MENDOZA.- No cesa la controversia por los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado contra la Selección de Francia al calificarla de “equipo africano de flojos modales”. Después de la carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador galo en Argentina para bajar la tensión, no sólo hubo una denuncia penal en contra de la funcionaria, sino que ahora se presentó un pedido de juicio político para sacarla del cargo.

La solicitud fue realizada por un grupo de dirigentes radicales, distantes del oficialismo provincial, liderado por el abogado mendocino y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, que considera que la número dos del gobierno local tuvo “conducta impropia” e incurrió en “mal desempeño de sus funciones”, causales que contempla la Constitución de Mendoza para el proceso de enjuiciamiento.

El reclamo se suma a otras iniciativas que elevó el justicialismo en la Legislatura para repudiar las polémicas declaraciones de Casado durante el Mundial de Fútbol 2026, además de una denuncia en la Justicia local, que ahora pasó a la órbita federal, impulsada por Alfredo Guevara, abogado de extracción kirchnerista, que la acusó del delito previsto en la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios.

El pedido de juicio político contra la vicegobernadora ingresó en la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, André Lombardi, también presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza y hombre de estrecha confianza del mandatario provincial.

Los denunciantes, entre los que también se encuentra el referente de la UCR y exdiputado nacional Fernando Armagnague, se basaron en el artículo 109 de la Carta Magna local para reclamar el inicio del proceso de juicio político contra la funcionaria. Además, la carta fue suscrita por Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Hugo Estrella Tampieri y José Jorge Chade.

La tensión con el gobierno europeo se acrecentó luego de que la embajada francesa en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a Casado, quien dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”. En contacto con este diario, dijo que no tenía razones para retractarse. Por su parte, el gobernador decidió calmar las aguas y presentar una carta a las autoridades galas donde se diferencia de su vice y cuestiona sus dichos, al considerarlos de “carácter discriminatorio”.

La funcionaria se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero. “Hacen un mundo de todo”, relativizó. De hecho, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, sostuvo que no tuvo comentarios de esas características.

“No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad», respondió la funcionaria mendocina, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”. Asimismo, la vicegobernadora elevó su reclamo a Nadal. “Es lamentable que el embajador considere peyorativo ser africano. Para mí, no es un calificativo racista”, sostuvo.

Los denunciantes que piden el juicio político de la vicegobernadora hacen hincapié en la inconducta evidenciada en las redes sociales, cuando escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. En este sentido, señalaron que se trata de declaraciones que “pintan de manera clara los prejuicios que nutre y manifiesta la segunda autoridad pública de Mendoza, desprestigiando la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”. Es más, en la presentación destacan que la funcionaria no ha pedido las correspondientes disculpas y que incluso continuó con otras expresiones en los partidos siguientes “sin exhibir el recato ni la discreción que debería tener un funcionario de tal nivel”.

Para los radicales que presentaron el pedido de juicio político, Casado provocó “un daño moral y material a la Provincia de Mendoza, a su Gobierno y a sus ciudadanos” y dejó “en ridículo su cargo”, además de poner “en riesgo la cooperación económica con la República Francesa y, por su intermedio, con la Unión Europea”. Asimismo, consideraron que tuvo “desorden de conducta”, obligando al gobernador a dar explicaciones ante el gobierno francés.

El artículo 109 de la Constitución de Mendoza dispone que el gobernador, sus ministros, el vicegobernador, los integrantes de la Suprema Corte y el procurador pueden ser sometidos a juicio político por “mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”. En tanto, la denuncia se basa en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Ley Nacional 23.592 contra actos discriminatorios y la Ley Provincial 4.970.

Ahora resta esperar el tratamiento que se le dé a la solicitud en la Legislatura provincial, con mayoría oficialista, que deberá expedirse por rechazarla o aceptarla. El primer paso, de acusación, lo debe dar Diputados, luego, el Senado realiza el juzgamiento, en ambos casos con los dos tercios de los votos. Aunque a la hora de las voluntades son pocas las posibilidades de que avance el proceso, en caso de que siga su curso podría derivar en la separación del cargo y en la destitución de la vicegobernadora.

Veinte minutos de reunión privada para limar asperezas. Así definieron fuentes legislativas la “cumbre” que esta tarde mantuvieron la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), en una Cámara alta casi vacía de legisladores por las vacaciones de invierno.

Según pudo saber , la conversación tuvo momentos de tensión y concluyó con el acuerdo en torno a una nueva tregua en la que ambas partes se comprometieron a mantener sus posturas, pero sin afectar el funcionamiento de la Cámara alta.

Tampoco faltaron los gestos de distensión, ya que Bullrich le anticipó a Villarruel cuáles serán los planes del oficialismo cuando el Senado retome su actividad plena en la primera semana de agosto.

Las asperezas que se intentaron limar fueron las que quedaron expuestas la semana pasada, cuando se filtró a la prensa una conversación privada entre ambas dirigentes con fuertes discrepancias en torno a la ley de extranjerización de tierras.

La difusión del chat fue considerada como una traición y un golpe bajo político de Bullrich por parte de la vicepresidenta.

La tensión llegó a tal nivel que el viernes último que el prosecretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza, Cristian Larsen, uno de los principales colaboradores de Bullrich, presentó en la Justicia una denuncia por amenazas en contra del director general del cuerpo de asesores del Senado y principal consultor político de la vicepresidenta, Mario “Pato” Russo.

La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi que el viernes a última hora dictó una medida para que se le imponga custodia a Larsen mientras desarrolle sus tareas en el palacio legislativo.

El incidente que generó la denuncia habría sido un mensaje amenazante que Russo le habría mandado a Larsen por Watsapp luego de haberse enterado de la filtración a la prensa por parte de Bullrich de la conversación con Villarruel.

Recriminaciones

Según pudo reconstruir en fuentes ubicadas a ambos lados de las partes en conflicto, la reunión de esta tarde entre Villarruel y Bullrich tuvo su momento de tensión cuando la vicepresidenta le recriminó a la senadora su actitud del miércoles de la semana pasada.

Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas, Bullrich le reprochó a la vicepresidenta su campaña de mensajes a los senadores militando en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en particular del polémico capítulo que habilita la venta a extranjeros de tierras rurales sin límite alguno.

En ese momento, Villarruel habría justificado su actitud asegurando que no había hecho más que anticiparle a los senadores cuál era su postura y cuál sería su actitud ante la eventualidad de que tuviera que desempatar la votación de proyecto y volvió a manifestarle su enojo por la filtración.

Por último, Bullrich explicó que no filtró el chat a la prensa, sino que lo difundió a los miembros del bloque oficialista y justificó su actitud en la necesidad de comunicarles a sus legisladores cuál era la postura de la vicepresidenta sobre el proyecto.

El encuentro se celebró en el despacho de Victoria Villarruel, en el primer piso del palacio legislativo, y se produjo a pedido de Bullrich, según confiaron voceros parlamentarios.

La relación entre Villarruel y Bullrich nunca fue buena, sobre todo desde que la presidenta del Senado fue declarada enemiga pública del Gobierno por el propio Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De hecho, esta no es la primera “tregua” que firman ambas dirigentes. Tras algunas declaraciones de alto voltaje por parte de Bullrich contra Villarruel previo a la llegada de la exministra al Senado, la tensión menguó luego de algunos encuentros cara a cara que terminaron dejando en claro que nunca serían amigas, pero que sí podían establecer un pacto de convivencia pacífica.

La pelea por la filtración del chat se instaló en la red social X, con mensajes cruzados. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, sentenció Villarruel.

Al día siguiente, vino la respuesta de Bullrich. “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”, se pronunció la senadora en clara alusión a la postura cada vez más opositora adoptada por Villarruel.