La vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó este lunes la palabra “cascada” para desearle feliz cumpleaños a una seguidora en la red social X. El término empleado por la titular del Senado no parece inocente: ocurre el mismo día en que el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El testigo contó que el jefe de Gabinete le pagó US$245.000 por remodelar la casa del country Indio Cua. Las obras consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín.

En base a ello, Villarruel contestó a un pedido de mensaje de cumpleaños con la siguiente formulación: “¡Feliz cumpleaños atrasado! ¡Que tengas una cascada de éxitos este año!“.

La titular del Senado, enfrentada abiertamente con el presidente Javier Milei y sus ministros, suele cuestionar directa o indirectamente al Gobierno. La última vez fue cuando decidió no asistir a la misa en Luján, a un año de la muerte de Francisco, para no compartir la misma fila con Adorni y Diego Santilli.

Aquel día, estuvo en otro homenaje a Bergoglio, pero en la Ciudad. Como publicó , la vicepresidenta estaba yendo a Luján cuando se enteró que ceremonial la ubicaría junto al actual Jefe de gabinete y decidió volverse. “Estaba lo peor de la casta” y “sentí que se había politizado” fueron los argumentos que esgrimió.

Noticia en desarrollo.

Un fiscal federal denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, al entender que rechazó detener a Claudio “Chiqui” Tapia y a las autoridades de la AFA porque solo buscaban beneficiarlos y que, para hacerlo, les daba acceso en secreto al expediente de lavado de dinero por el que están acusados.

Se trata del fiscal federal Pedro Simón, que el mes pasado pidió detener a Tapia y el juez Argibay rechazó esa solicitud. Ahora, el fiscal apeló esa decisión para que la Cámara Federal de Tucumán ordene la apertura de la causa.

La fiscalía probó que la AFA transfirió a empresas del entramado societario de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, la suma de 3633 millones de pesos. La información surge solo de los datos enviados por el Banco Coniag y hay otros bancos involucrados en esas transferencias.

Dijo el fiscal que “el juez quiso desestimar el requerimiento de instrucción y lo hizo sin siquiera analizarlo”.

El fiscal Simón denunció una maniobra del juez Argibay a partir de la cual adelantó un día su regreso de las vacaciones, retomó el caso, tomó su pedido de detención, le dio vista a una de las defensas que en una hora respondió, rechazó el pedido de detención y se declaró incompetente.

Dijo el fiscal que la defensa solo pudo responder los argumentos en una hora porque tenía acceso de antemano a la causa, en secreto, sin dejar constancia de ello.

“En tan solo una hora después de haber reasumido sus funciones, desestimó el requerimiento de esta Fiscalía de una extensión de 181 páginas”, remarcó Simón.

El juez “no aguardó a que la resolución quede firme para remitir las actuaciones a Campana”, dijo el fiscal y agregó que “tampoco resulta auténtico que a una defensa se le conceda acceso a las 11:31 y una hora después, tras supuestamente analizar más de 1000 fojas de expediente y un requerimiento de 181 páginas, pida el sobreseimiento”.

“La única explicación lógica que se desprende de estas conductas es que la defensa tuvo acceso a las constancias de la causa sin haber estado formalmente constituidas”, indicó el fiscal y pidió que el Consejo de la Magistaratura le abra un expediente disciplinario al juez.

Consideró que el juez Argibay solo quería desincriminar a Tapia y al tesorero Toviggino del caso sin analizar los argumentos en su contra.

Entendió el fiscal que el juez Argibay “se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas y omite deliberadamente controvertir” la prueba, que incluye, por ejemplo, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama y transferencias bancarias. Solo la evidencia de que la AFA y ala Liga Profesional de Fútbol transfirieron a las empresas investigadas, supuestamente de Toviggino, 4.500 millones de pesos, ameritaba una respuesta, dijo el fiscal.

“La resolución no solo es arbitraria por omitir pruebas decisivas, sino que incurre en una falta de logicidad interna, al negar la existencia de aquello que el propio juez tuvo a la vista”, escribió Simón.

Dijo el fiscal que “el juez renunció a la búsqueda de la verdad” y dijo que el magistrado le pidió “las denuncias que se hayan recibido en el mes de diciembre”, lo que implica una intromisión en las tareas de la fiscalía. Y que, además, el juez “no se apartó de la causa” tras la recusación y, en el ínterin, le dio acceso a los imputados, sin notificar a esta Fiscalía, dividió la investigación en tres legajos y ordenó en tiempo récord desestimar el expediente.

“Es por todos estos actos de gravedad institucional que se exige la intervención del Consejo de la Magistratura para analizar la conducta funcional del juez federal Sebastián Diego Argibay”, escribió.

El fiscal Simón expuso lo que considera una contradicción. La fiscalía había detallado decenas de compras de estancias, lotes y autos de lujo, pero el juez afirmó que no existían “hechos concretos”.

La respuesta del fiscal fue que el propio magistrado había sido recusado previamente porque él mismo, a través de su hija, le vendió un terreno en Maco (Lote “W-1”) a uno de los imputados, Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de la AFA).

“El juez desconoce como un ‘hecho concreto’ una maniobra que involucra a su propio núcleo familiar y que fue objeto de un incidente de recusación ampliamente debatido”, disparó el fiscal en el documento.

Acusó al juez de incurrir en ceguera voluntaria (lo cita en inglés como willful blindness, al omitir deliberadamente el análisis de las pruebas.

En su apelación, el fiscal detalló transferencias de la AFA por un total de 3633 millones de pesos a cuentas de empresas vinculadas al entramado societario de Toviggino (SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR, SERVICIOS NEURUS), fondos que carecen de “justificación económica declarada” y constituyen un indicador de riesgo de lavado de activos. Incluso, se detectaron operaciones millonarias con empresas recién creadas.

El juez sostuvo que la fiscalía hizo referencias “genéricas”, ignorando un sumario oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporado al expediente, en el cual se acusa a Pablo Toviggino (como tesorero de AFA) por la omisión de liquidar divisas por USD 54.514.026,44 y 80.000.000 de Euros.

Para la fiscalía, es materialmente imposible que una defensa analice más de 1000 fojas y un requerimiento de 181 páginas en 60 minutos para redactar un escrito de 66 páginas, sugiriendo que los defensores tuvieron acceso clandestino al expediente antes de estar formalmente constituidos.