Panamá avanza en la definición del modelo institucional que acompañará el desarrollo del tren Panamá-David-Frontera, un proyecto que aún se encuentra en fase de estudios y estructuración financiera, pero que ya obliga al Gobierno a analizar cómo será regulado, administrado y supervisado uno de los mayores proyectos de infraestructura planteados para el país en las próximas décadas.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril informó que sostuvo jornadas de trabajo técnico con especialistas de Crossrail International, Grant Thornton, el Gobierno del Reino Unido y asesores internacionales para evaluar experiencias aplicadas en grandes proyectos ferroviarios y estudiar qué mecanismos podrían adaptarse al futuro Corredor Logístico Ferroviario de Panamá.

Según la entidad, durante las sesiones se revisaron modelos de gobernanza, regulación, diseño institucional y alternativas para garantizar la continuidad operativa del sistema, tomando como referencia experiencias desarrolladas en otros países.

El objetivo es definir la estructura que permitirá administrar y supervisar una infraestructura ferroviaria que busca conectar la ciudad de Panamá con la frontera de Costa Rica y transformar el sistema logístico nacio

La participación de Crossrail International resulta relevante debido a que la organización nació a partir de la experiencia acumulada durante la construcción de Crossrail, actualmente conocida como la Línea Elizabeth de Londres, considerada una de las obras ferroviarias urbanas más complejas de Europa.

La firma se dedica a asesorar gobiernos y operadores ferroviarios en la planificación, gestión y desarrollo de sistemas de transporte masivo alrededor del mundo.

Grant Thornton, por su parte, es una firma global de consultoría y auditoría con experiencia en estructuración financiera de proyectos de infraestructura, gobernanza corporativa y asociaciones público-privadas. La empresa ha participado en iniciativas vinculadas al transporte, energía e infraestructura estratégica en diversos mercados.

Las reuniones ocurren en momentos en que el proyecto ferroviario panameño se acerca a una etapa clave. El secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, Henry Faarup, informó recientemente que los principales estudios de ingeniería y factibilidad estarán listos durante junio, permitiendo definir con mayor precisión la viabilidad técnica, económica y operativa de la iniciativa.

Actualmente se desarrollan análisis de demanda, impacto ambiental, ingeniería conceptual y evaluación financiera liderados por firmas internacionales como AECOM, Renfe, KPMG y WSP. Estos estudios servirán para establecer el trazado definitivo, el costo estimado de la obra y el modelo de operación que se utilizará una vez el sistema entre en funcionamiento.

Entre los trabajos técnicos también se incluyen estudios de batimetría, geotecnia, hidrología y modelación hidráulica, necesarios para determinar las condiciones del terreno y reducir riesgos asociados a la construcción de puentes y tramos ferroviarios. Estas evaluaciones forman parte del Estudio de Impacto Ambiental que acompaña el desarrollo del proyecto.

Uno de los componentes más relevantes del plan contempla la construcción de un puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, ubicado aproximadamente 185 metros al norte del Puente Centenario. La estructura permitiría conectar los sistemas logísticos del Pacífico y el Atlántico e integrar los puertos del país dentro de un mismo corredor ferroviario.

El proyecto también prevé el desarrollo de infraestructura logística en Corozal, donde se contempla un patio de contenedores con conexión hacia los puertos de Balboa y futuras terminales portuarias. Además, el sistema tendría una conexión directa con el ferrocarril Panamá-Colón, fortaleciendo la integración entre los principales centros logísticos del país.

De acuerdo con los estudios preliminares, el trazado tendría una extensión aproximada de 475 kilómetros entre Ciudad de Panamá y Paso Canoas, incluyendo al menos 14 estaciones para pasajeros y carga. Entre los puntos contemplados figuran Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Penonomé, Santiago, David y la frontera con Costa Rica.

Uno de los temas que ha generado mayor atención es el futuro del aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, debido a que el área figura como punto de partida del sistema ferroviario. Faarup indicó que la terminal aérea podría continuar operando entre cinco y siete años mientras se planifica una eventual reubicación de operaciones hacia Panamá Pacífico o Tocumen, dependiendo de la evolución del proyecto.

Aunque el costo definitivo aún no ha sido determinado, las estimaciones preliminares sitúan la inversión por encima de los $5,000 millones. Las autoridades han señalado que el financiamiento se encuentra en fase de estructuración y que existe interés por parte de organismos multilaterales, banca de desarrollo y esquemas de asociación público-privada, los cuales podrían cubrir hasta el 85% del valor total de la obra.

Según las proyecciones oficiales, la construcción podría extenderse entre siete y ocho años y ejecutarse por etapas, comenzando en el área del Canal y avanzando posteriormente hacia el interior del país. El plan también contempla servicios de trenes de cercanía para sectores como Arraiján y La Chorrera, complementando la Línea 3 del Metro de Panamá y buscando reducir la congestión vehicular en el sector oeste.

Más allá de la obra física, las reuniones sostenidas con especialistas británicos reflejan que el Gobierno busca definir desde ahora cómo funcionará la estructura institucional que deberá administrar, regular y supervisar un sistema ferroviario que, de concretarse, se convertiría en una de las mayores inversiones de infraestructura en la historia reciente de Panamá.

A U.S. judge temporarily blocked the Justice Department Friday from «taking any further action pursuant to the creation or operation» of a $1.778 billion «Anti-Weaponization Fund.» 

The Trump administration said last week that the fund will compensate Americans unfairly targeted by politicized federal investigations on a «case-by-case» basis.

U.S. District Judge Leonie Brinkema’s order on Friday comes in response to a lawsuit filed by a group of plaintiffs that includes a former career prosecutor who alleges he was fired for his handling of the Jan. 6 cases. The plaintiffs are suing to block payout from the fund. 

The order, which lists the Justice Department as a defendant, states that the DOJ is blocked «from taking any further action pursuant to the creation or operation of the Anti-Weaponization Fund, which includes the transferring of money to the Fund; the consideration of any claims submitted to the Fund; and the disbursing of any funds from the Fund.» 

TRUMP ADMINISTRATION PUSHES BACK ON ‘SLUSH FUND’ ATTACKS AGAINST ANTI-WEAPONIZATION FUND AND LAYS OUT WHO QUALIFIES

The judge also set a hearing for June 12 in federal court in Alexandria, Virginia. 

A Justice Department spokesperson told Fox News Digital on Friday that «The Department remains extremely confident in the legality of the Anti-Weaponization Fund which is supported by ample precedent, including Obama-era settlements.»

«We will not allow the policy preferences of judges to interfere with our efforts to provide restitution to victims of lawfare,» the spokesperson added.

The plaintiffs challenging the fund include former Assistant U.S. Attorney Andrew Floyd, an Alexandria resident who prosecuted Capitol riot cases in Washington, D.C., before he was fired last year by then-Attorney General Pam Bondi.

Floyd was a deputy chief of the Justice Department’s Capitol Siege Section. He said he believes his firing was retaliation for his Jan. 6 work, according to The Associated Press. 

Another plaintiff is California State University Channel Islands professor Jonathan Caravello, who was acquitted of an assault charge. He was accused of throwing a tear gas canister at federal agents during a 2025 protest against an immigration raid at a Camarillo, California, cannabis farm. 

Also named as plaintiffs are the government watchdog Common Cause, the city of New Haven, Connecticut, and the National Abortion Federation, an association of abortion providers.

New Haven claims the Trump administration officials have targeted it and other municipalities that they perceive to be «sanctuary» cities. The federation said it fears that the fund will issue payments to people who have attacked abortion clinics, providing an incentive for more violence against its members, the AP also reported. 

NEWSOM WANTS TO CLAW BACK TRUMP FUND CASH AS CALIFORNIA BURNS BILLIONS ON RAIL AND OTHER ‘BOONDOGGLES’

An image shows the Department of Justice building with an overlay of Acting Attorney General Todd Blanche. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images; Samuel Corum/Getty Images)

The Anti-Weaponization Fund was born out of a settlement between President Donald Trump and the Internal Revenue Service. Trump filed the lawsuit against the IRS in January over the unauthorized disclosure of his tax records. 

Claims will be determined by a five-person board appointed by the attorney general, with at least one member selected for consultation with congressional leadership, according to a Justice Department press release. At any point in time, the president has the power to remove a member without cause, it added. 

«This is about seeking accountability for all Americans who were victims of law fare and weaponization: millions of Americans whose online speech was censored at the behest of the government, parents silenced at school boards, Senators whose records were secretly subpoenaed, churchgoers targeted by the FBI, and so on,» a Justice Department document stated. 

The Anti-Weaponization Fund was slated to last until Dec. 1, 2028. 

A banner featuring an image of President Donald Trump is displayed on the facade of the U.S. Department of Justice headquarters in Washington, D.C., on Feb. 20, 2026. (Drew Angerer/AFP/Getty Images)

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Funding for the Anti-Weaponization Fund is coming from the Judgment Fund, which is a permanent Treasury account used to pay for settlements and claims against the government. 

Fox News’ Elaine Mallon, Kerri Urbahn and The Associated Press contributed to this report. 

70 equipos de estudiantes universitarios de Guatemala avanzaron a la siguiente fase del Moot Legislativo Interuniversitario 2026, una competencia coordinada por el diputado Julio López que este año centró sus propuestas en el tema de la seguridad para elaborar iniciativas de ley con aplicación viable en el país, de acuerdo con información oficial del organismo legislativo difundida en sus medios oficiales.

La clasificación llegó después de una convocatoria que reunió a 118 equipos y a más de mil estudiantes de universidades de todo el país, según el mismo organismo legislativo. De ese total, 70 equipos fueron seleccionados para continuar en la tercera edición del certamen.

El proceso está coordinado por el diputado Julio López, quinto secretario de Junta Directiva, con el apoyo de la Dirección Legislativa y de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa (DEIL), de acuerdo con la información oficial.

La iniciativa busca que los participantes formulen propuestas normativas sobre seguridad a partir de experiencias y problemas identificados en la vida cotidiana.

López sostuvo, que la edición de 2026 volvió a superar la meta del año anterior. “En Guatemala sí existe una generación dispuesta a involucrarse, debatir, proponer soluciones reales para este país. Esta clasificación no representa solo a quienes avanzan, sino a todos los que asumieron el reto de pensar en el país desde las propuestas y no únicamente desde las críticas”, afirmó el diputado.

La edición actual eligió la seguridad como eje de trabajo con el propósito de que los estudiantes planteen soluciones y mejoras para la protección de la integridad de los ciudadanos, la reducción de riesgos sociales y culturales y el cumplimiento de la ley, según la información oficial del organismo legislativo.

Ese enfoque define la pregunta central del concurso: qué propuestas legislativas pueden presentar los universitarios para responder a problemas concretos del país.

La respuesta, de acuerdo con la convocatoria oficial, es la elaboración de iniciativas de ley orientadas a ofrecer soluciones aplicables en Guatemala.

El diputado Julio López también destacó, en la información difundida por el organismo legislativo, la participación de cientos de jóvenes interesados en intervenir de forma propositiva.

Según esa misma versión oficial, el proceso ha mostrado talento, liderazgo y capacidad para transformar el debate en propuestas concretas, además de disciplina para trabajar en equipo y conocer de primera mano la labor legislativa.

“El Moot Legislativo 2026 busca jóvenes capaces de convertir el debate en propuestas reales para Guatemala. Haber llegado hasta aquí ya los convierte en una generación que decidió involucrarse en lugar de quedarse al margen, lo que viene requerirá preparación, disciplina y mucha capacidad para trabajar en equipo”, dijo López en los canales oficiales del organismo legislativo.

La competencia está organizada en equipos de hasta nueve integrantes, que pueden provenir de distintas carreras, siempre que pertenezcan a una misma universidad, de acuerdo con la información oficial. Durante el desarrollo de las distintas etapas, cada grupo funciona como una bancada dentro de la competencia.

Ese diseño busca reproducir dinámicas del trabajo parlamentario y fortalecer habilidades vinculadas con la argumentación, la negociación y el pensamiento crítico en la toma de decisiones, según el organismo legislativo. La X Legislatura del Congreso de la República presentó esta acción como parte de su compromiso con la educación cívica y la promoción de la participación juvenil.

La institución señaló además que el certamen fomenta el conocimiento sobre los procedimientos legislativos entre los universitarios. En esa lógica, el avance de los 70 equipos clasificados abre una nueva etapa para propuestas centradas en seguridad y desarrolladas dentro de una simulación del trabajo del Congreso de la República.