ECONOMIA
Inflación, pobreza y desempleo: qué dice el documento oficial que anticipa el Presupuesto 2027

A menos de dos meses y medio de la fecha límite para presentar el Presupuesto 2027, el gobierno de Javier Milei dejó entrever las proyecciones económicas que espera para el año que viene, con crecimiento, baja de la inflación y la pobreza, y detalló cómo se desenvolvió la ejecución presupuestaria durante los primeros cinco meses de 2026.
En las últimas horas, el Ministerio de Economía presentó al Congreso el Informe de Avance sobre la Elaboración del Presupuesto, en el que destaca la continuidad del proceso de “normalización y crecimiento” de la economía argentina para el período 2027-2029.
Según el documento, el escenario previsto se basa en la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y la mejora de los principales indicadores de la demanda agregada. “El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo”, resalta el texto, que lleva la firma del ministro Luis Caputo.
Las estimaciones oficiales subrayan la relevancia de la evolución de los precios, ya que se prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, lo que fortalecería la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares. Según el equipo económico, este escenario “mejorará las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión” y creará un entorno favorable para el crecimiento de la economía.
El informe proyecta que el mercado laboral mostrará una evolución positiva, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de empleo alineada con el crecimiento de la actividad económica. En materia social, la proyección oficial indica que “la tasa de la pobreza continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia, que registraría una disminución gradual”. Además, se estima una mejora sostenida del coeficiente de Gini, indicador clave para medir la desigualdad, lo que reflejaría avances en la distribución del ingreso en el país.
En palabras del documento enviado por Economía al Congreso, el escenario de mediano plazo contempla “la consolidación de un proceso de crecimiento económico sostenido, acompañado por una reducción persistente de la inflación, una mejora de los ingresos reales, avances en los indicadores laborales y sociales y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos”.
Por otro lado, el texto detalla que “las estimaciones de recursos impositivos y de aportes y contribuciones de la Seguridad Social se han realizado en el marco de lo previsto en el cronograma aprobado por la Resolución N° 446/26 del Ministerio de Economía, previendo un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio, principalmente impulsado por la variación de la actividad y el incremento de las exportaciones”. El reporte agrega que, pese a este crecimiento, la gestión continuará con su objetivo de “devolver recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica”.
En cuanto a la deuda pública, la programación del servicio de la deuda interna y externa para el período 2027-2029 fue realizada “en concordancia con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública, fortalecimiento del mercado de financiamiento y mantenimiento del equilibrio fiscal”. De acuerdo con el Palacio de Hacienda, estas proyecciones constituyen un insumo clave para la determinación de los límites financieros que serán comunicados a las distintas jurisdicciones y entidades.
A la vez, el informe también aborda la programación de gastos a ser financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales. El Gobierno anticipó que continuará con las acciones orientadas a la normalización institucional y el cierre progresivo de las Unidades Ejecutoras de Programas con Financiamiento Externo (UEPEX) cuyos programas hayan finalizado. El objetivo de esta política es “optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas”, en línea con la búsqueda del equilibrio presupuestario y la disciplina fiscal.
Durante los primeros cinco meses de 2026, la Administración Pública Nacional registró “un resultado primario superavitario, en base devengado, de $8.425.328,7 millones (equivalente al 0,7% del PBI)” y “un resultado financiero también positivo de $2.660.474,5 millones”, según detalla el documento oficial. Los recursos totales percibidos entre enero y mayo representaron el 40,1% del presupuesto vigente.
El grueso provino de ingresos impositivos y aportes y contribuciones a la seguridad social, que alcanzaron $34.191.171,1 millones y $20.886.294,1 millones, respectivamente. El informe incluye un dato extraordinario: los recursos de capital incorporaron $1.039.903,3 millones derivados de la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas, aunque aclaró que “sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario sería de $7.385.425,4 millones”.
Además, la cartera económica puntualizó que los ingresos impositivos experimentaron un incremento de $6.218.022,3 millones, equivalente a un 22,2% más que en igual período del año anterior, impulsados principalmente por tributos ligados a la actividad económica interna como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto de reintegros, los débitos y créditos bancarios y ganancias. A la vez, “los aportes y contribuciones a la seguridad social resultaron mayores en $4.466.663,2 millones (27,2%) con relación a iguales meses del año anterior”.
En cuanto a los gastos, la Administración Pública Nacional devengó el 39,2% del nivel estimado para el ejercicio, totalizando $56.363.500,2 millones, lo que representa un aumento de $12.329.943,7 millones (28%) respecto de igual período de 2025. El gasto primario, que excluye intereses, ascendió a $50.598.646,0 millones, con una suba de $10.897.287,5 millones (27,4%) frente al año previo.
Entre los principales rubros del gasto primario, se destacan las prestaciones de la seguridad social, que sumaron $6.954.248,3 millones, principalmente por la aplicación de la política de movilidad de los haberes previsionales y la Ley de Reparación Histórica. Los intereses netos y otras rentas de la propiedad representaron $2.143.018,2 millones, mientras que las remuneraciones alcanzaron $1.314.145,6 millones en el marco de las políticas salariales vigentes. Las asignaciones familiares sumaron $1.131.830,5 millones y las compensaciones en materia energética ascendieron a $1.053.849,4 millones.
En la estructura porcentual del gasto ejecutado, los Servicios Sociales representaron el 73,9% del total, con una fuerte incidencia de la Seguridad Social (59,7%), Educación y Cultura (4,9%), Salud (4,9%) y Promoción y Asistencia Social (2,3%). La finalidad Deuda Pública explicó el 10,3% y los Servicios Económicos el 6,7%, con énfasis en Energía, Combustibles y Minería (4,1%) y Transporte (2%).
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ECONOMIA
Aumentaron el boleto y los subsidios para colectivos pero los empresarios del sector dicen que no alcanza

Viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó un 2% la semana pasada y pasó a costar $742,81 para un recorrido de hasta 3 kilómetros. Sin embargo, podría no tratarse del último incremento, ya que en los últimos días la Secretaría de Transporte actualizó la tarifa técnica, el valor de lo que cuesta mover un pasajero, a 1.816 pesos. Esta cifra no convenció a los empresarios del rubro, quienes aseguran que los cálculos oficiales utilizan valores alejados a los del mercado y que, si bien habrá mayores subsidios, no descartan más ajustes en el boleto.
Según fuentes del sector de las empresas de colectivos, la suma de compensaciones para las líneas de jurisdicción nacional (las que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo) ascendió de $74.000 millones en junio de 2025 a $98.500 millones en el mismo mes de este año. Esta suba del 33% acompañó la inflación interanual, aunque advierten que la variación es mucho menor si la comparación se hace con otros períodos recientes: contra abril, el aumento es de solo 2,7%, y respecto a diciembre de 2025, de 8,8 por ciento. La actualización responde, en parte, a una baja de actividad, ya que el sistema calculó un 3% menos de coches y un 2% menos de kilómetros recorridos, lo que significa que la asistencia estatal se distribuye en una red más chica.
Así, el número oficial de la tarifa técnica total, que combina recaudación y subsidios por pasajero, quedó en $1.816 por viaje, apenas un 2% más que los $1.778 reconocidos hasta abril. No obstante, representantes de las firmas del sector aseguran que este valor está subestimado porque la estructura oficial parte de precios de insumos que no se corresponden con los valores reales de mercado.
“Si vos corregís los precios de la estructura de costos y ponés los precios reales, la tarifa técnica debería pasar de $1.816 a $2.300”, comentó una fuente a Infobae. Esta diferencia se debe, en parte, a que el tipo de cambio tomado en los cálculos oficiales es el de abril, aunque en junio y julio hubo un salto importante que no fue considerado.

El valor del vehículo nuevo es otro punto de fricción: la estructura oficial lo fija en USD 132.000, mientras que, según las empresas, un colectivo 0 kilómetro cuesta 200.000 dólares. Esta diferencia impacta también en los gastos de mantenimiento, que se calculan en función del valor del vehículo.
“Si ellos reconocen un valor de vehículo más bajo, eso te impacta en el reconocimiento del costo de mantenimiento”, explicaron. Y agregaron que cuando la tarifa técnica no refleja el costo real del sistema, las compañías con menos recursos ajustan la operación y la consecuencia inmediata es una menor cantidad de colectivos en circulación.
El peso de la mano de obra en la estructura de costos alcanza el 50%, el combustible representa el 15% y el mantenimiento junto a los seguros suman otro 10 por ciento. El 25% restante corresponde a tasas, impuestos, patentes, alquileres de predios y servicios.
Una vez definida la tarifa técnica, surge la pregunta de cómo se financia: parte la abona el usuario, el resto lo cubre el Estado mediante subsidios. El esquema tarifario mostró una suba del 40% entre febrero y marzo, lo que permitió reducir subsidios en ese momento. Después de marzo, los ajustes en la tarifa del boleto quedaron por debajo de la inflación, con aumentos del 2% en mayo, junio y julio.
“Ahora ponen más subsidios para que los aumentos de tarifas sigan en el orden del 2 por ciento. Para adelante no hay definidos nuevos incrementos, aunque puede ser que en cualquier momento los actualicen. En el Ministerio de Economía revisan las cuentas y, si detectan problemas presupuestarios, pueden decidir bajar el subsidio y subir el boleto”, detalló una fuente empresarial.
Siempre que se debe tomar una decisión respecto al boleto de colectivo el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentar un dilema: si otorga más subsidios a las empresas, compromete el superávit fiscal; pero si aumenta el valor que pagan los usuarios, presiona a la inflación. Ambos escenarios resultan complejos, por lo que necesita realizar movimientos precisos cuando se presente la oportunidad.
El sector empresarial observa que la brecha entre los costos reconocidos oficialmente y los costos reales genera tensiones sobre la operación cotidiana. Cuando los subsidios no alcanzan para cubrir esas diferencias, las empresas con menor respaldo financiero ajustan su actividad y retiran unidades de la calle, lo que termina impactando en la frecuencia y disponibilidad del servicio.
Por ahora, el esquema vigente prevé un aumento de los fondos estatales destinados a las empresas, pero los empresarios advierten que este refuerzo no garantiza la estabilidad de la tarifa ni permite asegurar la cantidad de colectivos circulando.
ECONOMIA
Con nuevos dueños, La Suipachense reactivó empleos, relanza productos y apunta a exportar

En un contexto marcado por las novedades negativas para el sector, y mientras se multiplican las compañías con problemas o que tratan de sostenerse en el mercado lácteo, la vuelta de La Suipachense sigue gozando de buenos vientos y la firma se encamina a recuperar una posición en el mercado que supo ser de referencia. En esa línea, y tras casi diez meses de parálisis total, concurso de acreedores y quiebra decretada, la lechera sigue buscando su mejor funcionamiento luego de que, en junio pasado y tras una resolución del juez civil y comercial de Mercedes, Leandro Julio Enríquez, se aprobara la concesión de alquiler de las instalaciones productivas de la firma en la bonaerense Suipacha. Por estos días, la compañía opera con 55 empleados, pero la intención de Compañía Láctea Suipacha, a cargo ahora de la láctea, es escalar hasta recuperar su nómina de 140 operarios.
Según comentaron fuentes del segmento lácteo a iProfesional, con el fin de optimizar los costos operativos iniciales pero sin dejar de afianzar el retorno productivo de la firma, la conducción de La Suipachense y la representación gremial de ATILRA en la misma compañía acordaron un esquema transitorio de labor fijado en media jornada.
Volver a producir con potencia, el desafío de La Suipachense
Liderada por Pablo Asci, un exCEO de la filial local de Parmalat, Compañía Láctea Suipacha ya efectuó la reactivación de sus líneas de empaquetado y secado.
Vale recordar que la firma arrendataria asumió la gestión del establecimiento tras la debacle patrimonial generada por el grupo venezolano Maralac, propietario anterior de la láctea y que también provocó el colapso de la firma Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) y su planta en Arenaza, provincia de Buenos Aires.
La hoja de ruta técnica fija una recuperación escalonada de los volúmenes de recepción de materia prima. En este reinicio del esquema productivo, la planta de Suipacha procesa un caudal de 50.000 litros diarios de leche cruda, cifra que representa cerca del 20% de su capacidad instalada histórica.
El plan de negocios contempla un incremento progresivo del recibo desde los tambos de la cuenca del oeste bonaerense hasta alcanzar una «meta de máxima de 250.000 litros diarios». Para viabilizar este salto en la escala de procesamiento, la firma prevé la vuelta gradual del resto del personal desplazado durante el período de cierre.
Con relación a la línea de productos, la nueva administración conservó la explotación comercial de los sellos icónicos de la compañía, esto es, La Suipachense y Lácteos Conosur. En cuanto al retorno de la producción a los puntos de venta, los nuevos dueños de la firma ya apuntan a ganar posiciones en el mercado de leche fluida en envase Tetra Brik y leche pasteurizada en sachet.
La Suipachense también busca recuperar presencia en yogures y postres
Hacia adelante, se prevé la reactivación de la secadora industrial para la producción de leche en polvo, además de yogures y postres. Y, en paralelo, la puesta en marcha del sector de quesería y manteca, rubro que «requiere mayor capital de trabajo e inmovilización de stock para maduración».
La estrategia de inserción comercial apunta a abastecer de manera prioritaria a los comercios de cercanía y cadenas regionales de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para luego negociar la reincorporación de los productos en las góndolas de las grandes cadenas nacionales.
Al mismo tiempo, la disponibilidad de la torre de secado dentro del complejo industrial ubica a la compañía con capacidad técnica para «iniciar operaciones de exportación de leche en polvo». Ligado a esto, la dirección de La Suipachense proyecta colocar excedentes en mercados como el resto América Latina una vez estabilizado el abastecimiento del mercado interno.
En cuanto al impacto del retorno operativo de la compañía, la reactivación de la compañía cambió de la mejor forma el humor social de Suipacha, un municipio de 12.000 habitantes cuya economía local depende en gran medida del funcionamiento de la usina láctea. Los casi diez meses de inactividad mantuvieron a la población en estado de incertidumbre por la interrupción de la cadena de pagos local y la parálisis de los tambos proveedores de la zona.
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ECONOMIA
Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público permanece a 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.498,40 para la venta y $1.447,34 para la compra.
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El BCRA compró USD 45 millones en el mercado
El Banco Central absorbió el martes USD 45 millones con su participación cambiaria, el 6,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a 48.919 millones de dólares.
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Máximo de nueve meses para el dólar blue
El dólar blue es ofrecido a $1.545 para la venta, luego de tres ascensos consecutivo, para alcanzar el precio más alto desde el 22 de octubre.
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