¡Parece que hay novedades tras los nuevos Nintendo Direct! Tras el recuento de las presentaciones en 2025, ahora tenemos un vídeo-reacción del evento de hoy.

Ya sabéis que fue un Nintendo Direct general lleno de anuncios y ahora os traemos el calendario de lanzamientos first party:

• Fire Emblem: Fortune’s Weave — 17 de septiembre de 2026
• Nintendo Switch Sports Resort — 22 de octubre de 2026
• The Legend of Zelda: Ocarina of Time — 5 de noviembre de 2026
• Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy — 12 de noviembre de 2026
• Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition — 3 de diciembre de 2026
• The Duskbloods — 2026
• Metroid Ravenous — 28 de enero de 2027
• Hyrule Warriors: Age of Calamity – Edición Definitiva — 25 de febrero de 2027
• Kirby and the World Beyond — Primavera de 2027
• Xenoblade Genesis — 2027
• Pokémon Vientos y Olas — 2027

¿Qué os ha parecido esta información? Podéis compartirlo en los comentarios abajo.

Fuente.

Nintendo Direct,Nintendo Switch 2

El último informe del Observatorio de Política Criminal puso la lupa sobre un “crecimiento vertiginoso” del suicidio en el país a partir de 2017, que llegó a desplazar a los incidentes viales como primera causa de mortalidad en los adolescentes y los jóvenes.

Se trata de una comparación de datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que indica que 2025 no solo acumuló la mayor cantidad de muertes por esa causa de los últimos nueve años, sino que ya cuadruplicó en frecuencia los decesos por delitos dolosos y terminó por ubicar a la Argentina en el segundo lugar entre las tasas más altas en la región, después de Uruguay y antes que Chile.

Suicidio: qué hacer, cómo prevenir y dónde encontrar ayuda

“La realidad de los suicidios en la Argentina navega, lamentablemente, en una situación crítica”, concluyó Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal y autor del informe presentado en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). De acuerdo con las estadísticas criminales argentinas, 3304 personas murieron por esa causa en 2017 y 5209, el año pasado, lo que el equipo del observatorio tradujo en una variación de 8,2 a 11,8 suicidios consumados por cada 100.000 habitantes de cinco años en adelante.

“Estar frente a la tasa nacional de suicidios registrada más alta de la historia argentina, que esta tasa esté cuadruplicando la tasa de homicidios dolosos, que haya jurisdicciones tan comprometidas y que, para este año, tengamos el presupuesto de salud mental más bajo de los últimos años nos da una pauta de que este fenómeno social no está siendo observado”, señaló Larroude a modo de conclusión sobre la información concentrada en las 20 páginas del reporte titulado [Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina.

Los datos surgen del Sistema Nacional de Información Criminal –un registro distinto al de defunciones del sistema sanitario– y de la base pública del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS) que administra el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es información que cargan las policías provinciales y las instituciones o fuerzas federales, por ejemplo. En tanto, el Observatorio de Política Criminal es un equipo interdisciplinario de profesionales que, en su mayoría, son abogados. Larroude es, además, director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La heterogeneidad de esos registros a lo largo del territorio se mantiene en los nueve años relevados: oscilan desde 6,5 (Río Negro) hasta 20,8 (Entre Ríos) suicidios cada 100.000 habitantes. Entre Ríos, San Luis, Salta, Santa Cruz y Catamarca son las cinco jurisdicciones con los valores más altos. Las tasas de un dígito las tienen Río Negro, Neuquén, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Jujuy y Córdoba.

Pero el autor del informe propuso otra lectura de las estadísticas para dar prioridad a medidas de prevención, atención de crisis y refuerzo de redes en la comunidad. Más aun cuando el suicidio desplazó al segundo lugar a los incidentes de tránsito como principal causa de mortalidad en varones y mujeres de entre 15 y 34 años.

“Las tasas permiten comparar poblaciones de distinto tamaño, pero deben leerse junto con los casos absolutos”, argumentó. “En 2025 –continuó–, la provincia de Buenos Aires concentró 1977 hechos, lo que equivale al 38% del total nacional. Le siguieron Santa Fe, con 461 casos; Córdoba, con 371, y Entre Ríos, con 288. En conjunto, estas cuatro jurisdicciones concentraron alrededor de 6 de cada 10 casos del país”.

El análisis también llama la atención a un proceso de “transmutación de la violencia letal” en la población con un crecimiento de la que es autoinfligida, según lo designó el equipo del observatorio tras la comparación de los datos de suicidio con los registros criminales que habitualmente monitorean para sus informes. De acuerdo con la base de datos del SNIC que utilizaron, en 2017 se documentaron 5,2 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, comparado con 3,6 el año pasado. Esa tendencia se invirtió para los suicidios al punto de estar “casi cuadruplicando la tasa de homicidios dolosos”, sin que eso sea evidencia de que un tipo de violencia está desplazando a la otra, según aclaró el autor.

Sin embargo, consideró que el resultado de la comparación con un delito como es el homicidio habla de “un problema mayúsculo que viene pasando desapercibido en toda su extensión, tanto para la sociedad como para la política”.

De hecho, puso como ejemplo que la tasa provincial más alta de suicidios es de 20,8 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el valor máximo de homicidios dolosos en Rosario asociados con la narcocriminalidad durante una década fue de 24 muertes por cada 100.000 habitantes. También, que la tasa actual de suicidios es más alta que “en otros momentos complejos del país”, al mencionar la crisis socioeconómica de 2001, en la que refirió que se registraron 8,4 suicidios cada 100.000 habitantes.

“El desafío de los próximos años consiste en transformar esta evidencia en una prioridad sostenida de política pública”, planteó Larroude.

Durante la presentación, Guillermo Torremare, presidente de la APDH, explicó que la organización acompañó la presentación del informe por su impronta asociada con los derechos humanos. “Esta alta tasa de suicidios en el país nos está diciendo que hay una falencia del Estado importante: se está retrotrayendo de cumplir con derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales con rango constitucional [en materia de salud]. Cuando eso sucede, hay una violación a los derechos humanos”, refirió.

En el país, y aun cuando no es un delito, el suicidio se registra en las estadísticas criminales desde la década del 60. Desde el punto de vista sanitario, los intentos de suicidio empezaron a ser de notificación obligatoria dentro del sistema de salud en abril de 2023. Fue cuando las medidas de aislamiento social prolongadas por la pandemia de Covid empezaron a mostrar sus efectos menos deseados en la población, sobre todo en chicos y adolescentes. Al comparar ambos registros, los de los ministerios de Seguridad y de Salud nacionales, los datos varían. Para Larroude, la información del SNIC es “más robusta” por el cotejo policial y judicial al momento de su carga.

“La Argentina padece la crisis de salud mental más grave de su historia. Es de tal magnitud que en 2025 se dio la mayor tasa de suicidios desde que se tiene registro –dijo el autor durante la presentación–. El año pasado, se quitaron la vida 5209 personas. Esto equivale a 14 casos por día o uno cada dos horas. Es muchísima gente que optó por quitarse la vida, lo que es un problema social y de salud pública mayúsculo. Entre los 20 y 34 años, una franja etaria económicamente productiva, es en la que se está viendo un fuerte impacto. ¿Qué está pasando en ese grupo que está optando por quitarse la vida?”. Refirió, también, el aumento de casos en las fuerzas de seguridad y armadas.

Por cada caso fatal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), además se producen entre 10 y 20 intentos de suicidio. También están las internaciones.

“Si bien el suicidio es multicausal, hoy lo agravan no solo la ansiedad y la depresión, sino el alto consumo de sustancias en la sociedad y las deudas. Si empezamos a trabajar como país con prevención desde las escuelas, los colegios y la universidad, entre otras áreas, vamos a poder revertir la tendencia que estamos viendo”, concluyó Larroude.

Señales para estar alerta

Los especialistas recomiendan estar atentos a ciertas señales para ayudar a prevenir.

• Cambios de humor, irritabilidad, enojo reiterado y sin sentido
• Tristeza persistente y constante
• Pensamiento rígido
• Falta de concentración y/o dificultades graves en la escuela, el colegio, la universidad o el trabajo
• Alteración del sueño y/o la alimentación (insomnio o hipersomnia, inapetencia o voracidad)
• Dificultad para resolver problemas habituales
• Aislamiento y retracción continua
• Escasa o nula comunicación con los convivientes
• Desconexión del grupo de pares y sentimientos de ser rechazado
• Sensación de soledad
• Ideas o pensamientos extraños
• Consultas frecuentes por fatiga, dolores múltiples, pesadillas, patologías crónicas y consumos
• Signos de desculturización en inmigrantes
• Fantasías de grandiosidad que se alternan con sentimientos de inferioridad
• Sentimientos de frustración o angustia frente a pequeñas contrariedades
• Autoexigencia elevada
• Relación ambivalente con los padres, otros adultos y los amigos
• Antecedentes de intentos de suicidio
• Falta de capacidad de autocrítica

“Curiosamente, cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”. La frase del juez Gustavo Goerner, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°29, sintetizó este lunes buena parte de lo que ocurrió durante el primer mes del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz.

Para entonces habían pasado cuatro semanas desde aquella primera audiencia del 10 de agosto. Siete jornadas, un cambio de defensa, 17 testigos y una sucesión de planteos judiciales marcaron el primer mes de un juicio que quedó suspendido y a la espera de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resuelva la recusación presentada contra los integrantes del tribunal.

El contraste con la primera semana es marcado. Después de una jornada inaugural en la que volvió a discutirse si Álvarez estaba en condiciones de afrontar el proceso, la prueba comenzó a avanzar a buen ritmo: entre el 12 y el 14 de agosto declararon diez personas. Entre ellas, vecinos del barrio Samoré y testigos que estuvieron cerca de Álvarez y Díaz durante la madrugada del 12 de julio de 2018. Sus relatos permitieron reconstruir desde distintos ángulos la secuencia del crimen y lo ocurrido inmediatamente después.

Uno de los testimonios centrales fue el de C.U.S. amigo de la víctima y testigo presencial del crimen. Para declarar pidió que Álvarez no estuviera en la sala. Según contó, Díaz se acercó al músico, hubo una discusión y un contacto entre ambos. Después llegó el primer disparo. “Me di cuenta de que estaba muerto en ese momento porque cayó para atrás como una madera”, contó. Luego, sostuvo, “Pity” efectuó otros tres disparos.

También declaró Agustina Inbernoz, pareja del músico en aquel momento, quien lo hizo por videoconferencia desde Estados Unidos. Dijo que Díaz se acercó y provocó a Álvarez, pero que al momento de las detonaciones se dio vuelta y no vio los disparos. Además, contó que, por indicación del músico, se deshizo del arma utilizada en el crimen y la arrojó en un desagüe de la avenida Dellepiane.

Su padrastro, Raúl Alberto Prieto Inbernoz, también declaró y reconstruyó el encuentro que mantuvo con Álvarez poco después en Pinar de Rocha. Según contó, el músico llegó y le dijo: “Maté a un chabón”. Prieto Inbernoz aseguró que, en ese momento, creyó que se trataba de una broma.

A esos relatos se sumaron después las pericias. Manuel Martín, licenciado en Criminalística, reconstruyó ante el tribunal la mecánica de los disparos y habló de la denominada “cruz de la muerte”, la zona del cuerpo de Díaz donde se concentraron los impactos. También explicó que, por la ubicación agrupada de las vainas, el tirador no se habría desplazado demasiado al momento de gatillar.

La autopsia aportó otro dato: Díaz recibió cuatro disparos. La médica forense Angélica Cristina Bustos explicó que encontró cuatro orificios de entrada, uno de salida y recuperó tres proyectiles del cuerpo. No pudo establecer el orden en que se produjeron los impactos.

Para entonces, sin embargo, el ritmo del juicio ya había cambiado.

El punto de quiebre

Diez testigos habían terminado de declarar cuando, el 19 de agosto, Álvarez decidió cambiar de abogados. Ese día estaban citados a declarar cuatro policías, pero ninguno llegó a prestar testimonio.

El músico desplazó a sus defensores oficiales —Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín— y designó a los abogados particulares Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes pidieron una semana para estudiar el expediente. Fue entonces cuando los cuestionamientos sobre la capacidad de Álvarez, que ya habían sido planteados por la defensa anterior, empezaron a cobrar mayor protagonismo.

A eso se sumaron otros frentes de discusión: pidieron una nueva evaluación del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, formularon objeciones sobre prueba ya producida y reclamaron que “Pity” fuera juzgado por un jurado popular.

El TOC N°29 rechazó los planteos y aquella jornada finalmente pudieron declarar los cuatro policías que habían quedado pendientes.

Pero la discusión sobre el estado de Álvarez no terminó allí.

El 2 de septiembre, mientras declaraban los peritos, los ronquidos y los “períodos de desconexión” de Álvarez volvieron a convertirse en parte de la audiencia. Goerner terminó advirtiendo: “No voy a permitir que el imputado ronque”.

Horas después, la jornada terminó abruptamente. “Pity” salió al baño mientras declaraba Bustos, se sintió mal por un pico de presión y no volvió a ingresar a la sala. Una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Fernández y el testimonio de la médica forense quedó inconcluso.

Cinco días después, Baños y Queijeiro volvieron a pedir la suspensión del juicio con un nuevo estudio médico. El fiscal Sandro Abraldes se opuso y lanzó una de las críticas más duras hacia la estrategia de los abogados: “A la defensa no le gusta que este juicio se haga”.

El tribunal también rechazó ese planteo. Fue durante esa resolución cuando Goerner pronunció la frase que resumió el cambio que, a su entender, había experimentado el debate: “Curiosamente, cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”.

El juez recordó además que el TOC ya había autorizado al músico a no permanecer durante toda la audiencia dentro de la sala si su estado no se lo permitía. “Estoy viendo acá que hay varios letrados que podrían acompañarlo en su domicilio, en una sala, y podrían explicarle”, planteó. Luego fue más enfático: “No está en condiciones, pero lo traen. No es el TOC ni los acusadores los que ponen en riesgo a Álvarez. Es nuestro deber resguardarlo”.

La paradoja llegó minutos después. El tribunal rechazó suspender el juicio por el estado de salud de “Pity”, pero el debate terminó igualmente frenado. La defensa pidió recusar al fiscal Abraldes y a los tres jueces. Los planteos fueron rechazados, aunque el pedido de apartamiento de los integrantes del TOC debía ser revisado por Casación.

Los cuatro testigos que aguardaban para declarar ese lunes tuvieron que volver a sus casas.

El otro lado del juicio

Las suspensiones y reprogramaciones también tienen su impacto fuera de la sala. Según pudo saber Infobae, Jacqueline, una de las hijas de Cristian Díaz, debe pedir permiso en su trabajo cada vez que quiere asistir a una audiencia por el crimen de su padre. El caso de Manuel Martín, el criminalista que declaró sobre la “cruz de la muerte”, es otro ejemplo: su testimonio fue reprogramado tres veces antes de que finalmente pudiera declarar ante el tribunal.

Mientras ellos transitan buena parte de ese proceso en el anonimato, cada llegada de Álvarez a los tribunales de la calle Paraguay se convierte en una escena en sí misma. Cámaras y periodistas lo esperan en la puerta. También se acercan fanáticos para saludarlo.

En la primera audiencia el músico llegó con una remera con la inscripción “Y si esperás vas a entender” y anticipó que declararía “más adelante”. Hubo jornadas en las que permaneció atento, tomó una lapicera e hizo dibujos mientras escuchaba a los testigos. En otras, mantuvo los ojos cerrados durante largos períodos y sus ronquidos obligaron al tribunal a intervenir.

Sus declaraciones al salir de las audiencias también fueron cambiando. Después de una de ellas, ante la consulta de Infobae, aseguró: “Estoy tranquilo porque el que va a dar el veredicto de todo esto es la persona que todo lo ve”.

El 2 de septiembre, tras recibir el alta luego de la descompensación que terminó con su traslado al Hospital Fernández, volvió a hablar con los medios. Confirmó que regresaría al juicio, pero dudó cuando le preguntaron si era inocente. “No sé”, respondió. Segundos después agregó: “Todos somos culpables”.

Su última aparición volvió a dejar una imagen particular. Llegó al tribunal con un ejemplar del Código Penal y una pequeña linterna colocada sobre la frente. Debajo de los ojos llevaba dos líneas negras similares al denominado eye black, utilizado por los jugadores de rugby para reducir el reflejo de las luces.

Esa vez estuvo activo durante la audiencia y, al retirarse, volvió a hablar con los medios. Su respuesta contrastó con los sucesivos intentos de sus abogados por suspender el debate: “Se tiene que hacer el juicio. Yo me equivoqué, hice algo malo y la Justicia va a decidir”.

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