Este 16 de julio de 2026, además de ser el día después de la clasificación de la Selección Argentina a otra final de la Copa del mundo de fútbol, es un día que puede quedar marcado en la agenda del mercado automotor argentino por ser el del lanzamiento de una nueva marca producida en Oriente que llega de la mano de una terminal automotriz local.

Se trata de Leapmotor, un nuevo fabricante que forma parte de Stellantis a nivel mundial desde 2024, cuando el holding con mayor cantidad de marcas del mundo adquirió una participación accionaria de esta automotriz que le permite comercializar e incluso producir vehículos en todo el mundo salvo su país de origen.

La diferencia entre esta nueva marca china y las otras que llegaron para traer la tecnología de electrificación a Argentina desde el año pasado está en que es parte de un conglomerado de fabricantes occidentales históricos, que tienen filial argentina y producción regional de vehículos, como son Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram y DS.

Este es el primer caso de una marca de ese país que entra a la Argentina a través de la gestión de una compañía automotriz instalada con producción local, pero el modelo de negocios en general es similar al que ya está funcionando con otros vehículos de ese mismo origen y que son importados por terminales argentinas como una solución para poder ofrecer en el mercado local, una tecnología de última generación con costos más bajos que si provinieran desde mercados occidentales.

El más representativo es el de Ford Territory, un modelo que se fabrica íntegramente en JMC, uno de los dos socios estratégicos de la marca americana en China (el otro es Changan), y que hoy es el tercer vehículo más vendido del mercado, el más vendido de Ford en el primer semestre, y el SUV con mayor demanda entre todos los modelos y segmentos.

Territory no es solo electrificada, de hecho, llegó con su primera generación que se renovó en 2024, y tiene dos de sus tres actuales modelos con motores de combustión interna además del híbrido. Incluso, en los próximos días se presentará una nueva versión y se espera que para 2027 también pueda llegar un híbrido enchufable.

El otro caso, paradójicamente, es también es de una automotriz americana, General Motors, que produce con SAIC dos modelos electrificados que llegaron el año pasado a Argentina. Son el Spark EUV, un SUV del segmento B 100% eléctrico, y el Chevrolet Captiva PHEV, un vehículo híbrido enchufable que se lanzó a la venta en enero de este año.

Si bien los tres son autos fabricados al 100% en su país de origen, lo que asemeja la situación a la de los nuevos Leapmotor B10 y C10, es que en todos los casos se trata de vehículos que tienen el respaldo de la marca que está por detrás, que es conocida por los usuarios argentinos, un modelo de negocio que ya están aplicando otros fabricantes y que se verá en 2027.

En ese camino de lograr un producto con tecnología electrificada, aunque no excluyentemente, está también Volkswagen, que ya anunció su inversión de USD 580 millones en la planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, para fabricar la nueva generación de Volkswagen Amarok.

Esta será una pickup completamente nueva que llegará en el primer trimestre del año próximo, y que tiene la plataforma de otro vehículo oriental, Maxus T90, y que tendrá también una versión híbrida enchufable, sobre la cual los ingenieros de Argentina, Brasil e incluso Alemania, desarrollaron un vehículo capaz de adaptarse a la geografía y el uso de los países de Latinoamérica, hacia donde será exportada.

Con la reapertura de ayer, el Gobierno colocó USD 620 millones en la primera licitación del AO29, el nuevo bono que servirá para financiar los vencimientos de deuda que restan en 2026 y al mismo tiempo preparar un colchón para el año próximo.

Según el programa financiero presentado hace menos de dos semanas, el Tesoro se concentraría casi exclusivamente en la emisión de este título para financiarse en el mercado local. En total, se plantean colocaciones por USD 5.000 millones en 2027. El volumen luce posible pero al mismo tiempo ambicioso.

Este año el equipo económico planea colocar un total de USD 6.000 millones en bonos en el mercado local. De ese total ya consiguió USD 4.000 millones via el AO27 y AO28. Y ahora va USD 620 millones del AO29, por lo que se espera completar ese monto en sucesivas licitaciones, que se realizan de manera quincenal.

El signo de interrogación se plantea para el año próximo. ¿Conseguirá el Gobierno el financiamiento que busca en el mercado local? Al tratarse de un año electoral, no es tan sencilla la respuesta. Así como es razonable esperar que aumente la dolarización de portafolios por cobertura, también es lógico proyectar que la demanda por deuda del Tesoro disminuirá en un contexto de incertidumbre.

Este tipo de emisiones apunta a los dólares que los ahorristas tienen en el sistema bancario y que en un porcentaje importante no se encuentran directamente invertidos o lo están pero a tasas muy bajas.

El problema para el Ministerio de Economía es que no está solo en la búsqueda de este financiamiento con dólares ociosos. Además, empresas y bancos también acuden al mercado para financiarse en dólares MEP. Esto significa que se trata de colocaciones que pueden ser adquiridas directamente con dólares de los ahorristas, pero también es posible comprar dólares con pesos con el objetivo de suscribir estas emisiones.

A diferencia de lo que hizo este año, el plan presentado consiste en colocar USD 5.000 millones del mismo bono, el AO29. Esto implica necesariamente que el ahorrista deberá esperar hasta la próxima administración para recuperar el capital invertido. La apuesta tiene un elemento de incertidumbre, que está relacionado con la incertidumbre por el resultado de las elecciones y quién será el Presidente cuando toque pagar el nuevo título.

Por ese motivo este bono salió a una tasa levemente por debajo del 8,5% cuando el AO27, que vence el año que viene (cuando Javier Milei todavía sea presidente) y rinde apenas 5% anual en dólares.

El Gobierno fue a buscar al inversor minorista con un producto novedoso para este tipo de instrumento: paga intereses en dólares todos los meses, asimilándolo a los ingresos de un alquiler. Esto marca una diferencia relevante en relación a otros bonos emitidos por empresas o bancos, que en general pagan intereses en forma semestral.

La duda latente es si habrá profundidad suficiente el año próximo en el mercado tanto para la administración libertaria como para emisores privados. En un escenario de alta incertidumbre, si es que no hay un favorito claro para las elecciones, es muy probable que el riesgo país sufra un incremento.

En la práctica, esto implicaría un mayor costo de financiamiento para el Gobierno, que habrá que ver hasta dónde está dispuesto a convalidar.

Mientras tanto, la expectativa latente sigue siendo la posibilidad de reabrir el mercado internacional para conseguir financiamiento de largo plazo. Claro que esto no sucede desde el 2018, justo antes que se produjera la crisis cambiaria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por ahora, el riesgo país encontró una resistencia levemente por encima de los 400 puntos básicos. Y la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene arriba del 4,5% para los bonos a diez años. Por lo tanto, la posibilidad de una colocación internacional sigue latente, pero no parece factible la menos en los próximos 60 días.

Tras acordar un incremento para la administración pública, el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que otorgó una suba en los salarios del personal de la Policía Bonaerense y el resto de las fuerzas de seguridad provinciales. La decisión fue confirmada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Economía, Pablo López; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

En este caso no se trata de una negociación, sino de una mejora que se da mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, ya que la legislación vigente no habilita negociaciones paritarias para el personal policial. El aumento sirve para descomprimir cierto malestar en las fuerzas que, en algún momento, amenazaban con desatar un conflicto de las mismas características que se vivió en Santa Fe.

De cuánto es y cómo se aplica la mejora salarial

Según detallaron los funcionarios, el incremento es del 7% en dos cuotas, que se liquidarán de la siguiente forma:

Indicaron que se deben tomar los sueldos de junio para aplicar dichos porcentajes. Además, la administración bonaerense anunció una mejora del 30% en las asignaciones familiares que perciben los integrantes de las fuerzas de seguridad. Hace pocos días Kicillof había acordado con los gremios docentes y estatales una suba del 7% distribuida de la misma forma.

En conferencia de prensa, López manifestó que la actualización salarial representa un esfuerzo para las finanzas provinciales, en un escenario adverso económicamente. Subrayó: «Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord«.

Los funcionarios bonaerenses aprovechan cada ocasión para cuestionar las políticas del gobierno de Javier Milei, haciendo hincapié en el recorte y retención de fondos, incluyendo la caída de la coparticipación y la paralización de transferencias discrecionales.

Escala salarial según la categoría

Aunque todavía no está oficializada la nueva escala salarial, con el incremento acumulado del 7%, los haberes básicos según las categorías, quedarán aproximadamente de la siguiente forma:

• Superintendente: $2.461.000
• Comisario general: $2.033.000
• Comisario mayor: $1.819.000
• Comisario inspector: $1.605.000
• Oficial ingresante: $963.000

Vale aclarar que los montos corresponden a salarios básicos y no contemplan adicionales, horas extras ni otros conceptos que integran el recibo de sueldo. En todos los casos, el haber final dependerá de conceptos adicionales como antigüedad, riesgo profesional, compensaciones por uniforme, horas CO.RE.S., Policía Adicional y otras bonificaciones.

Para finalizar, López sostuvo que «es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses«.

Por ahora, conflicto superado: ¿y la sindicalización?

En febrero circuló la versión de un posible acuartelamiento de la policía bonaerense. En paralelo, Kicillof estaba lidiando con la paritaria estatal, principalmente con los gremios docentes que amenazaban con no comenzar las clases. Después de varias negociaciones, el conflicto fue resuelto, pero el malestar de las fuerzas de seguridad quedó latente.

Por ese motivo, desde la administración bonaerense se resolvió que ante cada acuerdo paritario de los estatales (administración pública, docentes y no docentes, judiciales y personal de la salud) se repliquen los aumentos en forma idéntica para evitar desfases y reclamos. Asimismo, tanto Bianco como Larroque siguen de cerca la situación particular de la policía bonaerense, tanto en materia económica como de equipamiento.

En este marco, hay que tener en cuenta que las fuerzas de seguridad no están agremiadas, por lo tanto, no tienen paritarias. Sus reclamos solo pueden ser canalizados por los altos mandos o el propio interés del ministro de Seguridad de hacer un análisis sobre las condiciones laborales, materiales de trabajo (uniformes, armas…) e ingresos. Hasta el momento, los intentos de sindicalización fueron desestimados por la propia justicia.

Las bases insisten con sus reclamos

A pesar de los aumentos salariales, las bases insisten en que no pueden manifestar sus reclamos. Afirman que «en cuanto lo hacemos, nos trasladan o sancionan», y sostienen que son «los olvidados de siempre; hace años que vivimos esta situación».

Los voceros consultados explicaron que «hay que hacer un sinceramiento y poner límites reales a la cantidad de horas de servicio para respetar el descanso y la salud; como así también a la provisión y mantenimiento de móviles y dependencias en condiciones dignas».

Plantearon que «de una buena vez por todas hay que jerarquizar la profesión, que no solo pasa por entregarnos anualmente dos mudas completas de uniforme en buen estado, sino con ascensos por antigüedad y mérito sin arbitrariedades». Cerraron afirmando que «es fundamental erradicar los tratos abusivos y jerarquías que respeten la dignidad del personal y un programa de reentrenamiento integral que incluya preparación física, apoyo psicológico, manejo responsable de armas y actualización en derecho penal, Constitución Nacional y derechos humanos».