“Los incentivos monetarios son cada vez menores y eso va en contra de la posibilidad de sostener un sistema como el universitario, donde el recurso humano es tan importante como toda la educación”, afirma el economista Javier Curcio, especialista en políticas fiscales y monitoreo de las políticas públicas.

El director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y también investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP Baires), dependiente de la UBA y el Conicet, charló con LA NACION en el contexto de la cuarta marcha federal universitaria.

“Hay toda una preocupación y todo un esfuerzo necesario para mejorar estadísticas que no están puestos en el centro del debate de la política universitaria. Es uno de los temas sobre los cuales sería muy importante que podamos avanzar, y lamentablemente no estamos focalizando en esa situación”, señaló durante la entrevista y planteó la necesidad de un acuerdo nacional para abordar otros debates, que incluyan la gratuidad y el acceso, que permitirían administrar mejor los recursos.

—¿Cómo está la situación?

—La situación es crítica. Sabemos que el atraso salarial es muy fuerte, hay mucho descontento en todo el sistema y los gastos de funcionamiento vienen teniendo también retrasos significativos. Este año hay atrasos iniciales que son parte, entiendo yo, de las tensiones y las dinámicas de las transferencias entre el gobierno nacional y las universidades.

El reclamo es el cumplimiento de la ley; si se cumple, se actualizan todas las partidas. Como eso no se cumple, por otro lado está el reclamo de que el presupuesto de 2026 vaya a un mejor ritmo del que se vino dando. Hay un atraso importante en el flujo de transferencias de estos primeros meses del año, es menor a lo que suele ser en otros años.

—¿Cómo?

—Por distintas situaciones el Gobierno le va transfiriendo a las universidades no lo mismo todos los meses, y este año hubo atrasos iniciales. Hay un reclamo sobre la partida que los legisladores aprobaron para el presupuesto 2026, y al mismo tiempo el incumplimiento de la ley que incluye toda la acumulación de las partidas.

—A la vez, los rectores denunciaron que era insuficiente el presupuesto aprobado en 2026, ¿es así?

—El presupuesto 2026 aprobado no tiene en cuenta el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Por un lado, se le ordena al Ejecutivo que pague todo el retraso y, por otro, el presupuesto actual dispone menos recursos de los que se necesitan para hacer cumplir esa otra ley. Las dos leyes entran en vigencia, pero se requiere ampliar los créditos de la ley del presupuesto 2026 para poder cumplir con ley de financiamiento universitario.

—¿De cuánto es la diferencia?

—Son $4,8 billones lo que se aprobó y en el orden de $7 billones lo que requiere el cumplimiento de la ley. La diferencia son $2,5, o 2,4 billones, dependiendo de las estimaciones.

—¿Y en términos reales?

—En términos reales es algo así como el 32% o 33%, que además se va acumulando este año porque todo el presupuesto fue aprobado con una inflación anual estimada del 10% y ya sabemos que en el mejor de los casos va a ser del 30% la inflación del año. Si no se aumentan esas partidas, es discrecional del Ejecutivo, el ajuste terminara siendo mayor.

—¿Cuál es la situación salarial hoy?

—Arrastra mucho ese número promedio porque casi el 90% de los gastos universitarios son salariales. El acumulado es en el orden de 32-33% de caída respecto a noviembre 2023, que es lo aprobado por la ley que dice que se tiene que retrotraer a esos niveles. Si no se modifican las partidas para el año, terminaríamos el año con una caída más o menos del 38%. En los hechos, sería necesario más que duplicar el salario vigente para poder cumplir la ley. De cada 2 pesos que deberían estar cobrando hoy los profesores universitarios, los directivos, cobran 1 y el otro se lo queda el Ejecutivo al no estar cumpliendo con la ley. El atraso más fuerte fue al inicio y después se fue acompañando siempre por debajo del ajuste del resto de los sectores. Por supuesto el sector privado registrado, pero también del resto del sector público.

—¿Cómo?

—En promedio la reducción es cercana al 17%, que es altísima, y la de universidades es más del 30%, casi duplicando al promedio del Estado. Eso incluye otros organismos que no corresponden a la administración nacional, sector público provincial, municipios.

—¿Qué impacto ven en cotidianamente en Económicas? ¿Cómo se siente ese ajuste?

—Estamos viendo un descreme: muchos profesores –y diría que entre esos los mejores– se van de la universidad o modifican su dedicación. Cada vez tienen que hacer más actividades fuera de la universidad para poder completar ingresos que la universidad les está negando. Dependiendo la disciplina y la universidad, puede ser muy crítico. En nuestra facultad, en general, hay mucha oportunidad de otro tipo de fuentes, entonces implica que no pueden sostener mucha de la dedicación que en muchos casos es vocacional. Los incentivos monetarios son cada vez menores, y eso va en contra de la posibilidad de sostener un sistema donde el recurso humano es tan importante como toda la educación, especialmente la educación universitaria.

—Llevan adelante diversos estudios para analizar otros aspectos de la universidad, ¿cuáles podrían revisarse?

—Estamos analizando que hay varias dificultades que son importantes para resolver y que permitirían administrar mejor los recursos. Hay un desafío de poder organizar mejor cómo se administra el acceso respecto de la necesidad de contar con plazas que son restringidas: cómo se asignan los mejores talentos; cómo logramos que la universidad mantenga el rol de la movilidad social ascendente, cumpliendo la mejor calidad a su vez; y cómo evitamos que haya un derroche o un exceso de consumo para decirlo en términos económicos, donde muchos chicos tienen el incentivo, por ejemplo, de escribirse en varias carreras y después algunas las dejan por la mitad.

Parte de eso tiene que ver con una doble propiedad que tiene la universidad pública argentina que combina gratuidad con libre acceso. Es importante que se mantenga en esa vinculación, pero administrando por un lado que el acceso se racionalice en términos de prioridades, demandas, quién entra en qué ritmos, con qué incentivos para evitar ese exceso y al mismo tiempo, el financiamiento para evitar regresividades donde los sectores más desfavorecidos financian a los que tienen mejores posicionamientos en términos de ingresos.

—¿Hay un debate pendiente?

—Sin dudas. Estamos intentando darlo en distintos frentes. Se requiere una coordinación de ese debate por parte del Ministerio de Capital Humano, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que lamentablemente no se está dando. Estamos perdiendo la oportunidad de frente a toda esta escasez de debatir cómo hacemos para administrar esos recursos escasos. Creo que es importante poder ir sobre estos temas asegurando que no perdamos la posibilidad de que alguien que no puede pagar se quede afuera por esa situación y al mismo tiempo, que podamos racionalizar de manera tal de administrar mejor la transición con la escuela secundaria, captando los mejores talentos y administrando esa escasez de la forma más racional y con la mayor evidencia posible.

—¿Hoy no tienen diálogo con el Gobierno?

—De nuestra parte no, entiendo que en algunas instancias hay, el CIN, el Consejo de Rectores. Espero que la marcha sea una señal constructiva de la sociedad y del sistema universitario a favor de este diálogo y de esta convicción de encarar los problemas que hay que resolver y buscar soluciones efectivas para resolverlos, financiando adecuadamente al sistema y en un plano de adecuación de las cuentas fiscales sostenibles.

—¿Qué implica financiar adecuadamente el sistema?

—Para mí es diálogo, consenso, y buscar un ritmo y un camino de ajuste que sea sostenible con la situación que nos permita arreglar la economía por un lado e instalar los temas de debate que son necesarios para mejorar y reformar y convertir a la universidad.

—Hay varios de los puntos que el Gobierno también recoge. Se habló de cantidad de egresados, suele circular el debate sobre la posibilidad de cobrar aranceles…

—Probablemente, y en el Gobierno convivirán distintas miradas. Mi posición es que la cuestión panfletaria vinculada a la violencia y a la agresividad, no tiene ninguna posibilidad de conseguir el diálogo.

—¿Por qué?

—El Gobierno tiene un desafío de poder publicar mejores estadísticas universitarias, que lamentablemente han retrocedido respecto de situaciones previas. Teníamos mucha mejor información y estamos en un proceso de oscurantismo de muchas de estas estadísticas por distintas razones, pero claramente ahí hay una falencia de parte de la coordinación que hace la Subsecretaría de Políticas Universitarias que tendría que tomar ese rol y buscar una mesa de diálogo común para buscar soluciones.

—¿Cómo variaron esas estadísticas?

—Por ejemplo, hoy no tenemos claro cuál es la evolución de ingresantes o de estudiantes recurrentes o cuántas materias cubren por año respecto de situaciones previas donde estaban disponibles con mayor flexibilidad o desagregación. Hoy tenemos una nueva estadística que se presenta, el último actualizado es el de 2023, no hay datos todavía de 2024. Hay toda una preocupación y todo un esfuerzo necesario para mejorar esas estadísticas que no están puestos en el centro de la política universitaria.

—¿Qué sucede con las auditorías?

—Las auditorías fueron otro de los panfletos, como vacíos de contenido, porque en realidad las auditorías en las universidades siempre estuvieron disponibles. La Auditoría General de la Nación, que es el organismo de control externo, viene desarrollando periódicamente auditorías. Lamentablemente esas auditorías tienen varios años de retraso, eso pasa no solamente con las universidades, pasa con todo el resto de los organismos de la administración nacional y los distintos organismos del Estado. Eso también tiene que ver con mejorar las condiciones de control, y lamentablemente este Gobierno entorpeció bastante esas dinámicas. La AGN acaba de completar los auditores generales después de casi dos años de estar vacantes, entre otras cosas por pujas políticas de la mano del oficialismo y también la oposición.

Hay responsabilidades compartidas, pero lo que quiero decir es que en vez de poner las prioridades donde esas urgencias lo requieren, se buscan chivos expiatorios que finalmente lo que buscan es argumentar el ajuste. Todo está puesto en el sentido de justificar por qué hay que ajustar y cómo lograr que ese ajuste se pueda sostener. Se caricaturizan ciertos argumentos y eso también recorre a los distintos problemas que, de alguna manera, estamos planteando.

—Funcionarios del Gobierno han dicho que es la ley de financiamiento universitario es inaplicable, ¿qué mirada tiene sobre eso?

—Probablemente estemos de acuerdo en esa situación. Así como está armada la ley, en términos de las solvencias fiscales, es muy difícil de aplicar. Pero eso también es responsabilidad del Ejecutivo, porque desde hace más de dos años tiene la responsabilidad de administrar las cuentas públicas. Entre otras cosas, la ley es inaplicable hoy por los 0,2 puntos del producto, porque se redujeron impuestos que perfectamente podrían no haberse reducido o porque se generaron acuerdos de reducción del déficit a un ritmo mayor al que la sociedad argentina podía sostener. Y nada obliga a haber ido al déficit cero en dos meses o en tres meses.

Lo cierto es que cuando el Legislativo le dice al Ejecutivo que tiene que cumplir una ley, esa ley hay que cumplirla. Hay que administrar el resto de las variables de la sociedad para que suceda o conseguir que se apruebe una ley diferente que modifique esa situación. Pero esta ley no solo se aprobó una vez, sino cinco, por lo tanto no hay ningún argumento para su incumplimiento.

—¿Qué otras reformas cree que se deberían encarar sobre el sistema universitario?

—Creo que es necesaria una modernización del sistema en términos de adecuar las carreras a los tramos y a las demandas que corresponden a la vorágine de cambios que plantea la tecnología y la situación actual. Eso tiene que ver con flexibilidad, adecuación, acortamiento de carreras y muchos de esos procesos, muchas facultades los están haciendo. Acá en esta facultad se acortaron tres carreras y hay procesos de modificación de otros planes de estudios también.

Son procesos que están en marcha, pero son instituciones a las que les cuesta cambiar. La flexibilidad no es su fuerte, podemos decirlo así. Por eso, se requiere un gran acuerdo nacional para avanzar en esa situación y para generar confianza. Lamentablemente, en el gobierno nacional buscan cualquier cosa menos avanzar en estas soluciones: es una pérdida de oportunidad frente a los desafíos.

—¿Este ajuste se traslada a la educación en general?

—El ajuste a la educación en general es más el ajuste del resto del sector público en el orden del 17% o el 20%. Ese es el ajuste un poco de las provincias, el resto de los niveles de educación están más basados en las provincias que en el gobierno central. El gobierno central también se desentendió del sostenimiento de parte de esos salarios que hacía a través del Fondo Iniciativo Docente y está implementando algunas estrategias interesantes vinculadas al plan de alfabetización, pero también con desinversiones muy fuertes.

Al mirar la educación en su conjunto, el ajuste 2024-2026 es mayor al 50%. Hoy invierte menos de la mitad de lo que invertía hace dos años en el sistema educativo. Muchos de los problemas de la educación superior se trasladan de los niveles previos. La urgencia en mejorar la educación secundaria, o incluso desde la educación inicial en adelante, es más urgente todavía que el problema de la educación superior. Ahí también se requiere otro acuerdo nacional por la educación. Si queremos avanzar en un desarrollo sostenible, es importante que invirtamos realmente en capital humano, y no se puede invertir en capital humano si no se invierte en el sistema educativo.

—¿Es posible?

—A uno le gustaría ser optimista, pero en la situación actual yo soy muy pesimista. Hay mucho cinismo. El nivel de cinismo es muy violento y esa violencia nunca puede llevar a situaciones de diálogo entre los distintos actores, las empresas, el sector privado –que es el que va a invertir y buscar reflotar el consumo–, los trabajadores, los sectores sociales, los propios grupos académicos, la universidad. Ojalá el Gobierno tenga la capacidad de recapacitar para que puedan volver a discutirse estos temas.