POLITICA
La crisis del PAMI: deuda millonaria, cortocircuitos en el Gobierno y un conflicto gremial que podría extenderse

El paro por 72 horas que activaron los médicos de cabecera en reclamo de mejoras salariales puso de relieve la crisis del PAMI, el organismo nacional que presta asistencia médica y social a más de 5 millones de jubilados y pensionados y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones.
El PAMI tiene hoy una deuda con sus prestadoras que alancaza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales a . El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía para explorar un auxilio financiero. Hubo hace ocho días un encuentro mano a mano con su par de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo y desde la cartera de Salud sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.
Desde la Casa Rosada, en tanto, relativizaron el conflicto y se mostraron confiados a una pronta resolución. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales.
La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”,especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos en el Gabinete.
El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero hoy no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Legúizamo, cuya gestión quedó recientemente en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de de lentes intraoculares.
La Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba) le envió el 1° de abril una carta a Leguízamo advirtiéndole que era necesario para mantener la atención “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” y pidió establecer un cronograma de pagos. Además, exigió actualizar los valores de las prestaciones, “adecuándolos a la realidad de los costos actuales, incorporando mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que eviten nuevos desfasajes”. La carta de los empresarios, firmada por Jorge Soria y Néstor Porras, cerró con otra alerta: “La magnitud del escenario descripto impone la necesidad de avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los servicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional”.
El paro es impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), pero cuenta con el respaldo de los gremios del sector público, como ATE y UPCN, que pretenden extender la protesta. La medida de fuerza surge tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos y fue aplicada, según los profesionales, sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril.
Desde el organismo, en tanto, sostienen que no se trata de un ajuste sino de una reconfiguración del sistema que incrementa el ingreso fijo de los médicos y que permite ordenar el gasto.
Con la nueva normativa, ese esquema fue reemplazado por un sistema exclusivamente capitado: PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extra.
Desde el Instituto defienden la medida. Fuentes de PAMI señalaron que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que busca “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”.
Según explicaron, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”. Además, sostienen que la unificación del nomenclador responde a un reclamo histórico del sector para simplificar la carga administrativa y que permitirá mejorar los controles sobre las prestaciones efectivamente realizadas.
“Hay una crisis generalizada en el PAMI. El reclamo de los médicos de cabecera es entendible porque les sacaron los adicionales. Además, les pidieron que limiten la atención a los pacientes diabéticos porque son tratamientos de alto costo. También hay demoras en la entrega de pañales. Es parecido a lo que sucedió en los 90″, dijo a Ramón Farías, coordinador nacional de ATE en el organismo.
En el PAMI hay 10.500 empleados. Hubo un recorte de 1500 desde que llegó Milei, entre despidos y jubilaciones. Hay versiones que podría activarse en el corto plazo un plan de retiros voluntarios como el que el Gobierno abrió en los medios públicos.
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POLITICA
El Gobierno niega que Adorni haya gastado US$245 mil para refaccionar la casa del country

Ante las nuevas revelaciones en la investigación judicial por su patrimonio, el Gobierno negó que Manuel Adorni haya gastado US$245 mil en refaccionar su casa en el country de Indio Cuá. Cerca del funcionario aseguraron que ese no es el monto correcto y anticiparon la posibilidad de solicitar una pericia para esclarecer los hechos.
“Ese no es el monto. Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, sostuvo una fuente de jefatura de Gabinete.
La aclaración del Gobierno surgió como respuesta a la declaración testimonial de Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las renovaciones en la propiedad de Exaltación de la Cruz. Este lunes, Tabar aseguró que el ministro coordinador le pagó en efectivo y sin factura US$245 mil por una lista de arreglos que incluyeron una cascada en el jardín, una pileta climatizada y un jacuzzi, entre otros.
Según allegados al jefe de Gabinete, el arquitecto se había comprometido a entregar una factura con todos los gastos de la refacción, pero nunca lo hizo. Además, advirtieron que, en caso de comprobarse alguna irregularidad en la declaración de Tabar, el funcionario responderá “con las denuncias correspondientes”.
Cuál fue la declaración del arquitecto que desmintió la Casa Rosada
El socio del grupo Alta Arquitectura se presentó esta mañana ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para explicar los trabajos realizados en la casa de fin de semana que Adorni compró a fines de 2024 junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.
El objetivo de su citación era determinar si el funcionario pagó por las renovaciones y cuánto dinero destinó a esas obras, para analizar si esos gastos coinciden con su situación patrimonial como funcionario público.
En ese sentido, Tabar declaró que las obras en el lote de 400 metros cuadrados de Indio Cuá se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 y que Adorni le pagó todos los arreglos en dos partes: US$55 mil en 2024 y los US$190 mil restantes en 2025.
El contratista también reveló que, mientras se hacía la obra, el funcionario alquiló otra casa en el barrio privado que costó US$13 mil y aportó el celular y los detalles de quienes trabajaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.
El supuesto intercambio entre Adorni y Tabar antes de su declaración
Eso no fue todo. El arquitecto además reveló que antes de presentarse a declarar en Comodoro Py, el jefe de Gabinete intentó contactarlo para brindarle asesoramiento.
Según pudo saber TN, Tabar exhibió ante la Fiscalía una conversación reciente de WhatsApp en la que Adorni lo contactó utilizando mensajes temporales.
Allí, el jefe de Gabinete le dijo que necesitaba hablar con él y ambos mantuvieron una conversación telefónica donde Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración para asistirlo.
Si bien el contratista dijo que inicialmente lo consideró, luego fue asesorado y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban elaborando una estrategia común.
Leé también: Adorni dijo que solo responderá ante la Justicia sobre sus causas: cuándo informará su patrimonio
La causa continuará este miércoles con la declaración de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni le debe dinero. Miano, además, es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento donde vive Adorni en Caballito.
Por su parte, el jefe de Gabinete negó cualquier enriquecimiento ilícito y afirmó que los más de 100.000 dólares ya gastados junto con los 335.000 dólares que debe abonar antes de noviembre quedarán justificados en su declaración patrimonial que presentará cuando venzan los plazos.
Manuel Adorni
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La UBA alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado y alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar.
Según pudo saber Infobae, las autoridades de la alta casa de estudio señalaron que “en lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales”. Esto se da en un nuevo reclamo por parte de la Universidad de Buenos Aires que anticipó una nueva marcha federal universitaria para el próximo 12 de mayo en el centro porteño.
Ante este escenario, este martes a las 8.30 de la mañana los directores de la red de hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas.
En ese sentido, señalaron que las instituciones que podrían ver afectado el funcionamiento son: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

De acuerdo a lo que sostienen los universitarios, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos bajo la planilla “Hospitales”. No obstante, la gestión de Javier Milei no ha transferido los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Estos recursos deberían haberse ejecutado para cubrir insumos, mantenimiento y servicios básicos esenciales para la atención sanitaria.
La situación de los hospitales universitarios de la UBA es crítica: se atienden más de 700 mil personas por año en sus seis centros, lo que da cuenta del alcance y la importancia de su funcionamiento regular. El bloqueo en la transferencia de fondos impacta de manera directa en la provisión de servicios, la continuidad laboral de profesionales y trabajadores, y la posibilidad de sostener la atención a la comunidad.
La parálisis en la llegada de fondos refuerza la tensión instalada en el sistema universitario tras la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma fue aprobada en 2025 por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia, luego de impugnaciones presentadas por el Ejecutivo nacional. A pesar de las garantías legales, los recursos no llegan a destino.

El reclamo de la UBA adquiere especial gravedad porque, según sindicatos docentes y no docentes, el Gobierno estaría incurriendo en una doble falta: el incumplimiento de la ley específica y la desatención de la Ley de Presupuesto vigente. De acuerdo con estos sectores, la situación compromete no solo el funcionamiento de los hospitales, sino también el derecho a la salud y a la educación pública.
Por su parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades a garantizar el dictado de clases y adoptar medidas en medio de la semana de paro docente que llevan adelante los profesores universitarios. En un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó a las autoridades universitarias que informen las acciones tomadas para asegurar el derecho de los estudiantes a la educación, considerando que los paros impulsados por los gremios llegan a extenderse durante varias semanas.
En el documento oficial, se advirtió: “Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.
El reclamo sobre el financiamiento se da nuevamente en vísperas de la próxima marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo. La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y se espera una amplia concurrencia en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior.

Uno de los ejes centrales de la protesta es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia volvió a exigir al Gobierno nacional el “cumplimiento inmediato” de los artículos referidos a la recomposición salarial y a las becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.
Al respecto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, remarcó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.
El vicerrector añadió que esta situación ocurre porque “el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.
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El mensaje de Adorni a los vecinos de Indio Cuá: “Lamentamos que hayan sufrido una invasión innecesaria”

En medio de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a fines de marzo un grupo de manifestantes realizó una protesta en el country Indio Cuá, donde el funcionario tiene una casa. Por ese motivo, les envió un mensaje a sus vecinos para disculparse, cuyo contenido se conoció en las últimas horas.
“Vecinos. Antes que nada quiero transmitirles mis disculpas por los episodios sucedidos. Lamentamos profundamente que hayan sufrido una invasión innecesaria. Independientemente de las razones que muchos supondrán, nadie tiene derecho a meterse en la vida de nadie”, se lee en el mensaje que envió el funcionario a un grupo de WhatsApp con vecinos del barrio.
Adorni agregó: “Quiero agradecer a todos los que se pusieron a disposición, a los amigos que hemos generado en Indio desde agosto 2023 cuando volvimos a pisar el barrio después de mucho tiempo (para quienes no lo saben mi mujer tiene allí hermosos recuerdos de su infancia) y a una gran cantidad de vecinos que sin conocernos demasiado, nos escribieron y se solidarizaron. Es por todo esto que decidimos hace ya bastante tiempo instalarnos y hacer que nuestros hijos crezcan en esa hermosa comunidad”.
El jefe de Gabinete agregó: “Estamos tomando todas las medidas para que podamos volver a la tranquilidad que siempre caracterizó el lugar. Además todo está filmado y será enviado a la justicia para que se encargue de lo que deba en cada una de las situaciones”.
“Gracias a todos y quedo a disposición para lo que necesiten o consideren que pueda darles una mano”, concluyó el mensaje del funcionario.
Las refacciones de la casa
Este lunes, el arquitecto a cargo de las renovaciones de esa casa, Matías Tabar, declaró ante la Justicia que el funcionario gastó más de US$245 mil dólares para acondicionar la pileta, instalar una cascada, colocar césped, equipar un quincho, entre otras refacciones.
Tabar aseguró que Adorni le pagó las refacciones en efectivo y sin factura en dos partes entre 2024 y 2025.
El arquitecto detalló cómo el jefe de Gabinete pagó US$3500 por una cascada para el jardín,US$13.810 para la reforma de una parrilla y US$9780 para la calefacción de la pileta. También que sumó cabezales para un jacuzzi y resauró un SUM.
Las refacciones también incluyeron la remodelación de la entrada y una pérgola/garage, la construcción o modificación de la galería, la pintura interior, el enduido y reparación de paredes, junto con un cambio de pisos por porcelanato.
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A su vez, Tabar también se ocupó de hacer un revestimiento exterior tipo tarquini o similar, del cambio de puerta de entrada, el revestimiento y mejoras en la escalera, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.
La familia Adorni también modificó la pileta, que fue rellenada o reformulada para hacerla menos profunda, con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.
Manuel Adorni, exaltacion de la cruz, Gobierno
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