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Javier Milei pidió a la oposición una pausa en la confrontación política y “mostrar un frente unido” por la causa Malvinas

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Javier Milei dejó para el final de su mensaje por cadena nacional sobre las Islas Malvinas una de las definiciones políticas más singulares de su discurso: pidió hacer una pausa en la confrontación con sus adversarios alrededor del reclamo de soberanía y convocó a la dirigencia a mostrar “un frente unido ante el mundo”.

El planteo resultó inusual para la dinámica política que caracterizó hasta ahora al gobierno libertario. Después de casi tres años de una relación atravesada por enfrentamientos, acusaciones, durísimas críticas y, en ocasiones, insultos hacia sus adversarios, el Presidente cambió por unos minutos el registro habitual para plantear que existe al menos una cuestión que debe quedar por encima de esa disputa: Malvinas.

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El contexto vuelve todavía más significativa la convocatoria. El oficialismo mantiene una dura pulseada con distintos sectores de la oposición en el Congreso y fuera de él, mientras el tiempo preelectoral profundiza las diferencias y obliga a cada espacio a marcar posiciones y construir su propia estrategia. Milei no propuso terminar con esas diferencias ni modificar su relación política con sus adversarios. Lo que hizo fue pedir que esa confrontación encuentre un límite frente a la causa Malvinas.

Y lo expresó con una frase particularmente significativa para un Presidente cuyo estilo constituye también uno de los principales motivos de enfrentamiento con la oposición.

“Y a todos los argentinos, y en especial a la política, quiero transmitirle lo siguiente: podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa”, afirmó.

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Después completó la idea: “Demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”.

El Presidente estuvo acompañado por todo su Gabinete

La elección de esas palabras no fue menor. Milei hizo desde antes de llegar a la Casa Rosada de la confrontación con lo que denomina “la casta” uno de los elementos centrales de su identidad política. Ya como Presidente mantuvo esa lógica frente al kirchnerismo, el peronismo y otros sectores opositores, pero también en distintas oportunidades frente a gobernadores, legisladores y dirigentes que habían colaborado con el oficialismo para aprobar algunas de sus reformas.

Esta vez planteó una excepción concreta. No para el resto de la agenda política, económica o electoral, sino específicamente para Malvinas.

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La convocatoria había sido preparada conceptualmente desde el comienzo de la cadena nacional. Milei recordó que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y que han reclamado reiteradamente una solución mediante negociaciones bilaterales y pacíficas.

“Por eso la causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional”, sostuvo.

Sobre esa premisa construyó después su convocatoria. Y no la limitó a los partidos que habitualmente colaboran con el Gobierno ni a los bloques parlamentarios con los que La Libertad Avanza negocia sus iniciativas.

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“Por eso quiero invitar a toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina, a sumarse con una misma voz a este reclamo. Porque este reclamo es justo. Porque las islas son nuestras y nos las arrebataron y porque son indispensables para la proyección de la Argentina en las próximas décadas”, resaltó el Presidente.

La decisión de colocar Malvinas por encima de las diferencias partidarias pone también a la oposición ante una situación política particular.

Los adversarios del Gobierno pueden mantener —y seguramente mantendrán— sus cuestionamientos a la política económica, al rumbo institucional, a las reformas impulsadas por la Casa Rosada y a las propias “formas” de Milei. También podrán discutir las herramientas específicas elegidas por el Ejecutivo para enfrentar la explotación de recursos naturales en las islas.

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Milei anunció que enviará con carácter urgente un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Imagen ilustrativa Infobae)

Pero trasladar una lógica de oposición absoluta al reclamo argentino de soberanía presenta una dificultad diferente.

Malvinas atraviesa históricamente a fuerzas políticas enfrentadas entre sí y el reclamo está consagrado en la propia Constitución Nacional como un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino. Milei eligió, de hecho, comenzar su discurso recordando la primera disposición transitoria de la Carta Magna, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” argentina sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.

Eso no significa, sin embargo, que acompañar el objetivo de soberanía obligue a la oposición a respaldar cada uno de los instrumentos que proponga el Poder Ejecutivo.

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Allí aparece precisamente uno de los interrogantes políticos que dejó la cadena nacional: hasta dónde puede extenderse el consenso alrededor de Malvinas cuando llegue el momento de discutir las medidas concretas.

La respuesta comenzará a conocerse rápidamente en el Congreso.

Milei anunció que enviará con carácter urgente un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa para cuya aprobación La Libertad Avanza deberá construir mayorías y, por lo tanto, necesitará votos de otras fuerzas políticas.

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El proyecto tendrá entre sus objetivos modificar la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas por la Argentina en las islas. El Presidente anticipó que los proveedores de esos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboren.

Los infractores tampoco podrán contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado. El proyecto contempla además, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia y la extensión del régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.

La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá a su cargo la definición de una política de seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”, con la articulación de áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Además establecerá un marco para la protección de la infraestructura crítica y para la defensa aeroespacial y marítima del país.

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Finalmente, Milei pedirá al Congreso que otorgue a ese organismo facultades para que el Estado pueda utilizar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.

Ese proyecto será la primera traducción política concreta de la convocatoria que hizo el Presidente.

Los bloques opositores deberán definir si acompañan la iniciativa completa, si reclaman modificaciones o si diferencian su respaldo al reclamo de soberanía de sus posiciones sobre algunas de las herramientas propuestas por el Ejecutivo.

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Pero también habrá una prueba para el propio Gobierno. Si Malvinas “no pertenece a un gobierno ni a un partido político”, como afirmó Milei, la búsqueda de una posición común podría obligar a la Casa Rosada a negociar el contenido de la iniciativa con sectores a los que enfrenta habitualmente.

El desafío, por lo tanto, será doble: la oposición deberá resolver hasta dónde acompaña las herramientas impulsadas por Milei y el oficialismo deberá demostrar cuánto está dispuesto a consensuar para convertir su convocatoria en una verdadera política de Estado.

La invitación presidencial adquiere además otra dimensión cuando se observa el orden elegido para el tramo final del discurso.

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Antes de dirigirse a la política argentina, Milei habló de los aliados internacionales del país. Sostuvo que durante sus tres años de gobierno se construyeron “lazos estrechos con países afines” con los que existe una convergencia de intereses y manifestó su expectativa de que esos mismos gobiernos respalden el reclamo argentino.

“Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos”, afirmó.

Inmediatamente después llegó el mensaje “a todos los argentinos, y en especial a la política”.

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La secuencia permite advertir uno de los objetivos de la convocatoria: Milei reclamó respaldo internacional, pero al mismo tiempo buscó mostrar hacia afuera una Argentina políticamente unida alrededor del reclamo de soberanía sobre Malvinas.

Ese planteo estuvo directamente relacionado con la estrategia más amplia que presentó durante la cadena nacional. El Presidente vinculó la cuestión Malvinas con el Atlántico Sur, la Antártida, los recursos naturales, las capacidades militares y la posibilidad de que la Argentina proyecte poder e influencia en una región que considera estratégica para las próximas décadas.

El disparador inmediato es el avance del proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que el Gobierno considera una explotación ilegítima de recursos naturales argentinos. Milei advirtió que el emprendimiento se encuentra próximo a ingresar en una etapa decisiva y aseguró que la Argentina utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para intentar impedir que las compañías que operan sin autorización puedan hacerlo sin consecuencias.

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Pero el Presidente intentó llevar el argumento más allá de la explotación petrolera.

“Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado”, señaló.

En su planteo, recuperar las islas requiere que la Argentina vuelva a convertirse en una nación “políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable”. La reivindicación histórica quedó así integrada a una concepción más amplia sobre el lugar que el país debería ocupar en el Atlántico Sur y en el escenario internacional durante las próximas décadas.

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Sobre ese horizonte buscó colocar también a sus adversarios políticos.

“Como nación tenemos por delante dos caminos. O nos convertimos en una gran nación capaz de defender de verdad nuestra soberanía, o persistimos en un sendero de deterioro que nos conducirá inevitablemente al sometimiento”, expuso.

Y concluyó: “Los invito a elegir el primer camino”.

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El mensaje no supone un cambio general en la relación entre Milei y la oposición. Tampoco implica que el Presidente haya decidido abandonar una estrategia política basada en la confrontación ni que sus adversarios vayan a dejar de cuestionar al Gobierno.

El propio Milei se encargó de establecer ese límite cuando enumeró todo aquello sobre lo que las diferencias pueden continuar: la política fiscal, la política cambiaria e, incluso, sus propias “formas”.

Lo novedoso fue que pidió una pausa para Malvinas.

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En plena confrontación política y cuando el tiempo preelectoral tiende a profundizar las diferencias, Milei buscó colocar la causa por las islas por encima de esa batalla y convocó a la dirigencia a mostrar “un frente unido ante el mundo”.

Ahora deberá comenzar la etapa más difícil de esa convocatoria. La primera respuesta no estará solamente en los comunicados o declaraciones de los dirigentes opositores después de la cadena nacional. Estará en el Congreso, cuando comience a discutirse la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Será allí donde se verá si la apelación de Milei consigue transformar una coincidencia histórica alrededor de la soberanía argentina sobre las Malvinas en un acuerdo político sobre las herramientas concretas para defenderla.

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Javier Milei aseguró que no deportará a los isleños si Argentina recupera las Malvinas: “Serán tratados con dignidad”

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En medio de su estadía en Nueva York, donde este miércoles brindó un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei concedió una entrevista en la que aseguró que, si Argentina recupera las Islas Malvinas, sus habitantes no serán deportados.

Durante una charla en el Economic Club con John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg, el jefe de Estado fue consultado sobre “el día después” de una hipotética recuperación del territorio que permanece en histórica disputa con el Reino Unido.

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Sobre cuál sería el destino de los 3.600 residentes bajo la soberanía argentina, Milei fue contundente: “No vamos a expulsarlos”.

“Tengo muy claro que esas personas serán tratadas con dignidad y justicia”, afirmó.

Milei insistió en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas

Respecto de los argumentos utilizados desde el lado británico, que insisten en respetar la autodeterminación de los isleños, el Presidente indicó que esa posición no se sostiene en este caso, ya que los habitantes de las Malvinas “no son una población indígena”. “Gran Bretaña desplazó a una población anterior e instaló a otra”, resaltó.

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“Somos los dueños de las islas por geografía, por derecho y por historia”, insistió Milei. Además, recalcó que Argentina seguiría impulsando su reclamo de soberanía, pero tratando a los isleños “con respeto”.

El duro mensaje de Milei ante la Asamblea General de la ONU

Javier Milei reclamó este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que intervenga frente a las acciones unilaterales del Reino Unido que afectan los derechos soberanos de la Argentina en las Islas Malvinas.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional. Repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”, aseguró el Presidente.

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Y añadió, en crítica directa a la efectividad diplomática de la ONU: “Hace 50 años, esta misma Asamblea aprobó la resolución 3149, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales, mientras la disputa permaneciera abierta. 50 años después, la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”.

Milei se apalancó sobre la Causa Malvinas para asegurar que la ONU es una institución fosilizada, pero a lo largo de su discurso de 19 minutos rescató la necesidad de tener organismos multilaterales para resolver de manera pacífica las desavenencias entre estados soberanos.

“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: su autoridad”, advirtió Milei.

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Y agregó: “Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso, Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones. La Argentina tomó nota de esa realidad y, frente a la explotación autorizada de nuestros recursos en el área en disputa, actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.

Más tarde, el Reino Unido respondió a ese discurso haciendo hincapié en el “derecho de autodeterminación de los isleños” y aseguró tener el derecho de explotar los recursos naturales del territorio en disputa.

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, señaló el comunicado.

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Con aliados divididos y parte de la oposición fuera del recinto, el Senado convirtió en ley el recorte de subsidios en Zonas Frías

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El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno, una iniciativa que recorta el alcance del esquema de subsidios al gas y que generó fuertes tensiones entre el oficialismo y sus aliados por el impacto que tendrá sobre millones de usuarios de distintas provincias del país.

De esta manera, se modifica el esquema de subsidios al gas para zonas frías, ampliado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández.

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El peronismo, algunos senadores radicales y los representantes de la bancada Moveré Santa Cruz se retiraron del recinto al momento de tratar el proyecto. Fue aprobado por 38 votos afirmativos y ocho negativos y se convirtió en ley.

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y vuelve a Diputados. (Foto: NA)

“Detrás de esta discusión hay una cuestión que debemos tener presente: la Argentina es un país grande y diverso. Lo que se corrige es un beneficio que se deja de otorgar por la ubicación geográfica y pasa a considerar también la situación de cada hogar”, señaló la radical de Corrientes Gabriela Valenzuela.

El objetivo del proyecto impulsado por el Ministerio de Economía es dar marcha atrás con esa extensión y reducir el alcance geográfico automático del beneficio, reservado para las regiones de clima más extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Así, perderían el beneficio los usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

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El Gobierno prometió a los gobernadores del Norte del país implementar un régimen de Zonas Cálidas, una medida equivalente en sus distritos para subsidiar las tarifas eléctricas durante el verano y sus altas temperaturas.

Maximiliano Abad, senador nacional UCR. Foto: Senado
Maximiliano Abad, senador nacional UCR. Foto: Senado

Pese a esas promesas desde la UCR presentaron proyectos sobre este tema. El diputado Guillermo Agüero (UCR-Chaco) establece en su iniciativa una tarifa diferencial que subsidia hasta el 50% de las facturas de luz para compensar el alto consumo eléctrico derivado de las altas temperaturas y la falta de acceso masivo a redes de gas natural en el norte del país. Desde el Senado, el jefe de la bancada, Eduardo Vischi, también está preparando una norma similar que piensan activar si la compensación prometida desde el Poder Ejecutivo no se produce.

Mientras que el bonaerense Maximiliano Abad aclaró: “Defiendo el equilibrio fiscal, porque es una condición necesaria para que la Argentina tenga estabilidad y pueda crecer, pero no a costa de trasladar todo el esfuerzo a las familias. La modificación de la Zona Fría es una decisión arbitraria e injusta, que no contempla la realidad climática ni económica de nuestra provincia de Buenos Aires, donde 1,3 millones de hogares de 94 municipios, donde viven alrededor de 5 millones de personas, podrían quedar desprotegidos de un día para el otro”.

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Desplazan a otro funcionario por la investigación de ARCA sobre los proveedores del hotel de Camioneros en Mar del Plata

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La investigación sobre los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en Mar del Plata sumó su quinta víctima dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ahora cayó el jefe de la división que estaba a cargo de la última fiscalización y que incluyó a uno de esos proveedores en la “e-Apoc”, la base de datos del organismo tributario que recopila los nombres de los emisores de factores truchas.

La quinta víctima fue el contador Martín Miguel Casanovas, quien se desempeñaba como jefe de División de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Regional Mar del Plata de ARCA, pero que, por la disposición 378/26 del organismo que firmaron en Buenos Aires y se publicó ayer en el Boletín Oficial, fue transferido a otra división.

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Casanovas se sumó así a otros cuatro funcionarios de ARCA en Mar del Plata que fueron desplazados durante los últimos once meses con la investigación sobre los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en la ciudad como trasfondo, con un presunto desvío de más de $13.000 millones del gremio que lidera Hugo Moyano.

Los otros funcionarios desplazados fueron Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González, quienes lideraban hasta abril pasado las divisiones 1 y 3 de Fiscalización en Mar del Plata del organismo y fueron reasignados como “asesores mayores” en una agencia marplatense y en una oficina de “trámites y verificaciones” de ARCA, respectivamente.

Antes que Casanovas, Capdeville y González, otros dos funcionarios habían sufrido represalias por la misma fiscalización sobre el hotel de Camioneros. En octubre de 2025, cuando el caso recién se activaba, desplazaron al entonces jefe de la División Jurídica de la Regional, José Visca, por responder una consulta del juzgado. Y ante su desplazamiento, el entonces jefe de ARCA en Mar del Plata, Luis Tymkiw, pidió ser relevado de su cargo.

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Los desplazamientos derivaron en una denuncia penal que radicó en Mar del Plata otro extitular de la Dirección Regional, Manuel Rodríguez, un contador con 35 años de carrera en el organismo tributario que durante los últimos tiempos también afrontó represalias y fue enviado al área de Capacitación.

Según la denuncia que Rodríguez presentó en abril de este año ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos habían sido ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.

Historial de desplazamientos

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Los funcionarios de ARCA desplazados en Mar del Plata se suman así a Horacio Castagnola, Norman Williams, Carlos Bo y decenas de sabuesos más que sufrieron represalias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández por investigar a funcionarios y sus familiares, empresarios y sindicalistas influyentes, testaferros y usinas de facturas truchas que servían al poder.

Esos sabuesos de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resultaron decisivos para que avanzaran investigaciones sensibles como “mafia del oro”, Skanska, Sueños Compartidos, y para poner contra las cuerdas a la familia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Angelo Calcaterra, entre otros.

El hotel de Camioneros en Mar del PlataMauro V. Rizzi

Muchos de esos mismos funcionarios que fueron desplazados durante el kirchenrismo de la AFIP por autoridades de entonces, como Ricardo Echegaray y Rubén Angel Toninelli, fueron incluso denunciados ante la Justicia. Solo el otrora subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior Jaime Mecikovsky afrontó 23 causas penales. Tras años en los tribunales, ya fue sobreseído en 21 de ellas.

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El avance más reciente lo dispuso esta semana la Cámara Federal de Casación Penal, en una investigación que comenzó con una denuncia de Toninelli, que acusó a dos funcionarios de AFIP en Bahía Blanca, Carlos Blanco y Silvia Huici, que declararon bajo juramento cómo desde Buenos Aires habían intentado encubrir a Báez en la Regional bahiense.

Toninelli denunció a Blanco y Huici por falso testimonio, y a Mecikovsky como presunto instigador de ambos, y la pesquisa se amplió luego a otros presuntos delitos y más funcionarios de la AFIP a los que les endosó integrar una supuesta asociación ilícita. Pero todos terminaron sobreseídos y ahora la Casación rechazó los recursos y confirmó las decisiones de las instancias inferiores.

Hugo Moyano y su abogado, Javier MoralCaptura de TV

Esos funcionarios que sufrieron represalias por investigar a contribuyentes “intocables” durante el kirchnerismo y ahora fueron beneficiados por la Casación incluyen a Blanco, Huici y Mecikovsky, pero también a otros. Entre ellos, Pablo Robledo, Juan José Cappannari, Manuel Rodríguez, Pablo Legardón, Santiago De Marco, Roberto Ávila, Juan Carlos Sansinena, Juan Carlos Santos, Sebastián Calvi, Eliseo Devoto, Guillermo Sorrentino y Estrella Arias Pellán.

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“Congelar” la pesquisa

En ese contexto laboral, en tanto, según reconstruyó , el actual titular de la Regional de ARCA en Mar del Plata, Pablo Catracchia, les requirió a Capdeville y González a fines de diciembre que congelaran la pesquisa sobre proveedores apócrifos del hotel del gremio de Camioneros. Si no lo hacían, les adelantó, serían desplazados de sus cargos.

Desde el organismo tributario indicaron a este diario, en tanto, que “en Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros”, que “en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”.

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Oficialmente, sin embargo, desde ARCA negaron que los desplazamientos sean sanciones encubiertas. Indicaron que los movimientos de personal “no tienen ninguna excepcionalidad” y son parte de “procesos habituales” dentro de la estructura administrativa del organismo, que con periodicidad dispone ascensos y traslados según “criterios de mérito, oportunidad y conveniencia”.




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