POLITICA
Interpelarán al intendente de Morón por la causa de la funcionaria que tenía medio kilo de cocaína en la casa
El intendente de Morón, Lucas Ghi, deberá dar explicaciones ante el Concejo Deliberante luego de que la oposición lograra aprobar un pedido de interpelación por el caso de Luna Ortigoza, la exdirectora de Políticas de Género y Diversidad del municipio, a quien le encontraron más de medio kilo de cocaína durante un operativo judicial.
La decisión fue avalada este jueves en una sesión extraordinaria atravesada por fuertes cruces políticos y acusaciones entre oficialismo y oposición. Con 16 votos afirmativos, los concejales opositores consiguieron avanzar con la citación formal al jefe comunal.
Ortigoza está prófuga y es investigada por la Justicia en una causa vinculada al narcotráfico. El caso impactó de lleno en la gestión local y abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de control y selección de funcionarios.
A partir de la aprobación de la interpelación, Ghi deberá presentarse en el recinto dentro de los próximos cinco días hábiles para responder preguntas sobre los antecedentes de la exfuncionaria, los procedimientos de contratación y las medidas adoptadas desde que se conoció la investigación judicial.
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Durante el debate, desde La Libertad Avanza insistieron en que el intendente debe asumir la responsabilidad política por las personas que integran su gabinete. La concejal Alejandra Liquitay cuestionó además que el oficialismo intentara minimizar el pedido y aseguró que los vecinos exigen respuestas claras frente a un hecho de semejante gravedad.
“La preocupación no es solamente política, también es social”, sostuvo la edil, al advertir sobre el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables del distrito. También reclamó que el Ejecutivo brinde explicaciones institucionales en el Concejo y no únicamente a través de declaraciones públicas o medios de comunicación.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron las acusaciones de encubrimiento y defendieron la actuación del municipio. La concejal Vanina Moro, del espacio Movimiento Derecho al Futuro, afirmó que tanto Ortigoza como otra trabajadora municipal investigada en una causa distinta fueron apartadas de sus cargos apenas se conocieron las imputaciones judiciales.
Además, aseguró que toda la documentación requerida fue entregada a la Justicia y remarcó que la gestión colaboró desde el primer momento con la fiscalía y la jueza a cargo de la investigación. “La Justicia juzga personas y nosotros gobernamos”, expresó Moro durante la sesión, donde también advirtió sobre el riesgo de estigmatizar a trabajadores municipales y vecinos a partir de un caso individual.
El debate dejó al descubierto las tensiones políticas que atraviesan al distrito y reavivó las discusiones sobre los controles internos dentro del Estado municipal. Desde la oposición reclamaron revisar los mecanismos de ingreso de personal y reforzar las herramientas de prevención para evitar nuevos episodios de este tipo.
Mientras tanto, la expectativa ahora está puesta en la presentación que deberá realizar el Ejecutivo local ante el Concejo Deliberante, en una causa que ya escaló del plano judicial al centro de la disputa política en Morón.
Morón, cocaina, escándalo
La diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, afirmó que su deseo es que Javier Milei y Patricia Bullrich sean los integrantes de la fórmula presidencial para las elecciones del año próximo.
Lemoine, una dirigente cercana al Presidente, expresó su “deseo” en medio de las tensiones entre Patricia Bullrich y un sector del oficialismo.
“Creo que Javier milei va a ser reelecto”, aseveró Leoine, al ser entrevistada en el podcast ¿QuiénEs?, en Radio Zónica.
A continuación, la diputada enfatizó: “A mí me gustaría que la fórmula sea Milei-Bullrich”.
La afirmación resultó sorpresiva porque sectores de la Casa Rosada vienen transmitiendo su malestar hacia Bullrich por los gestos de diferenciación que difundió en las últimas semanas.
“Patricia hizo un video, que algunos se tomaron a mal, pero las imágenes mostraban al Congreso y la puerta de la presidencia del Senado; está diciendo que va a tomar ese rol, la presidencia del Senado”, argumentó Lemoine para bajar el tono al enfrentamiento.
La diputada consideró que la tensión interna con Bullrich también es alimentada desde afuera de La Libertad Avanza.
“Al kirchnerismo, a una parte del macrismo sin Macri y a toda la izquierda les molesta porque saben que si van juntos ganamos en primera vuelta y sacaríamos más bancas; podríamos gobernar sin pedirle permiso a la izquierda”, afirmó Lemoine.
El miércoles, el presidente Javier Milei publicó un posteo que volvió a agitar las aguas internas en el Gobierno. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, posteó el Presidente en su cuenta de la red Instagram.
De inmediato, voceros del oficialismo sugirieron que el mandatario apuntaba a Bullrich.
Nadie en la Casa Rosada confirmó que el mensaje apuntó a Bullrich, pero diferentes fuentes reconocieron la tensión interna con la jefa de senadores.
El enojo en Balcarce 50 tiene que ver, además, con la demora en la aprobación de la suspensión de las PASO, considerada prioritaria por el Poder Ejecutivo, y que cerca de la secretaria general de la Presidencia le recriminan a Bullrich.
Por invitación de Karina Milei, Bullrich estuvo en Casa Rosada, en la previa de la reunión entre Milei y el papa León XIV, aunque en las fotos oficiales apenas apareció su imagen, a diferencia de otros funcionarios de segunda línea, como el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.
En el Poder Ejecutivo sostienen que, pese al enigmático posteo, el Presidente “sigue sin bajar línea de pegarle a Patricia” y otras voces libertarias ponen en duda que la sangre llegue al río.
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POLITICA
Bloqueos sindicales: tras la absolución de 7 imputados, otra jueza de San Nicolás condenó a un dirigente de Camioneros
Un mes después de que el juez Alejandro López absolvió a un sindicalista y otros 6 imputados en el bloqueo a Rey Distribución, la jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás condenó al dirigente del Sindicato de Camioneros Fernando Espíndola a cuatro años de prisión por la misma protesta y por extorsionar a los dueños de esa pyme de San Pedro durante al menos dos episodios documentados en 2021.
La sentencia, dictada este viernes, puso fin a una causa que se extendió por cinco años y acumuló 21 cuerpos de expediente, y se dio dentro del juicio abreviado que se acordó a comienzos de septiembre, modalidad procesal en la que las partes acuerdan una calificación y pena sin que ello implique confesión de culpabilidad.
Sin embargo, Espíndola fue hallado coautor penalmente responsable de turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en tentativa —dos hechos— y de amenazas coactivas consumadas, aunque se estima que seguirá en libertad luego de que fue excarcelado el 23 de octubre pasado, una vez que el juez López, en un polémico fallo, absolvió al titular del Sindicato de Camioneros local, Maximiliano Cabaleyro, y otros 6 imputados por el bloqueo a Rey Distribución.
En su momento, según el diario El Norte, de San Nicolás, el fundamento jurídico de Baquedano para liberar a Espíndola se basó en el artículo 169, inciso 6, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que habilita la excarcelación cuando el tiempo cumplido en detención permitiría acceder a una libertad condicional o asistida ante una eventual condena.
El 14 de octubre pasado, el juez López absolvió a Cabaleyro y desestimó el pedido de la fiscalía de que el dirigente sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliaria y tampoco se aceptó la solicitud de los abogados de la familia Rey, que plantearon que la pena de prisión se elevara a 15 años.
La sentencia eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento, con fundamentos cargados de controversia: el juez dio por probado que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como el “legítimo ejercicio de un derecho”.
El caso involucra a Rey Distribución, empresa familiar de San Pedro cuyos propietarios, los hermanos Gustavo y Ariel Rey, denunciaron haber pagado mensualmente sumas equivalentes al sueldo de un empleado —que hacia 2021 rondaban los $ 20.000— para evitar que el sindicato les paralizara la actividad desde 2017.
Los hechos probados por la magistrada son tres. El primero ocurrió el 15 de enero de 2021, a las 5 de la madrugada, cuando Espíndola y un grupo de personas vinculadas al sindicato bloquearon el portón de ingreso y egreso de camiones en la sede de Bonorino 175, impidiendo toda operación comercial hasta las 14 horas.
El detonante inmediato había sido la suspensión disciplinaria del empleado Edgardo Di Mayo, presentado por el sindicato como delegado electo —aunque la jueza comprobó que esa designación nunca fue comunicada al empleador en tiempo y forma, tal como exige la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales—. Días antes, Espíndola ya había advertido a Gustavo Rey: “Se pudre todo”.
El segundo hecho abarcó del 22 al 25 de febrero de 2021. Antes del amanecer, el sindicato apostó frente a la misma distribuidora un colectivo motorhome —con patente a nombre de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros— que bloqueó durante cuatro días el único acceso vehicular del predio.
Las cámaras de seguridad registraron cómo, a las 12.53 horas del 23 de febrero, el vehículo fue desplazado apenas unos metros pero los manifestantes continuaron obstaculizando el paso en reposeras. El colectivo recién se retiró definitivamente el 25 de febrero a las 15. Una pericia contable estableció que esos cuatro días generaron una pérdida de $ 12.583.887,29 en facturación, calculada sobre la semana previa. Un cliente —la bodega Peñaflor— rescindió su contrato por no querer verse involucrado en el conflicto.
Un audio incorporado como prueba resume la dinámica del segundo bloqueo con precisión: Ariel Rey le gritó a Espíndola “Fernando, ya está, sácame la gente, boludo”, a lo que el sindicalista respondió que esperaba la llegada de otro dirigente. Rey replicó: “Olvídate de las 20 lucas”.
El hecho identificado como número 5 en la acusación es el que revela el mecanismo de presión económica más sofisticado. El 20 de abril de 2021, el contador de la empresa fue citado a la sede del sindicato en San Pedro, donde Espíndola y otro sujeto no sometido a proceso le dijeron: “Si no arreglan vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”. Bajo esa amenaza, el contador —con la anuencia de los hermanos Rey— suscribió un convenio de pago por una supuesta deuda de diferencias salariales, aportes sindicales y obra social por un total de $805.383,03. El primer tramo, $203.838,29 en efectivo más un cheque de $102.999,91, fue entregado dentro de una caja de galletitas. El resto se abonó en dos cheques por $355.583,03.
Un audio del 13 de abril de 2022 capturó la voz de Espíndola recibiendo el pago y discutiendo con el contador los montos. En ese intercambio se escucha al contador advertirle: “Ahí tenés los 550 que me dieron los muchachos de Rey. Espero que se solucionen todos los problemas”.
La jueza Baquedano absolvió a Espíndola por el hecho 3, que imputaba el cobro mensual de sumas extorsivas desde 2017. La razón: un audio aportado por la defensa, fechado el 7 de mayo de 2020, en el que Gustavo Rey le dice a Espíndola: “Fernando, vos nunca me pediste nada”. Ese registro no fue cuestionado por los hermanos Rey, lo que impidió a la magistrada la certeza necesaria para un veredicto condenatorio. “No puedo alcanzar la certeza más allá de toda duda razonable”, escribió.
La sentencia también introdujo una rebaja significativa respecto de lo acordado por las partes. Fiscalía, defensores particulares y el propio Espíndola habían consensuado una pena de seis años. La jueza la redujo a cuatro años, con dos argumentos: la carencia de antecedentes penales condenatorios del imputado —única atenuante admitida— y una reclasificación del hecho 5. La magistrada consideró que ese episodio no configuraba extorsión —delito contra la propiedad— sino amenazas coactivas consumadas —delito contra la libertad— porque las sumas exigidas respondían a supuestas deudas laborales y no a un beneficio patrimonial ilegítimo en sentido estricto.
La jueza explícitamente rechazó que el sometimiento al juicio abreviado pudiera computarse como atenuante, como habían pedido las defensas. Señaló que ese instituto, a diferencia de lo previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, en el ordenamiento bonaerense “no implica confesión de la participación en el hecho sino solamente un acuerdo sobre calificación y pena”, y que, por tanto, no equivale a arrepentimiento ni conlleva reparación del perjuicio a las víctimas.
La sentencia también contiene una derivación de oficio de enorme peso institucional. La magistrada ordenó remitir copias a la Fiscalía General departamental para que evalúe si funcionarias del Ministerio de Trabajo incurrieron en delitos de acción pública. Las escuchas telefónicas incorporadas a la causa muestran a una persona identificada como Natalia, de la Subsecretaría de Trabajo, diciéndole al secretario general del gremio que no dictó la conciliación obligatoria “porque fue una forma de ganar tiempo para que ustedes se puedan manifestar”.
A su vez, la propia delegada regional de Trabajo, Sofía Rotundo, declaró que cuando concurrió al establecimiento el 22 de febrero de 2021 vio el motorhome “al costado del portón”, no obstruyendo el acceso —versión contradicha por los empleados, los agentes policiales y las filmaciones—. La jueza lo caracterizó como “una picardía de quienes conducían el colectivo-motorhome, que lo corrieron al enterarse de que el Ministerio de Trabajo se haría presente”.
Otros dos audios aportados por la fiscalía revelan el alcance de la presión ejercida por Espíndola sobre actores fuera del ámbito empresarial. En uno del 24 de febrero de 2021, el sindicalista le refiere a un interlocutor que el comisario mayor Catalano le había notificado una cédula judicial para desalojar el lugar, y que él le respondió: “Mirá, te conozco hace un montón de años, vos querés venir, vení y hacé el acta, yo te saco la firma adelante, no me sacás un camión, no me sacás nada”. En otro tramo de la misma conversación, Espíndola dice haber hablado con quien entonces era intendente de San Pedro, Cecilio Salazar —a quien identificó como “Cecilio”—, y haberle advertido: “Mirá que mañana no tenés barrido. Y si viene y les retiene la gente paran todo”. Según el relato, el intendente le respondió que “se quedara tranquilo, que ya se ocupaba”.
El impacto sobre la familia Rey quedó documentado en el informe victimológico elaborado por la perito Juana Flores. Gustavo Rey describió meses de insomnio, discusiones conyugales y gastos imprevistos en abogados. Su esposa llegó a plantearle abandonar el negocio. Ariel Rey relató que durante enero de 2021 sus hijos dejaron de concurrir a la colonia de vacaciones del club al que asistían habitualmente por razones de seguridad, y que él y su esposa llegaban al establecimiento a las 4.30 de la madrugada sin saber qué encontrarían. Ambos hermanos quedaron incorporados al Área de Asistencia a la Víctima del tribunal.
Como medida cautelar vigente hasta que la sentencia quede firme, la jueza impuso a Espíndola una prohibición de acercamiento a Gustavo y Ariel Rey, a sus respectivos grupos familiares —por cualquier medio, incluidas terceras personas— y a los establecimientos de Rey Distribución, así como a los domicilios particulares de los damnificados en San Pedro.
POLITICA
Los audios que complican a Lázaro Báez y revelan cómo operaba desde la cárcel para manejar sus propiedades
EL CALAFATE.- Lázaro Báez siguió operando desde la cárcel, dando instrucciones, manejando contratos de alquiler, reclamando pagos, acordando venta y compra de ganado y dando instrucciones de qué hacer con el personal: su mano derecha, Cristian Ibáñez, y su pareja, Claudia Insaurralde, reciben instrucciones; incluso queda a la vista por las conversaciones telefónicas que mantenía con su mano derecha que el empresario cercano a los Kirchner desconfiaba incluso de ella.
accedió a las escuchas judiciales en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero y narcotráfico.
En la celda, a Báez, quien reclamaba estar presente durante el allanamiento, le secuestraron por lo menos 25 hojas de anotaciones y un cuaderno Gloria con el detalle de las operaciones que iba realizando. En varias hojas, de su puño y letra, el extitular de Austral Construcciones dejaba nombres resaltados y, además, detallaba listado de proveedores, abogados y cuentas “del último presidente”.
“El dueño de la historia soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, sostiene Báez en uno de los audios a los que accedió este medio.
Para Ibáñez, Báez es “el tío” e Insaurralde es “la tía”. Salvo por cuando Báez le dice a su mano derecha que tiene que ir a verlo al penal de Ezeiza (“tenés que venir a verme”), el empresario no parece un privado en libertad con una condena firme unificada por 15 años, sino alguien que da órdenes e instrucciones sobre cómo debe organizarse un armado de operaciones ilícitas que por estas horas la Justicia trata de discernir.
Las escuchas de las conversaciones de Báez con su segundo Ibáñez, alias “Budín”, son parte de la audiencia que se extendió hasta la noche y en la que el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en las dos causas conexas por lavado de activos y narcotráfico: nueve quedaron con prisión preventiva y una con prisión domiciliaria. Entre ellas están Lázaro Báez, Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez.
“La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”, le advierte Báez a Ibáñez, alias “Budín”, en otro audio.
La “tía” es Claudia Insaurralde, la pareja de Báez, que vive entre Buenos Aires y Río Gallegos y, junto a Ibáñez, presuntamente llevaban la administración de bienes a juzgar por las propias anotaciones que dejó en cuadernos que fueron secuestrados en un domicilio de Río Gallegos. Anteayer, Insaurralde, y dos personas que viajaban con ella, fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Ezeiza al arribar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Río Gallegos. Se sospecha que intentaban fugarse.
Según se desprende de las escuchas, Báez desconfía de su pareja de hace siete años y le da instrucciones a Ibáñez sobre Insaurralde: “Decile, me dijo el tío, que ponga al que estuvo administrando La Entrerriana y que está administrando La Entrerriana, ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.
Hasta ahora, la investigación judicial, conocida como “Causa 169831/26”, documentó movimientos por unos $390 millones de pesos en ocho meses, de acuerdo a los datos presentados en las audiencias judiciales pedidos por la Unidad Fiscal Río Gallegos, que encabeza el fiscal federal Julio Zárate y que se extendieron por casi diez horas.
Algunas de las pruebas que trascendieron de los allanamientos demuestran cómo Insaurralde documentó cada paso que da, con quiénes se reúne y a quiénes nombra.
Ibáñez e Insaurralde comparten fotos y hasta una llamada conjunta. Sin embargo, está claro que hay desconfianza: “Si está desesperada que me llame, y me diga qué es lo que necesita, y decile: ‘Si vos estás desesperada por algo llámalo y decile qué es lo que necesitás y dejá de hacer cagadas porque nos vas a meter a todos en el mismo quilombo, me dijo si no va a echar a la mierda a toda la gente que nombró ahora a cargo de Agro”.
“Mañana va a ir la tía a verte: decile que te cuente lo de Gregores, le dejé un mensaje a ella, porque yo estoy viendo de en Gregores sacar unas cosas… vos tenés que dar el okey”, le dice Ibañez a Baez, quien pregunta: “¿Qué opción de número es Gregores? ¿20, 30, 40?”.
Además de Ibáñez e Insaurralde, quedaron imputados Fausto Ignacio Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, Diego Ernesto Navarro, Oscar Raúl Núñez, Valentina Micaela Devetac, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero. Ellos, junto a Ibáñez, son los nexos de las dos causas, según interpretan los investigadores judiciales.
Núñez es un productor local, que fue condenado a diez años de prisión en causas por abigeato. Pero su pena fue rebajada y se encontraba en libertad desde 2023.
Cuando tiene a Núñez como interlocutor, Ibáñez habla de un negocio con galpones que pertenecerían a Báez, según se desprende de otra de las escuchas judiciales: “No importa si queda un vueltito, él te lo fía y te lo firma todo para que vos escritures, todo por escribano, todo”, le asegura Ibáñez a Núñez.
El juez autorizó ampliar las medidas cautelares sobre el patrimonio, que incluyen secuestro e inhibición de bienes, congelamiento de activos financieros y afectación de cánones locativos. Además, dispuso pedidos de información societaria y prorrogó los allanamientos en establecimientos rurales, donde se releva y cuenta el ganado. También ordenó enviar una copia de la resolución a tres tribunales orales federales de Capital Federal y a la Cámara en lo Criminal de Santa Cruz, por la causa en la que fue condenado Núñez.
La Justicia dictó la prisión preventiva por 180 días para Báez -quien cumple la condena en Ezeiza-, Insaurralde, Ibáñez, Fausto Devetac, Ulloa, Agustín Agüero y Núñez. A todos ellos se les prohibió comunicarse con otros involucrados en el expediente. Por su parte, Paula Bórquez cumplirá la prisión preventiva en su domicilio; con la documentación correspondiente, podrá ir a trabajar y llevar a su hija a la guardería.
En tanto, otros seis imputados seguirán en libertad, pero bajo restricciones. Silva y Herrera deben prometer someterse al proceso y no comunicarse con otros involucrados. Valentina Devetac, Paula Godfrid, Mauro Trevisan Godfrid y Diego Navarro están obligados presentarse una vez por semana en la Oficina Judicial y no podrán salir del país sin autorización.
Las dos audiencias se hicieron el mismo día y hay cuatro imputados en común: Ibáñez, Valentina Micaela Devetac (su pareja detenida, libre y ahora en libertad), Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero.
En la primera audiencia, que investiga el narcotráfico y lavado, se imputó a Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa, Pedro Nahuel Leal, Ibáñez, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Devetac. A los ocho primeros les atribuyó formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos. A Devetac le atribuyó una participación secundaria.
Según el requerimiento, la organización comercializó 66,43 gramos de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky, que se hallaron el 22 de diciembre de 2025 en un allanamiento en su casa. También le habría vendido 439,88 gramos a Carlos Mauricio Audicio, cuya droga apareció el 9 de abril de 2026, cuando la policía hacía una inspección ocular en su domicilio tras el hallazgo de su cuerpo sin vida, por orden del Juzgado Provincial N.º 3. El tercer hecho es el más reciente: el 10 de noviembre, en el allanamiento a la casa de Leal, se secuestraron 1.305 gramos de cannabis sativa y 725 gramos de cocaína, que la Fiscalía considera destinados a la venta.
El capítulo de lavado se apoya en bienes y movimientos de dinero. A Ibáñez se le atribuye haber comprado una VW Amarok por $65.000.000 en agosto de 2025, sin actividad económica formal que lo justificara, y una Ford F150 modelo 1994 por $5.000.000, que transfirió en septiembre de este año. Además, habría administrado otros cuatro vehículos y recibido transferencias de Ulloa y Herrera. A Ulloa se le atribuye la compra de una Toyota SW4 por $43.000.000 y envíos de dinero a Luis Agustín Alcaina, detenido desde agosto en otra causa en la que se secuestraron 36 kilos de cocaína, y a uno de sus familiares. Leal, por su parte, habría hecho ocho transferencias por $9.035.000 a cuatro personas vinculadas con esa misma causa, entre ellas Alcaina.
La Fiscalía también apuntó a las billeteras virtuales. Entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026, Paula Bórquez habría administrado ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16 sin respaldo, y Juan Pablo Bórquez, ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24. A Leal se le atribuyen otros $84.451.721 de ingresos y $69.205.004,71 de egresos sin respaldo. Silva y Agustín Agüero figuran como administradores de vehículos, y Herrera como titular de una Toyota Corolla y emisor de transferencias a Paula Bórquez y a Ulloa. A Valentina Devetac se le atribuye haber prestado su cuenta de Mercado Pago para recibir $9.670.000 de Ibáñez entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.
La Fiscalía sostiene que conocía el origen ilícito de los fondos por la convivencia con él, por un nivel de vida que consideró desproporcionado y por la falta de respaldo lícito de esos movimientos.
Las calificaciones provisorias son tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos.
siguió operando,Mariela Arias,Conforme a
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