Anders Behring Breivik, que mató a 77 personas en 2011, presenta aún riesgos de una «violencia totalmente desenfrenada», estimó este martes el gobierno de Noruega, contra el cual el neonazi presentó una demanda porque considera que su régimen penitenciario viola sus derechos humanos.

Detenido solo en una zona de alta seguridad de la cárcel de Ringerike, Breivik, de 44 años, considera que su aislamiento que dura casi 12 años viola el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe «tratos o penas inhumanos o degradantes».

El juicio, que por razones de seguridad se celebra en el gimnasio de la prisión de Ringerike, comenzó el lunes.

Doce años después de perpetrar el atentado más sangriento en suelo noruego desde la Segunda Guerra Mundial, Breivik presenta «un riesgo absolutamente extremo de violencia totalmente desenfrenada», declaró el abogado del Estado, Andreas Hjetland.

El 22 de julio de 2011, Breivik detonó una bomba cerca de la sede del Gobierno en Oslo, matando a ocho personas, y luego mató a otras 69 personas, la mayoría adolescentes, abriendo fuego en un campamento de verano de las Juventudes Laboristas en la isla de Utøya.

Fue condenado en 2012 a la pena máxima entonces vigente en Noruega, es decir, 21 años de cárcel con posibilidad de prórroga mientras se le siguiera considerando peligroso.

«Breivik representa hoy el mismo peligro que el 21 de julio de 2011″, la víspera del doble atentado que preparó cuidadosamente durante muchos años, argumentó Hjetland, citando informes de psiquiatras y guardias de prisión.

«Su ideología sigue siendo la misma, su capacidad para la violencia ilimitada es evidente y su personalidad (…) refuerza todos estos factores», sostuvo.

El día anterior, el abogado de Breivik, Øystein Storrvik, había pedido que se suavizara el régimen penitenciario de Breivik, alegando que su aislamiento le estaba volviendo «suicida» y depresivo.

Citando otro artículo de la Convención de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la correspondencia, Breivik pide también que se reduzca el filtrado de su correspondencia con el exterior.

En 2016, Breivik ya había llevado al Estado ante los tribunales por los mismos motivos y tuvo éxito parcialmente en primera instancia, pero fracasó en apelación.