La Cámara Federal porteña sobreseyó al jefe de sistemas de la droguería Suizo-Argentina, Hernán Daniel Díaz, acusado por la fiscalía de haber desobedecido un pedido judicial al no entregar las claves de las casillas de correo electrónico de los directivos de la empresa, durante un allanamiento que se realizó el 29 de agosto del año pasado.

Firmaron el fallo los jueces Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, miembros de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Este caso es un desprendimiento de la causa que investiga hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante el gobierno de Javier Milei.

Díaz fue denunciado porque, durante un allanamiento en la droguería de propiedad de la familia Kovalivker, los enviados de la Justicia le pidieron acceder a las casillas de correo electrónico de los directivos de la firma y él se negó al blanqueo de las contraseñas, basado en una instrucción de los abogados de la empresa y en la negativa de los titulares de esas casillas.

El fiscal federal Carlos Rívolo había solicitado el procesamiento de Díaz, al que consideró responsable del delito de desobediencia a un funcionario público, pero el juez federal Julián Ercolini lo indagó y dispuso la falta de mérito del acusado (una solución intermedia entre el procesamiento y el sobreseimiento) y ordenó nuevas medidas de prueba.

Entonces, el fiscal apeló e insistió con su pedido de procesamiento; la defensa de Díaz argumentó que Rívolo no tuvo en cuenta que el rechazo a habilitar el acceso a las casillas de correo electrónico se fundó en “la negativa de los directivos de la empresa, comunicada a viva voz por el letrado al personal policial actuante”.

Los jueces Bertuzzi, Yadarola y Llorens, al resolver las apelaciones, sobreseyeron a Díaz. En un fallo que firmaron el martes pasado, 6 de octubre, decidieron “revocar la resolución apelada y disponer, sin necesidad de producir las medidas de prueba ordenadas por el Sr. Juez de grado, el sobreseimiento de H.D.D [por Hernán Daniel Díaz]”.

Bertuzzi y Yadarola utilizaron argumentos coincidentes para sobreseer al empleado de la droguería Suizo-Argentina; Llorens se basó en otras razones para llegar la mismo resultado. Los dos primeros consideraron que no existió dolo directo (“el conocimiento del carácter obligatorio del mandato dirigido al sujeto activo y deliberadamente no acatarlo”), requisito que se exige en el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal.

Para Bertuzzi y Yadarola, fue clave la negativa de los abogados de la empresa. Remarcaron que el encargado del área de sistemas de la droguería investigada, ajustó “su conducta a esa indicación”. Y ampliaron que la decisión que tomó Díaz, “proveniente de quien ejercía la asistencia letrada de la firma para la que trabajaba y que se encontraba autorizado a intervenir en el procedimiento, no constituye una decisión arbitraria, caprichosa o manifiestamente descabellada que permita inferir, sin más, voluntad deliberada de desobedecer un mandato judicial cuyo propio texto, además, no lo individualizaba de manera unívoca ni empleaba, respecto de su persona, una fórmula imperativa”.

“Su negativa puntual respecto del blanqueo de las contraseñas no estuvo guiada por un ánimo obstructivo, sino por la creencia, sustentada en la opinión del letrado presente en el lugar, de que ese extremo puntual se encontraba fuera de su ámbito de decisión”, indicaron Bertuzzi y Yadarola.

Llorens llegó a la misma decisión de sobreseimiento que sus pares de la Sala I de la Cámara Federal, pero con otro razonamiento. “El análisis de esa indicación que lo llevó a detener su cooperación frente a ese puntual requerimiento -es decir, la extensión del cumplimiento de la orden judicial- debe trasladarse al plano de la culpabilidad, bajo los parámetros del error de prohibición (artículo 34, inciso 1° del Código Penal). Si se determinara que el error era vencible, es decir, si el autor pudo superarlo con el esfuerzo de conciencia que las circunstancias le exigían, la culpabilidad subsiste, aunque disminuida; si era invencible, el reproche se excluye por completo. En el caso en concreto, advierto que el error fue invencible», escribió Llorens en su voto.

Llorens puso de relieve que Díaz no es abogado, por lo que “su intervención en el procedimiento respondía exclusivamente a sus conocimientos técnicos en materia de sistemas”, que recibió “una indicación de un profesional del derecho, en el ámbito de su especialidad, dirigida precisamente a esclarecer los alcances de las obligaciones de quienes allí se encontraban”, y que tomó la decisión de entregar o no las contraseñas “en forma inmediata, en pleno desarrollo del allanamiento, sin posibilidad razonable de requerir otro asesoramiento ni de contrastar la opinión recibida”.

“A ello se suma que el texto de la orden no individualizaba a H.D.D., empleaba el término ‘podrá’ respecto de la asistencia del personal técnico y preveía un mecanismo alternativo para el caso de no lograrse el acceso mediante el blanqueo de claves, circunstancias que tornaban plausible, para él, la creencia de que ese extremo no le era impuesto de manera personal e inexcusable”, evaluó Llorens.

El allanamiento que derivó en la denuncia contra Díaz fue parte de las actuaciones en la investigación por corrupción en la Andis, causa en la que fue procesado, entre otros, Diego Spagnuolo, extitular de ese organismo, por “defraudación por administración fraudulenta”.

El caso comenzó después de que se difundieron mensajes de audio atribuidos a Spagnuolo en los que el por entonces funcionario mencionaba pagos de sobreprecios y responsabilizaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de apropiarse de un 3%.

Las consignas en reclamo de la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y del mantenimiento de los límites a la compra de tierras se potenciarán este jueves en una movilización al Congreso, que tiene en los partidos políticos, gremios y movimientos sociales opositores al Gobierno a algunos de sus impulsores centrales. El peronismo, el radicalismo, la izquierda, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los sindicatos nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) son algunos de los espacios opositores que empujan la convocatoria.

Las dos vertientes enfrentadas del peronismo lanzaron sus llamados a la movilización del próximo jueves, frente al Congreso, en coincidencia con la sesión impulsada por la oposición para intentar derogar el decreto presidencial 70/23 que, entre otros puntos, derogaba la Ley de Tierras. El Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, concentrará a sus militantes con la consigna universitaria como eje. “Quinta Marcha Federal Universitaria. Defendamos la universidad pública argentina”, es el mensaje con el que el kicillofismo anunció la protesta. Se concentrará en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584, frente a la Plaza del Congreso.

La Cámpora, principal organización del peronismo alineado con la expresidenta Cristina Kirchner, mantiene vigente la convocatoria a la marcha del jueves, más allá de que la Corte Suprema haya dado marcha atrás y, con un fallo publicado el viernes, haya repuesto la vigencia de la Ley de Tierras a través de una medida cautelar interina luego de haber refrendado la vigencia del decreto 70/23, que en su artículo 154 la dejaba sin vigencia.

Tanto el Movimiento Derecho al Futuro como La Cámpora fueron parte de la marcha del martes de la semana pasada a Tribunales para protestar contra la Corte Suprema por el fallo con el que el máximo tribunal había dejado vigente el artículo 154 del decreto 70/23, al rechazar la legitimidad del Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) para plantear la demanda contra esa norma.

La organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner convoca con la sentencia “Nuestras tierras son argentinas. No al DNU 70/23. 15 de octubre. Todos y todas al Congreso”. El reclamo al Gobierno por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario también está en la agenda camporista de este jueves.

El radicalismo se sumará a las columnas que se manifestarán frente al Congreso, con el énfasis puesto en los reclamos de fondos para las universidades, donde la UCR tiene fuerte presencia en centros de estudiantes y rectorados. “Quinta Marcha Federal Universitaria. La universidad pública construye presente y futuro para todo el país”, es la consigna del Comité Nacional de la UCR. Su militancia se concentrará en la sede partidaria de Tucumán 1660, a pocas cuadras del Congreso.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), que fue uno de los principales organizadores de la marcha de la semana pasada contra la Corte, también mantiene su convocatoria para este jueves frente al Congreso. En ese acto, exigió que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoque a un paro general para este jueves, en coincidencia con la manifestación al Congreso.

Las consignas a favor de mantener los límites para la compra de tierras por parte de los extranjeros son el factor convocante para la UTEP (una organización gremial que nuclea a cooperativistas y demás trabajadores de la economía popular, en cuya conducción confluyen el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros movimientos sociales). En sus cuentas de redes sociales, la UTEP publicó: “La Argentina, de remate. El saqueo ya empezó, pero podemos frenarlo”.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que tiene dos vertientes, se plegará a la protesta al calor de las distintas reivindicaciones. En su convocatoria, resumió todos los reclamos por los que llama a la movilización: “Por la ley de financiamiento, por el endeudamiento familiar, por nuestra soberanía, por la emergencia en discapacidad, contra el DNU 70/23″. Sus sindicatos se juntarán en Avenida de Mayo y Salta, a las 13.

La Coalición Cívica se presentará con sus diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade en la sesión, para aportar al quorum en el intento de derogar el decreto 70/23. En caso de no conseguirse el número para comenzar el debate, Ferraro y Frade irán a la marcha, confirmaron desde la Coalición Cívica a . Ferraro publicó un mensaje en su cuenta de la red social X para convocar a la movilización por el financiamiento universitario.