La discusión sobre las retenciones volvió formalmente al Congreso con dos proyectos de ley que buscan eliminar de manera gradual los derechos de exportación para el sector agropecuario y agroindustrial.

Las iniciativas, presentadas casi en simultáneo en la Cámara de Diputados, no solo apuntan a desmontar el esquema tributario que grava las exportaciones, sino también a quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de modificar alícuotas por decreto.

De la mano del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, se presentó un proyecto de ley para eliminar de manera gradual todos los derechos de exportación aplicados al agro y a las economías regionales en un plazo de tres años. El otro lleva las firmas de la exvicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, y diputados vinculados a provincias productivas como Córdoba y Santa Fe.

Retenciones cero: el proyecto de Ardohain y el vínculo con Europa

La iniciativa presentada por Ardohain propone un «cronograma de adecuación» de los Derechos de Exportación para «armonizar el régimen tributario con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea».

El texto toma como punto de partida el 1 de mayo de 2026, fecha que menciona como inicio de la vigencia del acuerdo comercial con Europa, y establece un esquema de reducción gradual para manufacturas industriales, agroindustriales y economías regionales hasta alcanzar una alícuota cero en un plazo de 36 meses.

En el caso del complejo sojero, el proyecto fija un mecanismo diferencial con una reducción automática mensual de 0,5 puntos porcentuales hasta llegar a cero.

La iniciativa alcanza a productos comprendidos en las secciones I, II, III y IV de la Nomenclatura Común del Mercosur, donde se listan productos del reino animal, vegetal, aceites, grasas y alimentos, incluyendo materias primas y manufacturas agroindustriales, forestales, cuero, textiles de origen natural y biocombustibles, es

En los fundamentos, Ardohain sostiene que el objetivo es «establecer un marco de certidumbre y competitividad para el sector agroindustrial argentino» y plantea que la reforma busca «restituir la potestad tributaria al Congreso».

Por eso el proyecto propone derogar los apartados a) y c) del artículo 755 del Código Aduanero, que actualmente habilitan al Poder Ejecutivo a gravar exportaciones y modificar alícuotas.

El otro proyecto propone una eliminación total en cuatro años

El segundo proyecto, identificado como «Reducción gradual y eliminación de los Derechos de Exportación para el sector agropecuario y agroindustrial, estabilidad fiscal e institucional», fue presentado por Gisela Scaglia junto a Carlos Gutiérrez, José Núñez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán.

La propuesta plantea un esquema de reducción lineal y uniforme durante cuatro años, con una baja anual equivalente al 25% de la alícuota vigente al momento de la promulgación de la ley.

El cronograma establece una reducción inicial inmediata del 25%, luego un recorte acumulado del 50% desde diciembre de 2026, del 75% desde diciembre de 2027 y finalmente una alícuota cero permanente desde diciembre de 2028.

A diferencia del proyecto de Ardohain, esta iniciativa detalla específicamente las posiciones arancelarias alcanzadas y menciona cereales, oleaginosas y derivados industriales como trigo, maíz, soja, girasol, harinas, aceites, pellets y expellers. También excluye expresamente a la minería y a los hidrocarburos.

En los fundamentos, el proyecto plantea una crítica directa al esquema actual de derechos de exportación. «Hay una pregunta que el campo le viene haciendo a la política argentina desde hace décadas y que todavía espera respuesta: ¿hasta cuándo el interior produce la riqueza que después se gasta en el centro?», sostiene el texto.

La iniciativa afirma que el sector agroexportador cerró 2025 con ingresos superiores a los 31.000 millones de dólares y señala que el complejo agroexportador explicó «más del 90%» de la recaudación total por derechos de exportación.

También argumenta que las retenciones «gravan el ingreso bruto, no la renta neta» y que afectan especialmente a productores alejados de los puertos por el impacto del flete.

«Argentina compite globalmente contra países que no aplican estos gravámenes», agrega el proyecto.

El punto en común: limitar el poder del Ejecutivo

Más allá de las diferencias de diseño, ambos proyectos coinciden en el aspecto central de restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar derechos de exportación sin pasar por el Congreso.

El proyecto de Scaglia directamente propone derogar el artículo 755 del Código Aduanero y establece que «toda creación, modificación o restablecimiento de alícuotas al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser dispuesta por ley formal del Honorable Congreso de la Nación».

La iniciativa de Ardohain avanza en el mismo sentido, aunque mantiene para el Ejecutivo la facultad de reducir o eliminar alícuotas cuando eso implique una mejora de competitividad.

El proyecto impulsado por Scaglia menciona que durante 2025 hubo seis cambios en los derechos de exportación de cereales y oleaginosas mediante decretos, lo que «cambió el ritmo de ventas de granos y trajo distorsiones en el mercado».

Qué dice el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no obliga a la Argentina a eliminar retenciones agropecuarias, pero sí establece compromisos vinculados a la liberalización comercial y a la reducción de restricciones sobre exportaciones.

En particular, el capítulo comercial del entendimiento apunta a eliminar aranceles y facilitar el acceso recíproco a mercados para una parte significativa del comercio bilateral, incluyendo productos agroindustriales.

En ese contexto, los proyectos presentados en Diputados buscan instalar la idea de que la Argentina deberá converger hacia un esquema tributario más previsible y competitivo si pretende aprovechar plenamente la apertura comercial.

Por ahora ninguno de los dos proyectos tiene fecha de tratamiento en comisión. Pero ambos volvieron a instalar en el Congreso un debate que atraviesa desde hace más de veinte años a la política agropecuaria argentina y versa en el peso de las retenciones, la distribución federal de los recursos y el rol del Estado sobre el principal sector exportador del país.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, apelaron a sus redes sociales para destacar el 2,6% de inflación de abril, que registró la primera desaceleración después de 10 meses de tendencia alcista.

“Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, escribió Milei en su cuenta oficial de X.

En tanto, Caputo, ponderó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojó la cifra “más baja en cinco meses” y sumó que «La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre».

“Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, añadió el titular del Palacio de Hacienda.

En tanto, el jefe de la cartera económica planteó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), “relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual”.

En el Gobierno confían que, una vez superados los shocks que implicaron la suba de la carne, el aumento estacional de la educación en marzo y los incrementos de los combustibles producto del conflicto en Medio Oriente, la velocidad de actualización de los precios descendería hasta ubicarse cerca de 1% para finales de mes.

La inflación en abril fue de 2,6%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado representa una ralentización respecto al 3,4% registrado en marzo, y marca el fin de una secuencia de incrementos que se extendió durante diez meses consecutivos.

El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una suba interanual de 32,4% y acumuló un alza del 12,3% en lo que va del año. La cifra estuvo dentro del rango previsto tanto por el área económica oficial como por analistas privados, cuyas estimaciones se ubicaban entre 2,4% y 2,8%.

En el análisis por rubros, los precios Regulados mostraron el mayor ajuste, con un avance de 4,7% motivado por incrementos en transporte y electricidad. El IPC núcleo aumentó 2,3%, explicado por subas en alquileres, servicios relacionados con la vivienda y el gasto en restaurantes y comidas fuera del hogar.

De acuerdo al Indec, los precios Estacionales permanecieron sin cambios: los aumentos en indumentaria por cuestiones estacionales se compensaron con descensos en turismo y frutas.

En la comparación por divisiones, Transporte mostró la mayor suba mensual (4,4%) como consecuencia del encarecimiento de los combustibles. Educación resultó la segunda división con mayor incremento, al registrar una variación de 4,2%. Los menores aumentos se observaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo mayor peso en la variación mensual en el Noreste, Noroeste y región Pampeana. En el Gran Buenos Aires, la mayor incidencia correspondió al rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, impulsado por subas en alquileres y en la tarifa eléctrica.

“Más allá de esta significativa baja, la película general muestra una estabilidad en un nuevo régimen inflacionario: en el último año y medio, el Nivel General promedió 2,5% y la Núcleo 2,6%, mostrando tendencias similares”, analizó Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra.

Y sumó: “El pulso de corto plazo lo explicó en buena medida el movimiento del precio del rubro de Carnes, el cual subió menos de 1% este mes a Nivel Nacional y deflacionó en GBA (-0,2%) y Cuyo (-1,2%)”.

Pasan los meses, pasan los años, y el escenario no se modifica demasiado: un 0Km sigue costando más en Argentina que en otros lados. Un 25% más caro que en Colombia. O un 44% por encima que en Santiago de Chile.

Con diferencias también apreciables, los precios en dólares acá se extienden a los rubros más variados. Desde una pequeña freidora de aire hasta un televisor Smart de 55 pulgadas. Ni hablar de un calzado de primera marca, que en Chile cuesta el doble que en Argentina. O un 45% más caro que en Brasil.

Pareciera que ya no hay excusas: ni la apertura comercial ni el golpe al consumo en el mercado interno terminan de cerrar la brecha entre los precios locales y los del exterior, medidos en dólares.

Argentina pierde por goleada en la comparación de precios

Una investigación del IERAL, de la Fundación Mediterránea, revela que las diferencias se mantienen al comparar los precios en Argentina versus países diversos: desde los vecinos hasta Estados Unidos, Australia, Francia y Corea del Sur.

Lo dicho más arriba: la apertura de las fronteras y la flexibilización del comercio exterior -ya sea eliminando procesos de anti dumping o reduciendo aranceles- todavía no lograron resolver uno de los problemas más visibles de la economía argentina: el país sigue teniendo algunos de los precios en dólares más altos del mundo para comprar bienes durables, electrodomésticos, ropa y calzado.

El relevamiento de la Fundación Mediterránea es revelador: en el rubro «Bienes durables, indumentaria y calzado», Argentina aparece como el mercado más caro en 8 de cada 10 productos analizados. Las diferencias son especialmente fuertes en electrónica, pequeños electrodomésticos, ropa y vehículos.

No se salva (casi) nadie: de freidoras a motos

Uno de los casos más llamativos es el de las freidoras de aire, un producto que explotó globalmente en los últimos años y se volvió masivo también en las cocinas argentinas.

Según el cuadro de IERAL, una freidora cuesta en Argentina alrededor de u$s312, mientras que en Chile ronda apenas los u$s97 y en Brasil se mueve cerca de los u$s80. Es decir: en Argentina vale casi cuatro veces más que en algunos mercados vecinos.

La distorsión también aparece en los televisores. Un Smart TV de 55 pulgadas figura en Argentina con precios muy superiores a los de Chile, Estados Unidos o Brasil, aun cuando se trata de productos fabricados en serie para mercados globales. En algunos casos, la diferencia supera cómodamente el 50%.

En Argentina, ese artículo cuesta u$s900 ($1,3 M) en promedio.

El caso de las motos también resulta impactante. Una moto de baja cilindrada cuesta en Argentina alrededor de 20% más cara que en mercados diversos, como Brasil, Colombia o Estados Unidos.

La ropa tampoco escapa a esa lógica. El relevamiento muestra que un jean de marca internacional cuesta más en Argentina que en varios países desarrollados. Y las zapatillas deportivas aparecen entre los productos con mayores diferencias de precios respecto del exterior.

En el caso de un Levi’s, acá vale el doble que en la región e incluso que en Corea del Sur. El dato es todavía más llamativo porque se produce en medio de una economía que empezó a abrirse comercialmente.

En los últimos meses el Gobierno redujo trabas para importar, flexibilizó mecanismos aduaneros y eliminó algunas restricciones que durante años habían limitado el ingreso de productos extranjeros. Sin embargo, el efecto sobre los precios finales sigue siendo muy limitado.

Las bicicletas, la excepción a la regla

En el caso de los rodados, la diferencia juega a favor del consumidor argentino.

Una bicicleta urbana Trek, hoy cuesta más barato en Argentina que en la mayoría de los países relevados. Los u$s639 que vale en un comercio local resulta inferior que los u$s900 de Brasil; los u$s660 de Chile o los u$s969 de Colombia.

También es más bajo que los u$s699 de Estados Unidos o los u$s736 de Francia.

Los motivos: ¿realidad o simples excusas?

La explicación combina varios factores: el atraso relativo del dólar frente a la inflación, la presión impositiva, costos logísticos elevados y estructuras comerciales acostumbradas a operar con poca competencia durante años de economía cerrada.

El primero es el atraso relativo del dólar frente a la inflación. Aunque el ritmo inflacionario bajó respecto de años anteriores, muchos precios siguieron aumentando por encima de la evolución del tipo de cambio oficial. Eso hizo que Argentina se encareciera rápidamente en dólares.

El segundo problema es la presión impositiva. Los técnicos de la Fundación Mediterránea señalan los siguientes gravámenes que impactan:

• IVA, que representa una carga significativa sobre el precio final
• Ingresos Brutos, que varía según la jurisdicción
• Tasas municipales que se suman a la cadena de costos
• Otros gravámenes que terminan agregando presión sobre los precios finales

En algunos productos, la suma de impuestos representa una parte decisiva del valor que paga el consumidor.

A eso se agregan costos logísticos elevados, dificultades de financiamiento y estructuras comerciales acostumbradas a operar con poca competencia durante años de economía cerrada.

El resultado es una combinación explosiva: salarios bajos en términos internacionales, pero precios comparables con los de países desarrollados. El informe de IERAL muestra justamente esa paradoja.