La Cámara Federal de Casación Penal rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Mauricio Collareda, exjefe de Vialidad de Santa Cruz, quien fue condenado a cuatro años de prisión en la causa por el direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo. Por lo tanto, el exfuncionario seguirá detenido en el penal federal de Río Gallegos.

Collareda era jefe del Distrito 23, Santa Cruz, de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2008 y 2015 y fue condenado junto a Cristina Kirchner y Lázaro Báez por el desvío en la obra pública provincial.

La decisión fue dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 que había rechazado la solicitud de arresto domiciliario formulada por Collareda.

El condenado argumentó que desde su detención el 16 de junio de 2025 se registró una disminución significativa de los ingresos familiares, endeudamiento, interrupción de tratamientos psicológicos por razones económicas, que tiene un hijo estudiante sin ingresos y que el arresto provoca un impacto sustancial en la dinámica familiar.

En su voto, el juez Hornos, al que adhirió Barroetaveña, sostuvo que el cumplimiento de una pena privativa de libertad bajo la modalidad prisión domiciliaria es excepcional y de carácter restrictivo.

Indicó que su análisis debe basarse en circunstancias objetivas y particulares de cada persona condenada, tales como razones de salud, edad avanzada, situaciones de especial vulnerabilidad o riesgos acreditados que tornen inadecuada la permanencia en una unidad penitenciaria.

La Casación sostuvo que la pena no se agota en su dimensión resocializadora. Cumple también una función expresiva: reafirma el orden jurídico vulnerado y materializa el repudio institucional frente a las transgresiones más graves al pacto democrático.

Toda flexibilización excesiva en el modo de cumplimiento debilita ese mensaje y no permite satisfacer los fines constitucionales y convencionales que el derecho penal está llamado a cumplir, dijo Hornos en su voto.

Hornos afirmó que, cuando se trata de delitos de corrupción de gran entidad, la pena cumple también una función institucional y comunicativa: reafirma la vigencia de la norma quebrantada, restituye, en la medida de lo posible, la confianza ciudadana y expresa, de modo claro, que nadie se encuentra por encima de la ley.

Borinsky mencionó que la situación de Collareda “no encuadraba en alguno de los supuestos excepcionales que habiliten la morigeración de la pena de prisión que, por regla, se cumple dentro de la órbita penitenciaria”.

Indicó además que las circunstancias que manifiesta sobre su disminución de ingresos y la alteración de su situación familiar suceden cuando se da el cumplimiento de una pena de prisión.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un informe publicado por el Observatorio de Tierras reveló la promoción inmobiliaria de un exclusivo campo de 2943 hectáreas en Alto Río Pico, provincia de Chubut. El lugar se ofrece con un lago privado de 16 hectáreas y 15 metros de profundidad, una laguna, arroyos permanentes y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico. La oferta fue difundida de manera explí­cita, tanto en castellano como en inglés, el 30 de septiembre, un día después de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia quitara los límites a la venta de tierras a extranjeros.

Tal como advirtieron desde el Observatorio de Tierras –organismo de investigación académica integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet dentro del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria–, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre pasado, se abrió una “ventana temporal” de diez dí­as en la que el régimen de protección de tierras rurales quedó desmantelado de hecho por fallos judiciales, hasta que la Corte Suprema dispuso una suspensión provisoria del artí­culo 154 del DNU 70/2023. Esa disposición restituyó temporalmente la Ley de Tierras Rurales.

Sin embargo, durante ese lapso, la inmobiliaria Loma Alta publicó avisos con consignas como “Volvió el interés extranjero por el campo argentino”. Si bien desde la cuenta de Instagram Loma Alta Propiedades se realizaron cinco posteos en esos días, entre ayer y hoy fueron eliminados los últimos tres. En esas publicaciones se destacaba que “la Patagonia todavía tiene extensiones de campo con agua, bosque y estepa que ya no existen en buena parte del mundo”. En el sitio web de Loma Alta también eliminaron hoy la propiedad en venta. En Loma Alta no respondieron a las consultas de .

El investigador Matías Oberlin explicó que ese tipo de publicaciones violan las restricciones expresas de la normativa vigente, que prohí­be la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles rurales que contengan espejos de agua permanentes o de gran envergadura, así­ como la compra de tierras situadas en zonas de seguridad de frontera. “Armaron un negocio perfecto porque no tenían la obligación de declarar la venta”, indicó.

Asimismo, el relevamiento del Observatorio puso bajo sospecha la estructura detrás del anuncio. La propiedad fue difundida bajo el nombre de Loma Alta Propiedades, una firma creada en redes sociales a fines de septiembre que no cuenta con número de CUIT ni inscripción formal, por lo que funcionarí­a como una empresa fachada o fantasma.

Al rastrear las publicaciones en portales inmobiliarios como Zonaprop, el organismo detectó que la comercialización estaba a cargo de Martín Gough, corredor inmobiliario matriculado Nº 71, según la información del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chubut. Gough, además de presidir la asociación de karting AVOCH en Esquel, figura en el Boletí­n Oficial de Chubut como socio y directivo de la firma Ameghino 830 Propiedades, constituida junto al contador Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo.

El nombre del contador de Esquel arrastra un pesado antecedente judicial en la provincia. Vernengo se encuentra imputado en la causa penal que investiga una presunta administración fraudulenta y confección de balances falsos en perjuicio de la Mutual Aonikenk, integrada por trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre.

La investigación de la fiscalí­a sostiene que entre 2019 y 2022 se desplegó una maniobra para desviar entre 100 y 190 millones de pesos pertenecientes a las cuotas y créditos de los afiliados, mediante retenciones de sueldo, cambio de cheques por efectivo y balances falsificados para ocultar el dinero.

Aunque en septiembre de 2024 el juez de garantías José Luis Ennis había dictado el sobreseimiento de los imputados, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut revocó recientemente –y de manera unánime– ese fallo por considerarlo prematuro. Así, se reactivó la causa y se ordenó avanzar hacia el juicio oral y público. Para evitar dilaciones procesales y asegurar el juzgamiento, el Ministerio Público Fiscal sumó hace tres meses la calificación alternativa de estafa genérica.

Según pudo saber , las actividades del contador no se limitan a la cordillera chubutense: Jorge Vernengo se desempeña además como apoderado del Fideicomiso Inmobiliario Brisas del Nahuel, entidad que comercializa lotes y emprendimientos en la zona este de San Carlos de Bariloche.

Por otro lado, lo cierto es que el anuncio del campo a la venta de casi 3000 hectáreas con lago privado en Chubut no representa un caso aislado. La comercialización de terrenos con costa de lago o de rí­o es una constante en Bariloche –con desarrollos en los lagos Nahuel Huapi o Gutiérrez– así­ como en otras localidades patagónicas como Cholila, Lago Puelo o San Martín de los Andes.

De hecho, esta oferta habitual de suelo ribereño mantiene encendido el debate social y jurí­dico alrededor del cumplimiento del camino de sirga (artí­culo 1974 del Código Civil y Comercial, que exige dejar libre una franja de 15 metros en las márgenes de rí­os y lagos públicos) y de las normas que garantizan el dominio público del agua y la soberaní­a territorial.

“Desde el Observatorio de Tierras entendemos que una regulación tan importante para proteger nuestras tierras, ríos y lagos debe quedar firme con la caída del DNU 70. Por otro lado, se vuelve urgente que los gobiernos provinciales establezcan mecanismos para obtener rápidamente información respecto a lo sucedido en la ventana temporal abierta por la Corte Suprema de Justicia”, aseguraron los responsables del informe.