Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la cantidad total de asalariados en el sector privado creció casi 1% en el primer trimestre de este año en relación al mismo período del 2025, pero el aumento no se tradujo en más empleo registrado, sino en una expansión del trabajo no declarado. El fenómeno no es uniforme: hay ramas de actividad donde la informalidad supera ampliamente la mitad de los puestos de trabajo, mientras que en otras se mantiene en niveles relativamente bajos.

De acuerdo con el estudio de “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” del Indec, en los primeros tres meses de 2026 había 12.887.000 asalariados privados en el país, de los cuales 5.622.000 no estaban registrados. Eso equivale a una tasa de informalidad del 43,6%, un nivel que supera holgadamente la tercera parte del total de trabajadores asalariados privados y que representa un incremento de 1,1 punto porcentual respecto del 42,5% registrado un año antes.

El servicio doméstico continúa siendo, por lejos, la actividad con mayor proporción de trabajo no registrado dentro del sector privado. De los 1.731.000 asalariados que trabajan en hogares particulares, 1.261.000 lo hacen sin aportes ni cobertura social, mientras que apenas 470.000 están en blanco (72,8% de informalidad).

En la agricultura, la relación es similar: de un total de 865.000 asalariados, 521.000 no están registrados (60,2% de empleo en negro). Se trata de una de las ramas donde la informalidad estructural se mantiene estable desde hace años, sin variaciones significativas en el margen.

La construcción, por su parte, combina un alto nivel de informalidad con una de las pocas caídas del período: de los 930.000 asalariados del sector, 551.000 no están registrados, una cifra que retrocedió respecto de los 571.000 no registrados de un año atrás. Es el único de los sectores más informales donde la tasa bajó en la comparación interanual (60,2% en 2025 y 59,2% en 2026).

La comparación entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 muestra comportamientos dispares según la rama de actividad. En comercio, el sector con mayor cantidad absoluta de asalariados del país, la informalidad subió 1,9 punto porcentual, hasta 42,5%, con una suba de 66.000 trabajadores no registrados y una caída de 13.000 en los registrados en el último año.

La industria manufacturera perdió 42.000 puestos registrados en el último año, mientras que el empleo no registrado creció en 26.000. Como resultado, la tasa de informalidad del sector pasó de 30,8% a 32,6%, un aumento de 1,8 punto porcentual.

En sentido inverso, la construcción fue la única rama entre las de mayor informalidad donde la tasa bajó, con una reducción de 1,0 punto porcentual. Ahora bien, ese descenso convivió con una pérdida neta de 18.000 asalariados totales en el sector, producto de una caída de 20.000 trabajadores no registrados que no fue compensada por el leve aumento de 2.000 en los registrados.

Otras ramas con menor peso relativo en el total de asalariados mostraron subas más pronunciadas en los niveles de informalidad. La pesca pasó de una informalidad de 19,0% a 26,1%, con un salto de 7 puntos, mientras que la electricidad, gas y agua subió 3,9 puntos, hasta 15,8%. La explotación de minas y canteras también tuvo un incremento relevante, de 3,7 puntos, hasta 12,6%.

El servicio doméstico, pese a ser ya la rama con mayor informalidad, sumó otro punto y medio porcentual en el último año, al pasar de 71,3% a 72,8%. En términos absolutos, el sector incorporó 103.000 asalariados, de los cuales 100.000 corresponden a trabajo no registrado.

La cantidad total de asalariados privados del país aumentó en 91.000 personas entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Sin embargo, ese crecimiento estuvo impulsado exclusivamente por el empleo no registrado, que sumó 186.000 puestos, mientras que el empleo registrado retrocedió en 95.000 puestos en el mismo lapso.

De mantenerse esta dinámica, la composición del empleo asalariado privado seguirá desplazándose hacia la informalidad, incluso en un contexto de crecimiento neto del número total de trabajadores. El resultado combinado de ambos movimientos, la caída del empleo registrado y el alza del no registrado, fue el que llevó la tasa de informalidad general del sector privado del 42,5% al 43,6% en apenas un año.

El presidente Javier Milei volvió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para brindar un discurso por el 172.º aniversario en el cual apuntó contra los que hablan de “economía en K” respecto al ritmo de crecimiento distinto entre sectores. A la par, y sin nombre ni apellidos como en otras oportunidades, se refirió los empresarios que hacen pactos con los políticos a quienes calificó de “parásitos protegidos” a los que se les terminó la joda.

Durante la exposición de más de una hora, Milei rechazó la noción de “economía K”. Esta tesis sostiene que algunos rubros vinculados al sector externo -agro, minería, energía- encabezan el crecimiento económico mientras que los segmentos vinculados al mercado local -industria, construcción y comercio- se mantienen estancados.

El mandatario profundizó los cuestionamientos al enfoque de ciertos economistas sobre el crecimiento y sostuvo que existe “mediocridad de economistas que andan con eso de la K: unos que crecen mucho, otros que crecen poco”. A la vez, subrayó la falta de comprensión sobre los procesos de crecimiento y el impacto del progreso tecnológico en la estructura productiva.

En esa línea, desplegó una dura crítica a la intervención estatal y a la protección de sectores ineficientes, al señalar que estas prácticas afectan al mercado y terminan perjudicando a los consumidores. “Cuando ustedes meten regulaciones para castigar a las lamparitas, el fabricante de velas se queda mirando el techo y en lugar de tratar de competir o de reconvertirse, va y le pide a un político corrupto que lo proteja. Bueno, se acabó la joda de los parásitos protegidos. Ahora van a tener que competir”, remarcó Milei ante empresarios que lo escuchaban en las primeras filas, entre los cuales estaban los miembros del G6.

Las palabras presidenciales generaron una reacción inmediata, diversos referentes admitieron malestar tras la larga exposición. Un empresario de peso, que pidió reserva de identidad a Infobae, señaló: “Habla de la economía en K, cuando el Gobierno debería lanzar medidas para los sectores que están en la ‘patita’ que son el comercio, la industria y la construcción”. Según la misma voz, existen negociaciones con el Gobierno para acordar políticas de reactivación el crédito, aunque remarcó que perciben resistencia oficial para avanzar en la implementación de esas iniciativas.

Entre los ejecutivos presentes, varios notaron un cambio en el tono presidencial respecto de presentaciones anteriores en la Bolsa. Un directivo que presenció el acto afirmó que Milei mostró un perfil diferente: “Ya está en campaña, dio un discurso distinto”. Consideró que la exposición resultó clara y más accesible que en ocasiones anteriores, a pesar de las referencias técnicas y los modelos económicos mencionados.

El foco posterior al discurso giró en torno a los proyectos que el Gobierno anunció que enviará al Congreso en los próximos días. Entre ellos, Milei incluyó la desregulación del mercado inmobiliario, del mercado de capitales y del sector de seguros. Una autoridad que participó en la redacción de los proyectos definió que el título VIII del proyecto que será de la desregulación del mercado de capitales “es una ley ómnibus en sí misma”, aunque evitó dar detalles sobre la letra chica hasta que la Casa Rosada realice el anuncio formal. Es dentro de los equipos técnicos y funcionarios creció la cautela por el riesgo de filtraciones y se reforzó la orden de mantener la disciplina en las comunicaciones mientras avanzan las negociaciones legislativas.

Más allá de los proyectos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso, persisten reservas sobre otras iniciativas económicas que el equipo liderado por Luis Caputo consideró estratégicas para el financiamiento privado. Entre ellas se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para facilitar la transición laboral y acompañar reformas estructurales.

En mayo, el Gobierno decidió postergar la puesta en marcha del FAL hasta el 1° de noviembre de 2026, alineado con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, por el costo fiscal y la caída de la recaudación. La Ley de Modernización permitió ese aplazamiento, pero dentro del oficialismo existe preocupación por la posibilidad de que sea necesario retrasarlo nuevamente si no mejoran los ingresos fiscales. Para hacerlo, se requeriría una nueva ley del Congreso.

La cuestión de las iniciativas postergadas y el clima de espera frente a los proyectos enviados al Congreso expuso tensiones tanto en el oficialismo como en el sector empresario. Funcionarios y organismos reforzaron la consigna de evitar declaraciones fuera de micrófono hasta que la Casa Rosada oficialice los anuncios y la estrategia parlamentaria. Las fuentes consultadas admitieron que la prioridad es mantener el control de la información y evitar filtraciones en medio de negociaciones sensibles.

En el sector privado, la agenda se concentra en dos frentes: por un lado, aguardan definiciones sobre el contenido de los proyectos de desregulación; por otro, buscan avanzar en la negociación de medidas de alivio para el comercio, la industria y la construcción. Voceros empresarios señalaron que la ausencia de anuncios concretos sigue generando incertidumbre sobre la recuperación y la disposición del Gobierno para atender los reclamos de los sectores productivos.

Con la reapertura de ayer, el Gobierno colocó USD 620 millones en la primera licitación del AO29, el nuevo bono que servirá para financiar los vencimientos de deuda que restan en 2026 y al mismo tiempo preparar un colchón para el año próximo.

Según el programa financiero presentado hace menos de dos semanas, el Tesoro se concentraría casi exclusivamente en la emisión de este título para financiarse en el mercado local. En total, se plantean colocaciones por USD 5.000 millones en 2027. El volumen luce posible pero al mismo tiempo ambicioso.

Este año el equipo económico planea colocar un total de USD 6.000 millones en bonos en el mercado local. De ese total ya consiguió USD 4.000 millones via el AO27 y AO28. Y ahora va USD 620 millones del AO29, por lo que se espera completar ese monto en sucesivas licitaciones, que se realizan de manera quincenal.

El signo de interrogación se plantea para el año próximo. ¿Conseguirá el Gobierno el financiamiento que busca en el mercado local? Al tratarse de un año electoral, no es tan sencilla la respuesta. Así como es razonable esperar que aumente la dolarización de portafolios por cobertura, también es lógico proyectar que la demanda por deuda del Tesoro disminuirá en un contexto de incertidumbre.

Este tipo de emisiones apunta a los dólares que los ahorristas tienen en el sistema bancario y que en un porcentaje importante no se encuentran directamente invertidos o lo están pero a tasas muy bajas.

El problema para el Ministerio de Economía es que no está solo en la búsqueda de este financiamiento con dólares ociosos. Además, empresas y bancos también acuden al mercado para financiarse en dólares MEP. Esto significa que se trata de colocaciones que pueden ser adquiridas directamente con dólares de los ahorristas, pero también es posible comprar dólares con pesos con el objetivo de suscribir estas emisiones.

A diferencia de lo que hizo este año, el plan presentado consiste en colocar USD 5.000 millones del mismo bono, el AO29. Esto implica necesariamente que el ahorrista deberá esperar hasta la próxima administración para recuperar el capital invertido. La apuesta tiene un elemento de incertidumbre, que está relacionado con la incertidumbre por el resultado de las elecciones y quién será el Presidente cuando toque pagar el nuevo título.

Por ese motivo este bono salió a una tasa levemente por debajo del 8,5% cuando el AO27, que vence el año que viene (cuando Javier Milei todavía sea presidente) y rinde apenas 5% anual en dólares.

El Gobierno fue a buscar al inversor minorista con un producto novedoso para este tipo de instrumento: paga intereses en dólares todos los meses, asimilándolo a los ingresos de un alquiler. Esto marca una diferencia relevante en relación a otros bonos emitidos por empresas o bancos, que en general pagan intereses en forma semestral.

La duda latente es si habrá profundidad suficiente el año próximo en el mercado tanto para la administración libertaria como para emisores privados. En un escenario de alta incertidumbre, si es que no hay un favorito claro para las elecciones, es muy probable que el riesgo país sufra un incremento.

En la práctica, esto implicaría un mayor costo de financiamiento para el Gobierno, que habrá que ver hasta dónde está dispuesto a convalidar.

Mientras tanto, la expectativa latente sigue siendo la posibilidad de reabrir el mercado internacional para conseguir financiamiento de largo plazo. Claro que esto no sucede desde el 2018, justo antes que se produjera la crisis cambiaria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por ahora, el riesgo país encontró una resistencia levemente por encima de los 400 puntos básicos. Y la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene arriba del 4,5% para los bonos a diez años. Por lo tanto, la posibilidad de una colocación internacional sigue latente, pero no parece factible la menos en los próximos 60 días.