El presidente Javier Milei volvió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para brindar un discurso por el 172.º aniversario en el cual apuntó contra los que hablan de “economía en K” respecto al ritmo de crecimiento distinto entre sectores. A la par, y sin nombre ni apellidos como en otras oportunidades, se refirió los empresarios que hacen pactos con los políticos a quienes calificó de “parásitos protegidos” a los que se les terminó la joda.

Durante la exposición de más de una hora, Milei rechazó la noción de “economía K”. Esta tesis sostiene que algunos rubros vinculados al sector externo -agro, minería, energía- encabezan el crecimiento económico mientras que los segmentos vinculados al mercado local -industria, construcción y comercio- se mantienen estancados.

El mandatario profundizó los cuestionamientos al enfoque de ciertos economistas sobre el crecimiento y sostuvo que existe “mediocridad de economistas que andan con eso de la K: unos que crecen mucho, otros que crecen poco”. A la vez, subrayó la falta de comprensión sobre los procesos de crecimiento y el impacto del progreso tecnológico en la estructura productiva.

En esa línea, desplegó una dura crítica a la intervención estatal y a la protección de sectores ineficientes, al señalar que estas prácticas afectan al mercado y terminan perjudicando a los consumidores. “Cuando ustedes meten regulaciones para castigar a las lamparitas, el fabricante de velas se queda mirando el techo y en lugar de tratar de competir o de reconvertirse, va y le pide a un político corrupto que lo proteja. Bueno, se acabó la joda de los parásitos protegidos. Ahora van a tener que competir”, remarcó Milei ante empresarios que lo escuchaban en las primeras filas, entre los cuales estaban los miembros del G6.

Las palabras presidenciales generaron una reacción inmediata, diversos referentes admitieron malestar tras la larga exposición. Un empresario de peso, que pidió reserva de identidad a Infobae, señaló: “Habla de la economía en K, cuando el Gobierno debería lanzar medidas para los sectores que están en la ‘patita’ que son el comercio, la industria y la construcción”. Según la misma voz, existen negociaciones con el Gobierno para acordar políticas de reactivación el crédito, aunque remarcó que perciben resistencia oficial para avanzar en la implementación de esas iniciativas.

Entre los ejecutivos presentes, varios notaron un cambio en el tono presidencial respecto de presentaciones anteriores en la Bolsa. Un directivo que presenció el acto afirmó que Milei mostró un perfil diferente: “Ya está en campaña, dio un discurso distinto”. Consideró que la exposición resultó clara y más accesible que en ocasiones anteriores, a pesar de las referencias técnicas y los modelos económicos mencionados.

El foco posterior al discurso giró en torno a los proyectos que el Gobierno anunció que enviará al Congreso en los próximos días. Entre ellos, Milei incluyó la desregulación del mercado inmobiliario, del mercado de capitales y del sector de seguros. Una autoridad que participó en la redacción de los proyectos definió que el título VIII del proyecto que será de la desregulación del mercado de capitales “es una ley ómnibus en sí misma”, aunque evitó dar detalles sobre la letra chica hasta que la Casa Rosada realice el anuncio formal. Es dentro de los equipos técnicos y funcionarios creció la cautela por el riesgo de filtraciones y se reforzó la orden de mantener la disciplina en las comunicaciones mientras avanzan las negociaciones legislativas.

Más allá de los proyectos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso, persisten reservas sobre otras iniciativas económicas que el equipo liderado por Luis Caputo consideró estratégicas para el financiamiento privado. Entre ellas se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para facilitar la transición laboral y acompañar reformas estructurales.

En mayo, el Gobierno decidió postergar la puesta en marcha del FAL hasta el 1° de noviembre de 2026, alineado con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, por el costo fiscal y la caída de la recaudación. La Ley de Modernización permitió ese aplazamiento, pero dentro del oficialismo existe preocupación por la posibilidad de que sea necesario retrasarlo nuevamente si no mejoran los ingresos fiscales. Para hacerlo, se requeriría una nueva ley del Congreso.

La cuestión de las iniciativas postergadas y el clima de espera frente a los proyectos enviados al Congreso expuso tensiones tanto en el oficialismo como en el sector empresario. Funcionarios y organismos reforzaron la consigna de evitar declaraciones fuera de micrófono hasta que la Casa Rosada oficialice los anuncios y la estrategia parlamentaria. Las fuentes consultadas admitieron que la prioridad es mantener el control de la información y evitar filtraciones en medio de negociaciones sensibles.

En el sector privado, la agenda se concentra en dos frentes: por un lado, aguardan definiciones sobre el contenido de los proyectos de desregulación; por otro, buscan avanzar en la negociación de medidas de alivio para el comercio, la industria y la construcción. Voceros empresarios señalaron que la ausencia de anuncios concretos sigue generando incertidumbre sobre la recuperación y la disposición del Gobierno para atender los reclamos de los sectores productivos.

Tras acordar un incremento para la administración pública, el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que otorgó una suba en los salarios del personal de la Policía Bonaerense y el resto de las fuerzas de seguridad provinciales. La decisión fue confirmada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Economía, Pablo López; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

En este caso no se trata de una negociación, sino de una mejora que se da mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, ya que la legislación vigente no habilita negociaciones paritarias para el personal policial. El aumento sirve para descomprimir cierto malestar en las fuerzas que, en algún momento, amenazaban con desatar un conflicto de las mismas características que se vivió en Santa Fe.

De cuánto es y cómo se aplica la mejora salarial

Según detallaron los funcionarios, el incremento es del 7% en dos cuotas, que se liquidarán de la siguiente forma:

Indicaron que se deben tomar los sueldos de junio para aplicar dichos porcentajes. Además, la administración bonaerense anunció una mejora del 30% en las asignaciones familiares que perciben los integrantes de las fuerzas de seguridad. Hace pocos días Kicillof había acordado con los gremios docentes y estatales una suba del 7% distribuida de la misma forma.

En conferencia de prensa, López manifestó que la actualización salarial representa un esfuerzo para las finanzas provinciales, en un escenario adverso económicamente. Subrayó: «Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord«.

Los funcionarios bonaerenses aprovechan cada ocasión para cuestionar las políticas del gobierno de Javier Milei, haciendo hincapié en el recorte y retención de fondos, incluyendo la caída de la coparticipación y la paralización de transferencias discrecionales.

Escala salarial según la categoría

Aunque todavía no está oficializada la nueva escala salarial, con el incremento acumulado del 7%, los haberes básicos según las categorías, quedarán aproximadamente de la siguiente forma:

• Superintendente: $2.461.000
• Comisario general: $2.033.000
• Comisario mayor: $1.819.000
• Comisario inspector: $1.605.000
• Oficial ingresante: $963.000

Vale aclarar que los montos corresponden a salarios básicos y no contemplan adicionales, horas extras ni otros conceptos que integran el recibo de sueldo. En todos los casos, el haber final dependerá de conceptos adicionales como antigüedad, riesgo profesional, compensaciones por uniforme, horas CO.RE.S., Policía Adicional y otras bonificaciones.

Para finalizar, López sostuvo que «es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses«.

Por ahora, conflicto superado: ¿y la sindicalización?

En febrero circuló la versión de un posible acuartelamiento de la policía bonaerense. En paralelo, Kicillof estaba lidiando con la paritaria estatal, principalmente con los gremios docentes que amenazaban con no comenzar las clases. Después de varias negociaciones, el conflicto fue resuelto, pero el malestar de las fuerzas de seguridad quedó latente.

Por ese motivo, desde la administración bonaerense se resolvió que ante cada acuerdo paritario de los estatales (administración pública, docentes y no docentes, judiciales y personal de la salud) se repliquen los aumentos en forma idéntica para evitar desfases y reclamos. Asimismo, tanto Bianco como Larroque siguen de cerca la situación particular de la policía bonaerense, tanto en materia económica como de equipamiento.

En este marco, hay que tener en cuenta que las fuerzas de seguridad no están agremiadas, por lo tanto, no tienen paritarias. Sus reclamos solo pueden ser canalizados por los altos mandos o el propio interés del ministro de Seguridad de hacer un análisis sobre las condiciones laborales, materiales de trabajo (uniformes, armas…) e ingresos. Hasta el momento, los intentos de sindicalización fueron desestimados por la propia justicia.

Las bases insisten con sus reclamos

A pesar de los aumentos salariales, las bases insisten en que no pueden manifestar sus reclamos. Afirman que «en cuanto lo hacemos, nos trasladan o sancionan», y sostienen que son «los olvidados de siempre; hace años que vivimos esta situación».

Los voceros consultados explicaron que «hay que hacer un sinceramiento y poner límites reales a la cantidad de horas de servicio para respetar el descanso y la salud; como así también a la provisión y mantenimiento de móviles y dependencias en condiciones dignas».

Plantearon que «de una buena vez por todas hay que jerarquizar la profesión, que no solo pasa por entregarnos anualmente dos mudas completas de uniforme en buen estado, sino con ascensos por antigüedad y mérito sin arbitrariedades». Cerraron afirmando que «es fundamental erradicar los tratos abusivos y jerarquías que respeten la dignidad del personal y un programa de reentrenamiento integral que incluya preparación física, apoyo psicológico, manejo responsable de armas y actualización en derecho penal, Constitución Nacional y derechos humanos».

El dólar mayorista tuvo una suba marginal de 1,50 peso o 0,1% este jueves, a $1.476, con un monto de operaciones todavía relevante en los USD 625,3 millones, acorde al período de mayor liquidación de exportaciones, que parece extenderse al mes de julio.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 12 pesos, muy por encima de la caída de 50 centavos de la semana anterior”, recordó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El tipo de cambio oficial mantiene en julio una baja de seis pesos o 0,4%, tendencia que, de sostenerse, perdería nuevamente contra la inflación mensual. Mientras, en el recorrido de 2026 alcanza una ganancia de 21 pesos o 1,4 por ciento.

El BCRA fijó para fecha un techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.826,41 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 350,41 pesos o 23,7% de ese límite de intervención.

El dólar al público se mantuvo estable a $1.495 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento blue o informal descontó cinco pesos o 0,3%, a 1.525 pesos.

“El dólar mayorista continúa más estable cerca de los $1.475 mientras el BCRA sigue sumando fuertes compras, en especial en las últimas ruedas que sorprendieron por la intensidad y el nivel de participación en la plaza. Más allá de eventos puntuales, que se siga avanzando en el objetivo de acumulación de reservas, dentro de un clima de calma cambiaria y desinflación, sigue siendo alentador considerando que se anticipaba una menor oferta de divisas en el segundo semestre”, estimó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El Tesoro alcanzó un rollover de 183% en la licitación de bonos de corto plazo, por unos $5,4 billones, lo que implicó una absorción de $2,5 billones de liquidez del sistema dados los vencimientos y un aumento de los depósitos oficiales en cuentas del BCRA.

Para Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, “el Palacio de Hacienda cerró una exitosa jornada financiera al superar ampliamente los vencimientos de deuda. La gran novedad fue el debut del Bonar 2029 en moneda extranjera. Para este título, el mercado ofreció un total de USD 1.046 millones. Sin embargo, el Gobierno decidió adjudicar US D470 millones con una tasa de retorno del 8,29%” (nominal anual).

A la vez, Max Capital destacó que “la demanda por instrumentos dólar linked fue sólida y concentró el 25% del total colocado (USD 966 millones), siendo el nuevo bono con vencimiento en mayo de 2027 el más demandado (USD 604 millones)“.

“Si bien el rollover superior al 100% reducirá la liquidez del sistema, esta absorción compensará gran parte de la expansión derivada de las grandes compras de dólares realizadas por el BCRA en los últimos días, dejando probablemente poco margen para que las tasas del mercado secundario entren en tensión”, acotó Max Capital.

El economista Salvador Vitelli, Head of Research en Romano Group, observó en “el movimiento de depósitos en pesos y moneda extranjera del Tesoro” que ”el Tesoro le compró al BCRA el 8 de julio USD 920 millones. De esta manera, calculamos que le lleva comprado al BCRA USD 6.800 millones en lo que va del año. En el programa financiero de 2026 indicaron que le comprarían al BCRA por USD 6.700 millones por lo que probablemente esta sea la última compra realizada».

Por otro lado, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, actualizados por el BCRA al 13 de julio, mostraron un incremento de USD 617 millones en las colocaciones en efectivo del sector privado, hasta alcanzar un total de USD 40.437 millones, un nuevo récord histórico.