En las diferentes terminales del oficialismo continuaba este lunes la expectativa por poder finalmente retomar el control de la agenda pública. Un objetivo que se trazaron desde que la semana pasada el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio su primer informe de gestión y que, tras la primera conferencia de prensa luego de más de 40 días, tuvo el notorio contrapeso de que trascendiera la declaración testimonial del contratista que reformó la propiedad de Adorni en el country Indio Cua.

La declaración que sacudió este mediodía los tribunales de Comodoro Py fue la del contratista Matías Tabar, quien afirmó que Adorni le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Mientras que esa información fue confirmada a por fuentes judiciales, tanto en la Casa Rosada como en otras terminales del oficialismo insistieron en que “no mueve un ápice de lo que viene pasando. Manuel va a explicar todo, eso que se dice no tiene sentido”.

En Balcarce 50, muy cerca del propio Adorni aseguraban respecto de los 245 mil dólares declarados por Tabar, que “ese no es el monto”, en referencia a los costos de la refacción.

“Seguramente vayamos a solicitar una pericia porque cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, señalaron ante una consulta de . En ese plano adelantaron que “probablemente mandaremos a hacer una inspección ocular”.

Al tiempo que consideraron que “los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados y nunca la entregó”.

Sin embargo, los voceros consultados no dieron mayores precisiones de por qué no pidieron la factura. “En caso que no corresponda su declaración se harán las denuncias correspondientes”, advirtieron en una oficina de la Jefatura de Gabinete.

En el círculo íntimo del funcionario agregaron: “Estamos analizando todo. La casa no vale más de 200 mil dólares”. Insistieron en que Adorni “no tiene nada que no pueda justificar” y señalaron “que se van a comer la curva completa”.

Desde allí también insistieron desde que empezó el caso que la declaración jurada de Adorni “dejará todo en claro”, aunque nunca explicaron por qué no la adelantó y mantiene la fecha del vencimiento, el 31 de mayo, para la presentación.

Para cuando llegue esa fecha, en el gobierno están convencidos que ya habrán logrado recuperar completamente el control de la agenda. Algo que les es esquivo desde hace casi dos meses y que creen poder revertir a partir de esta semana.

“Fueron casi dos meses en que no pudimos avanzar como queríamos. En los que cada vez que la espuma bajaba, volvía a subir. Ahora es tiempo de retomar la gestión y meterle”, dijo días atrás uno de los consultados por . Este lunes esa convicción seguía.

En las distintas terminales del Poder Ejecutivo se impone el convencimiento de que desde el comienzo de las revelaciones sobre el patrimonio y viajes de Adorni “perdieron el control de la agenda” y la “iniciativa”, por lo que apuntan a poder retomarla a partir de esta semana. Tanto a nivel comunicacional como de gestión.

En esa línea, la primera parada para intentarlo fue la conferencia de Adorni, de este lunes. Se trató de la primera desde el 25 de marzo, cuando al igual que hoy eludió dar precisiones sobre sus gastos. También fue la primera desde su paso por el Congreso y tras el cierre y posterior reapertura, aunque con restricciones, de la sala de periodistas de la Casa Rosada.

Pese a que tampoco dio explicaciones sobre ese tema en la Cámara de Diputados, para el Gobierno la presentación de Adorni del pasado miércoles actuó como “bisagra” para retomar las conferencias de prensa y la iniciativa política. Cerca de Javier y Karina Milei estaban más que satisfechos con lo que fueron las casi siete horas del ministro en el Parlamento.

En el Gobierno estaban convencidos de que la causa judicial, en la que Adorni es investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por un presunto enriquecimiento ilícito, entraría ahora en “una meseta” con peritajes contables. Eso los hace suponer que se licuarán las noticias del caso y que, “cuando se vuelva a tener noticias, será en unos meses, para demostrar que no hay nada en su contra”, afirmaban confiados días atrás.

Por eso la declaración de Tabar sorprendió este lunes y a raíz de eso evalúan medidas para rebatirlo. Pero a la vez pareció exacerbar el convencimiento de que todo seguirá tal como lo vienen deslizando desde días atrás: “Vamos a retomar la agenda y esto pronto quedará aclarado”, aseguran.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejó claro otra vez que no tiene intenciones de explicar públicamente los misterios de su crecimiento patrimonial. “No me lo permite el debido proceso judicial”, dijo, solemne, invocando una prohibición legal que no existe.

Minutos antes alegó que ya había dado “todas las explicaciones a la sociedad”, aunque admitió que puede haber cuestiones pendientes que aclarará en los Tribunales; según afirmó, “el único ámbito competente”.

También dijo que había presentado todas sus declaraciones juradas de bienes “en tiempo y forma”, pese a que, según revelaron fuentes oficiales, presentó casi un año tarde el anexo donde dio cuenta de la compra que hizo su mujer de la casa de Indio Cua. En esa propiedad, además, Adorni habría invertido US$245.000 en refacciones, según declaró un testigo en los tribunales en el mismo momento en que él ofrecía la conferencia de prensa en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete solo informó la compra de ese inmueble el mes pasado, con la causa penal avanzada.

En su afán por eludir preguntas, Adorni dijo que no había leído la nota de Clarín de ayer que sostuvo que él y su familia habían hecho un viaje de cinco días a Bariloche y pagado $9.104.769,97, publicación que también hablaba de sospechas de sobresueldos en el Gobierno. Esquivó esa pregunta con el siguiente argumento: “No analizamos notas periodísticas”. Curiosa afirmación en un funcionario que lanzó un programa de streaming llamado “Fake, 7, 8″ con la finalidad de denunciar “las noticias falsas de la semana”. Y miembro clave de un gobierno que creó una oficina para responder a supuestas campañas de desinformación y señalar publicaciones periodísticas: la Oficina de Respuesta Oficial. Funciona, en realidad, como una usina de mensajes de propaganda de la gestión libertaria que rara vez da con fake news, pero acumula críticas y acusaciones a periodistas.

Adorni empezó su conferencia de este lunes con una lista de anuncios de lo más variados, desde la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea y cambios en el régimen de subsidios al gas, hasta la futura reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y una modernización del proceso de donación de sangre.

Consciente de que lo consultarían por su incremento patrimonial, pretendió bloquear el tema antes de la primera pregunta leyendo un papel que llevó consigo: “Respecto a cuestiones personales, ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados el miércoles pasado y si tuviera que dar más explicaciones las daré en el único ámbito competente que es la Justicia”.

Con este mismo argumento se negó a contestarle a , que le preguntó si era cierto lo que declaró en la Justicia Pablo Feijoo, el hijo de una de las mujeres que le vendieron el departamento de Caballito, que dijo en la fiscalía que Adorni se había comprometido a pagarles 65.000 dólares adicionales al precio de venta declarado en la escritura.

Tampoco contestó cuánto pagó su mujer por la casa del country Indio Cua, que ella escrituró a su nombre en 2024 ni por qué había omitido declararla ante la Oficina Anticorrupción (OA) hasta este año. Sobre esa propiedad no dijo una palabra.

Adorni repitió hoy un argumento que ya había dado en otras ocasiones. “Como hay una investigación judicial en curso no voy a responder sobre aspectos específicos porque no me lo permite el debido proceso judicial”, dijo. Nunca explicó el funcionario de dónde surge esa supuesta prohibición del “debido proceso judicial”, que no está prevista en ley alguna.

Como investigado en una causa penal, Adorni sí podría invocar que tiene el derecho de no decir nada -ni ante la Justicia ni ante la prensa- que pueda comprometer su futuro y complicarlo en el expediente. Pero la existencia de una investigación de ningún modo le impide dar explicaciones públicas a un funcionario que tiene vocación de aclarar los cambios en su patrimonio. Sobre todo, cuando la Ley de Ética Pública establece como regla la transparencia.

“No veo cómo podría afectarse la garantía del debido proceso si él responde. No hay obstáculo legal para que conteste las preguntas que le están haciendo”, dijo a el constitucionalista Alejandro Carrió, reconocido especialista en garantías constitucionales en el proceso penal. “La causa no está en secreto y las preguntas que le hacen no están relacionadas con medidas de prueba que se puedan frustrar”, añadió.

Adorni también alegó: “Somos los primeros en respetar la división de poderes y bajo ningún punto de vista obstruiremos el avance de ninguna causa judicial”.

La semana pasada, en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete había dicho, en el mismo sentido: “Les ruego, señores miembros de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución Nacional no requieran que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional se arrogue el conocimiento de causas en trámite. Serán los jueces y solo ellos quienes deberán resolver las denuncias formuladas”. Fue una alusión al artículo 109 de la Constitución Nacional, que no aplica a la situación de Adorni. Dice que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

La constitucionalista María Angélica Gelli explica en su Constitución comentada que este artículo buscó “neutralizar todo intento de instaurar una dictadura legal mediante el empleo de detener personas” por parte del Poder Ejecutivo y le prohibe al Presidente actuar como juez, incluso, en un estado de sitio. Sebastián Guidi, también especialista en derecho constitucional, completó: “La norma le impide al Ejecutivo ejercer la función jurisdiccional (es decir, en criollo, ser él quien dicte fallos decidiendo los derechos de particulares). De ningún modo puede prohibirle participar en un proceso judicial, ya que todo el tiempo el Poder Ejecutivo participa en juicios como parte (sea porque lo demandan, porque él mismo demanda, porque ejerce la querella o, como en este caso, porque uno de sus miembros es imputado). Si uno llevara el argumento del jefe de Gabinete al extremo, ni siquiera se podría defender, ya que estaría intentando influir sobre un fallo futuro”.

Adorni dijo que todos sus bienes se verán reflejados en su próxima declaración jurada, que él cumplió con la Ley de Ética Pública y que presentó hasta ahora todas sus declaraciones juradas “en tiempo y forma”, pero según informaron a fuentes oficiales, esto no es cierto.

La mujer de Manuel Adorni, compró la casa de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.

Según las fuentes oficiales consultadas, Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto de 2025. Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA el mes pasado, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y cuando la Justicia ya le había pedido al organismo anticorrupción todo lo presentado por Adorni.

“No analizamos notas periodísticas”, dijo Adorni esta mañana, para eludir otra de las preguntas sobre su patrimonio, cuyo crecimiento salió a la luz, en gran medida, por la tarea de periodistas que informaron sobre sus nuevos bienes y sus viajes desde que asumió en el Gobierno. La de Adorni es una declaración llamativa porque ningún Presidente atacó tanto a periodistas como lo hizo Javier Milei, que acuñó el eslogan “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y en sus redes sociales difunde insultos a la prensa de a cientos.

Minutos antes, Adorni había dicho: “Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuándo quieran y donde quieran”. La semana pasada, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, presentó su último informe, que muestra un severo retroceso de la Argentina en el ranking que evalúa la Libertad de Prensa en el mundo. Ocupa el puesto 98 sobre un total de 180, cayó 11 puestos en el último año y registra un descenso de 69 lugares desde 2022.

Mientras Adorni se niega a responder preguntas concretas sobre los cambios en su patrimonio, los interrogantes que solo está dispuesto a contestar en los tribunales se acumulan. ¿Por qué acordó con Feijoo, según la declaración de este testigo, que le iba a pagar 65.000 dólares adicionales que no quedaron registrados en la escritura de compra del departamento de Caballito? ¿Por qué dos mujeres que no lo conocían accedieron a financiarle casi el 90% de ese inmueble (200.000 dólares), sin intereses? ¿Por qué si fue él quien pagó los vuelos en avión privado a Punta del Este las facturas no están a su nombre y no se conoce constancia alguna de que haya abonado él? ¿Por qué pagó en efectivo los 8874 dólares que gastó para hospedarse en complejos de lujo en Aruba, en sus vacaciones del año pasado? Si, como dice, todo su patrimonio lo acumuló en la gestión privada, ¿de dónde salió el dinero para sumar dos nuevos inmuebles, un auto y, según la declaración del último testigo en la causa, pagar arreglos por US$245.000, con su sueldo de funcionario y los ingresos de su mujer, que hasta el año pasado era monotributista?