POLITICA
Intendentes marcharon al Ministerio de Economía por fondos y obras paralizadas
Intendentes de distintas partes del país, principalmente de la provincia de Buenos Aires y nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), realizaron una movilización este mediodía hacia el Ministerio de Economía, frente a Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue entregar un petitorio dirigido al ministro Luis Caputo. La convocatoria responde a la exigencia de fondos, obras y la distribución de recursos retenidos.
La movilización involucró a intendentes de diversos partidos, aunque predominó la representación del peronismo bonaerense. Los jefes comunales se agruparon en la puerta del Ministerio de Economía y se prepararon para entregar en mano un documento que detalla los principales reclamos. Según informaron voceros de la FAM, el petitorio no fue recibido por Caputo, debido a que se encuentra en la disertación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Fernando Espinosa, intendente de La Matanza y presidente de la FAM, encabezaron la delegación junto a referentes como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y diputada electa de la Provincia de Buenos Aires. Asimimo, asistieron autoridades bonaerenses como Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, y Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense.
Qué reclaman los intendentes en la protesta frente al Ministerio de Economía
De acuerdo con el borrador del documento, la principal demanda de los intendentes consiste en el pedido al Gobierno nacional de transferencias de fondos pendientes vinculadas a obras públicas. Solicitan también el restablecimiento del precio de los combustibles al nivel del primero de marzo y la distribución de fondos retenidos por el impuesto a los combustibles líquidos.
El texto especifica: “La suma retenida en concepto de impuesto a los combustibles líquidos asciende actualmente a seis coma uno billones de pesos”, precisó Federico Mayol, periodista de Infobae en Vivo Al Mediodia. La cifra solicitada por los intendentes tienen como destino la infraestructura y obras en municipios de todo el país. Este monto, según los jefes comunales, corresponde a fondos cuya finalidad original era financiar obras federales a través de la coparticipación.
Desde la FAM enfatizan la reducción de transferencias nacionales y el recorte en los giros de fondos. Además, advierten: “Existe preocupación por la caída en la recaudación, lo que afecta la coparticipación y compromete el pago de aguinaldos en varias provincias y municipios”.
Quiénes participan de la movilización y qué motivó la medida
De acuerdo con el análisis de la FAM, es la primera vez en más de dos años que intendentes de todo el país se congregan para reclamar directamente ante el Ministerio de Economía, evitando canalizar su demanda a través de los gobernadores provinciales. Esto se debe, según los protagonistas, a que los mandatarios provinciales suelen recibir reclamos que dependen en realidad del Gobierno nacional, como la demora en la entrega de alimentos y medicamentos, y la falta de ejecución de obras públicas.
Según lo transmitido pro Mayol, los funcionarios municipales puntualizan en el mensaje transmitido que tiene como principal receptor al Gobierno Nacional. “Queremos que quede claro que el reclamo es directo a la Nación y no a los gobernadores, para evitar confusiones y costos políticos injustos. Esto es lo que dicen los intendentes”, transmitió el periodista.
Antecedentes y contexto del reclamo por fondos federales
Este reclamo nace en el marco de una política del Gobierno nacional orientada a recortar transferencias y paralizar la obra pública, según sostuvieron los intendentes movilizados. En 2023 se presentó en el Congreso un proyecto para actualizar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos; sin embargo, este quedó sin tratamiento y genera uno de los principales puntos de reclamo en la protesta. La FAM considera que la situación se agrava por la retracción en la recaudación, lo que limita el flujo de fondos destinados a las provincias y municipios.
Los intendentes sostuvieron que la caída en la coparticipación afecta la gestión local y el financiamiento de servicios básicos, sobre todo ante el inminente pago de aguinaldos a mitad de año. El petitorio entregado este mediodía reclama medidas “urgentes” para liberar los fondos retenidos, actualizar los valores para compra de combustibles y reactivar las transferencias extraordinarias, conocidas como ATN.
En las puertas del Ministerio de Economía, los representantes municipales posaron para los medios tras la lectura del documento y reiteraron el pedido de una instancia formal de diálogo.
“No vamos a irnos sin dejar constancia formal de nuestro reclamo en la mesa de entradas del Ministerio”, señalaron desde la conducción de la FAM. La movilización permanece frente a la sede de Economía y las autoridades comunales esperan una respuesta a sus demandas.
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intendentes marcharon por obras (captura de pantalla)
POLITICA
Marcha atrás: el Gobierno restituye la ley de tierras para blindar el DNU 70/23 y desactivar la ofensiva opositora en Diputados
En una jugada al filo y a menos de 24 horas de la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23, el oficialismo en Diputados dio marcha atrás con uno de sus postulados e incorporó un capítulo sobre la ley de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión, anticipada por , llegó tras la presión de sus aliados, que reclamaban una respuesta del Gobierno para evitar quedar en la incómoda posición de tener que bajar mañana al recinto y acompañar la ofensiva opositora. “Un manotazo de ahogado”, se quejaron desde los bloques más críticos, que ya estaban al tanto de la maniobra.
Si bien el fallo de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la derogación de la Ley de Tierras a través de una cautelar interina, representó un alivio para el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) buscó dar una señal de autonomía respecto de la decisión judicial y, al mismo tiempo, contener a sus aliados del Pro y la UCR.
Antes de la resolución judicial, ambos espacios le habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Aunque contradice sus propios principios, para la administración libertaria se trata de una concesión meramente “funcional” y responde a un objetivo político mayor: preservar el DNU 70/23 de Javier Milei, frente al intento de la oposición de hacerlo caer en Diputados, tras la media sanción del Senado.
Así, esta tarde la tropa de Martín Menem logró reunir las 34 firmas necesarias para alcanzar un dictamen de mayoría, con la ayuda del Pro y la UCR.
El texto incorpora al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, dos nuevos artículos: el 38, que “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, y el 39, que “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias”.
Por su parte, el bloque peronista de Unión por la Patria presentó un dictamen en minoría en total rechazo de la iniciativa libertaria y acusó al bloque que comanda Gabriel Bornoroni de “desempolvar una media sanción que venía del Senado que se había guardado en el último cajón” y dictaminado “entre gallos y medianoche”.
En alusión directa al proyecto aprobado en la Cámara alta, donde el oficialismo debió resignar el capítulo sobre extranjerización de tierras, que inicialmente eliminaba las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros y luego proponía elevar del 15% al 25% el límite permitido. Una derrota que le pasó factura a los libertarios en el Senado.
Noticia en desarrollo
la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23,,el fallo de la Corte Suprema,,October 14, 2026,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
El oficialismo en el Senado alcanzó un amplio acuerdo para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental y buscará dictaminar el proyecto este jueves, con la intención de solicitar una sesión para la próxima semana. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los principales cambios de la iniciativa junto con las senadoras Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General.
La propuesta incorporó aportes de legisladores de distintos bloques y de los responsables de las carteras sanitarias de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En una conferencia de prensa en su despacho, Bullrich destacó que uno de los principales cambios es incorporar la prevención como eje central, dejando atrás el criterio exclusivo del peligro inminente. La propuesta contempla la posibilidad de intervenir cuando una serie de conductas indique que una persona puede hacerse daño o dañar a terceros, incluso cuando no esté en condiciones psíquicas de decidir sobre su propia internación. “Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, explicó.
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La iniciativa dada a conocer implica cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y el acompañamiento de los pacientes después del alta.
Entre las modificaciones, Bullrich destacó la incorporación de equipos interdisciplinarios, con participación de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados; el reconocimiento del rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas; la capacitación permanente y la protección de los trabajadores de la salud. También señaló que se restituye la cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, se amplían los plazos para comunicar determinadas internaciones de 24 a 48 horas y se incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.
Las senadoras destacaron los aportes de diferentes bloques entre ellos los legisladores radicales que lidera Eduardo Vischi y en algunos artículos puntuales el bonaerense Maximiliano Abad y la chaqueña, Silvana Schneider. Las bancadas del Pro, que encabeza Martín Goerling Lara, los misioneros de Movimiento Por Misiones que integra el médico Carlos Arce e incluso peronistas que fueron ministros de Salud como el tucumano Juan Manzur.
“Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, sostuvo la senadora Patricia Bullrich, y afirmó que las reformas fueron bien recibidas por miles de familias argentinas que atravesaron situaciones complejas vinculadas a la salud mental.
Puntos centrales del proyecto
La iniciativa se divide en varios capítulos que abordan distintas aristas los cambios del dictamen final al proyecto de ley de Salud Mental. Entre ellos los referidos a los equipos interdisciplinarios y participación de los profesionales.
Se incorpora la conformación de equipos según los recursos humanos jurisdiccionales. Se elimina la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. El juez podrá pedir informes o peritajes y dejar sin efecto una internación injustificada. Manteniendo la obligación de notificar al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas de la internación.
Para internaciones voluntarias que superen los 60 días, se elimina la obligación de informar al juez y su evaluación en cinco días. Se mantiene la comunicación al Órgano de Revisión. Si un solo médico decide una internación excepcional por riesgo grave, el plazo para revalidarla mediante un equipo interdisciplinario pasa de 24 a 48 horas.
Se habilita la intervención de psiquiatras mediante teleconsulta sincrónica. Para indicar internaciones, se reemplaza la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro profesional, preferentemente psicólogo. Se reconoce al psicólogo en la evaluación y efectivizarían del alta.
Se restituyen la capacitación permanente y la protección de la salud de los trabajadores.
Sobre el financiamiento para las provincias, se restituye expresamente la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para implementar las políticas de salud mental.
En relación a las adicciones se mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las vinculadas con sustancias como las que no las involucran, eliminando la referencia expresa a drogas legales e ilegales. La redacción contempla también problemáticas como la ludopatía. En la Cámara alta hay dos proyectos, uno del Poder Ejecutivo y otro, sancionado por Diputados, que aún no fueron puestos en consideración por las comisiones del Senado.
En el capítulo sobre las Obligaciones de las familias, la referencia a los familiares obligados se limita a padres e hijos, además de representantes legales, cónyuges y convivientes. Se exceptúa a las familias que no estén en condiciones de cumplir esas obligaciones. Se explicita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios. Se incorporan derechos de las familias a recibir información, orientación y herramientas de autocuidado, y a ser escuchadas.
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Se incorpora un régimen específico para niños y adolescentes, con equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. Se contemplan la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a ser escuchados y el abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos queda restringida a casos en los que se acredite que no hay otra posibilidad, por el tiempo mínimo indispensable.
La norma contempla la prohibición y creación de manicomios y el desarrollo de prácticas manicomiales. Se restituye un catálogo de dispositivos de atención, entre ellos atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación socio laboral, reforzando las políticas de promoción y prevención.
Sobre las internaciones prolongadas, se exige un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y recursos de apoyo. Se considera prolongada la internación que supere los 180 días, consecutivos o acumulados por reinternaciones durante dos años. En esos casos, el Órgano de Revisión deberá intervenir de oficio de manera inmediata. Exceptuando a los pacientes cuya problemática sea exclusivamente social. Se crea, además, un registro de internaciones prolongadas.
Sobre directivas anticipadas, se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Las directivas deberán respetarse, salvo que impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
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POLITICA
En Washington, Quirno firmó un protocolo adicional para acelerar la aprobación del acuerdo comercial con EE.UU. en el Congreso
WASHINGTON.- En el marco del viaje del presidente Javier Milei a esta capital, el canciller Pablo Quirno mantuvo una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien firmó un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) que fue suscripto entre ambos funcionarios en febrero pasado.
Según explicó el canciller, el protocolo permitirá la remisión del ARTI al Congreso para su aprobación, un ambicioso acuerdo que tiene como objetivo reducir barreras comerciales, fomentar inversiones e integrar cadenas de valor en el marco de la alianza estratégica entre ambas administraciones. Restan conocer detalles del protocolo adicional para saber si se estableció algún tipo de cronograma.
“El protocolo consolida la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado norteamericano. Estados Unidos reafirma su compromiso con el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos en los términos acordados y reconoce el cumplimiento por parte de la Argentina de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo”, explicó el canciller a través de su cuenta de X. Quirno estuvo acompañado en el encuentro por el embajador argentino, Alec Oxenford.
En una reciente visita a Buenos Aires, donde se reunió con Quirno y con el ministro de Economía, Luis Caputo, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, había remarcado la importancia de la ratificación del ARTI “para concretar la visión económica compartida” entre ambas administraciones.
“Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses”, había señalado la embajada de Estados Unidos mediante un comunicado. Goettman también participó del encuentro de este miércoles en la sede del USTR junto a Greer, Quirno y Oxenford.
“Es un paso más en una agenda de comercio, financiamiento e inversiones de nueva generación, que abarca reducción de aranceles, de barreras no arancelarias y armonización de estándares, e incluye acceso para nuestros productos al mercado de la primera economía del mundo”, señaló Quirno al hacer el anuncio. El canciller había llegado esta mañana a Washington junto al líder libertario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Tras una reconfiguración arancelaria general dictada en julio por el gobierno de Trump a un grupo de 60 socios comerciales, la Argentina había quedado ubicada en la escala más baja con un arancel adicional del 10%, lo que representó una ventaja frente a otros países de la región (como Brasil). Fue la misma posición que cuando se selló el acuerdo firmado en febrero por Greer y Quirno en Washington.
Respecto a los 1675 productos argentinos a los que Estados Unidos les había eliminado los aranceles en virtud del acuerdo firmado en febrero -y que permitiría recuperar exportaciones por US$1013 millones- se mantuvieron en nivel cero, sin verse afectados por ese mecanismo lanzado por el USTR.
En el marco del ARTI, el Gobierno se comprometió a avanzar en la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que en agosto tuvo el visto bueno para la ratificación en la Cámara de Diputados, pero con modificaciones, por lo que el proyecto volvió al Senado para su tratamiento.
Está previsto que el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado lo traten en la tarde del jueves.
Por otra parte, Quirno tenía previsto reunirse esta tarde con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos, con quien repasaría la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo . El funcionario ocupa un rol clave en la política exterior de Trump para América Latina.
Quirno sostuvo que en el acuerdo comercial con Estados Unidos se enmarca el megapaquete de financiamiento presentado en Nueva York por unos US$7000 millones con el fin de desarrollar obras de infraestructura en la Argentina para acelerar las exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía, a través del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM), la agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno norteamericano.
A ello se suman los instrumentos de financiamiento lanzados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés).
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