A través de una carta enviada por el Episcopado al ministro de Salud, Mario Lugones, la Iglesia insistió en su preocupación por la crisis que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad y reclamó “una respuesta concreta, visible y urgente”. El reclamo se produce en medio de la negativa del Gobierno de aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que recompone subsidios, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por el Congreso.

Se trata de una crisis que pone en riesgo a unas 250.000 personas que enfrentan problemas de discapacidad en todo el país y que eleva los afectados a casi un millón si se suma a las familias, trabajadores y proveedores de las instituciones, según un relevamiento del sector.

“Muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”, expresa la carta firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

Como signo de esta preocupación, monseñor Colombo celebrará la misa central de este Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Mendoza, donde tiene su sede el Hogar Don Orione, seriamente comprometido por la crisis del sector.

Como dato complementario, surgido de fuentes vinculadas con las entidades afectadas, el financiamiento de las prestaciones se encuentra gravemente comprometida. “El PAMI no interrumpía su cadena de pagos de esta forma desde 2002”, graficaron a .

La carta de los obispos al ministro Lugones expresa que “en estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, en las que se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad”.

“Entre las muchas que podríamos nombrar señalamos, por ejemplo, los Cottolengos Don Orione, obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria donde la continuidad del cuidado de 1200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato”, sostiene el Episcopado.

Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.

El Episcopado señala que “las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir”, al describir un cuadro de “endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”. Añade que “en muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana”.

La carta firmada por monseñor Colombo recuerda que en mayo de 2025 el Episcopado había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar^”. Y, ante la angustiante situación actual, reclama el cumplimiento de la ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.

La Iglesia entiende que las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad constituyen “un verdadero patrimonio social de nuestra patria”. Agrega en la carta que “el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”.

“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”, dice el Episcopado en la nota enviada a Lugones.

Como integrantes de la comisión ejecutiva del Episcopado, firman la carta junto a Colombo el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del organismo; monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.

El Consejo de la Magistratura quedó sentido. La mayoría de los consejeros considera que la propuesta de los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para implementar un nuevo reglamento para elegir jueces es un avance sobre las facultades propias del cuerpo y una especie de desautorización a los procesos de selección de magistrados realizados en los últimos años.

Por eso es que decidieron rechazar la posibilidad de aprobar este proyecto a libro cerrado, sin cambios, como pidieron Rosenkrantz y Lorenzetti. Como contrapartida, definieron armar un texto que condense las iniciativas de los jueces de la Corte con las que ya existen en otros 14 proyectos que descansan en el Consejo.

“Se va a aprobar. Va a haber ajustes al proyecto. Lo están trabajando los asesores con un esquema para que condense todos los proyectos que hay en el Consejo”, dijo una alta fuente del cuerpo a .

El trabajo de Rosenkrantz y Lorenzetti, en el que participaron los secretarios Martín Oyanarte y Valentín Thury Cornejo, será ahora reinterpretado en el Consejo.

Pero Rosenkrantz y Lorenzetti quieren asegurarse de que siga sin cambios y sea debidamente interpretado, por lo que convocaron a la Corte a los consejeros de la magistratura de las Comisiones de Selección y Reglamentación para explicarles a cada uno los alcances de la iniciativa.

Una estrategia de persuasión que además incluirá entrevistas y apariciones públicas, pues están convencidos de que la sociedad es la que pide este cambio.

Del otro lado, buscan reducir las diferencias. “Va a salir un buen reglamento, se comparte el espíritu mayoritariamente”, dijo una fuente de la Magistratura, que arriesgó que la norma se aprobará este año, a lo sumo en el segundo semestre, antes de las elecciones donde se eligen a los nuevos integrantes del organismo.

El reglamento propuesto por Rosenkrantz y Lorenzetti en un acto público realizado en la Corte busca reducir la discrecionalidad en los concursos, establecer parámetros objetivos para el orden de mérito de los candidatos y evitar que la entrevista personal sea un mecanismo de ascenso de postulantes que no llegaron a tener un excelente desempeño en el examen escrito.

Los consejeros trataron la semana pasada ese reglamento y rechazaron votar a libro cerrado, como propusieron la abogada Jimena de la Torre, cercana a Pro, y César Grau, que llegó por el kirchnerismo pero, tras quedar relegado en un concurso para juez de la Seguridad Social, está distanciado.

Rosatti no firmó el proyecto, que se presentó sorpresivamente en la reunión conjunta de las comisiones. Cuando el asunto amenazaba con votarse y ser rechazado por la mayoría, Rosatti pidió que se busquen consensos con los proyectos anteriores y los que proponen las ONG. No impulsó la idea de sus colegas de probarlo sin cambios y a libro cerrado.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, el viceministro de Justicia Santiago Viola, fue el más enfático al criticar la “ansiedad desmedida” por aprobar la iniciativa. Se ve que el Gobierno, al menos el sector que reporta a Karina Milei, no tiene apuro.

En las vocalías de Rosenkrantz y Lorenzetti creen que no van a rechazar su proyecto, aunque son conscientes de que hoy no tienen los votos para aprobarlo. Pero lanzan el desafío: “Si dilatan el tratamiento o lo rechazan, el presidente de la Corte pagará los costos ante la opinión pública o ante sus colegas”, deslizaron.

Por lo pronto, los consejeros académicos liderados por Diego Molea, que entrará en el Consejo a fin de año, ya empezaron con la recorrida en busca de apoyos de las universidades.

“Participé en la Universidad del Litoral de un encuentro en el marco de la discusión de los proyectos destinados a reformar el mecanismo de selección de magistrados. Compartí el debate con los consejeros de la Magistratura por el ámbito académico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi, la también consejera y presidenta de la comisión de Selección, María Fernanda Vázquez y el expresidente del cuerpo Miguel Piedecasas”, tuiteó en X Molea.

Lo cierto es que si se aprueba este reglamento, que contempla por ejemplo tomar examen con un multiple choice de un banco de preguntas elegidas por Inteligencia Artificial (IA), no afectará a los exámenes ya realizados, dicen en el Consejo. Se abrirá una pelea, seguramente.

Se cuentan entre ellos los exámenes de los cargos clave de Comodoro Py 2002, donde hay que cubrir cuatro vacantes en los juzgados de primera instancia, cuatro en la Cámara Federal de Casación y dos en la Cámara Federal.

La irrupción del proyecto de cambio de reglamento fue interpretada como un desafío de la Corte al Consejo, una “mojada de oreja”, dijo un asesor, pues entendió que el máximo tribunal puso en tela de juicio una de las facultades de la magistratura, como lo es la manera de elegir jueces.

La discusión del reglamento de concursos trajo a la luz otros temas, que incluyen por ejemplo poner en valor el rol del Consejo de la Magistratura. Ya sea defendiendo sus facultades para elegir jueces, como para administrar los recursos del Poder Judicial.

Están preocupados en el Consejo por la reducción de la recaudación que impacta en los fondos que recibe el Poder Judicial. Está normado que sean el 3,5% de la recaudación, lo que implicaba en marzo una proyección de unos 115.000 millones de pesos, pero en rigor se recibieron 85.000 millones. El 97% se gasta en sueldos.

En el Consejo de la Magistratura, además, se activaron otras discusiones de posible colisión con la Corte, como por ejemplo sus facultades para dictar normas de ética judicial o el debate acerca de quiénes deciden sobre los contratos en los juzgados y tribunales de todo el país.

Hasta ahora, jueces y camaristas peregrinan ante la Corte para pedir por recursos y contratos en juzgados con causas especiales, megacausas o de gran impacto institucional. Hay consejeros que están analizando si el otorgamiento de los contratos no es una facultad del Consejo como administrador del Poder Judicial y que los jueces tengan que agradecer a los consejeros por las dotaciones de sus tribunales: una manera de retener poder.

Por lo pronto, el Consejo convocó a un plenario para el próximo 15 de abril, la semana próxima, donde no está en el orden del día el tratamiento del reglamento de selección de jueces. Pero sí está la votación de ternas para los tribunales orales federales porteños, una deuda fatal, ya que la mitad están vacantes.

De hecho, fue elevado a juicio el caso del Vacunatorio VIP. Recayó en el Tribunal Oral Federal 6, pero está sin jueces. Hoy son suplentes allí, prestados de otros tribunales, Enrique Méndez Signori (en el caso Cuadernos), el juez Diego García Berro (del fuero penal económico) y Adriana Palliotti (afectada a Hotesur y Los Sauces). La fiscal del juicio oral será Fabiana León.