La fiscalía chilena denunció hoy que el asesinato del ex militar disidente Ronald Ojeda fue ordenado desde Venezuela y reclamó el arresto y extradición de dos ciudadanos de ese país señalado por participar del crimen.

El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, informó a la prensa que se trataba de «un crimen organizado desde Venezuela» y en el que participó la organización transnacional de crimen organizado venezolana conocida como Tren de Aragua. El régimen chavista acaba de negar la existencia de esa mafia.

“El perfil concreto que tiene la víctima nos lleva a concluir entonces que ninguna de las primeras hipótesis que la víctima estuviera involucrada en hechos ilícitos o el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para cobrar algún rescate están completamente descartadas”, señaló Barros, jefe del equipo de la fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios.

Agregó que ”estamos hablando de una víctima que ha participado en acciones en contra del gobierno venezolano… ha estado detenido nueve meses en Venezuela, se escapó estando detenido en Venezuela y tiene asilo político en Chile».

El secuestro fue distinto a la forma habitual de operar de la banda puesto que “jamás se pidió rescate”, continuó el fiscal y la víctima fue asesinada pocas horas después de ser secuestrada.

“El Tren de Aragua siempre ha dejado los cuerpos tirados en distintos lugares” y en este caso “se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1,40 de profundidad, meterlo al interior de una maleta después que estaba fallecido, ponerle un saco de cal y posteriormente poner una capa de cemento” encima, detalló el fiscal.

Barros confirmó que se solicitó a Venezuela la extradición de dos sujetos implicados como autores en el secuestro y que se encontrarían en ese país.

El gobierno chileno apoyará “a la fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional a través de gestiones diplomáticas y contactos con las autoridades” venezolanas, afirmó desde el palacio presidencial de La Moneda la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La funcionaria descartó por el momento la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con ese país, como solicitó una parte de la oposición. Chile busca “que se haga justicia” y se encuentre la verdad, señaló Tohá. La ministra indicó que este caso también es importante para Venezuela, “los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento”.

La oposición solicitó al gobierno romper relaciones diplomáticas con Venezuela en una semana de tensión política especialmente álgida con ese país tras un cruce de declaraciones luego de que el canciller de Venezuela, Yvan Gill, señalara que el Tren de Aragua era una “ficción creada por la mediática internacional”.

Las declaraciones fueron fuertemente contestadas por las autoridades chilenas que las consideraron “un insulto” para las víctimas de la organización criminal. La víspera el presidente Gabriel Boric llamó a consultas al embajador chileno Jaime Gazmuri como medida de protesta ante esos dichos.

El crimen de Ojeda conmocionó a Chile y a la comunidad internacional cuando en febrero fue secuestrado de su domicilio en horas de la madrugada, lo que quedó registrado por cámaras de seguridad. Tras una intensa búsqueda su cuerpo fue hallado en una maleta bajo una losa de cemento en una zona de viviendas irregulares en Santiago.

El anuncio de la fiscalía se produjo un día después del asesinato de un policía chileno al que intentaron robarle un automóvil. La muerte del teniente Emmanuel Sánchez causó estupor en el país que vive una fuerte crisis de seguridad. Los presuntos culpables del hecho, que fueron apresados por la policía, son tres venezolanos. Sobre uno de ellos pesaba una orden de expulsión desde 2020.

Chile tiene una larga lista de personas con órdenes de expulsión que no se puede materializar en muchos casos por la falta de colaboración de Venezuela en recibir a los expulsados.

Santiago de Chile. AP y Redacción Clarín