El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la causa que investiga los negocios de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, ordenó que los autos secuestrados en el marco de la causa sean entregados a la Corte Suprema, para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad. El listado de vehículos incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra que Vallejo estacionaba en la puerta de la casa central de su empresa.

También, cuatro Mercedes Benz y dos Alfa Romeo. Son, en total, 26 vehículos, entre autos, camionetas y motos. De la lista completa, la mayoría ya está en poder de la Justicia; en cuanto al resto, se dispuso su secuestro, pero todavía no se hizo efectivo.

La sospecha de los investigadores es que, ante el avance de la causa penal en su contra, Vallejo hizo una falsa venta de la Ferrari. “La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, dijeron los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco al pedir la indagatoria de Vallejo.

La decisión de entregarle los vehículos a la Corte Suprema es parte de una batería de medidas en la causa iniciada en noviembre pasado, tras la denuncia de ARCA, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero.

Según el fallo de ayer, la asignación de los fallos a la Corte es “provisoria”. Está vinculado con el artículo 23 del Código Penal, que dice que “el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer”.

El fallo también alude a las medidas cautelares que prevé la ley para “garantizar” que a futuro estén disponibles los fondos necesarios para cubrir “la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas” que puedan disponerse.

La lista

La lista de los bienes que la Justicia ya secuestró y tiene en su poder, según el fallo, incluye: tres motocicletas (una Yamaha y dos Honda), tres automóviles Toyota, dos Audi, un Peugeot, un Jeep, la Ferrari modelo “California Descapotable” y un Alfa Romeo.

Los vehículos que la Justicia todavía no logró encontrar son:

-Un camión Mercedes Benz modelo Accelo 1016/39

-Dos camiones Mercedes Benz modelo Atego

-Un Toyota modelo SW4

-Un Audi modelo Q2 35 TFSI ADVANCED

-Un Mercedes Benz modelo GLC 300 COUPE AMG-LINE

-Un Alfa Romeo modelo STELVIO VELOCE

-Un Toyota, modelo SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A

-Un Citroen, modelo C3 1.6 VTI 115 EXCLUSIVE

-Un Volkswagen, modelo VENTO 2.0TDI

-Un Peugeot modelo 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L AM23,

-Un Peugeot, modelo 208 LIKE PACK 1.6L AM23

-Un Volkswagen, modelo Vento 2.5

-Un BMW, modelo 320 I

La causa

La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual de su grupo de empresas, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.

En los últimos días, Vallejo había levantado el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas, la financiera que lo llevó a codearse con figuras del fútbol como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista el jueves pasado en sus redes sociales.

Ayer, apenas unos días después de que Vallejo hubiera reabierto las puertas de Sur Finanzas, Rodríguez Ponte le prohibió que preste “servicios financieros” y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida”, aclara la resolución a la que tuvo acceso .

Rodríguez Ponte, el nuevo juez de la causa, también ordenó este lunes una serie de operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas.

El Gobierno alertó este martes sobre los cambios que provocaría la derogación del mega DNU 70/2023 que impulsa la oposición en el Congreso. En conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que volvería la ley que regula los alquileres, los precios en las góndolas y la venta de tierras.

“Durante años la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de actividades; una de ellas fue la Ley de Tierras, sancionada en 2011; el DNU 70 derogó esa norma. El país tiene enormes tierras con potencial productivo; hace falta la inversión en esas tierras y el desafío es generar las condiciones para que se transformen en producción”, introdujo Ravier esta mañana, y aseguró que la habilitación de la venta de tierras está “lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o atentar contra nuestra soberanía”.

Las declaraciones del portavoz presidencial surgen luego de que la Corte Suprema dictara un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al poner una vez más en vigencia un artículo del megadecreto de Javier Milei de 2023 que derogaba la legislación vigente entonces y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros. El DNU había sido previamente frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

En este contexto, la oposición convocó a una sesión en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar en su totalidad el DNU 70/23.

Fue así que Ravier enumeró las consecuencias de derogar la norma. “El DNU empezó a desarmar regulaciones y le devolvió capacidades de decisión a empresas. Un ejemplo es alquileres, su derogación permitió que inquilinos y dueños vuelvan a acordar. Los resultados fueron contundentes. Los precios reales bajaron 38% en términos reales y la oferta se cuadruplicó”, aseguró el vocero.

Y continuó: “También se avanzó en un esquema de importar con más oferta, recordemos que hasta 2023 funcionó el SIRA, que el Estado fijaba qué se podía importar. Ahora el Estado no puede fijar cupos para exportar e importar por motivos económicos. La libertad de comerciar es la regla. El DNU terminó con la ley de Góndolas, habilitó los Cielos Abiertos, en comunicaciones se incorporaron nuevas tecnologías y prestadores, como la tecnología satelital. Además, los precios de productos medicinales bajaron 19%, se desregularon los regímenes para elegir la obra social y se eliminó la cédula azul”.

Luego, apuntó contra los diputados que impulsan la sesión para derogarlo. “Es importante saber qué implicaría. Significaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quiere volver. Aumentarían los alquileres, volvería la ley de Góndolas, los obstáculos para cambiar la prepaga del trabajador; es volver a un modelo de país agotado que el Gobierno dejó atrás. Volver a esas leyes es volver a ese modelo en el que el Estado tiene la ultima palabra. Favorece a quien tiene contactos, no a quienes producen. Es pedirle permiso al Estado o competir en libertad”, advirtió.

Sesión en el Congreso

Si los bloques críticos, con el peronismo a la cabeza, logran reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate en el recinto —un escenario todavía hoy lejano—, lo que sigue es una sesión de altísimo riesgo para los libertarios. El Senado ya rechazó el megadecreto en 2024 y la oposición en Diputados vio en la resolución de la Corte una oportunidad inédita para avanzar contra una de las principales banderas del mileísmo.

El conteo arroja hoy números ajustados para ambos lados. La oposición tendría asegurados alrededor de 120 votos: todo el bloque de Unión por la Patria (UP), más de la mitad de Provincias Unidas —aunque todavía está en veremos qué hará su jefa de bancada, Gisela Scaglia—, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda.

La propuesta del Gobierno para enmendar el fallo de la Corte y el toma y daca con los gobernadores serán determinantes. En ese intercambio sobrevuelan los reclamos por obra pública y mayores Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un reparto que en lo que va del año benefició a provincias como Misiones, Chubut, Salta, Corrientes, Jujuy y Catamarca.

El megadecreto de 2023 funcionó como una suerte de antecedente de la Ley Bases y de marco desregulatorio para reformas posteriores. Pero si la Cámara baja consiguiera voltearlo —con la mitad más uno de los presentes—, el impacto sería bien tangible.