Luego de la aprobación de la reforma, un informe reciente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) arrojó que en 2025 hubo 127.700 juicios laborales, lo que implicó un sobrecosto de USD 2.140 millones para el conjunto del sistema.

Se destacó que ese monto equivale a 2 millones de salarios mensuales o el ingreso anual de 154.000 trabajadores, 9,2 millones de salarios mínimos, 9,1 millones de jubilaciones mínimas o 1,6% de la masa salarial.

La SRT clasificó a las provincias según su nivel de riesgo en función de la cantidad de juicios y su costo económico. Los datos muestran una fuerte concentración territorial de la litigiosidad dentro de la categoría de alto riesgo concentran el 70,6% de los trabajadores y el 71,2% de los juicios. Si se suman las de riesgo medio, estos valores ascienden a 90,4% del empleo y 86,2% de los litigios.

“Si se incorpora la composición de la judicialidad (rechazos + 0% de incapacidad + no denunciados) al nivel de riesgo, el análisis se enriquece porque no solo muestra dónde hay más juicios, sino también qué tan ‘sanos’ o ‘distorsionados’ son dichos juicios”, precisó la SRT.

“Varias jurisdicciones de riesgo alto presentan además valores muy elevados de composición, lo que sugiere una fuerte presencia de juicios especulativos: CABA (90%), Buenos Aires (88%), Chubut (79,5%), Jujuy (85%), Mendoza (92,9%), Santa Fe (92,6%)”, añadió.

En algunas provincias con bajo nivel de riesgo, como Catamarca (75,7), Corrientes (76,7), La Rioja (74,4) y Río Negro (71,6), se registra igualmente una alta proporción de juicios que terminan sin incapacidad, son rechazados o no fueron denunciados previamente.

Esto sugiere que, aunque la cantidad de litigios o su impacto económico es menor, una parte significativa de los casos presenta un posible componente especulativo.

Entre las jurisdicciones con mayor impacto económico o sobrecosto por los juicios laborales se destacan:

• Provincia de Buenos Aires: USD 892 millones
• CABA: USD 517 millones
• Santa Fe: USD 162 millones
• Mendoza: USD 153 millones
• Córdoba: USD 108 millones
• San Luis: USD 94 millones
• Neuquén: USD 64 millones
• Chubut: USD 53 millones
• Entre Ríos: USD 34 millones
• Jujuy: USD 33 millones

Según el informe, las provincias con mayor cantidad de litigios, en términos absolutos de juicios en 2025, son Buenos Aires (49.100) , CABA (25.061), Santa Fe (18.324), Mendoza (9.096) y Córdoba (7.845).

Por regiones, el informe también muestra grandes disparidades entre provincias, a partir de dos indicadores clave: el índice de judicialidad (cantidad de juicios) y el sobrecosto por trabajador (en dólares). Los números evidencian comportamientos muy distintos incluso dentro de una misma región.

En Cuyo, San Luis aparece como el caso más extremo del país: registra 337 de judicialidad y USD 837 de sobrecosto por trabajador, muy por encima de San Juan (60 y USD 65) y también de Mendoza (212 y USD 360). Esta brecha lo posiciona como el distrito más atípico tanto por cantidad de juicios como por costo por caso.

En la misma región, Mendoza también presenta niveles elevados (212 de judicialidad y USD 360 por trabajador), claramente por encima del promedio regional, aunque lejos del pico que muestra San Luis.

En la Patagonia, Chubut se destaca con 371 de judicialidad y USD 328 por trabajador, más que duplicando a Neuquén (170 y USD 249) y superando ampliamente a Río Negro (58 y USD 69).

En este contexto, Neuquén aparece como un caso intermedio dentro de una región con comportamientos muy dispares.

En el NOA, Jujuy rompe el patrón regional: con 238 de judicialidad y USD 461 por trabajador, se ubica muy por encima de provincias como Salta (6,6) y Tucumán (25,8), donde tanto la litigiosidad como los costos son significativamente más bajos.

En la región Centro, Santa Fe lidera con 267 de judicialidad y USD 263 por trabajador, superando a Córdoba (138 y 178) y Entre Ríos (120 y 126), lo que la posiciona como la jurisdicción más crítica de ese bloque.

Por su parte, en el AMBA se observan dos dinámicas distintas: Buenos Aires registra 164 de judicialidad y USD 284 por trabajador, con menos juicios pero mayor costo relativo; mientras que CABA, con 249 de judicialidad y USD 248 por trabajador, presenta más litigios, aunque con menor impacto económico por caso.

La SRT señala que la solución pasa por aplicar la normativa vigente. En ese sentido, la Ley 27.348 establece la creación de Cuerpos Médicos Forenses en las provincias, integrados por especialistas en medicina laboral, honorarios no atados al resultado del juicio y la intervención obligatoria en todos los casos.

Además, la Ley 27.802 (modernización laboral) fija plazos y facultades específicas para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) con el objetivo de avanzar en la implementación del sistema.

La cadena Grimoldi puso en marcha una serie de promociones en distintos puntos de venta del país que incluyen beneficios como 2×1 en productos seleccionados, descuentos en artículos para niños y financiación en cuotas sin interés. La iniciativa abarca categorías como calzado urbano, deportivo, de trekking, así como carteras y accesorios, con condiciones específicas según el tipo de producto.

La campaña comercial se encuentra disponible en outlets y tiendas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias. Entre los beneficios principales se destaca el esquema 2×1 en artículos seleccionados, donde el cliente abona el producto de mayor valor. Esta modalidad aplica, entre otros, a modelos de la marca Vans, que forman parte de la oferta vigente.

Además, se suman descuentos de hasta el 50% en productos para niños, junto con la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés. Estas condiciones pueden combinarse según disponibilidad y stock en cada sucursal.

Precios de referencia en la promoción

Dentro del esquema de ofertas, la empresa informó valores de referencia en distintas categorías. En el segmento de accesorios, las carteras presentan precios desde los $20.000 en valor final, dependiendo del modelo y disponibilidad.

En calzado infantil, las zapatillas tienen precios iniciales desde $25.000, también sujetos a variaciones según el tipo de producto y el punto de venta. En el caso de la línea para adultos, las zapatillas deportivas comienzan desde los $45.000.

La propuesta incluye opciones para distintos usos, como zapatillas urbanas, deportivas, modelos para trekking, calzado waterproof, botas y zapatos. La disponibilidad de talles y modelos depende de cada local.

Además de Vans, la promoción abarca productos de otras marcas comercializadas por Grimoldi, entre ellas Hush Puppies, Merrell y CAT. Estas líneas incluyen opciones tanto para hombres como para mujeres, con variedad de estilos y funcionalidades.

Las condiciones de la promoción pueden variar según la marca, el tipo de producto y la sucursal, por lo que se recomienda consultar en cada punto de venta sobre los artículos incluidos.

Locales adheridos a la promoción

La campaña se desarrolla en distintos puntos de venta distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. En el área metropolitana, los locales adheridos incluyen:

• Outlet Parque Brown Factory
• Outlet Aguirre (Aguirre 759)
• Outlet Once (Av. Rivadavia 3051)
• Mega Santa Fe (Av. Santa Fe 2422/24)
• Sucursal Flores (Av. Rivadavia 6782)

En el interior del país, la promoción se encuentra disponible en:

• Mendoza (Espejo 55)
• Córdoba (9 de Julio 32)
• Rosario Peatonal (Córdoba 1292)

Cada sucursal cuenta con stock propio, por lo que la disponibilidad de productos puede variar entre locales.

El esquema de promociones incluye la posibilidad de combinar beneficios, como el 2×1 junto con descuentos en categorías específicas. En el caso del 2×1, el cliente abona el artículo de mayor valor entre los seleccionados.

Las cuotas sin interés aplican según medios de pago habilitados en cada sucursal. La vigencia de la promoción está sujeta a disponibilidad de stock y puede modificarse sin previo aviso.

Segmentación de la oferta

La propuesta comercial de Grimoldi contempla diferentes segmentos de consumo. En el caso del público adulto, incluye calzado urbano y deportivo, así como opciones orientadas a actividades específicas como trekking o uso en condiciones de humedad, bajo la categoría waterproof.

Para el segmento infantil, se incorporan descuentos directos sobre el precio final, con variedad de modelos disponibles en función del stock. En accesorios, las carteras forman parte de la oferta con precios promocionales.

Las promociones de este tipo forman parte de las estrategias habituales del sector retail, orientadas a incentivar el consumo en contextos de alta competencia y variabilidad en la demanda. Los esquemas como el 2×1 y los descuentos directos buscan ampliar el volumen de ventas y rotar stock en categorías específicas.

En el caso de Grimoldi, la inclusión de marcas internacionales y líneas propias permite diversificar la oferta y adaptarla a distintos perfiles de consumo. La implementación en outlets y sucursales seleccionadas responde a una lógica de segmentación territorial y de disponibilidad de productos.

Recomendaciones para consumidores

Al momento de acceder a este tipo de promociones, se sugiere verificar las condiciones específicas en cada local, incluyendo productos participantes, medios de pago habilitados y límites en la financiación. También es relevante considerar la política de cambios y devoluciones vigente en cada sucursal.

La comparación de precios entre productos incluidos en el 2×1 puede resultar relevante para maximizar el beneficio de la promoción, dado que el esquema implica el pago del artículo de mayor valor.

La campaña de Grimoldi se enmarca en una serie de acciones comerciales orientadas a dinamizar las ventas en el sector de calzado e indumentaria, con foco en promociones combinables, financiación y descuentos en categorías específicas. La disponibilidad y condiciones están sujetas a cada punto de venta y al stock vigente.

Málaga, 23 abr (.).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, espera que el «acuerdo» entre PP, Vox y Junts para iniciar la tramitación de la ley de vivienda y suelo «no llegue nunca al Congreso» porque «va en contra de la dirección de lo que desean los españoles».

En un acto de partido este jueves en Málaga, la también secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE ha afirmado que «la mayoría de la sociedad española, también los votantes del PP, no quieren que se especule con la vivienda», sino que se regulen los alquileres y bajen los precios del alquiler.

Ha lamentado que el PP «no se conforma» con haber llevado la ley de vivienda a los tribunales y «no haberla aplicado», sino que «quiere impedir que otros la estén aplicando», porque cuando plantean derogar la ley «no se atreven a decir que realmente con lo que quieren acabar es con la posibilidad de congelar el alquiler».

«El PP se encuentra en una deriva de la que no es capaz de salir», ha aseverado Rodríguez, quien ha acusado a los populares de querer «tapar la falta de inacción y la falta de proyecto con una ansia de poder solo para ocupar los sillones».

Ha dicho que ha estado «atenta a dos pactos de gobierno» del PP y Vox en Extremadura y Aragón, donde «ni se ha escuchado hablar de avances» para los ciudadanos, «solo discursos de odio, racistas y xenófobos», ha criticado.

La dirigente socialista ha destacado la gestión llevada a cabo por el Gobierno en materia de vivienda, con «más de 100.000 viviendas que ya están movilizadas».

La «diferencia» entre lo que podía hacer antes y ahora es que la Ley de Vivienda actúa como «paraguas jurídico», y el Gobierno «ha dejado de ser «’pagafantas’» en una materia donde las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, para «condicionar» la financiación al cumplimiento de una serie de objetivos, como que el 40 % de la vivienda pública sea protegida «para siempre», ha indicado.

Previamente, Rodríguez ha mantenido una reunión en calidad de ministra con diferentes asociaciones por el derecho a la vivienda en Málaga en la Subdelegación del Gobierno en la ciudad.

La titular de vivienda y Agenda Urbana ha escuchado las reivindicaciones de los colectivos en torno a la proliferación de viviendas turísticas y su afectación a los precios de la vivienda, así como los efectos de la compra de inmuebles por parte de extranjeros no residentes y otros usos de la vivienda o residenciales.