A menos de dos meses y medio de la fecha límite para presentar el Presupuesto 2027, el gobierno de Javier Milei dejó entrever las proyecciones económicas que espera para el año que viene, con crecimiento, baja de la inflación y la pobreza, y detalló cómo se desenvolvió la ejecución presupuestaria durante los primeros cinco meses de 2026.

En las últimas horas, el Ministerio de Economía presentó al Congreso el Informe de Avance sobre la Elaboración del Presupuesto, en el que destaca la continuidad del proceso de “normalización y crecimiento” de la economía argentina para el período 2027-2029.

Según el documento, el escenario previsto se basa en la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y la mejora de los principales indicadores de la demanda agregada. “El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo”, resalta el texto, que lleva la firma del ministro Luis Caputo.

Las estimaciones oficiales subrayan la relevancia de la evolución de los precios, ya que se prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, lo que fortalecería la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares. Según el equipo económico, este escenario “mejorará las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión” y creará un entorno favorable para el crecimiento de la economía.

El informe proyecta que el mercado laboral mostrará una evolución positiva, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de empleo alineada con el crecimiento de la actividad económica. En materia social, la proyección oficial indica que “la tasa de la pobreza continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia, que registraría una disminución gradual”. Además, se estima una mejora sostenida del coeficiente de Gini, indicador clave para medir la desigualdad, lo que reflejaría avances en la distribución del ingreso en el país.

En palabras del documento enviado por Economía al Congreso, el escenario de mediano plazo contempla “la consolidación de un proceso de crecimiento económico sostenido, acompañado por una reducción persistente de la inflación, una mejora de los ingresos reales, avances en los indicadores laborales y sociales y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos”.

Por otro lado, el texto detalla que “las estimaciones de recursos impositivos y de aportes y contribuciones de la Seguridad Social se han realizado en el marco de lo previsto en el cronograma aprobado por la Resolución N° 446/26 del Ministerio de Economía, previendo un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio, principalmente impulsado por la variación de la actividad y el incremento de las exportaciones”. El reporte agrega que, pese a este crecimiento, la gestión continuará con su objetivo de “devolver recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica”.

En cuanto a la deuda pública, la programación del servicio de la deuda interna y externa para el período 2027-2029 fue realizada “en concordancia con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública, fortalecimiento del mercado de financiamiento y mantenimiento del equilibrio fiscal”. De acuerdo con el Palacio de Hacienda, estas proyecciones constituyen un insumo clave para la determinación de los límites financieros que serán comunicados a las distintas jurisdicciones y entidades.

A la vez, el informe también aborda la programación de gastos a ser financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales. El Gobierno anticipó que continuará con las acciones orientadas a la normalización institucional y el cierre progresivo de las Unidades Ejecutoras de Programas con Financiamiento Externo (UEPEX) cuyos programas hayan finalizado. El objetivo de esta política es “optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas”, en línea con la búsqueda del equilibrio presupuestario y la disciplina fiscal.

Durante los primeros cinco meses de 2026, la Administración Pública Nacional registró “un resultado primario superavitario, en base devengado, de $8.425.328,7 millones (equivalente al 0,7% del PBI)” y “un resultado financiero también positivo de $2.660.474,5 millones”, según detalla el documento oficial. Los recursos totales percibidos entre enero y mayo representaron el 40,1% del presupuesto vigente.

El grueso provino de ingresos impositivos y aportes y contribuciones a la seguridad social, que alcanzaron $34.191.171,1 millones y $20.886.294,1 millones, respectivamente. El informe incluye un dato extraordinario: los recursos de capital incorporaron $1.039.903,3 millones derivados de la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas, aunque aclaró que “sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario sería de $7.385.425,4 millones”.

Además, la cartera económica puntualizó que los ingresos impositivos experimentaron un incremento de $6.218.022,3 millones, equivalente a un 22,2% más que en igual período del año anterior, impulsados principalmente por tributos ligados a la actividad económica interna como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto de reintegros, los débitos y créditos bancarios y ganancias. A la vez, “los aportes y contribuciones a la seguridad social resultaron mayores en $4.466.663,2 millones (27,2%) con relación a iguales meses del año anterior”.

En cuanto a los gastos, la Administración Pública Nacional devengó el 39,2% del nivel estimado para el ejercicio, totalizando $56.363.500,2 millones, lo que representa un aumento de $12.329.943,7 millones (28%) respecto de igual período de 2025. El gasto primario, que excluye intereses, ascendió a $50.598.646,0 millones, con una suba de $10.897.287,5 millones (27,4%) frente al año previo.

Entre los principales rubros del gasto primario, se destacan las prestaciones de la seguridad social, que sumaron $6.954.248,3 millones, principalmente por la aplicación de la política de movilidad de los haberes previsionales y la Ley de Reparación Histórica. Los intereses netos y otras rentas de la propiedad representaron $2.143.018,2 millones, mientras que las remuneraciones alcanzaron $1.314.145,6 millones en el marco de las políticas salariales vigentes. Las asignaciones familiares sumaron $1.131.830,5 millones y las compensaciones en materia energética ascendieron a $1.053.849,4 millones.

En la estructura porcentual del gasto ejecutado, los Servicios Sociales representaron el 73,9% del total, con una fuerte incidencia de la Seguridad Social (59,7%), Educación y Cultura (4,9%), Salud (4,9%) y Promoción y Asistencia Social (2,3%). La finalidad Deuda Pública explicó el 10,3% y los Servicios Económicos el 6,7%, con énfasis en Energía, Combustibles y Minería (4,1%) y Transporte (2%).

Por el escándalo del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la agenda del Gobierno en el Congreso sufrió una virtual parálisis y con ello, se demoró el envío de la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Ahora, consideran que en la reunión de mesa política de la semana podría definirse como una de las prioridades de la nueva estrategia legislativa. Sin embargo, los tiempos corren tanto para la fecha de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias como para la remonetización de la economía que busca el ministro Luis Caputo.

La postergación del proyecto genera inquietud entre asesores y contribuyentes. El ministro de Economía Caputo prometió subsanar los puntos débiles de la ley original tras reunirse con contadores, pero la crisis política frenó el avance en el Congreso. Fuentes consultadas por Infobae aseguran que, tras la asunción de Diego Santilli, la mesa política retomará sus reuniones la semana próxima, instancia en la que podría definirse la estrategia legislativa pendiente. Es más fue el presidente Javier Milei quien este miércoles le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que avancen a fondo con las reformas entre ellas Inocencia Fiscal.

El vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025, previsto para fines de julio, representa un factor de presión. El retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Algunos especialistas advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Desde el sector de los asesores tributarios, la preocupación se focaliza en la falta de certezas. Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, sostuvo que el nuevo proyecto resolvía muchas cuestiones que hoy son interrogantes. “El vencimiento es el 27 de julio y todos esperábamos que esto se resuelva durante julio. Si no se trata entonces habrá clientes que van a quedar fuera del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) mientras que otros no se va a sumar porque tiene incertidumbres particulares que lo asustan y tornan desaconsejable el Régimen”, afirmó.

Pero el impacto del retraso también se percibe entre quienes ya cumplen con los parámetros de ingreso y aguardan la sanción de la nueva norma para evitar contingencias. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, señaló que varios contribuyentes esperan que la nueva ley quede definitiva antes de decidir si depositan los dólares no declarados.

“Muchos contribuyentes, si bien ya se encuentran en condiciones de adherir, están esperando que la ley quede definitiva para ver cuáles son los cambios finales, para poder sentirse seguros y con la previsibilidad tal de que depositar los dólares del colchón no le genere ninguna contingencia, ni ningún problema con el fisco u otro organismo”, explicó Girardi. Es que la ley actual no permite la adhesión de quienes tienen ingresos mayores a $1.000 millones, por lo que muchas personas quedan excluidas hasta que se apruebe la reforma.

En esa misma línea fue el contador Marcos Felice quien consideró que la demora complica la posibilidad de adhesión masiva al nuevo régimen. “La ley modificatoria trae muchas cosas más beneficiosas que hacen que más gente pueda adherir por contar con mayor seguridad jurídica a futuro”, afirmó en conversación con Infobae. Y que, a estas alturas, resulta inviable la aprobación en el Congreso antes de los vencimientos del 27 de julio. “Sería bueno al menos que se informe si el proyecto se aplicará recién para las declaración jurada que vencen el año que viene o que se oficialice una nueva prórroga hasta tanto salga la nueva ley”.

Pero hay quienes consideran que el impacto de la demora en el tratamiento de la nueva ley es limitado como el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebatían Dominguez. “Ahora se presenta la declaración jurada 2025, en general vaya a utilizar los dólares del colchón y para lo que requiere de la modificación legal, es para usarlos en 2026”. Domínguez remarcó que la reforma cobra importancia para robustecer el régimen desde el 2026, generando incentivos para que más contribuyentes formalicen sus fondos. “Cuanto más se demore la ley, tiene impacto en la demora en la remonetización de la economía”, advirtió. Además, explicó que prorrogar el vencimiento de julio traería problemas financieros a las provincias, porque Ganancias es coparticipable y los gobernadores se opondrían a una postergación, aun si la impulsa el fisco nacional.

Inocencia Fiscal fue una de las variables en las que se basó el Caputo para asegurar que a partir de mayo/junio comenzaban los “mejores 18 meses”. Es que si bien el ministro Caputo sostiene que la economía está creciendo, reconoce que el ritmo en que lo hace importa porque todavía hay argentinos que la están pasando mal. Y solo puede crecer a una mayor velocidad en la medida en que se produzca una formalización de los ahorros que están fuera del sistema, que se calculan que son USD 170.000 millones. Todavía esta por verse si el oficialismo, luego de la adhesión de varios funcionarios al RSG (pese a que no significa necesariamente que saquen los dólares del colchón), logra la aprobación de la nueva Ley en el Congreso

La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo récord histórico de 12,7% en mayo, según datos de la consultora 1816. Es el 19° mes consecutivo de aumento en este indicador.

El dato surge del análisis de deudas con al menos 90 días de atraso, información que proviene de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). La consultora aclaró que el Banco Central puede actualizar estos números más de una vez, por lo que la cifra definitiva podría modificarse marginalmente.

El deterioro dejó una cifra alarmante: casi 7 millones de personas quedaron excluidas del sistema crediticio. Se trata del 27% de quienes habían tomado préstamos y ahora enfrentan atrasos significativos en sus pagos.

La morosidad se mide en deudas impagas por más de tres meses, un plazo que refleja no solo dificultades pasajeras sino problemas financieros estructurales en los hogares.

En el segmento de empresas, la mora también subió. Pasó de 3,3% a 3,5% en el mismo período. Al considerar todo el sector privado en conjunto, el indicador trepó de 7,3% a 7,7%.

El contexto hace más dramático el panorama: a fines de 2024, apenas el 2,5% de los créditos en familias estaban en situación irregular. En menos de seis meses, esa cifra se multiplicó por cinco.

Qué segmentos están más golpeados por la morosidad

Las líneas de crédito más afectadas son dos: préstamos personales y tarjetas de crédito. Ambas representan los productos más comunes entre las familias argentinas.

El informe de 1816 reveló que 26 de las 30 entidades financieras analizadas registraron aumentos en su morosidad durante mayo. No se trata de un problema aislado en algunos bancos, sino de una tendencia generalizada.

Pero el dato más preocupante está fuera del sistema bancario tradicional. En las entidades no financieras, que concentran el 17% de los créditos a privados, la tasa de morosidad saltó a 32,2%.

Este universo incluye financieras, casas de crédito y comercios que otorgan financiamiento propio. Son justamente estos prestamistas los que atienden a sectores con mayor vulnerabilidad económica o menor acceso al crédito bancario.

Las entidades no financieras tienen requisitos más flexibles que los bancos, pero cobran tasas más altas y enfrentan niveles de incumplimiento mucho mayores, lo que refleja el perfil de riesgo de sus clientes.

Por qué los jóvenes son el grupo más vulnerable

La consultora hizo especial énfasis en la situación de los menores de 35 años. Casi el 40% de los jóvenes con créditos vigentes tiene al menos un préstamo irregular.

Esta cifra no distingue entre entidades financieras y no financieras. Habla de una generación que entró al sistema de crédito en un momento de alta inflación y caída del poder adquisitivo.

Los jóvenes suelen tener ingresos más inestables. Muchos están en trabajos informales o recién arrancando sus carreras profesionales. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, son los primeros en quedar expuestos.

El problema no es solo individual. Una generación entera de potenciales consumidores está quedando fuera del sistema crediticio. Eso tendrá efectos en el consumo y en la capacidad de reactivación económica a mediano plazo.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, dijo la semana pasada en Córdoba que la morosidad tocó un pico en el segundo trimestre. Según su visión, los próximos datos podrían empezar a mostrar una desaceleración en esta tendencia preocupante.

Qué puede pasar con el crédito de acá a las elecciones

En mayo y junio, el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales. Pero tampoco mostró mejoras considerables.

La consultora 1816 no ve que, de acá a las elecciones del año que viene, el crédito a familias sea un motor relevante de la actividad económica. Esto contrasta con lo que pasó en el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025.

Más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser ‘sujetos de crédito’, es decir, perdieron su capacidad de acceder a nuevos financiamientos por su historial de morosidad.

La razón es clara: cuando más de un cuarto de quienes tomaron créditos queda inhabilitado para volver a pedir prestado, el mercado se achica automáticamente. Los bancos se vuelven más selectivos. Las tasas suben. El acceso se complica.

Sin embargo, la consultora cerró con un matiz. El peso del crédito en la economía argentina es tan pequeño que su estancamiento no implica necesariamente una caída del PBI.

La economía local puede seguir creciendo en los próximos 12 meses, aunque sea sin el impulso del financiamiento a familias. Es una señal de que el crédito, históricamente relevante en otras economías, tiene aún un rol marginal en Argentina.