POLITICA
Incomodidad y silencio en el Gobierno por el fallo de la Corte que habilita la venta de tierras a extranjeros
Silencio, incomodidad y preocupación. Así reaccionó el gobierno de Javier Milei al fallo de la Corte Suprema que ayer quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al reponer la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 impulsado por el Poder Ejecutivo en los primeros días de la gestión libertaria y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado.
“Genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para nosotros, y lo vuelve a traer a la agenda”, contestaron a desde un importante despacho oficial. Las fuentes advirtieron que, como efecto colateral, el fallo de la Corte “pone en riesgo el DNU” que incluía la derogación de la ley que limitaba la venta de tierras rurales, pero también un amplio abanico de temas, que van desde la nueva ley de alquileres, la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga y las privatizaciones de empresas públicas.
El riesgo, reconocieron en Balcarce 50, es concreto. El Senado, con una composición muy diferente a la actual, rechazó el decreto de Milei (ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger) el 14 de marzo de 2024 con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones, pero la norma quedó vigente, ya que la oposición no consiguió el número suficiente en Diputados para rechazarlo. A partir del reciente fallo de la Corte, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT-Buenos Aires) reclamó la anulación del decreto “ya mismo”, y agregó: “Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamosen el recinto y que se vea quién es quién”, afirmó la legisladora de izquierda en su cuenta de X. Bregman, como otros diputados opositores, ya trabaja en alternativas para forzar una sesión especial e intentar voltear el DNU.
Según pudo saber , desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, ya comenzaron los contactos con los aliados de centro (Pro y gobernadores) para contrarrestar esos intentos. Cerca de Menem aclararon que “el fallo de la Corte es a favor del Gobierno” y evitaron referencias sobre el “timming” de los miembros del tribunal para expresarse sobre la ley de tierras.
“No se sabe si los opositores tienen número, pero el fallo te vuelve a meter en el barro”, afirmó otra voz del oficialismo, lejana al ala política que encabeza Karina Milei y que tiene a Martín y Eduardo “Lule” Menem como ejecutores principales.
La Corte desestimó ayer una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se dictara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del decreto, que derogó la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. “La Corte dice que la Asociación de Ex Combatientes no tiene legitimación para cuestionar el DNU como lo hace. Y que tampoco hay un caso judicial en curso, como una compra que haya generado un daño”, argumentaron fuentes judiciales con conocimiento del fallo.
Desde el oficialismo de la Cámara baja destacaron el posteo del exdiputado de la CC-ARI Juan Manuel López, que llamó a tener cuidado con el rechazo al DNU completo. López se alejó hace un tiempo de sus laderos de la CC, “Si eso ocurre [por el rechazo al DNU], el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas. Es importante pensar alternativas que no alteren abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas”, advirtió el exlegislador. Un argumento que el Gobierno ya utiliza en el diálogo con partidos y mandatarios afines, mientras el Presidente desembarca en París con el objetivo de captar inversores y escenificar el apoyo de 13 gobernadores aliados.
El Gobierno había intentado reformar la ley de tierras rurales el mes pasado en el Congreso, pero debió dar marcha atrás. Subido a la oalista y malvinera postmundial de fútbol, y sin consenso suficiente, el oficialismo debió modificar por presión de sus aliados el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que el Senado iba a debatir al día siguiente. Ahora, en una posición incómoda, Menem se dispone a utilizar esa norma como prenda de negociación con los diputados aliados, a cambio del respaldo al decreto 70/23, considerado vital para la Casa Rosada.
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POLITICA
La oposición busca forzar una sesión especial en contra del DNU de Milei que habilita la venta de tierras a extranjeros
El mismo día en que el oficialismo comienza a debatir el proyecto para reforzar su reclamo de soberanía de las islas Malvinas en la Cámara de Diputados, la oposición busca apoyos para convocar a una sesión especial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, luego de que el fallo de ayer de la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. Una discusión que toca de lleno la cuestión de la soberanía y que cuenta con un reciente antecedente adverso para el Gobierno en el Senado: el rechazo de un capítulo entero del proyecto de propiedad privada.
Es justamente ese revés el que envalentona a los diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y algunos bloques provinciales, que se esperanzan con volver a reunir los consensos necesarios para llevar la discusión al recinto. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para voltear el decreto de necesidad y urgencia de 2023 que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024.
Según pudo saber , la intención de los bloques opositores es llamar en las próximas horas a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14. La duda sobre la fecha radica en que este miércoles todavía podrían registrarse algunas bajas, ya que algunos diputados viajarían este fin de semana a Brasil para asistir a las elecciones presidenciales.
Pero la incertidumbre va más allá. Es que incluso los propios impulsores de esta maniobra no tienen certeza sobre cómo pueden actuar algunos diputados de los bloques del centro que adhieren a aspectos generales del decreto, como los vinculados a las privatizaciones o a la ley de alquileres.
“El DNU 70 ya cumplió su ciclo. Parte de lo que era caducó, muchas de las emergencias que describe ya no están, vencieron en 2025 y fueron reemplazadas por ley, como, por ejemplo, la reforma laboral”, planteó un diputado opositor, en un mensaje dirigido a quienes todavía no tienen una postura clara al respecto.
En ese sentido, señaló que, si los reparos pasan por el articulado sobre alquileres, el oficialismo podría presentar un proyecto de ley específico que, muy probablemente, contaría con los avales necesarios en el Congreso. Lo mismo correría para otras cuestiones como las relacionadas a las privatizaciones o la libre elección de obras sociales sindicales.
Entre las definiciones que se barajan aparece la de separar la discusión del DNU de otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad. Si bien la oposición tenía previsto incluirlos en la próxima sesión, algunos legisladores advierten sobre el riesgo que conllevaría la jugada. Por estas horas, evalúan, en cambio, postergar ambos proyectos hasta el 21, cuando el oficialismo tiene previsto realizar una convocatoria en la que también sumaría la iniciativa sobre Malvinas.
A fines de ordenar una estrategia común, desde la bancada peronista que conduce Germán Martínez se reunieron esta mañana con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la entidad que había logrado frenar ante la Justicia el articulado que permitía la venta de tierras a extranjeros y cuya vigencia ahora fue restablecida por la Corte.
El diálogo con el resto de los bloques críticos para unificar los pasos a seguir está previsto durante y después del plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, donde desde este mediodía se trata el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno.
En efecto, Martínez fue uno de los primeros en tomar la palabra durante el encuentro y exigió a Zapata un cronograma claro de trabajo sobre la cuestión de Malvinas para “compatibilizar el trabajo en comisiones con la sesión especial para rechazar el DNU 70”.
De este modo, el jefe del bloque de UP anticipó el llamado a sesionar, al tiempo que apuntó contra “el escandaloso fallo de la Corte”, una muestra de la tensión con la que comenzó el plenario, en el que también abundan las críticas de varios legisladores por la ausencia de funcionarios de peso a la hora de discutir el proyecto.
En simultáneo, un grupo de senadores de UP presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta que deroga el artículo 154 y restituye la plena vigencia del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, “con las modificaciones vigentes al momento de la entrada en vigor del DNU 70″.
Noticia en desarrollo
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“Que llore esa malvada”: el líder del grupo Volcán se sumó a La Libertad Avanza y lanzó su candidatura en Puerto Iguazú
El cantante de cumbia Roberto Edgar, líder del grupo Volcán, oficializó su incorporación a La Libertad Avanza y anunció que buscará competir por la intendencia de Puerto Iguazú, Misiones, en las próximas elecciones locales.
Edgar, conocido por interpretar el hit “Esa malvada”, contó que su decisión surgió tras contactos con dirigentes del espacio libertario en la provincia. Entre ellos mencionó a Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza Misiones, quien respalda su postulación.
El artista, de 49 años, sostuvo que se identifica con el partido y que desde hace tiempo se prepara para participar en política. “Me identifico con el partido y tengo muchas ganas de poder trabajar por mi pueblo, por Puerto Iguazú”, afirmó en una entrevista con LN+. Entre sus prioridades, mencionó la necesidad de ampliar la oferta de educación superior. “Principalmente, se necesita urgente una universidad para Iguazú”, expresó sobre una ciudad que tiene “cerca de 90.000 habitantes”.
También puso el foco en el consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes. El músico aludió a la circulación de pedra, una sustancia psicoactiva de alta adicción, y vinculó esa situación con casos que observa en su entorno.
La afiliación del cantante se produce mientras el partido libertario organiza su estructura electoral en la provincia, a la espera de que el gobernador Hugo Passalacqua defina la fecha de los comicios locales. Según supo Infobae desde fuentes oficiales, el mandatario misionero confirmará para fines de septiembre o principios de octubre que las elecciones provinciales se desdoblarán y se adelantarán respecto a los comicios nacionales.
En una publicación en redes sociales, La Libertad Avanza Misiones señaló que la llegada de Edgar apunta a consolidar el trabajo partidario en una de las principales ciudades de la provincia. El cantante afirmó que la relación con el espacio se dio de manera recíproca, luego de que resolviera junto con su familia asumir el desafío electoral.
El artista indicó que todavía no mantuvo conversaciones directas con el presidente Javier Milei ni con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su vez, aclaró que no planea abandonar la música, aunque anticipó que la actividad política será su prioridad si avanza con la candidatura. “La música fue y será mi cable a tierra”, señaló.
El músico evitó definirse como antiperonista y presentó como uno de sus atributos su falta de experiencia en cargos públicos. La definición de las candidaturas y del calendario electoral en Misiones determinará los próximos pasos de su postulación.
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Con diferencias entre LLA y la oposición, Diputados debate el proyecto que amplía las sanciones por explotación de recursos en Malvinas
En medio del viaje del Presidente Javier Milei a París, la Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas empezó a tratarse en las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.
La estrategia del oficialismo es tener dos encuentros con invitados y, posteriormente, al finalizar la segunda reunión plenaria, programada para el 6 de octubre, firmar los dictámenes correspondientes, y llevarlos al recinto al otro día. La Libertad Avanza trabaja para convocar a una sesión especial para el 7 de octubre con una agenda que incluya el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
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“El tratamiento tendrá todo el tiempo que la importancia del tema lo requiera. Hay un consenso amplio en determinadas partes y en otras no tanto. La reunión informativa y la participación de los funcionarios del Poder Ejecutivo será de mucha utilidad para ir acercando posiciones”, señaló el salteño Carlos Zapata.
El titular de la estratégica comisión de Defensa confirmó la presencia de los funcionarios del Gobierno nacional a partir del mediodía en el debate y estará abierto a escuchar propuestas de la oposición sobre otros invitados, siempre que sean para hablar sobre el tema del proyecto que está en tratamiento.
Puntos centrales
La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.
Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.
La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.
Contrapuntos con aliados
La iniciativa que aún no comenzó su tratamiento ya anticipa una fuerte discusión con sectores aliados como los desarrollistas del MID. El diputado Eduardo Falcone hizo referencia a algunos puntos del proyecto vinculados con cambios a las leyes de seguridad Interior o de Inteligencia y sus alcances a partir de los límites que marca la propia Constitución Nacional que “indica que los actos de guerra o las represalias militares pueden ser decididos solamente por el presidente, y con autorización del Congreso Nacional. El texto actual no contempla ninguna autorización del Congreso, ni para hundir un barco ni para derribar un avión hostil. Lo decidiría el presidente, quien puede delegar ese acto militar en el ministro de defensa, sin intervención del Congreso Nacional”.
El diputado oriundo de Chivilcoy tuvo un cruce por las redes sociales con el asesor presidencial Santiago Caputo sobre el rol que debe tener el Congreso nacional. Caputo le señaló al diputado que: “Creo que lo estás pensando solo limitado a la invasión de una aeronave o buque oficial de un Estado. En ese marco podría entenderse cierta competencia del Congreso debido a que la potestad de declarar la guerra (contra otro Estado) es del Congreso. Pero esto no es eso. Estamos hablando de “vectores” que en 99.99% son civiles. Salvo que estemos discutiendo la hipótesis de si es legítimo declarar la guerra a un agente no estatal en cuyo caso me encontrarás a favor y anti-en contra”.
El PJ por las banderas que flamearon en Malvinas
A 60 años del Operativo Cóndor, el diputado peronista Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks encabezaron este lunes en la Cámara de Diputados un acto homenaje a los 18 jóvenes argentinos que el 28 de septiembre de 1966 desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas e hicieron flamear allí la bandera argentina.
Valdés destacó la vigencia histórica y política de aquella acción y reivindicó la necesidad de mantener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. “Frente a tanto malvinero trucho que aparecen en estos días, homenajear a estos 18 patriotas es un orgullo y renovamos el compromiso de ¡Patria sí, colonia no! Nosotros denostamos a Thatcher y a Pinochet, las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
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Participaron del homenaje los excancilleres Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá, los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, y los exministros Kelly Olmos y Nicolás Trotta.
El Operativo Cóndor fue llevado adelante el 28 de septiembre de 1966 por 18 jóvenes encabezados por Dardo Cabo. El grupo desvió hacia las Islas Malvinas un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Río Gallegos y, una vez en las islas, desplegó siete banderas argentinas y rebautizó Puerto Stanley como Puerto Rivero. A seis décadas de aquella acción, el homenaje en el Congreso buscó recuperar la memoria de sus protagonistas y reafirmar la continuidad del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Malvinas Argentinas, debate, Javier Milei
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