POLITICA
Adorni no había declarado ante la OA la casa del country: la agregó ahora a su presentación, un año tarde
Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, compró una casa en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.
Fuentes oficiales informaron a que Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto pasado.
Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA este mes, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y después de que la Justicia le pidió al organismo anticorrupción, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, la totalidad de lo presentado por Adorni.
Tras recibir la nueva documentación aportada por el jefe de Gabinete, la OA la remitió, la semana pasada, al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita, según informó a un funcionario al tanto de estos movimientos.
dio cuenta, el mes pasado, de la adquisición de la casa de Indio Cua a nombre exclusivo de Angeletti. Obtuvo la información con un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense. Según estos datos públicos, la mujer del jefe de Gabinete se convirtió en titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. La documentación catastral deja constancia de la fecha de nacimiento de Angeletti, su nacionalidad y de que, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni.
La escribana del matrimonio Adorni-Angeletti, Adriana Nechevenko, declaró el miércoles pasado ante el fiscal Pollicita y dio detalles sobre diferentes operaciones inmobiliarias de ellos en las que intervino. Una fue la compra de la casa de Indio Cua. Otra, un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres les hicieron a Adorni y Angeletti, que pusieron como garantía de esa operación el departamento de la avenida Asamblea en el que entonces vivían. Ese préstamo con hipoteca se formalizó, según documentación a la que accedió , el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa del country de Exaltación de la Cruz.
Nechevenko declaró que el préstamo de 100.000 dólares se destinó a afrontar parte del precio de la compra del inmueble de Indio Cua. Dijo también que ella le presentó las prestamistas a Adorni porque él le había pedido que le consiguiera el crédito.
El jefe de Gabinete y su esposa se comprometieron a devolver el dinero en 24 meses, con un interés del 11% anual, declaró la escribana y ratificaron en Comodoro Py las prestamistas, Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y Victoria María José Cancio, su hija. Según fuentes con acceso a lo declarado por las testigos, ellas dijeron que era la primera vez que hacían una operación así con Nechevenko, con quien tienen una relación escribana-clientas desde hace muchos años. Tanto Nechevenko como las acreedoras de Adorni y Angeletti informaron que hasta ahora les pagaron 30.000 dólares.
El hecho de que un funcionario omita declarar los bienes de su cónyuge en su presentación ante la Oficina Anticorrupción puede tener consecuencias administrativas y penales.
La regla es que si la OA advierte que alguien presentó una declaración incompleta, debe intimarlo a que la rectifique y, si no lo hace, puede abrir un expediente o incluso denunciarlo ante la Justicia.
El Código Penal establece, en el artículo 268 (3) que “será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”. Que “el delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda”. Y que “en la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.
Según la ley, no basta entonces la omisión, sino que esta debe ser “maliciosa” para que se constituya un delito.
En este caso, Adorni podría alegar que él rectificó su declaración original y que agregó lo que no había informado. se comunicó con el estudio jurídico que lo defiende, donde declinaron hacer declaraciones sobre la causa.
En cualquier caso esta omisión será un elemento a tener en cuenta en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se investiga si el jefe de Gabinete tuvo un crecimiento apreciable de su patrimonio que no puede justificar.
Los investigadores tienen en su poder pruebas de que, desde que es funcionario, Adorni y su mujer sumaron a sus bienes la casa del country en Indio Cua, un nuevo departamento en el que viven, en Caballito, y una camioneta. Los ingresos declarados de él son los de funcionario y ella, hasta el año pasado, era monotributista.
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El Gobierno acelera el tratamiento de los pliegos de Bertuzzi y Yadarola en el Senado para completar un tribunal clave
El oficialismo en el Senado convocó a audiencia pública a una treintena de postulantes a cargos judiciales, entre ellos Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, un tribunal clave de Comodoro Py que define el rumbo de las causas de corrupción y que debe intervenir en el caso $LIBRA. Será el 12 de agosto e incluye también a candidatos para cargos en los fueros civil, comercial y criminal.
La convocatoria se oficializó hoy con su publicación en el Boletín Oficial. La audiencia en el Senado es una instancia en la que los postulantes exponen y enfrentan las preguntas de legisladores, que es previa al tratamiento de sus pliegos en el recinto.
Bertuzzi ya ocupa un lugar en la Cámara, pero de manera provisoria, porque fue trasladado allí durante el gobierno de Mauricio Macri.
Con él firme en el cargo y la llegada de Yadarola, el Gobierno apunta a designar a dos jueces en la estratégica sala I de la Cámara y completar una maniobra que inició con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
El primer paso fue hacer caer un proceso de «solución amistosa» que estaba en curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que también fue trasladado allí durante el macrismo, continúen en sus cargos.
Anuladas esas negociaciones y reactivado el concurso en el Consejo de la Magistratura, el Gobierno eligió a Yadarola de una terna que también integraban Fernando Poviña y Agustina Rodríguez. Para la segunda vocalía, seleccionó al propio Bertuzzi, que había concursado para continuar en el cargo, por sobre Julio Di Giorgio y la fiscal Cecilia Incardona, que contaba con chances reales de sumarse a la Cámara.
Las vacantes pertenecen a una Sala, la I, que tiene asignadas causas de alto voltaje político. El vaciamiento de YPF durante el kirchnerismo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del gobierno de Macri son dos ejemplos de ellos.
Pero la atención del Gobierno está puesta en la causa que investiga el colapso de la criptomoneda $LIBRA, en donde existen pruebas de un vínculo directo entre el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei con los promotores de la moneda digital que acabó sospechada de estafa.
En ese expediente, la Sala para la que Yadarola y Bertuzzi fueron propuestos debe resolver por estas horas si ratifica o revoca la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a dos grupos de querellantes en el expediente. Si la confirma, la acusación en la causa pasará a depender exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano.
La Sala también debe expedirse sobre otros temas sensibles, como un sobreseimiento al ministro de Economía, Luis Caputo, en una causa que lo investigó por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19.000 dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.
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Un intendente bonaerense busca la autonomía local y avanza con la primera carta orgánica municipal
El municipio de Castelli puso en marcha la redacción de su primera Carta Orgánica Municipal con apoyo de más de dos tercios del Concejo Deliberante. La iniciativa, impulsada por el intendente Francisco Echarren (Fuerza Patria) busca avanzar este año hacia la autonomía local en una provincia donde los 135 municipios siguen regidos por una ley de 1958.
El proyecto prevé convocar este año a una convención constituyente y le fija un plazo de tres meses, prorrogable por otros tres, para sancionar el nuevo texto. Esa convención estaría integrada por los 10 concejales del distrito y otros 10 miembros elegidos por voto popular, en una elección que podría realizarse en noviembre.
La iniciativa fue presentada por Echarren el reciente 8 de julio ante el Concejo Deliberante y busca que Castelli dicte la que sería la primera carta orgánica municipal de la provincia de Buenos Aires.
Qué facultades busca ampliar el proyecto
Los 135 municipios bonaerenses se rigen por la Ley Orgánica de las Municipalidades y no cuentan con cartas orgánicas propias. El debate remite al artículo 123 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que establece que las provincias deben asegurar la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.
El planteo de Castelli parte de que la Constitución bonaerense no reconoció plenamente ese principio y mantuvo un esquema en el que el régimen institucional, político, administrativo, económico y financiero de los municipios queda predeterminado por el nivel provincial. La propuesta local busca trasladar parte de esas decisiones al ámbito comunal.
Echarren sostuvo en sus redes sociales que “a la Provincia de Buenos Aires no hay que dividirla ni regionalizarla. Tenemos que resolver las asimetrías con más autonomía municipal”. También afirmó que “los municipios tienen un protagonismo innegable en los tiempos que vienen: son el primer mostrador del Estado”.
Además, el intendente agregó que los gobiernos locales necesitan más herramientas para decidir sobre ambiente, producción, salud, desarrollo urbano, suelo, vivienda y materia tributaria. “Los municipios no pueden ser simples oficinas administrativas”, planteó.
El antecedente judicial del municipio
El impulso actual retoma un camino que el municipio ya había iniciado en la Justicia. Apenas se desató en el país la epidemia de coronavirus, el partido ya había acudido en 2020 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender la autonomía municipal, después de una acción promovida por Echarren para que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 190 a 197 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y de las normas dictadas en consecuencia.
En febrero de 2022, la Corte resolvió que el caso no correspondía a su competencia originaria. El tribunal entendió que para resolver la controversia era necesario interpretar y aplicar derecho público provincial, por lo que el trámite debía continuar, al menos en una primera instancia, ante la justicia bonaerense.
En su voto particular, los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que “resulta aplicable la doctrina según la cual los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución, jurídica o política, en el ámbito provincial, sin injerencia de la justicia de la Nación”.
La discusión también se reactivó en la Legislatura bonaerense ya que este año los bloques de la Coalición Cívica y Hechos UCR-Identidad impulsaron proyectos para crear una comisión bicameral redactora del anteproyecto de reforma integral de la Ley Orgánica de Municipalidades.
La disputa por el régimen electoral y las reelecciones
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el régimen electoral local. El inciso B del artículo 16 establece que la futura carta orgánica deberá contemplar la elección directa del intendente y los concejales, junto con un sistema que asegure representación proporcional y participación efectiva de las minorías en los cuerpos colegiados.
Ese apartado abrió especulaciones sobre una eventual reelección indefinida a nivel municipal, hoy prohibida por la ley bonaerense que habilita hasta dos mandatos consecutivos y toma como primero el iniciado en 2019. Echarren, que gobierna Castelli desde 2011 y transita su cuarto mandato consecutivo, dijo que no presentó la iniciativa por ese motivo y sostuvo que, en su opinión, debe haber límites, aunque cada municipio debería poder fijarlos.
Por su parte, el diputado provincial de Pro, Alejandro Rabinovich, interpretó la movida como una vía para reactivar esas reelecciones. Además, la concejala radical Malena Massara, una de las dos representantes opositoras en el Concejo, afirmó que la autonomía municipal es un tema que debe abordarse porque surge de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, aunque advirtió que la futura carta orgánica quedaría supeditada a una modificación de la Constitución provincial.
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Cristina Kirchner contrató a un abogado del equipo de Lula para tratar de revertir su condena en tribunales internacionales
La expresidenta Cristina Kirchner contrató los servicios del abogado brasileño Rafael Valim, del equipo del presidente Luis Inácio Lula da Silva para llevar adelante sus litigios ante los tribunales internacionales y tratar de revertir la condena de corrupción que enfrenta.
Valim es un profesor universitario especialista en lawfare y trabajará con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Así lo publicó el diario Folha de Sao Paulo y el canal CNN Brasil. La tarea de Valim y Borrego será acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir la condena a 6 años de prisión que pesa sobre Cristina Kirchner por la causa Vialidad.
Valim declaró al sitio Metrópoles de Brasil: “En los próximos días haremos la divulgación oficial de la estrategia que vamos a adoptar en esta nueva etapa internacional del caso, en Buenos Aires”.
Valim actuó en el pasado ante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.
Su especialidad es la aplicación del lawfare, una figura jurídica con la que quieren argumentar que la condena contra la expresidenta fue producto de una conjura de gobiernos conservadores, en consonancia con medios de comunicación, para lograr la condena de líderes populares.
La estrategia de defensa de Valim y Borrego incluye la activación de mecanismos internacionales contra lo que los abogados consideran violaciones del debido proceso y de los derechos fundamentales en el proceso del expresidente.
El nuevo asesor en materia jurídica de Cristina Kirchner es coautor del libro Lawfare: una introducción, junto a Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño y exabogado de Lula. Valim afirmó que no conocía previamente a la expresidenta y que fue contactado por su equipo de abogados argentinos.
El abogado dijo que considera a Cristina Kirchner una persona extraordinaria, que está firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y que viene padeciendo un castigo injusto que intentarán revertir en los tribunales.
Valim actuó en un caso de Madres de Plaza de Mayo, que recurrieron a la CIDH contra el gobierno de Javier Milei.
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