provincias quedaron en el laberinto de recibir menos fondos nacionales, tener una recaudación propia todavía débil y estructuras de gasto mucho más rígidas.

El estudio muestra que mayo dejó un alivio parcial para las provincias. Las transferencias automáticas nacionales crecieron 8,2% interanual real, impulsadas principalmente por el desempeño de Ganancias. La mejora estuvo vinculada al calendario tributario de empresas con cierre de balances en diciembre, lo que generó un ingreso extraordinario de recursos coparticipables.

Sin embargo, el propio informe aclara que detrás de esa mejora mensual persiste una situación mucho más frágil. “Los tributos ligados estrictamente al mercado interno y al consumo interno han condicionado el volumen de transferencias hacia provincias en los últimos meses”, describe. El rebote todavía no logra consolidarse en los impuestos más asociados al nivel de actividad.

Con la lupa sobre el acumulado entre enero y mayo, las transferencias automáticas todavía exhiben una caída de 2,5% real interanual. El panorama empeora al incorporar las transferencias discrecionales. Como resultado, los giros totales a las provincias muestran una baja de 4,8% real en el acumulado anual.

Mapa heterogéneo

Detrás de esos números aparecen diferencias muy marcadas entre jurisdicciones. Santa Cruz figura como la provincia más perjudicada en materia de transferencias totales, con una caída de 6%. También muestran deterioros significativos La Rioja, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, todas con bajas cercanas al 4%. En cambio, La Pampa (2%) y Misiones (1%) registran mejoras netas en los fondos totales recibidos desde Nación.

En lo que hace a la recaudación propia provincial −uno de los factores que explica la creciente preocupación de los gobernadores−, en promedio, crecieron 0,6% real en lo que va de 2026. La recuperación es insuficiente para compensar la caída de transferencias nacionales y la presión del gasto.

Entre Ríos aparece como la provincia con mejor desempeño tributario propio, con una mejora de 11%, seguida por Neuquén y San Juan, ambas con incrementos de 8%. En el extremo opuesto se ubican Misiones, con una caída de 22%, y La Rioja, con una baja de 13%.

Neuquén sobresale dentro del mapa fiscal argentino. Impulsada por regalías hidrocarburíferas y por el efecto de Vaca Muerta, logró incrementar 5% sus recursos totales y se convierte en la única que combina mejora de ingresos y fortaleza fiscal relativa. El Ieral remarca que “más del 100% del aumento en sus recursos totales se explica por lo ocurrido con sus recursos propios”.

La situación de la provincia de Buenos Aires aparece entre las más delicadas por peso político y magnitud financiera. Según el estudio, cerró 2025 con un déficit financiero equivalente al 5,6% de su gasto total. Durante este año, sus ingresos totales muestran una caída cercana al 1% real. La simulación para el primer semestre la ubica entre las jurisdicciones con mayor deterioro potencial si no ajusta erogaciones.

El escenario más complicado se concentra en Tierra del Fuego, que cerró 2025 con un déficit financiero equivalente al 14,1% de su gasto total, el peor resultado provincial del país. También aparecen desequilibrios en La Pampa (-11,6%), Chubut (-7,4%) y Chaco (-6,8%).

De la comparación entre el ajuste nacional y el provincial surge que, entre 2023 y 2025, el gasto nacional acumuló una caída real de 24,9%, mientras que el consolidado provincial se redujo en 9,6%.

Es en esa línea en la que desde la Casa Rosada insisten en que los gobernadores todavía tienen margen para profundizar el torniquete mientras los mandatarios negocian apoyos en el Congreso por financiamiento de obras públicas y “devolución” de fondos que les corresponden por ley.

Con duras críticas a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial, el camarista federal Leopoldo Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar. Reclamó que se suspendan todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura con el que, según denunció, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

La presentación se incorporó a fines de la semana pasada dentro de la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021, en la que se analiza la situación de Bruglia y la de sus colegas Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.

Bruglia identificó un punto de no retorno para sostener su petición a la CIDH: el momento en que la eventual designación de reemplazantes tornaría irreversible su salida del cargo. Según sostuvo, el 27 de abril pasado el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo, en menos de quince minutos y, según planteó Bruglia, sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas.

De acuerdo con el planteo de Bruglia, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.

En su presentación, además, Bruglia señaló al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Consignó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.

Así, el camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020 que estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación.

Cabe recordar que en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña, con el aval del Consejo de la Magistratura. Pero tras el fallo de la Corte Suprema, Bruglia remarcó que las nuevas pautas ordenadoras se aplicaron únicamente en sus casos. En otras palabras, en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.

Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso “testigo” de Carlos Mahiques. Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, evidencia con nitidez el trato desigual.

La gravedad institucional del argumento tiene, para Bruglia, un respaldo inesperado: las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y contrastó el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.

El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.

Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, en marzo de este año.

Bruglia sostuvo además que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.

Así, la cautelar apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.